En la última década, se estima que ingresaron a México ilícitamente 2.5 millones de armas, reconoce la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde entonces se han incrementado en 122 por ciento los aseguramientos de armas de asalto principalmente semiautomáticas, de gran capacidad letal; y en 9 por ciento de armas pequeñas y ligeras, de un total de 17 millones de armas en manos de civiles, cuya venta ilegal creció 35 por ciento en 2019.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que sobresale el gran volumen de armas de menor impacto aseguradas en la última década, así como sus partes y municiones. Del total de los aseguramientos, 48 por ciento son armas largas –fusiles, carabinas, rifles y escopetas–, de las cuales casi 132 mil 500 ingresaron a México principalmente por Tamaulipas, y 28 por ciento armas cortas –pistolas y revólveres– con 90 mil 500 decomisos llevados a cabo, en su mayoría, por California.
Entre las armas de mayor capacidad letal, la Sedena revela que el gobierno de la cuarta transformación ha asegurado fusiles Barrett calibre .50 con alcance antiaéreo, fusiles AR-15 calibre .50, ametralladoras Browning M2 calibre .50, lanzacohetes antiaéreos, fusiles AK-47, lanzagranadas y granadas procedentes de Estados Unidos, África y Colombia.
El gobierno de México tiene registros de 2 millones 12 mil 573 armas que ingresaron al país de manera ilegal en la última década, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez.
La cifra de armamento ilegal contrasta con las 450 mil 625 armas que fueron comercializadas por el gobierno de 2009 a 2019, precisó el titular de Sedena en la conferencia matutina del 13 de agosto de 2019. El general Luis Cresencio Sandoval dijo que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han adquirido 7 mil 927 armas.
En el foro virtual Estrategia global de México relativa el tráfico ilícito de armas, del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset, el entonces jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Fabián Medina, expuso el mapa del tráfico de armamento que nutre a los grupos del crimen organizado en México, proveniente de Estados Unidos y Europa.
Dijo que 50 por ciento de los asesinatos en el mundo son con armas de fuego, en donde México ocupa el séptimo lugar y Estados Unidos el sitio 23. “El 67 por ciento de los homicidios en México se realizó con armas de fuego, a tal grado que, a partir de 2005, la violencia generada por el tráfico de armas se vio reflejado en una disminución de la esperanza de vida en México de entre 0.5 y 2 años de vida entre ese año y 2010”, subrayó.
En 2019 se aseguraron 27 mil 337 cargadores de alta capacidad y más de un millón de municiones. Además del impacto en capital humano, la prevención de delitos con armas de fuego ha tenido altos costos financieros para México: de 1.3 por ciento del PIB en 2012 aumentó a 1.5 por ciento en 2018, equivalente a más de 286 mil millones de pesos.
Fabián Medina presentó un panorama catastrófico sobre el tráfico ilícito de armas y destacó que están en curso ocho operativos de investigación para detectar el trasiego de armas e identificar a quiénes participaron –con base en un informe desclasificado del Departamento de Justicia de Estados Unidos–, e iniciar carpetas de investigación sobre el operativo Rápido y Furioso.
“Toca a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones y rastreo de tráfico de armas, pero la SRE conoce y tenemos identificados a compradores y empresas que hacen ventas reiteradas de armas en Estados Unidos”, aseguró Medina Hernández.
Dijo que la SRE impulsa intercambio de información con Estados Unidos para que haya una reglamentación más estricta para la venta y se tipifique en ese país el tráfico ilícito de armas como un delito, como en México, cuya reciente reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, incluyó como figura delictiva el tráfico ilícito de armas.
Señaló que, si bien la pandemia cambió patrones de conducta de grupos delictivos, éstos se han adaptado también en tráfico de armas, lo que se refleja en ventas por tres millones de armas vendidas en Estados Unidos durante 2020, “muchas de ellas vieron a parar a México”.
Casi imposible resulta regular el flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México, merced a que el país vecino cifra gran parte de sus ingresos en el arte de la guerra, advierte en entrevista la investigadora Guadalupe Correa-Cabrera, doctora en ciencias políticas por la New School for Social Research de EU y experta en temas bilaterales.
“Tendría que haber voluntad política entre ambos gobiernos para restringir la venta de armas y mayor control y vigilancia, pero en realidad ha sido los gobiernos de México los que han puesto el tema en la mesa a contrapelo de Estados Unidos, merced a la presión de la Asociación Nacional del Rifle y el impacto de la Segunda enmienda constitucional del país vecino”, enfatiza.
Destaca que resulta difícil concretar alguna propuesta de control de tráfico ilícito de armas por esa falta de voluntad política del gobierno estadunidense, porque se trata de un país que vive de la industria de la guerra y gran parte de su economía depende de esta actividad.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran el daño mortífero que los flujos de armas ilícitas causan en México: en 2018, la mortalidad por violencia armada alcanzó 7 por ciento del total de homicidios (60 mil), equivalente a 40 mil 200 decesos; 10 años atrás llegaba a 15 por ciento. A finales de 2019 se registraron casi 32 mil homicidios dolosos (frente a 3 mil 208 decesos por armas en 2005).
El creciente acceso a armas de fuego por parte de la delincuencia y del ciudadano común, registra que en la última década se han recobrado 332 mil 689 armas en el combate a la delincuencia organizada y en campañas de intercambio de armas por despensas.
Sólo en diciembre de 2019 se destruyeron casi 20 mil armas en 28 estados de la República. “Un gran reto es frenar la capacidad de reabastecerse de la delincuencia –que sólo requiere de 15 días en promedio–, así como restablecer controles no sólo en la frontera, sino al interior del país, que fueron eliminados en 2013”, apuntó Medina Hernández.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, las armas, partes y municiones dibujan mapas de rutas y sus destinos con las estadísticas de homicidios y delitos por armas de fuego en México.
Por separado ambos organismos coinciden en que los cruces de mayor tráfico ilícito de armas se registran en Tijuana, Ensenada y la Rumorosa, Baja California; Agua Prieta, Nogales y Querobabi, en Sonora; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Nuevo Laredo, San Fernando, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas; Colombia, en Nuevo León, y Manzanillo, en Colima.
En estos cruces de trasiego de armas, con apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, se han reforzado puntos de inspección de manera no intrusiva frente al flujo “hormiga” de armas o sus piezas y municiones, oculto en el cruce diario de más de 25 mil personas, señaló Medina Hernández.
“Se descubrió que son principalmente mexicanos que viven en la frontera (50 por ciento) y, en menor grado, estadunidenses y centroamericanos, quienes reciben de organizaciones criminales desde 100 dólares por un paquete de 50 balas, hasta 2 mil dólares por un rifle automático. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, las principales detenciones ocurrieron en Nuevo Laredo, Nogales y Caborca”, destacó.
Según el Inegi, en 2019, Tamaulipas tuvo el mayor número de aseguramientos de armas. Allí también ocurrieron 41 mil 44 homicidios de 2006 a 2020. Junto con Baja California, es el estado por donde ingresaría el mayor número de armas largas. Ya desde 2016, la entidad ocupa el primer lugar nacional con 481 armas por cada 100 mil habitantes, así como el de mayor número de detenidos por tráfico de armas (4 mil 18) y Guerrero (2 mil 436).
En Sonora el número creciente de armas incautadas pasó de 52 por ciento en 2017 a 68.21 por ciento en 2018. El decomiso de municiones sigue el mismo patrón, con la aduana de Sonoyta como la principal vía, seguida por la de Nogales. Con una incidencia delictiva de 50 mil 861 personas por cada 100 mil habitantes, es decir, uno de cada dos habitantes; de 362 homicidios registrados en julio de 2018 se pasó a más del doble, 789, a finales de 2019.
De 2006 a 2019, Michoacán fue el tercer estado con más homicidios por armas de fuego, con 33 mil 140; seguido por Sinaloa, 22 mil 879; Guerrero, 12 mil 759, y Chihuahua, 10 mil 948. También fue el segundo estado con más detenidos por tráfico de armas, 3 mil 150.
Guanajuato concentra la mayor cifra de delitos con armas (2 mil 60), de un total de 19 mil 87 cometidos en la primera mitad de 2019; le siguen Estado de México (1 mil 977), Ciudad de México (1 mil 753), Baja California (1 mil 339), Michoacán (1 mil 334), Jalisco (1 mil 234) y Chihuahua (1 mil 160). Colima registra la tasa más alta de homicidios, con 88 por cada 100 mil habitantes, seguido por Baja California, 74.2; Chihuahua, 63.2; Guanajuato, 52, y Guerrero.
Este flujo ilícito de armas, que cruza la frontera Norte y llega al Golfo, el Pacífico y el centro del país, se concentra en 10 municipios que registran más de mil homicidios dolosos en promedio: Tijuana, Acapulco, Culiacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Cajeme, Ecatepec, Tlajomulco, Zapopan y Ensenada.
Aunque el tráfico de armas en la frontera sur del país sólo representa 2 por ciento del volumen nacional, la inestabilidad de la región centroamericana favorece el aumento de armas aseguradas en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, principalmente en Ciudad Hidalgo, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Balancan, Veracruz y Oaxaca.
Se trata de armas cortas que en los ochenta se usaron en el conflicto centroamericano, y de minas antipersonales, prohibidas por la ONU por su capacidad de destrucción masiva.
El 4 por ciento de las armas involucradas en crímenes en México proviene de Texas, seguido por California (19 por ciento), Arizona (15 por ciento) y el resto de otros estados de Estados Unidos (25 por ciento). Las armas cruzan la frontera en vehículos (46 por ciento), con una minoría de ingresos peatonales (4 por ciento) y sólo 1 por ciento por aire. También pasan a través de túneles, 180 de ellos detectados por la ATF en California y Arizona en 2016.
Entre 2014 y 2019, el 30 por ciento de las armas que llegaron a México de manera ilegal provinieron en su mayoría de seis productores europeos. Algunos han establecido fábricas en Estados Unidos por la laxitud de las regulaciones. Otros efectúan regularmente exportaciones a armerías estadunidenses. En otros casos, las partes de rifles de asalto fabricados en Europa se transforman en México en armas no identificadas.
Se trata de 5 mil 658 armas de fabricación española –23 por ciento del total de armas europeas aseguradas en México–, 4 mil 280 de Italia (20 por ciento), 3 mil 395 de Rumania (14 por ciento), 2 mil 967 de Austria (12 por ciento), 2 mil 749 de Alemania (12 por ciento), 1 mil 904 de Bélgica (8 por ciento) y 4 mil 39 de otros 19 países europeos.
Estas armas cruzaron por California, Arizona y Texas –estado por el que circulan principalmente armas italianas y rumanas–. De las 24 mil 992 armas europeas aseguradas en los últimos cinco años y 116 mil 560 en la última década, 77 por ciento corresponde a armas cortas, casi 8 mil llegaron por Estados Unidos y más de 11 mil 500 por otras vías.
La mayoría de las armas largas (3 mil 500) ingresó a través de Estados Unidos y más de 2 mil llegaron directamente por mar. Algunos estados importadores de armas europeas que han pasado ilícitamente a México son Virginia, Florida, Illinois y Tennessee.
Las armas provenientes de Rumania llegaron a Maine, Nuevo Hampshire, Vermont y Connecticut, para después bajar a Tamaulipas. Los rifles Ciugur, de acuerdo con la ATF, entran de Estados Unidos a México de manera ilícita y se transforman en armas de mayor potencia como las automáticas, equivalentes a una ametralladora.
Por vía marítima, las armas europeas llegan a México por los puertos de Lázaro Cárdenas, Altamira y Manzanillo. En su mayoría son fabricadas en España e Italia, y han sido aseguradas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y en el Estado de México –donde también se han asegurado armas alemanas, italianas y austriacas.
Entre 2007 y 2017, las marcas de armas más comercializadas fueron Beretta (de Italia y Estados Unidos, 113 mil 233 unidades), Glock (Austria, 74 mil 889), I.W.I. (Israel, 30 mil 376), Colt (Estados Unidos, mil 804), Bushmaster (Estados Unidos, 17 mil 471), Mossberg (Estados Unidos, 16 mil 248) y Heckler & Koch (Alemania, 17 mil 109), refiere un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La Sedena señala que entre 2009 y 2019 fueron robadas o extraviadas más de 12 mil armas de distintas corporaciones de policía y Fuerzas Armadas, lo que refleja la poca importancia que se le da a la recuperación de armas en México con respecto a otros objetivos destinados al cumplimiento de la ley, considera la CMDPDH.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, durante 2011 a 2016, pudieron rastrearse 74 mil 515 armas de fuego recuperadas en diversas escenas del crimen en México, y que éstas fueron producidas o habían sido vendidas en la Unión Americana. Dichas armas constituyen el 70 por ciento de todas las armas de fuego recuperadas y rastreadas en México durante ese lapso.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que más de 179 mil armas fueron aseguradas entre 2000 y julio de 2019. “Este monto no es menor; para dar una dimensión del dato, el Ejército Mexicano cuenta con 198 mil elementos”.
Es decir, la cantidad de armas ilícitas que han sido recientemente confiscadas en México equivaldría a equipar a casi la totalidad de los miembros del Ejército, apunta la organización humanitaria.
Entre 2000 y julio de 2019, destacan los estados de Tamaulipas con más de 35 mil armas confiscadas, seguida de Michoacán con 30 mil, Sinaloa, 22 mil. A partir de ahí, se observan entidades que tienen (o tuvieron) una presencia importante de grupos delictivos; como Guerrero, Chihuahua y Durango.
Otras entidades fronterizas con Estados Unidos que concentran importantes volúmenes de armas confiscadas (Sonora, Nuevo León y Baja California), constituyen la mayor fuente de armas ilícitas hacia México.
Las entidades del centro y sur del país registran menores confiscaciones de armas que las del norte. El 42 por ciento de las armas confiscadas son rifles; las pistolas (27 por ciento); armas no identificadas (13 por ciento); y revólveres y las escopetas (8 y 7 por ciento, respectivamente). El resto de armas incluyen ametralladoras, subametralladoras.
La transición política en Estados Unidos va en comunión con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el 14 de febrero el presidente Joe Biden habló en el marco del aniversario del tiroteo de Parkland de urgir al congreso norteamericano para reformar el mercado de armas en ese país, aduce Rodrigo Reyes Mugüerza, egresado de ciencias políticas de la London School Economics,
“Los retos que hemos enfrentado son, precisamente, la diferencia de políticas armamentistas tanto en Estados Unidos como en México”, refirió el experto durante el foro virtual “Tráfico de armas: pendientes en la agenda bilateral México-Estados Unidos”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (marzo de 2021).
Está todavía muy latente el operativo Rápido y Furioso que se realizó al amparo de la Iniciativa Mérida y en la cual se introdujeron al menos 2 mil 500 armas para rastrearlas, identificar a grupos criminales que las utilizaran, sin embargo, “al día de hoy siguen siendo utilizadas por el crimen organizado”, acotó Reyes Murgüerza.
Magda Coss Nogueda, de la asociación civil 24-0 México que impulsa proyectos de prevención de violencia y cultura de paz, dijo que el tráfico de armas ya no se vincula directamente con el tráfico de drogas, “ahora sabemos que está vinculado con muchos delitos”.
Señaló que el país se concentra solo en armas que llegan por mercados ilícitos, que cruzan por la frontera con Estados Unidos, pero en los últimos años muchos decomisos se encuentran armas que han pertenecido a fuerzas de seguridad mexicanas, que han tenido un paso por la Sedena. “Esto quiere decir que no se está teniendo un control interno adecuado de estas armas y de las transferencias legales”, sugiere la analista.
Para combatir este fenómeno, propuso homologar las formas en las que se sanciona el registro de armas de los policías, ya que mientras en algunos estados le levanta un acta administrativa cuando un policía pierde su arma de cargo, en otros estados esto significa cárcel.
Planteó replicar la práctica de Estados Unidos en México, de establecer bases de datos internas para auditar cuando se pierdan armas y que no solamente sea cuando se comete un delito con ellas o cuando se pierdan.
Por otra parte, indicó que se ha incrementado en los últimos años no solo el tráfico de armas sino partes de ellas, se ensamblan en México y en los últimos años se han descubierto fábricas clandestinas (Ghost Gun), no solamente en México sino en Estados Unidos, lo que representa un problema mucho mayor porque requiere de capacitar mejor a policías como primeros respondientes y quienes aseguran estas armas.
Poco antes de renunciar como secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo consideró que una estrategia integral contra el tráfico ilícito de armas en México debe considerar el problema del tráfico de armamento desde el exterior, pues la falta de medidas de control eficientes en la importación de armas de fuego ha sido uno de los factores del incremento generalizado de la violencia criminal en México en los últimos años.
Señaló que dos factores obstaculizan la política integral de seguridad mexicana y los esfuerzos para reducir el flujo ilícito de artefactos bélicos desde otros países: la falta de blindaje en los puntos fronterizos del país hace del comercio ilegal de estas herramientas de guerra una tarea fácil.
Por otro lado, indicó que en México falta el control sobre la tenencia de armas; los límites que el gobierno federal tiene sobre los datos de las personas que poseen armas pequeñas y ligeras han hecho que el tráfico ilícito de armas siga siendo una realidad, pues no se tiene control alguno ni sobre el destino de las armas obtenidas de forma legal ni sobre el uso que sus propietarios les dan, de tal suerte que en estas armas también son susceptibles de formar parte del tráfico ilícito.
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