Las compras hechas por las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), así como la Presidencia de la República, sin licitación y bajo el concepto de “seguridad nacional” han significado un abuso de poder desde los más altos niveles de gobierno, opinan expertos en la materia.
Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explica que uno de los principales problemas que se han tenido en la administración pública es el “abuso” de ese concepto, porque “todo se etiqueta como seguridad nacional cuando, en realidad, difícilmente muchas cosas podríamos etiquetarlas como tal”.
Para Roberto Badillo Martínez, general de división retirado, el tema de las compras bajo el concepto de seguridad nacional se acentuó “cuando la seguridad pública se vino abajo: hubo mucha corrupción de policías, comenzó la inseguridad, la violencia, etcétera. Esa inseguridad y violencia produce en los gobernantes reacciones diferentes”.
El también experto en seguridad nacional critica las adquisiciones bajo este esquema, pues responden a que “no hubo una directiva general del Estado, promovida por la Presidencia de la República o por el Sistema Nacional de Seguridad para que las compras fueran controladas y se aplicaran los requisitos indispensables para que fueran de calidad; en el comercio internacional hay muchos pillos, hay gente que vende basura y se la compran. Y después cómo le haces para que te la paguen o la arreglen, es imposible”.
Al referirse a este problema, el especialista Barrón Cruz señala que “es muy fácil de resolver: sólo hay que ver lo que dice la Ley de Seguridad Nacional con respecto a la definición de seguridad nacional; entonces, tendríamos que apegarnos a esa Ley. Si seguimos lo que dice, difícilmente muchas de las cosas que están consideradas como seguridad nacional no entrarían”.
La Ley establece que “por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.
Respecto a las adquisiciones, el investigador Barrón Cruz indica que tanto en la Sedena como en la Semar, las “compras tendrían que ser transparentes; pero en este país lo que no se ha hecho durante años ha sido precisamente ver ni tocar a las Fuerzas Armadas. No hay una forma de poder entrar a revisar los gastos. Es grave, pero esto es así porque en nuestro país no se toca el presupuesto de la Secretaría de la Defensa ni de la Marina. Son inatacables”.
Contralínea documentó que con Miguel Ángel Osorio Chong al frente, la Secretaría de Gobernación recurrió a un esquema de presunta defraudación del erario: bajo el concepto de “seguridad nacional”, contrató irregularmente a decenas de empresas privadas sin licitación [ https://bit.ly/2kkzmWO ].
Entre las contrataciones presuntamente anómalas están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
Al respecto, Guillermo Garduño Valero, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, señala que “no se trata jamás de justificar la no transparencia, pero la misma Ley, como está contemplada, plantea un ámbito donde primero la información que consideran ellos como de seguridad nacional aparece como de no acceso”. Y enfatiza que “en la turbiedad del poder siempre ha existido esto: el encubrimiento de gastos”.
Agrega que estos “encubrimientos de gastos” son asignados bajo un concepto clasificado como “no investigable, precisamente en el ámbito de la seguridad nacional. Aquí lo que tendría que contemplarse es en qué se empleó, hacia dónde se canalizó y qué seguimiento tuvo”.
El investigador resalta que hay ámbitos como el de la Presidencia de la República, donde existen “cajas chicas discrecionales por miles de millones de pesos y no creo que eso se haya eliminado actualmente. No creo que se haya eliminado de la propia Secretaría de Gobernación ni de las distintas secretarías de Estado, sino que cada uno de los diferentes regímenes hacen sus formas de encubrimiento de su estructura de gastos”.
Garduño Valero comenta que es urgente regular las estructuras de transferencia de fondos de una partida a otra, “ya que [los funcionarios] son unos magos para estas operaciones. Al mismo tiempo se debería establecer un elemento esencial: la fiscalización ciudadana, por ejemplo, de adquisiciones, que es donde los moches son gigantescos. Aquí [en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador] se critica a los del pasado y, actualmente, se asignan obras públicas gigantescas, como la refinería Dos Bocas, sin concurso de por medio, sin ninguna licitación mínima”.
Para el investigador, “el concepto de seguridad nacional se va a utilizar siempre como una forma de lo que anteriormente se llamaba razón de Estado, y ésa era: ocultemos las cosas para que no parezcan tan terribles, entonces, se ocultaba todo. El concepto de seguridad nacional, tal como la entiende el Estado, es la panacea de esconder cualquier clase de corruptela y esto no se ha eliminado”.
Garduño Valero concluye que México requiere establecer mecanismos de regulación, lo que significaría orientar sus políticas públicas y tener planes perfectamente definidos.
Por su parte, el investigador Barrón Cruz observa que anteriormente un factor que permitía contemplar agregados a la Ley de Seguridad Nacional era la Agenda Nacional de Riesgos, que elaboraba el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, ahora Centro Nacional de Inteligencia).
“Veo tristemente que no hay una claridad en el concepto de seguridad nacional. Incluso, hoy la llaman seguridad ciudadana en la Ciudad de México, cuando en la Constitución del país no habla de este término sino de seguridad pública”, detalla.
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La Ley de Seguridad Nacional, actualizada en el gobierno de Vicente Fox Quesada –el primer panista en llegar a la Presidencia de la República, en 2000– define en su artículo 3 que por “seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:
“I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
“II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
“III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
“IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
“V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
“VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”.
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En El libro verde de las Fuerzas Armadas, el general en situación de retiro Badillo Martínez expone que la seguridad nacional “es el primer tema del comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la milicia. Sólo los militares eligieron la carrera exacta para sustentarla, se prepararon y estudiaron, se instruyeron y se entrenaron para administrarla y lograrla.
“En esto no debe haber discusiones. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el único portador del águila de cinco estrellas, el presidente de la República es el primer y único responsable para organizar y administrar a las Fuerzas Armadas y lograr la seguridad nacional. Y liderar a la administración pública y al pueblo de México para obtenerla”, indica Badillo Martínez en su publicación.
El general de división retirado indica que en México hace falta un sistema elaborado o propuesto por los partidos políticos para que las compras sean reguladas y de calidad. Urge a la emisión de una Ley o reglamento que permita garantizar la transparencia en las adquisiciones que no sólo sea cumplida por las secretarías de Estado sino también por los distintos niveles de gobierno: estados y municipios.
Érika Ramírez
[INVESTIGACIÓN] [SEGURIDAD]
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