Presentan queja ante la CIDH contra el Ejército

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recibió el 5 de noviembre en audiencia pública, a la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), que dirige Juan Carlos Gutiérrez y a la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C. (CCDH) que preside Raúl Ramírez Baena, quienes, en carácter de peticionarios, presentaron cuatro casos de tortura perpetrados por la II Región Militar, 28vo. Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, en los cuarteles El Aguaje de la Tuna y Morelos de Tijuana, a policías municipales, agentes ministeriales y civiles, que han acusado a las autoridades militares de torturarlos para obtener confesiones

Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la CMDPDH, señala que en la 137ava Sesión Ordinaria de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se admitió la presentación de los testimonios de familiares y víctimas de tortura, entre ellos 25 policías municipales de Tijuana detenidos en el mes de marzo; cuatro agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California adscritos a Mexicali, cuatro civiles de Ensenada y Playas de Rosarito, caso que les fue canalizado por la oficina en Londres de Amnistía Internacional, y finalmente, once policías municipales de Tijuana detenidos hace un mes.

En todos estos casos la autoridad federal afirma que están vinculados con la delincuencia organizada, por lo que, aclara Raúl Ramírez Baena, presidente de la CCDH, no se está asumiendo la defensa penal de los indiciados, ni se pretende determinar si son culpables o inocentes de lo que se les imputa.

“Lo que se ha documentado es la probable violación a los derechos humanos de los indiciados en la modalidad de: 1) Detención Arbitraria; 2) Allanamiento ilegal de morada; 3) Custodia ilegal de indiciados, que debe ser en instalaciones civiles, no militares; 4) Incomunicación; 5) Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y, 6) Violación de amparo, en el caso del traslado al Cefereso No. 4 de Tepic, Nayarit, de 25 policías municipales de Tijuana,” indica Ramírez Baena

La lucha contra la tortura tiene instrumentos internacionales específico, como son la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por México en 1984, y su Protocolo Facultativo recientemente ratificado por el Senado. Adicionalmente, la tortura está condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otras normas jurídicas de derecho internacional que previenen la tortura, son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

A nivel nacional, los esfuerzos se encuentran en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 1991, aplicable en todo el territorio nacional. El Estado mexicano adopta también el Protocolo de Estambul, un Manual para de Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, propuesto por la ONU, que es un método científico de instrospección médico-psicológico para rastrear la tortura, a pesar de que no se observen secuelas físicas o los hechos hayan ocurrido tiempo atrás.

Lo preocupante es la distancia que hay entre el discurso oficial y la realidad, a pesar de que México cuenta con instrumentos jurídicos locales y compromisos internacionales plenamente adoptados, que en los hechos no se aplican, prevaleciendo la impunidad en estos delitos de lesa humanidad, como es la tortura, según lo establece la Corte Penal Internacional.

La tortura, recurrente en Baja California

La tortura en nuestro país sigue siendo una práctica extendida y constante, tal como señaló el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su informe producto de una visita a México, publicado en 2003. Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura han emitido diversos señalamientos al Gobierno mexicano con este motivo, y más recientemente, en marzo de este 2009, Human Rights Watch hizo lo propio con su estudio: “Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”.

“Debido a la implementación de operativos castrenses, se han disparado los niveles de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos militares, las cuales casi siempre permanecen en la impunidad. De ser investigadas, tales violaciones son conocidas solamente por el llamado fuero militar o la jurisdicción de las fuerzas armadas, en vez del fuero civil, lo que aumenta la probabilidad de abuso y limita el acceso público a información en dichos casos. Son autoridades militares quienes los juzgan, y ese sistema, carece de independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones. Comenta Juan Carlos Gutiérrez.

Aseguró que han encontrado “una constante de violación generalizada” mediante la cual, al amparo de la figura del arraigo se cometen los abusos. El arraigo, recordó, fue aprobado en 2008 por la pasada Legislatura federal a instancias del presidente Felipe Calderón, e incorporado al artículo 16 constitucional (contradictoriamente en el Capítulo “De las Garantías Individuales”), como mecanismo para investigar a presuntos involucrados con la delincuencia.

El fuero militar aplicable a casos en que civiles han sido víctimas de personal castrense, como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial o la tortura, ha sido severamente cuestionado por la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en Audiencia celebrada a mediados del año en la CIDH, con sede en Costa Rica, al debatir en este importante foro con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont la inconstitucionalidad de juzgar estos casos en el fuero militar, ya que los resultados no se conocen dado el nivel de opacidad de la justicia militar, lo que pudiera propiciar impunidad.

En este sentido, el Artículo 13 de la Carta Magna es muy claro al señalar que: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.

Sabemos que uno de los principales razonamientos contra el uso de tortura o tratos crueles, inhumanoshttp://es.wikipedia.org/wiki/Inhumano o degradantes, es que cualquier persona sometida a ella es capaz de reconocerse autor de cualquier cosa, o de señalar a terceros, por absurdo que sea, con tal de dejar de sufrir. Las consecuencias de la tortura y los malos tratos para la víctima y sus familiares provocan secuelas físicas y psicológicas de por vida.

En esta Audiencia en Washington y careo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, estuvieron como peticionarios, presentando los casos y las pruebas: el director de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez y el presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena. Actuaron como Copeticionarios haciendo uso de la voz, víctimas de tortura y familiares de víctimas, y presentes como observadores miembros de Amnistia Internacional (organismo que desde Londres canalizó a la CCDH el caso de los 4 civiles de Ensenada y Rosarito).

Representantes del gobierno federal, del Ejército, de la Secretaría de Gobernación y del ministerio público de la Federación, estuvieron del otro lado de la mesa para ofrecer a los comisionados de la CIDH los argumentos que en su derecho asistió, para dar respuesta a la queja interpuesta, ya que México se ha rezagado en la tarea de prevenir y sancionar violaciones a los derechos humanos.

“La tortura continúa siendo un problema generalizado del sistema de justicia penal y uno de los factores que perpetúan ese problema es la aceptación por los jueces, de pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos,” argumenta Ramírez Baena.

La CCDH y la CMDPDH de manera conjunta presentarán a la CIDH la petición de fondo sustentada y con la documentación integrada de estos casos que ya obran en su poder, para ser estudiados por ese organismo continental protector de los Derechos Humanos, en la expectativa de que emitan la recomendación respectiva al gobierno mexicano para ejercer acción penal en contra de los militares responsables, en virtud de haber obtenido las confesiones bajo tortura y no bajo investigación ministerial, en franca violación al artículo 20, fracción IX y el artículo 22 de nuestra Carta Magna, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado del cual México es Estado Parte en virtud de haber sido ratificada por el Senado.

“Aclaramos que no se trata de desacreditar a las fuerzas armadas. Se trata de impedir los graves abusos de los elementos del Ejército Mexicano que no están actuando de manera apropiada; que sean sancionados los responsables de estas violaciones a las garantías individuales y que un organismo imparcial, con autoridad moral, en este caso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dé un seguimiento exhaustivo a la investigación, al requerir documentación y aclaraciones a la autoridad mexicana en los términos de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a que México se ha comprometido. Se trata de que el gobierno mexicano haga patente su compromiso y respeto por las garantías de sus ciudadanos, independientemente de un proceso legal apegado a derecho.

“Nuestra expectativa a futuro es, pues, que se emita la Recomendación correspondiente, y en caso de que así sea y que el Gobierno mexicano no la acepte, o la acepte y en los hechos no la cumpla (como suele suceder), entonces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es su facultad, eleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no emite Recomendaciones, sino Sentencias vinculatorias de carácter jurisdiccional, cuya competencia contenciosa es reconocida por el Estado mexicano”, concluye Ramírez Baena.

Como resultado de la ratificación por el Senado mexicano del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU, se establece el compromiso de los Estados, de adoptar los “Mecanismos Nacionales de Visitas” a las instalaciones oficiales (cárceles, separos, cuarteles, casas de arraigo, etc.). El gobierno mexicano y José Luis Soberanes Fernández, de manera unilateral, decidieron dejar fuera a las ONG mexicanas y designar a la CNDH como única titular de dichos “Mecanismos”, lo que hasta hoy ha provocado una opacidad en los casos, a pesar de las Recomendaciones emitidas.

Testimonios enviados a la CIDH

“Las madres, esposas e hijos de los policías detenidos entendemos la necesidad de combatir al crimen y la violencia que impera en nuestra ciudad, pero consideramos que lo que están haciendo las autoridades militares y civiles también es un crimen, más cuando estamos viendo que se está torturando para arrancar confesiones y firmar declaraciones que no les dejan leer a los inculpados e incluso hay casos en que los obligan a firmar hojas en blanco bajo amenaza. De esta manera muchos van a firmar cualquier cosa, sean culpables o no”. Segmento de una carta escrita por familiares de víctimas de tortura dirigida y entregada al alcalde de Tijuana Jorge Ramos.

Testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Jaime Alberto Ávila Flores uno de los Policías tijuanenses arraigados en Tepic, Nayarit

“Me aseguraron los soldados, me subieron a un Hummer, uniformado y con sectores policíacos de mando, me llevaron a un cuarto donde me taparon los ojos, pero con el rabillo del ojo alcancé a ver que se encontraban tres militares y unos 4 civiles con pasamontañas, con las manos encintadas hacia atrás, me tiraron al suelo amarrado de los tobillos a las rodillas, me golpearon entre cinco hombres por horas, con puños y patadas en partes blandas, envuelto en una cobija para no dejarme huellas, así perdi la nocion del tiempo, después, otro me asfixiaba con una bolsa en la cara, a la vez que preguntaban si yo andaba con la maña y si recibía algún dinero; cuando mi respuesta fue negativa, metieron mis pies en una bandeja con agua y empezaron a darme toques eléctricos en los testículos y los pies y me desmayé como 6 veces, cuando reaccioné me desamarraron de los pies y me pararon. Fue cuando escuché la voz del secretario municipal de seguridad Pública del  Ayuntamiento de Tijuana, el teniente Julián Leyzaola Pérez que dijo ‘muy bien, te creo’, se rió poniéndome la mano en el hombro, y luego me llevaron a otro cuarto, ahí permanecí como 3 días con ardor en los ojos, recibiendo dos veces al día golpizas en la cabeza, la espalda, el hígado y patadas en la boca del estómago”.