El Informe 2010 sobre la trata de personas, del Departamento de Estado de Estados Unidos, revela que México “no cumple totalmente” con las normas mínimas para eliminar ese delito. Advierte que, en este país, aumenta el turismo sexual con menores y persiste el trabajo forzado doméstico en la agricultura, el sector hospitalario y la construcción, así como la mendicidad en las calles. A su vez, organismos civiles señalan que el gobierno federal incumple con los compromisos de la ley contra la trata
México es una gran fuente de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos al tráfico de personas, especialmente forzados a la prostitución y al trabajo forzoso, según el Informe 2010 sobre la trata de personas, del Departamento de Estado, presentado por la secretaria Hillary Clinton. Ahí se indica que las estadísticas del gobierno federal y de las organizaciones no gubernamentales “sugieren que, en México, la magnitud del trabajo forzoso sobrepasa al de la prostitución forzada”. Agrega que los grupos más vulnerables son las mujeres, niños, personas indígenas y migrantes indocumentados, que son sometidos a la servidumbre sexual en territorio mexicano y estadunidense, atraídos con falsas ofertas de trabajo.
El entrevistado subraya que, en esta materia, sólo hay estimaciones, pues no hay cifras oficiales. Adicionalmente, la trata de personas, como los ilícitos relativos al tráfico de armas y de estupefacientes, implica otros delitos, como lavado de dinero, altísima corrupción de funcionarios, de líneas aéreas y de empresas turísticas que constituyen “una red muy intrincada de intereses”. Por otra parte, afirma que el delito de trata de personas es uno de los más impunes por la falta de denuncia.
El Departamento de Estado estadunidense ha estudiado, desde 2000, la trata de personas. En su edición de 2010, por primera vez examina cómo se manifiesta ese fenómeno en Estados Unidos.
Al referirse al tránsito de México hacia Estados Unidos de las víctimas de la trata, el Informe describe que, en 2009, los hombres, mujeres, niñas y niños fueron sometidos a condiciones de trabajo forzado en servidumbre doméstica, mendicidad en las calles y en el sector de la construcción, “tanto en Estados Unidos como en México”.
El documento enfatiza: “El turismo sexual con menores continúa creciendo en México, especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún, así como en ciudades fronterizas del Norte del país, como Tijuana y Ciudad Juárez”. Revela que la mayoría de los turistas sexuales provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, “aunque algunos son ciudadanos mexicanos”. Hasta junio pasado, cuando concluyó el Informe, el gobierno mexicano no presentó “acusaciones ni detenciones por turismo sexual infantil”.
El gobierno estadunidense, a través de este diagnóstico, hace notar que algunos reportes refieren que los cárteles de las drogas mexicanos y las redes del crimen organizado de todo el mundo se han involucrado en el tráfico de personas en este país. También señala que las autoridades del gobierno admiten que algunos funcionarios y agentes locales “toleran y, en ocasiones, son cómplices en el tráfico al impedir que se implementen los estatutos antitráfico”.
El Informe describe que la mayoría de las víctimas extranjeras en trabajo forzado y servidumbre sexual en México proviene de Centroamérica, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
También destaca que en este país hay numerosas víctimas de Suramérica, El Caribe, Europa occidental, Asia y África. “Menores centroamericanos sin compañía viajan a través de México para encontrar a los miembros de su familia en Estados Unidos y caen víctimas de traficantes de personas, particularmente cerca de la frontera con Guatemala”, cita una parte del Informe.
Asimismo, manifiesta que, en el Norte de México, es frecuente encontrar a hombres y niños originarios del Sur del país en condiciones de trabajo forzoso; una situación que también es común para los inmigrantes centroamericanos, especialmente guatemaltecos, a quienes se explota particularmente en labores agrícolas en los estados del Sureste.
El documento consigna que el gobierno federal ha brindado “significativa asistencia al gobierno estadunidense en investigaciones fronterizas de tráfico”. Esa alianza se tradujo, en 2008, en la extradición de un ciudadano mexicano que enfrenta cargos de tráfico en Estados Unidos.
Ante la magnitud del problema del tráfico de personas en México, el Informe 2010 sobre la trata de personas señala que aún es muy bajo el número de investigaciones y condenas. Describe que, en México, “muchos jueces” no están familiarizados con las leyes de este delito y que, en algunos casos, se persigue bajo otras leyes, como las que prohíben la violación o la prostitución infantil.
También cita que las organizaciones no gubernamentales denunciaron que muchos funcionarios, incluyendo agentes federales y estatales, no hacen la debida distinción entre contrabando de extranjeros y trata de personas. Según el documento del gobierno estadunidense, para atender esta cuestión, tanto el gobierno mexicano como otras “fuentes foráneas” impartieron capacitación antitráfico a agentes especializados, fiscales y trabajadores sociales.
Al respecto, Saúl Arellano describe que muchos jueces no están enterados del alcance de la ley sobre esta materia y, cuando conocen de un caso de trata, “no saben cómo abordarlo y optan por considerarlo como pornografía infantil o violación”.
Describe que hay casos documentados en Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato o el Estado de México de trata de personas que se procesan por faltas a la moral o por atentados al pudor. Eso significa que hay “una real falta de capacitación de jueces, de ministros, de ministerios públicos y que el sistema judicial está roto”, pues en ninguno de esos procesos, la víctima es un referente.
El Informe indica que la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), se encarga de atender las denuncias que involucran a tres o menos sospechosos. Cuando los involucrados en el delito superan ese número, corresponde a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) atender esas denuncias.
Sin embargo, describe que la Fevimtra, “con sólo 10 abogados dedicados tanto a casos de violencia contra las mujeres, como al tráfico de personas”, enfrenta el reto de llevar las investigaciones que realiza hasta las condenas. Destaca que, por una investigación de la SIEDO, realizada en diciembre de 2009, un juez federal logró condenar a seis traficantes.
El diagnóstico estadunidense indica que la Fevimtra abrió un refugio dedicado a las mujeres víctimas de trata sexual con capacidad para 70 personas y que el gobierno del Estado de México estableció un centro para víctimas de tráfico sexual con capacidad para 10 mujeres. Otros refugios prestan atención de emergencia, algunos operados y fundados por organizaciones no gubernamentales internacionales y por grupos religiosos.
Con el propósito de abundar en las acciones de la Fevimtra contra la trata de personas, se consultó el Cuarto informe de labores de la PGR. Ahí se indica que se iniciaron 34 averiguaciones desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010.
En esas averiguaciones se destaca que hubo 46 víctimas de ese delito: 41 mujeres y cinco hombres, de los que 23 eran mayores de edad e igual número de menores de edad; 16 mexicanas y 30 extranjeros. Según el tipo de trata que se denunció, 25 casos se procesaron por explotación sexual y 12 casos, por explotación laboral. Entre el 1 de enero y junio de 2010 se iniciaron otras 12 averiguaciones por trata.
Adicionalmente, entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de julio de 2010, se abrieron 182 expedientes por desaparición de mujeres y niñas que podrían vincularse con la trata de personas.
Frente a estos datos de la Fevimtra, Raúl Arellano, de México Social, comenta que “la Fiscalía dice que tiene cinco investigadores para el tema de trata de personas, cuando todas las estimaciones señalan que, al menos, hay 20 mil víctimas de ese delito”. Agrega que el nuevo personal de esa Fiscalía, “habilitado como ministerios públicos, no está especializado”, pues, en los estados de la república, el delito de trata de personas se asigna a las fiscalías de violencia contra las mujeres: “¿Qué pasa con la trata de personas con fines de explotación sexual comercial de niños? ¿Qué pasa con la trata de personas con fines de explotación laboral? ¿Qué pasa con la trata de personas con fines de extracción de órganos, tejidos o sus componentes?”
El Informe destaca que la Fiscalía Especial para Trata de Personas sentenció a un ofensor a 10 años de prisión, con lo que se produjo la primera sentencia bajo la ley mexicana contra la trata. Refiere también que, este año, esa entidad condujo cuatro operativos en burdeles sospechosos de estar involucrados en el tráfico.
Por ese panorama, la evaluación de la diplomacia estadunidense concluye que la respuesta total de la aplicación de la ley por el gobierno de México al tráfico de humanos aumentó durante el periodo reportado, “aunque los esfuerzos fueron desiguales en todo el país”.
Para Saúl Arellano, mientras persista la triada impunidad-demanda-oferta, no podrá erradicarse la trata de personas. Cita que, conforme a la llamada “cifra negra” –que representa la no denuncia–, en México no se denuncia ni el .01 por ciento de los casos de trata. Esa cifra es mínima si se considera que el propio Departamento de Estado estima que, al año, hay 20 mil víctimas de trata de personas en México (aunque organizaciones no gubernamentales estiman 100 mil).
La información que brinda la PGR se refiere al número de averiguaciones previas iniciadas por ese delito, “pero no dice a cuántas personas se consignaron, en qué estatus están esas averiguaciones, si el juez reclasificó el delito por el que se lleva esa averiguación ni cuánta gente fue juzgada”, señala el vocero de CEIDAS.
Además, no hay información de calidad para saber si se está combatiendo de manera adecuada la trata de personas; no dicen cuántas víctimas fueron rescatadas, si fueron rehabilitadas o si se les prestaron los servicios para garantizarles sus derechos humanos.
Por su parte, el Informe coincide con la visión del entrevistado. Señala que a pesar de que las autoridades mexicanas animaron a las víctimas para asistir en esas investigaciones de tráfico y persecuciones, la mayoría se negó por temor a ser identificada por los ofensores traficantes.
El documento afirma que representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios del gobierno y analistas del fenómeno continúan reportando casos de corrupción entre autoridades y agentes de la fuerza pública y de inmigración.
Preocupa al Departamento de Estado la persistente denuncia sobre el hecho de que algunos oficiales “acepten, extorsionen, pidan favores sexuales, falsifiquen documentos de identidad y desanimen a las víctimas de tráfico” para que no reporten esos delitos. Y que en otros casos, esos representantes de la autoridad toleren la prostitución infantil y otras actividades de tráfico humano.
El Informe destaca que “dos agentes de inmigración fueron arrestados en 2007” por su presunto liderazgo de un grupo criminal involucrado en el tráfico de personas; aunque ambos aún esperaban su sentencia. También cita que “un alto funcionario de inmigración fue investigado por sospecha de estar involucrado en el tráfico de personas”, aunque no concluye cuál fue el resultado de tal pesquisa.
Respecto de este punto del estudio, Saúl Arellano afirma que debe plantearse la pregunta ¿cómo ingresaron al país esos grupos de mujeres extranjeras que, en ocasiones, están formados por 10 rumanas, 15 búlgaras, cinco de Kirguistán? ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración no les da seguimiento a las personas que entraron con visa de turistas y verifica cuándo se les vence? Si entran con visa de turistas, se les pregunta dónde permanecerán; la existencia de una base de datos mínima indicaría su paradero cuando su estatuto de turistas venza.
Este razonamiento concuerda con el Informe 2010 sobre la trata de personas, que en el caso de México sostiene que existe “una cultura de impunidad que se refleja en la complicidad oficial y que se traduce en el limitado número de acusaciones y condenas por trata de personas”. Reitera que ninguna víctima de trata ha sido recompensada por daños y puntualiza que, aunque la ley antitrata establece protección legal para las víctimas, “en la práctica no se ofrecen suficientes garantías a los testigos”, como han manifestado organizaciones no gubernamentales.
En su conclusión, el gobierno estadunidense subraya la necesidad de que México fortalezca la capacitación contra la trata de personas entre los jueces, incluyendo a agentes de la fuerza pública y de migración.
El Informe sobre la trata de personas indica que, en 23 países, se elevó el grado de prevención y protección a víctimas de este delito, mientras que en 19 se mantienen estructuras legales inadecuadas. Otros países niegan que dentro de sus fronteras existan víctimas y no intentan cumplir con el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (también, conocido como Protocolo de Palermo).
A diferencia de los nueve informes anteriores, que omitieron toda referencia a la manifestación de ese delito en el territorio y dominios estadunidenses, el Informe 2010 refiere que Estados Unidos es un país fuente de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a ese tráfico que se traduce en trabajo forzoso (servidumbre doméstica), cautiverio por deuda y prostitución forzada.
El Informe agrega que las víctimas de trata fueron reclutadas de forma fraudulenta por perpetradores que las obligan a pagar enormes deudas que supuestamente contrajeron por su transporte y hospedaje. Es usual que se les confisquen los pasaportes a las víctimas reclutadas o que no se les pague al término de una jornada, se les restrinja el movimiento dentro de la zona en la que realizan su actividad laboral, que se les aparte de la comunidad y que se las someta a un constante abuso físico y sexual.
El Departamento de Estado admite que, en Estados Unidos, se han documentado casos de trabajadores domésticos extranjeros que ingresaron al país con visas A3 y G5, que han sido sujetos a tráfico relacionados con abuso de diplomáticos acreditados en ese país. Esa explotación también se practica contra los trabajadores temporales que ingresan a ese país con documentos migratorios legales.
El Informe subraya que el gobierno de Estados Unidos reconoce que, como en otros países, la trata de personas es un serio problema en su territorio, que se expresa tanto en explotación laboral como en la explotación sexual comercial. Ante ese escenario, el gobierno de ese país se compromete a realizar las mejores prácticas para combatir ese crimen, a pesar de que “reconoce los retos a los que se enfrenta” y ofrece buscar la “innovación y fortalecimiento” de su esfuerzo a nivel nacional como también en sociedad con otros países.
El Informe señala también al Reino Unido como receptor de numerosos hombres, mujeres y niños –principalmente de África, Asia y Europa oriental– que son forzados a prostituirse. Los niños que llegan clandestinamente al Reino Unido proceden, en su mayoría, de Vietnam y China; se les somete a servidumbre para que paguen su “deuda” con las bandas del crimen organizado por haberlos transportado.
El Informe 2010 advierte que va al alza el número de niños británicos que se trafican internamente en ese país con propósitos de prostitución. También continúa el acompañamiento de menores por extranjeros y los casos de niños forzados a mendigar o a robar.
Los trabajadores migrantes son sometidos a trabajo forzoso en la agricultura, la construcción, procesamiento de alimentos y servicio doméstico. El Informe 2010 hace notar que, en Escocia, persiste el tráfico de gran escala y que, pese a ello, “el gobierno no ha condenado a ningún ofensor de tráfico en su territorio”. Por lo tanto, subraya que dentro del Reino Unido no se han puesto en marcha medidas adecuadas de protección para las víctimas del tráfico de personas.
El Informe revela que, en Bermudas, existe una “continua evidencia” de tráfico. Ahí los trabajadores migrantes son empleados bajo un estricto sistema gubernamental de permisos; sin embargo, se advierte que ese sistema puede hacerlos muy vulnerables a la explotación en sectores donde no hay control de la mano de obra migrante.
Los testimonios denuncian que algunos empleadores confiscan pasaportes y amenazan a los trabajadores con cautiverio, aunque las autoridades de Bermudas y organizaciones civiles señalan que no son comunes las denuncias por el temor de los trabajadores a ser deportados. El fenómeno es tan significativo que, en 2009, el Sindicato Industrial de Bermudas ofreció protección a los trabajadores migratorios.
A pesar de que el Departamento de Estado afirma que el gobierno de Reino Unido “cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico” y que ha emprendido reformas que reflejan la importancia de este tema en su agenda nacional, señala que expertos locales y observadores destacan que hay esfuerzos inadecuados e inconsistentes para las víctimas.
Una de esas medidas fallidas fue el cierre en Londres, a fines de 2009, de la unidad de policía especializada contra el tráfico de personas. Adicionalmente, se ha criticado que la Agencia Fronteriza del Reino Unido encabece la política contra el tráfico, pues, se argumentan, no tiene un enfoque destinado a identificar, proteger y apoyar a las víctimas del tráfico de personas.
También, el gobierno invirtió 464 mil dólares para brindar servicios a víctimas de tráfico laboral; proporcionó 2.47 millones de dólares entre 2009 y 2010 para apoyar las medidas preventivas ante el incremento potencial que se esperaba en la demanda de trabajo y prostitución forzosas durante los Juegos Olímpicos de Londres. En 2009, ese país proporcionó capacitación antitráfico a las tropas británicas antes de su despliegue en el exterior como parte de sus misiones de paz internacional.
La trata y sus víctimas
Carlos
En 1991, un niño keniano de seis años trabajaba en una pescadería. Su jefe fue asignado a otra región y le prometió al niño enviarlo a la escuela si lo acompañaba. Sin embargo, en lugar de inscribirlo, lo forzó a atender el ganado y a servir como guardia de seguridad. Le cambió el nombre a Carlos. Ahora tiene 26 años y aún trabaja para el administrador de la pescadería, nunca ha recibido salario y depende de su patrón para todo.
Cuando Carlos solicitó una parcela de tierra para construir su propia casa y casarse, el patrón se negó. Con la ayuda de un comité local de lucha contra la trata, Carlos logró rentar un cuarto en un pueblo cercano, aunque sigue bajo abuso de su traficante. Desconoce, hasta ahora, quiénes son sus familiares y dónde están.
Anna
El traficante de Anna la mantiene sometida a través del abuso físico –la golpea, viola y la corta con navajas–. Él la raptó en Albania y la llevó a un país de Europa occidental a prostituirse por cinco meses. Luego la trasladó a otro país europeo. Ahí ella declaró a las autoridades fronterizas que viajaba con un pasaporte falsificado: confiaba que la ayudarían. En cambio, la policía la envió a un campo de refugiados donde dos trabajadores sociales albaneses la llevaron de regreso con su traficante.
En ese segundo destino, Anna sufrió de subsecuente prostitución forzada por cuatro años. Fue obligada a someterse a cuatro abortos. Cuando su traficante fue deportado a Albania, cinco años después del secuestro de Anna, ella fue a la policía con información sobre el círculo de tráfico. Dos días después, ella también fue deportada a Albania. El traficante persistió en sus amenazas y abusos.
Aunque Anna buscó la detención de su traficante en Albania, él sigue libre y a ella se le ha negado la residencia y cualquier asistencia en varios países europeos, incluidos en los que ella ha sido explotada.
Christophe
A los 18 años, Christophe fue tres veces secuestrado por el ejército congolés y forzado a transportar sus víveres por todo el territorio de la República Democrática de El Congo. Christophe y otros cientos de civiles plagiados, incluso niños de ocho años, fueron forzados a caminar durante días con cajas de municiones y otros enseres. Si se cansaban o caminaban despacio, eran golpeados. No se les alimentaba y sólo comían lo que encontraban en las aldeas por las que pasaban.
Cyndi
A Cyndi, una niña pobre de una zona rural de China, le ofrecieron trabajar en un restaurante en África. Dejó la escuela y viajó a Ghana. La pareja que la invitó la hizo caer en un círculo de traficantes sexuales chinos. Fue recluida en un burdel con otras mujeres chinas y le confiscaron su pasaporte y boleto aéreo.
Sus traficantes la obligaron a practicar sexo comercial y la golpeaban cuando se rehusaba. La obligaron a rondar casinos para atraer a hombres blancos. Los traficantes retenían todo el dinero de Cindy, alegando que debía pagarles por el viaje y los costos de hospedaje. Cuando un periodista de investigación ghanés expuso su caso, el círculo y sus traficantes fueron acusados en una corte local. Con asistencia de una organización no gubernamental, Cindy y otra mujer regresaron a China.
Neah
A Neah, una joven nigeriana, le prometieron un trabajo como mesera en Alemania; sin embargo, fue forzada a trabajar en un burdel de Nigeria. Luego de un tiempo, fue vendida para trabajar en otro burdel en Togo, donde ella y otra mujer vivían confinadas en un complejo de altos muros. Sólo se les permitía salir si un cliente las sacaba o eran acompañadas por guardias durante sus compras.
Apenas disponían de pequeñas cantidades de dinero para pagar sus provisiones mensuales. Tanto en Nigeria como en Togo, Neah era inmigrante ilegal y nunca dispuso de dinero para comprar un boleto de regreso a su casa; así que decidió ir a Chipre para encontrar un burdel que le pagara mejor. Luego de seis meses, ahorró suficiente para pagar sus deudas y volar de regreso a casa.
Katya
Katya se preparaba como atleta en la capital de un país del Este europeo; aspiraba a competir en todo el mundo. Su oportunidad vino en forma de una visa para el programa de estudiante internacional, que le permitía trabajar temporalmente en Estados Unidos. Cuando llegó, en lugar de ser transportada hacia un club de playa en el que trabajaría, las personas que la recibieron le quitaron su pasaporte y la subieron en un autobús que la condujo a Detroit, Michigan.
Katya y su amiga fueron obligadas a bailar en clubes nudistas en beneficio de sus traficantes. Éstos retenían las llaves de su departamento y vigilaban sus llamadas telefónicas a sus familiares. Después de un año de esclavitud, Katya y su amiga pudieron hablar con las autoridades federales con ayuda del patrón del club nudista en el que confiaron. Gracias a ese acto de valentía, otras seis víctimas fueron identificadas y rescatadas.
Sheldon
Un reclutador le prometió a Sheldon una visa para viajar de Jamaica a Estados Unidos en el Programa Temporal de Trabajo H-2B. Sheldon llegó a Kansas City, pero terminó a merced de los traficantes de personas. Junto con otros trabajadores jamaiquinos, de la República Dominicana y de Filipinas, Sheldon limpiaba habitaciones en algunos de los hoteles más conocidos de Kansas. Los traficantes lo mantenían en deuda, constantemente cargándolo con tarifas por uniformes, transporte y renta de apartamentos hacinados.
A menudo, sus cheques de pago mostraban saldos negativos. Cuando se rehusó a trabajar, los traficantes lo amenazaron con cancelar su estatuto migratorio. En mayo de 2009, un gran jurado federal acusó a los traficantes por el cargo de trabajo forzoso en 14 países.
El paradigma de las “3P”
La normativa internacional propone que la respuesta de los Estados ante la trata de personas debe incorporar el paradigma de las “3P”: prevención, persecución criminal y protección a víctimas. Naciones Unidas reconoce que la trata es un fenómeno fluido que responde a las demandas del mercado, a la debilidad legal que impone penas bajas y a las disparidades económicas y de desarrollo.
Por esas condiciones se trafica más gente para forzarla a trabajar y a ser abusada sexualmente para el comercio. Ese crimen tiene que ver más con la coerción y la explotación de personas que inicialmente aceptaron prestar un servicio particular o que emigraron voluntariamente.
El tráfico o la trata pueden ocurrir sin que se crucen las fronteras de un país, aunque se trata de un delito que requiere de su expresión en el extranjero. Los hombres constituyen un número significativo de las víctimas de tráfico y los traficantes utilizan la violencia sexual como arma contra las mujeres para mantenerlas a su servicio, ya sea en un campo, una fábrica, un burdel, en casa o en una zona de guerra.
Los temas pendientes
A pesar de que el Informe 2010 sobre la trata de personas, del Departamento de Estado, reconoce que México fue el primer país de América Latina en aprobar la campaña Corazón Azul –contra el tráfico de personas de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y el Crimen– y que el secretario del Trabajo capacitó a su personal sobre las formas que emplean los reclutadores de la trata de personas para engañar a individuos y cooptarlos para el trabajo forzoso, subraya la necesidad de que el gobierno federal cumpla con otros compromisos pendientes.
Uno de ellos es la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. El documento del gobierno estadunidense apremió al gobierno federal para que “incluya fondos crecientes” y establezca una guía para que las agencias federales y estatales “incrementen sus esfuerzos dirigidos a investigar y perseguir los delitos de tráfico que conduzcan al castigo de los ofensores”.
De acuerdo con Saúl Arellano, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas contempló, en 2007, que debía existir una comisión intersecretarial, y el gobierno federal “se tomó un año en instalarla”. Señala que esa ley ordena al Ejecutivo Federal crear el Programa Nacional de Acción para esa materia. “Tres años después, no existe”.
Otra falta radica en que la Ley de Asistencia Social de 2004 prevé la existencia de un directorio nacional de organizaciones y asociaciones que prestan servicios de asistencia social, y “que aún no está listo, aunque el licenciado Calderón presumía un programa piloto en cuatro estados del Norte, y el más avanzado era Tamaulipas”, explica el entrevistado.
Si México no ha sido capaz de construir ese directorio nacional, “¿cómo se pretende construir un programa nacional sin un diagnóstico del tema de trata?”, pregunta Arellano, quien concluye que, ante la urgencia de tener ambos documentos, “se construirá un catálogo de buenos deseos, que quiere resolverse con base en ocurrencias, y si no lo han hecho es porque no lo han querido hacer. Esto denota que los derechos humanos no son una prioridad para el gobierno actual”.
En agosto de 2010, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social publicó su propio Índice mexicano sobre la vulnerabilidad ante la trata de personas. Los datos confirman que, en México, no se ha reducido la desigualdad. Es uno de los saldos y omisiones del gobierno federal y de los estados, además de que fractura el tejido social, la cohesión y, sobre todo, la identidad nacional, concluye Arellano.
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