Informes de supervisión de 2007 a Centros Ambulatorios de Prevención y Atención de VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual advierten que son deficientes los servicios para personas con Sida. Falta de prevención, atención y vigilancia son señaladas por el Censida. A su vez, la Auditoría Superior de la Federación apunta que hay descontrol, excedentes, desabasto y expiración de antirretrovirales en los estados
Cuando Omar acudió en 2000 a la Clínica Condesa, Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en el Distrito Federal, el médico le aseguró que para él ya no había esperanza. Por un diagnóstico erróneo, los fármacos que le recetaron le provocaron caída de cabello, hemorragias nasales, inflamación y enfermedades en la piel. En los Servicios de Atención Integral (SAI) del Hospital de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, la historia no fue diferente: también ahí fue “intoxicado”.
Sólo porque conoce la enfermedad y recurrió a una infectóloga, pudo salvarse. Para Omar, el CAPASITS y los SAI no están preparados para atender a personas con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)- síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida). Por el contrario, asegura, “el trato vulnera la salud de las personas hasta matarlas”.
La Dirección de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida) calificó de “regular” a la Clínica Condesa. Durante la supervisión realizada el 21 de agosto de 2007, se observó una inadecuada prescripción de antirretrovirales (ARV) y antibióticos; además, que en los expedientes no se llevaban las historias clínicas completas.
En el Informe de supervisión realizada a la Clínica Condesa, la dependencia sugiere que se unifiquen criterios de terapia y se realicen los estudios de seguimiento y especiales periódicamente como lo señala la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH.
Enumera, en una lista de hallazgos, que la Clínica no realizaba reuniones de trabajo del equipo multidisciplinario, cuando son necesarias para mejorar la calidad de atención; ni detectaba infecciones de transmisión sexual (ITS) por no contar con personal, área ni insumos de bacteriología.
Además, no tenía material de promoción, no llevaba un registro de las visitas domiciliarias ni desarrollaba protocolos de investigación. El dispensario tampoco tenía medicamentos como la ceftriaxona, usada en el tratamiento de la neumonía, y los óvulos de nistatina para el tratamiento de infecciones vaginales.
La Clínica Condesa ya tenía recomendaciones del entonces Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida, que databan de 2000, pues de las 96 personas con VIH no tenía notas de evolución y sólo en 28 había realizado estudios de carga viral, según consta en documentos entregados a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El Programa de Acción en Respuesta al VIH-Sida e ITS 2007-2012 pretende mejorar el acceso y la calidad de la atención integral a todas las personas con el virus y otras ITS. México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en incidencia, luego de Brasil. Hasta 2007, 220 mil mexicanos vivían con VIH-Sida, con una prevalencia de 0.3 por ciento.
De acuerdo con el Censida, el 60 por ciento es hombre que tiene sexo con otros hombres, y el 23, mujeres heterosexuales. Les siguen, en menor medida, los clientes de la prostitución, los hombres heterosexuales, los trabajadores y trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas inyectadas y las personas en presión. El 59 por ciento de los infectados con VIH desconoce que lo está.
Desde 2007, en México hay acceso universal a ARV para abatir los estragos causados por el VIH-Sida. Aunque, a partir de ese año, el número de nuevos casos aumentó de 5 mil a 7 mil en 2009, la tendencia de mortalidad se redujo. El presupuesto destinado para comprar ARV en 2010 asciende a 1 mil 514 millones de pesos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica como obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud: garantizar el derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria; velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud; facilitar medicamentos esenciales, y propiciar la atención integral de los pacientes.
No obstante, informes de supervisión a 17 Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida e ITS señalan deficiencias en la prevención, atención y vigilancia del VIH-Sida. La Auditoría Superior de la Federación detecta, además, falta de aplicación, excedentes y expiración en medicamentos antirretrovirales.
El Plan de Supervisión Nacional en Servicios de Atención Integral de Personas con VIH-Sida 2007 pretendía impulsar la operatividad de la atención médica especializada para personas que viven con VIH-Sida e ITS en el territorio nacional.
Definió como estrategia constatar en los estados la veracidad de la infraestructura e insumos necesarios para las actividades de prevención y control. En 2007, la Dirección de Atención Integral del Censida supervisó únicamente 17 CAPASITS, 22 menos que en 2006.
Según el Concentrado de supervisiones realizadas durante 2007, cinco fueron calificados como insuficientes: Cabo San Lucas, La Paz, Tepic, Matamoros y Nuevo Laredo; cinco más fueron calificados como suficientes: Saltillo, Torreón, Netzahualcóyotl, Toluca y Puerto de Veracruz; tres como regulares: Clínica Condesa, Cuernavaca y Reynosa, y cuatro como buenos: Chilpancingo, Anenecuilco, Chetumal y Tampico.
De acuerdo con los informes de supervisión, elaborados por la Dirección de Atención Integral –de los que Contralínea posee copia–, cinco CAPASITS no realizaban detecciones de VIH-Sida. El centro de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, ni siquiera brindaba servicios.
Respecto de los antirretrovirales, en dos centros habían caducado, en tres había descontrol en la recepción y entrega, y en dos más había desabasto. En la entrega de preservativos, en tres no había vigilancia y en dos no se encontraron los Prevenmóvihles –vehículos utilizados para la repartición de condones.
Nueve de los 17 centros no realizaban el seguimiento de los contactos de personas con VIH o ITS, y 10 no hacían visitas domiciliarias en caso de que el paciente bajo tratamiento de antirretrovirales dejara de acudir a los dispensarios.
Diez de los centros no contaban con medicamentos para el tratamiento de ITS; 15 sólo realizaban la prueba serológica para la sífilis, omitiendo hacer examen para detectar otras ITS.
Sobre otras enfermedades, siete no las trataban y 11 no practicaban estudios complementarios de hepatitis, colesterol, toxoplasmosis y herpes. La misma cantidad carecía de una unidad dental, un área de muestra sanguínea y un área para tomar muestras cérvico-vaginales y uretrales. Nueve carecían de documentación de vigilancia epidemiológica.
En 15 de los 17, no había material médico: termómetros, baumanómetros, estetoscopios, abatelenguas, batas, cubrebocas, guantes, sábanas desechables, cestos de basura, espejos vaginales ni botiquín de emergencias. Poco menos de la mitad de los dispensarios vigilados no cumplían con la Norma Oficial de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos.
Según los resultados obtenidos, mientras 11 CAPASITS no replicaban la capacitación recibida con otros profesionales de la salud, en tres había necesidad de mejorar la formación y el conocimiento en VIH-Sida.
La Dirección de Atención Integral del Censida calificó como insuficientes a cinco CAPASITS en 2007. Determinó la menor calificación para el dispensario de Cabo San Lucas, Baja California Sur, que obtuvo apenas 1.67 de 100 puntos. De acuerdo con el informe de supervisión, no atendía a personas con VIH por falta de personal, incluso se desconocía que se pueden hacer pruebas de detección gratuitas.
En su lugar, el director del Centro de Salud, doctor José Manuel Castro, ocupaba el espacio para los programas de Materno Infantil y Vacunación. El médico dijo desconocer quién era la responsable del programa de VIH-Sida en el estado, así como qué insumos y mobiliario existían y qué debería hacer con ellos.
La dependencia señala que los negatoscopios estaban tirados en el piso de un cubículo utilizado como bodega, y el refrigerador estaba empaquetado con riesgo de que se pudiera llevar a cualquier lugar. En su momento, advirtió que era urgente que la doctora Noemí Varela, responsable del programa de VIH-Sida, acudiera lo antes posible para conocer el mal funcionamiento del centro y rescatara los insumos otorgados.
Como insuficiente también fue calificado el CAPASITS de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 45 puntos. Según los resultados obtenidos, el dispensario únicamente solicitaba prueba de sífilis sin realizar estudios de tuberculosis en las personas atendidas. Además, no realizaba el seguimiento a los contactos de personas con VIH o ITS ni tenía registro de estudios complementarios en los pacientes para detectar otros padecimientos, como la hepatitis, la toxoplasmosis y el herpes.
Desde su inauguración y hasta agosto de 2007, el centro de La Paz, Baja California Sur, había realizado sólo cinco pruebas para la detección de VIH. Como en Cabo San Lucas, las instalaciones eran utilizadas con otro propósito y se ignoraban qué insumos tenían. Carecía de baumanómetros, cestos de basura, lámparas, termómetros, lentes, abatelenguas, espejos vaginales, batas y materiales para detectar enfermedades de transmisión sexual.
“Se desconoce –dijo la dependencia– si el personal de limpieza cumple o no con las recomendaciones de la Norma Oficial de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos”. Lo mismo se ignoraba el paradero del Prevenmovihl. El dispensario obtuvo casi 53 puntos de calificación.
Resultado de la supervisión, el CAPASITS de Tepic, Nayarit, alcanzó casi 59 puntos. Y es que no realizaba pruebas rápidas de detección de VIH ni tenía señalización para depositar residuos biológicos peligrosos. Se encontró, además, que 30 cajas Aciclovir, fármaco utilizado en el tratamiento del herpes, estaban caducadas y que no existían documentos de vigilancia epidemiológica.
La Dirección de Atención Integral del Censida calificó al CAPASITS de Matamoros con 59 puntos porque no tenía medicamentos para infecciones oportunistas. Observó en los expedientes clínicos que no se realizaba la revisión de genitales ni tomas cérvico vaginal y uretral en los atendidos.
De febrero a junio de 2007, el centro otorgó 119 consultas de primera vez de VIH y una de ITS. El coordinador argumentó que “esta baja productividad” se debía a que dos veces por semana él tenía que estar en la jurisdicción sanitaria. Hasta agosto de 2007, el responsable estatal del programa de VIH-Sida no había acudido al centro.
El Censida no cumplió con las disposiciones relativas al suministro de medicinas y productos farmacéuticos, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El Informe de la auditoría financiera y de cumplimiento, prevención y atención de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual señala falta de aplicación, excedentes y expiración en antirretrovirales.
A ello suma que el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Medicamentos Antirretrovirales (Salvar) no efectuara acciones para controlar y administrar los medicamentos.
La Guía de manejo antirretroviral de las personas que viven con VIH advierte que la inadecuada prescripción de antirretrovirales puede resultar perjudicial para la persona afectada y para la comunidad en que se desenvuelve, debido a la transmisión de cepas resistentes que complican el manejo de la enfermedad.
El tratamiento antirretroviral, dice, prolonga la vida y disminuye o evita las hospitalizaciones y la morbilidad: “Ofrece beneficios claros sobre la calidad y expectativa de vida de las personas con infección por el VIH, lo que cambia su perspectiva a un padecimiento crónico y tratable”. Su mantenimiento adecuado a lo largo del tiempo, advierte, tiene una importancia crucial en la evolución y respuesta de la persona con VIH.
El órgano de fiscalización constató que en 12 entidades federativas se entregaron más de 29 millones de pesos en demasía. Gobiernos estatales, hospitales, institutos de salud y la Universidad Nacional Autónoma de México solicitaron ARV para 26 mil 820 personas infectadas; sin embargo, “no existían datos históricos sobre las personas atendidas, las bajas y cuántas estaban sólo bajo observación, por lo que no se pudo determinar qué medicamentos ya no deben ser adquiridos”.
La Clínica de Especialidades Condesa, señala, tenía un exceso de ARV por poco más de 54 mil 400 unidades. Al no ser transferidos, advierte la Auditoría, se puso en riesgo su caducidad. El dispensario dio de baja 2 mil 560 unidades de sulfato de Indinavir, que inhibe la formación y maduración del virus.
Durante su visita al almacén central de Chiapas, la ASF encontró que existían de más 6 mil 800 unidades de ARV. Que no se consideraran las existencias en el depósito y los pacientes registrados provocó excedentes a los requeridos, y por su lento movimiento, “un riesgo en la caducidad de los medicamentos, permaneciendo ociosos sin ser transferidos a otras entidades federativas que los requieran”.
Comprobó que en el Servicio de Atención Integral del Hospital General Rafael Pascacio Gamboa, localizado en la capital del estado, no existen mecanismos de control para la recepción, distribución y existencias de los medicamentos.
El órgano de fiscalización detectó que el ciento por ciento de las personas atendidas no tenía constancia de no derechohabiencia a algún sistema de seguridad social, el 33 no estaba registrado en el Salvar y al 20 no se les había practicado estudios de carga viral. “Lo anterior confirma que los datos del Salvar no son reales, pues no se realiza el registro de los pacientes”.
Observó que las cartas responsivas de los directores de hospitales y médicos tratantes, que incluyen la obligación de diagnosticar adecuadamente, en el estado de Jalisco no estaban actualizadas. Catorce de 35 expedientes clínicos del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, examinados por la ASF, ni siquiera los incluía.
La Auditoría descubrió que había una diferencia de 7 mil 419 unidades entre el medicamento existente en el almacén y el distribuido en los SAI y los centros ambulatorios, como también entre los entregados al Consejo Estatal para la Prevención del VIH-Sida y los recibidos por el hospital.
Como Chiapas, Jalisco registró un exceso de 8 mil 74 unidades, cuya permanencia en el almacén pudo haberlos caducado. En tanto, 236 medicamentos sí expiraron, pues estaban cerca a su fecha de caducidad y se solicitaron insumos de más con respecto del número de personas en tratamiento. La Auditoría presume un probable daño a la hacienda pública por poco más de 407 mil 900 pesos.
Supone también un daño por casi 275 mil 490 pesos porque en Veracruz se almacenaban 273 medicamentos caducos. En el estado, también se requirieron medicamentos sin considerar los existentes ni los beneficiarios registrados.
En la entrega de medicamentos, además, hubo retrasos que ameritaron penalizaciones por 3 millones 144 mil pesos para los proveedores Glaxosmithkline México y Grupo Fármacos Especializados.
Contralínea solicitó entrevista con José Antonio Izazola Licea, director del Censida, a través de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Negación de información en Censida
A través de la solicitud de información 0001200299807, del 10 de enero de 2008, se requirió el Plan de Supervisión Nacional en Servicios de Atención Integral de Personas con VIH-Sida e ITS y el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e ITS.
El entonces titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida), Jorge Saavedra López, respondió que, durante 2008, la supervisión se orientaría a evaluar la información del Sistema de Administración y Logística de Medicamentos Antirretrovirales y los expedientes de las personas en tratamiento.
El 3 de noviembre de 2009, el ahora titular del Censida, José Antonio Izazola Licea, negó que existieran los planes solicitados, argumentando que no había ningún documento denominado de esa manera. El 14 de diciembre, el director de Prevención y Participación Social del Censida, Carlos García de León, le respondió al peticionario que no se había realizado plan alguno durante 2008.
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