A inicios de mayo, una campaña sucia y anónima en redes sociales llamó abiertamente a asesinar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pero la idea del magnicidio venía de antes.
Para responsabilizarlo de cualquier posible atentado, previamente en algunos noticiarios de radio y televisión se había “alertado” del riesgo que corría el puntero en las encuestas por no traer escolta del Estado Mayor Presidencial.
En ese contexto, supuestas amenazas del crimen organizado en el Estado de México llevaron al político tabasqueño a declarar, el pasado 30 de abril, que no usaría escolta del Ejército. Afirmación que reiteró tras el escándalo provocado por el informador del Canal 11, Ricardo Alemán, quien hizo eco del mensaje que impulsaba el magnicidio.
Desde entonces, la sombra de un crimen de alto perfil se mantiene como parte de un convulso proceso electoral, cuya violencia ha cobrado la vida de más de 83 candidatos a puestos de elección popular, y ya es calificada por algunos analistas como “terrorismo electoral”.
“Debemos aprender la lección de [Luis Donaldo] Colosio [asesinado en 1994], pero con este alto grado de descomposición de la clase política que vivimos en México no deberíamos excluir esta posibilidad”, advierte el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Señala a Contralínea que, aunque ninguno –López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade o Jaime Rodríguez (el Bronco)– estaría excluido de un atentado, es el morenista “quien parece ser el más probable de ser víctima, porque va arriba en las encuestas. Pero podría ser cualquier otro candidato”.
Instaurar en redes sociales y medios informativos la idea de que esto puede pasar, en un contexto de violencia extrema como el que padece México, ha servido para que esta posibilidad ya no parezca descabellada. “Hay una clara constante en el sistema político mexicano del uso de la violencia y actualmente sí es un factor preocupante”, señala el candidato a doctor Omar Elí Manríquez.
El sociólogo y politólogo dice a Contralínea que las más de 80 víctimas por violencia política son un indicador de la descomposición que enfrenta el país en este proceso electoral.
“Sí tenemos varios riesgos institucionales que nos pueden llevar a pensar si algunos intereses serían capaces de movilizar un escenario de magnicidio, pero confío en que no pase porque eso pudiera deslegitimar al país en términos de economía e inversión”.
Y es que, agrega, inmediatamente la clasificación riesgo-país que recibiría México bajaría. “Eso de alguna manera echaría por tierra la inversión que se tiene pensada a partir de las reformas estructurales, y la rentabilidad menguaría; pero no sabemos, sólo confiamos en que no ocurra”.
Estudiosa de los procesos electorales e integrante del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, la abogada Ana Saiz Valenzuela observa que “tristemente el país ya vivió una situación así cuando mataron a Luis Donaldo Colosio y, por supuesto, se está haciendo un llamado precisamente para tratar de parar esta violencia”.
El objetivo principal del Comité, indica en entrevista, es visibilizar y parar la violencia que identifican claramente como terrorismo electoral, encausado a inhibir la participación ciudadana en los distintos procesos que se llevan actualmente.
“No queremos pensar en un escenario tan grave como sucedió cuando mataron a Colosio. Pero ya es grave que maten a cualquier candidato: no por ser un candidato a presidencia municipal o un simpatizante en un mitin preocupa menos. Toda la violencia es absolutamente reprobable para nosotros. Y precisamente hacemos ese llamado urgente del alto a la violencia para fomentar la participación”, puntualiza la experta en análisis electoral.
El 5 de mayo pasado el aún informador del Canal 11 –del Instituto Politécnico Nacional–, Ricardo Alemán, escribió en su cuenta de Twitter: “Les hablan”. Su mensaje se acompañaba de una imagen donde se leía: “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató una fan. A ver a qué hora, chairos” (sic). Esto provocó su cese de las empresas de televisión Televisa y del diario Milenio.
Hablar de un crimen político de alto perfil como lo hizo el columnista no es cualquier cosa. Para Fabián Bonilla, doctor en comunicación política y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expresar la idea del magnicidio en redes sociales y notas periodísticas configura una suerte de realidad significante.
“El rumor empieza a cobrar vida como una opción, una posibilidad. Si bien él [Alemán] apeló que fue un error retuitear algo que ya estaba en el ambiente discursivo, obviamente eso implicó que no sólo asumiera esa posición o le diera viabilidad a ese discurso, sino que lo legitimó, lo autorizó como alguien que está inmerso en la opinión pública.”
Lo peligroso, añade el experto en análisis del discurso político, es que se empieza a construir un marco que dé cabida a ese tipo de discursos como parte de la construcción de un régimen de verosimilitud, de algo que sí puede suceder, aún cuando hay una enorme diferencia con el acto mismo, con llevar a cabo un magnicidio o un atentado.
Las repercusiones de un homicidio o un atentado no mortal contra alguno de los cuatro candidatos presidenciales de México dependerían de quién es la víctima.
El magnicidio de López Obrador aceleraría y agudizaría el proceso de descomposición política y quizá aceleraría en alguna medida el posible estallido social, reflexiona el doctor Aguirre Rojas.
Agrega que en el país las cosas están guardando equilibrios muy precarios. “Incluso sin magnicidio el equilibrio de las fuerzas económicas y políticas que son dominantes es muy frágil”.
Respecto de la relación con todos los sectores populares, el investigador señala que es muy complicada y muy conflictiva. “El descontento social crece y estalla en pequeños brotes, poco a poco, a todo lo largo y ancho del país. Los pueblos indios están siendo literalmente aniquilados a través del despojo de sus tierras y de la eliminación de sus usos y costumbres; y entonces sería un elemento más que agudizaría y que aceleraría estos procesos de descomposición política, de crisis política y social”.
Un atentado contra alguno de los candidatos de entrada podría impactar en las preferencias electorales, considera el doctorante Omar Elí Manríquez. Para el politólogo, “desatar al tigre no creo que sea una opción rentable para las élites, porque tendrían que recurrir a la represión, y eso se les podría salir de las manos: se podría dar pie a nuevas alianzas entre grupos de oposición al régimen, podrían perder confianza país porque caeríamos inmediatamente en el estatus de los países que no garantizan certeza”.
El magnicidio de algún candidato presidencial estaría apoyado por poderosas élites económicas y políticas tanto de México como de Estados Unidos y algunos capitales trasnacionales; por ello, el investigador Manríquez considera que es improbable que suceda.
En el ámbito latinoamericano, reflexiona, pareciera que no hay un grupo de intereses corporativos financieros –interesados en la inversión intensiva en los sectores estratégicos– que esté actualmente recurriendo a sicarios para imponer gobiernos a modo.
“Se ha apostado por polarizar a las sociedades en las plataformas de partidos socialdemócratas o de centro. Los intereses económicos han apostado por financiar las plataformas de la partidocracia. Se ve difícil que pase [un magnicidio en México] sobre todo con el escenario con Estados Unidos que está muy caliente, como para que pase algo así que desestabilice y pueda afectar la seguridad nacional de la frontera Norte. No se ve que sea una jugada viable.”
El doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas también considera que las élites políticas y económicas llegan sin cohesión al proceso electoral 2018. “El grado de descomposición de la clase política se refleja en las contradicciones de las propuestas: ya no hay unidad en ellos, ya no hay un solo proyecto en el que coinciden. Es una mentira cuando dicen que ‘todos’ están contra López Obrador o ‘todos’ van a apoyar a Meade o a Anaya. Eso ya no es cierto”.
Para el teórico y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, la descomposición política, la crisis económica y los enfrentamientos entre los propios grupos económicos poderosos es tan grande que cada quien está jugando su propio juego, según las alianzas y compromisos que ha hecho con cada candidato.
“Hay sectores de la clase política y de la clase económica, de los ricos mexicanos, que apoyan a Meade; otros, a Anaya, y otros al propio López Obrador.”
Como pocas veces en la historia de México, considera el investigador, realmente todos esos escenarios son posibles: el fraude, una declinación de Meade hacia Anaya o de Anaya hacia Meade, pero también es posible que dejen llegar a López Obrador o que cometan el magnicidio.
Hasta ahora, la desesperación de los empresarios mexicanos se ha manifestado en acusaciones contra el político tabasqueño, como el caso de Claudio X González –a través de sus asociaciones Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad– y de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Otra manifestación de desesperación son los llamamientos de algunos magnates (como Germán Larrea, Alberto Bailleres, Andrés Conesa, José Elizondo, Héctor Hernández Pons y Eloy Vallina) a sus empleados para que no voten por López Obrador.
Y se ha conocido también que algunos de ellos presionaron a Margarita Zavala para declinar a favor de Anaya, y que también estarían influyendo en el equipo de Meade para que deje paso libre al panista.
La pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar para impedir que el puntero en las encuestas gane la Presidencia de la República. El doctorante Omar Elí Manríquez cuestiona “¿qué tanto están dispuestos a perder en estas áreas de oportunidad económica que se abrieron con las reformas estructurales?”
Las posibilidades para frenar el avance de López Obrador pueden incluir otro tipo de violencias. Para el sociólogo Omar Elí Manríquez, un atentado que no desemboque en un magnicidio podría mover las inclinaciones políticas, en el sentido de la sospecha de quién lo cometió y para afectar a quién.
“Ya en un acto desesperado, muy mediático, un atentado de magnicidio pudiera impactar las preferencias electorales y cerrar la brecha [con Andrés Manuel], pero me atrevo a pensar que no serán capaces. A menos que tengan muy bien calculados los números, tendría que ser para beneficiar a Meade, porque ese tipo de acciones no creo que las haga la alianza donde está el PAN; esas acciones se esperan del PRI.”
En México, la comunidad política está marcada por una dimensión de necropolítica, explica el doctor Fabián Bonilla. “La necropolítica entendida como el ejercicio de administración de la muerte para una suerte de resolución de ciertos temas políticos o de ciertos conflictos. Entonces hemos llegado a este punto en el que pareciera que el aniquilamiento ya no sólo simbólico de tu enemigo o del enemigo, si no real, material, es lo que posiblemente es la solución a todos los problemas”.
En la sociedad mexicana, agrega, “pareciera que el simple hecho de aniquilar a tu enemigo es lo que le va a dar solución a los problemas que tenemos y los problemas que tenemos son de toda índole: económicos, sociales, políticos, migratorios, hay una infinidad de asuntos por resolver. Desgraciadamente una parte de los discursos están enfrascados en esta virulencia, en esta violencia discursiva, en este linchamiento en las plataformas digitales y sobre todo en la petición de asesinato de una figura política que puede que nos caiga mal, que creamos que no es la persona adecuada o que no tiene la posibilidad de resolver los problemas, pero ahí está una parte muy desafiante para pensar el presente”.
Para el académico de la Facultad de Ciencias Políticas, en el caso de atentar contra López Obrador, el escenario del magnicidio implica que ya no estaría el político que trataría de apaciguar el estallido social. “Sería un escenario totalmente distinto; entonces, qué se podría hacer con ese estallido social y sin la figura que apele a la paz. No habría alguien que pudiera llamar a la tranquilidad, porque obviamente esa figura en ese escenario apocalíptico ya habría desaparecido”.
Pero el descontento social va más allá de las elecciones, considera el doctor Aguirre Rojas, para quien resulta inminente un estallido social en éste o en los próximos años.
“Eso es prácticamente seguro. Pienso que va a haber muy pronto un 2010 histórico, y cuando digo un 2010 histórico es porque no se tenía que dar necesariamente el año 2010 cronológico: México parece vivir ciclos de aproximadamente 100 años, pero podrían ser de 120 o 130 años o 90, en los cuales se va acumulando una cantidad de contradicciones sociales, de desajustes económicos, de desfases políticos e incluso de crisis moral y cultural y de valores, que podemos estudiarlas.
“Si vemos la víspera de 1810, luego la etapa que se vivió antes de 1910, y hoy, verdaderamente es asombroso desde el punto de vista de un historiador las coincidencias históricas. Entonces poco importa que estemos en 2018: la maduración de las contradicciones económicas, el descontento popular, la pérdida de sentido hacia el futuro, el desempleo terrible, la inflación galopante, la pérdida de empleos, la muerte de mucha pequeña y mediana industria, el abandono del campo, la migración masiva que se está dando –cada año, el país expulsa medio millón de mexicanos que se van a trabajar y vivir a Estados Unidos– y todos estos son síntomas de que estamos en vísperas de un gran estallido social. Si se va a dar en este año o en 3, eso no lo podemos saber; pero de que se va a dar no me cabe la menor duda.”
El investigador de la UNAM considera que sí existe una opción para canalizar pacíficamente ese descontento. Es, asegura, la opción que planteaba la precandidata independiente María de Jesús Patricio y que consiste, primero, en denunciar a la clase política; segundo, en demostrar que por la vía de las elecciones y por la vía política realmente ya no hay salida; y, tercero, que hay que auto-organizamos desde abajo y empezar a tomar las cosas en nuestras propias manos de manera autónoma y autogestiva.
Y es que, dice, ninguno de los miembros de esa clase política representa un verdadero cambio o una vía inteligente de salida a los conflictos actuales. Por ello, observa que, más allá de la coyuntura electoral, “tenemos que organizarnos y tomar las cosas en nuestras manos, es la única salida inteligente a este estallido social”.
La abogada Ana Saiz Valenzuela señala que el Comité Conciudadano para la Observación Electoral reitera el llamado a las autoridades para que haya un clima de paz en los próximos días y particularmente en la jornada del 1 de julio.
“Esperamos que haya una respuesta al respecto, porque creemos que tanto el Instituto Nacional Electoral puede hacer ese tipo de llamados [a la no violencia] y sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.”
Agrega que esta última institución tiene que hacer uso de su facultad como tribunal de pleno derecho y tratar de encausar y sancionar a quien tenga que hacerlo por este tipo de actos violentos.
La abogada observa que otras instituciones del Estado también están obligadas a actuar. “No son sólo las autoridades electorales, son todas las autoridades del país encargadas de la seguridad. En particular, el Tribunal y el INE deben ver lo que sea de su competencia, sobre todo aplicar la ley de manera imparcial y con todas las consecuencias, sin ningún miramiento, para mandar un mensaje que de verdad inhiba estos llamados o este tipo de actos violentos”.
Boletas electorales no se reimprimen
En caso de que ocurriera un magnicidio, las boletas electorales no se reimprimirían con el nombre de algún candidato sustituto, asegura la abogada Ana Saiz.
“Por ley es muy claro: las boletas electorales ya no se pueden reimprimir porque es un presupuesto destinado. Cuando una boleta está impresa ya no se puede reimprimir, simplemente porque logísticamente no hay las posibilidades y no hay el dinero para hacerlo.”
Escolta de Estado Mayor Presidencial habría infiltrado a López Obrador
El general José Francisco Gallardo, doctor en ciencia política y académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, indica que en caso de que el candidato Andrés Manuel López Obrador hubiera aceptado la escolta del Estado Mayor Presidencial, ésta lo habría infiltrado para contener su avance.
“La escolta del Estado Mayor Presidencial habría infiltrado a López Obrador”. Esa institución, indica, debe desaparecer porque es una estructura que representa un Estado autoritario.
“En un inicio se creó para darle protección al presidente, pero ahora es una estructura corrupta, que no tiene un fundamento jurídico ni constitucional, es una oficina al capricho del presidente, cerrada, que no le rinde cuentas a nadie y que maneja a cerca de 15 mil efectivos militares, armamento, vehículos, incluida flota aérea y naval”, señala el estudioso de las Fuerzas Armadas.
Según Gallardo, “todo el personal que comete algún ilícito o tiene cuentas con la justicia lo comisionan al Estado Mayor Presidencial para tener fuero. Eso me consta”.
—¿Pero no todos los que integran el Estado Mayor cometieron algún delito?
—No todos, pero la mayoría sí.
Nancy Flores
[PORTADA][SEGURIDAD][SEMANA][D]
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