Tráfico de armas en aumento

Cohetes antitanques, lanzagranadas y fusiles de asalto son parte del vasto arsenal que ilegalmente se distribuye en México. Pese a los operativos que el gobierno realiza, en conjunto con agencias internacionales, persisten el flujo y la producción ilícita de armas de fuego. Este proceso en auge desafía a la seguridad nacional porque nutre la violencia y disloca el tejido social

En ciudades y comunidades mexicanas, la disponibilidad de lanzacohetes, rifles de alto poder –como el compacto P-90 “matapolicías”, que traspasa los chalecos de las fuerzas del orden a una distancia de 200 metros–, así como armas cortas, tubos de TNT, granadas, cartuchos de diversos calibres y municiones de origen ilegal es resultado de la corrupción y de un Estado débil que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, señalan analistas. El trasiego ilícito de arsenales disloca el tejido social, obstaculiza el desarrollo económico y amenaza los derechos humanos en México.

En el país, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos –vigente desde 1972– resulta caduca porque la realidad social cambió a nivel global, señala la politóloga Georgina Sánchez. A esa opinión se suman los datos de organizaciones regionales sobre el auge en la delincuencia por ese mercado ilegal de armas. La agrupación brasileña Viva Rio y la canadiense Project Ploughshares señalan que en años recientes la tasa de homicidios por arma de fuego se incrementó, porque se registró una disposición de 650 millones de armas de fuego en manos de la población civil.

Del total del comercio ilegal de armas de fuego, destaca el tráfico de armas ligeras, ya que su fácil transporte y maniobrabilidad es un atributo que buscan los delincuentes. De acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas, en 2005 México fue el tercer importador ilegal de esas armas, después de Brasil y Venezuela. El organismo internacional cita que tan sólo ese año ingresaron al país (sin cumplir con la legislación) armas por valor de 233.9 millones de dólares; ésa es una cifra notable si se le compara con los 1 mil millones de dólares que representó ese mismo año la venta oficial de armas en el hemisferio, de acuerdo con la Agencia Americana de Control de Armamentos.

Para contener el flujo ilegal de armas de fuego por la frontera norte de México, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), de Estados Unidos, emprendió desde enero de 2008 el Proyecto Gunrunner, cuyo objetivo es “privar de esas armas a los cárteles del narcotráfico, mediante recursos para investigación, inteligencia y capacitación. De sus avances sólo se conoce la información que emana de la embajada estadunidense en México”.

Esa legación informó el 30 de junio pasado que, derivado del Proyecto Gunrunner, en el año fiscal 2006 hubo “200 casos con acusados y 300 acusados referidos para enjuiciamiento”. En tanto que en 2007 “hubo 187 casos con acusados y 465 acusados referidos para enjuiciamiento”, es decir, incrementó el número de personas procesadas por este ilícito.

En ese marco, la ATF desplegó a “agentes especiales” en Monterrey “para apoyar la labor de sus agregados en México”; además, planea asignar a tres especialistas en inteligencia y a un analista de investigación adicionales en “cada una de las cuatro divisiones de campo en la región fronteriza (Phoenix, Dallas, Houston y Los Ángeles)”.

A la par de ese operativo, la ATF amplió a México el acceso al sistema computarizado de rastreo de armas denominado eTrace, “para colaborar con las autoridades mexicanas en rastrear a otros traficantes”. A partir de marzo de 2008, ese sistema se instaló en los consulados estadunidenses en territorio mexicano. Esa iniciativa surgió tras el decomiso, por la ATF, de miles de armas, cuyo destino era México: pistolas 9 milímetros (mm), superpistolas .38 mm, pistolas 5.7 mm, pistolas calibre .45 mm, rifles tipo AR-15 y tipo AK-47, armas que esa agencia identificó como “las más utilizadas por los narcotraficantes”.

De acuerdo con la información surgida de la embajada estadunidense, “la mayoría de los incidentes violentos con armas de fuego en México son perpetrados por organizaciones de narcotraficantes que pugnan por el control de las rutas de tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos y se involucran en batallas territoriales, en disputas por la distribución”; al mismo tiempo, apunta que esas organizaciones “dependen de los oferentes de armas de fuego para imponer y mantener sus operaciones ilícitas”.

Para combatir esa estructura, hace dos años la ATF asignó a casi 100 agentes especiales y a 25 investigadores de operaciones industriales a la línea divisoria con México, así como a agentes especiales en Las Cruces, Nuevo México y Yuma, Arizona, en un plan de cobertura estratégica y control de los corredores de tráfico de armas que operan a lo largo de la frontera.

Pese a los “logros” en esta cooperación binacional, las armas siguen fluyendo ilegalmente hacia México. Así quedó de manifiesto cuando, el 8 de noviembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Seguridad Pública, de Gobernación y de Marina informaron que en dos años, es decir del 1 de diciembre de 2006 al 30 de octubre pasado, se incautaron a las bandas del narcotráfico 25 mil 657 armas –de las que 13 mil 807 son largas, en su mayoría fusiles de asalto, a diferencia de las 5 mil 834 armas largas que se incautaron en el mismo periodo de 2000 a 2002 o las 8 mil 595 en el lapso similar de 1994 a 1996– y aseguraron 2.4 millones de municiones, así como 1 mil 642 granadas.

En el documento Indicadores de gestión contra la delincuencia organizada, distribuido en esa ocasión por las autoridades mexicanas, se precisa que en 23 meses de la actual administración se decomisaron 1 mil 642 granadas, frente a las 48 del periodo 2000 a 2002, y a las 100 de 1994 a 1996. El total de armas incautadas entre 2006 y 2008 se incrementó con el que se considera que es el mayor decomiso de armas en la historia del país, ocurrido el 6 de noviembre en Tamaulipas.

También se aseguraron 288 armas largas, 126 cortas, un lanzacohetes, 287 granadas, más de 500 mil cartuchos de diversos calibres, 1 mil cargadores, 14 tubos de TNT y nueve cuadros de material explosivo, además de 976 mil 370 pesos y 86 mil 740 dólares. Las autoridades mexicanas atribuyen la propiedad de ese arsenal al cártel del Golfo, también propietario de armamento decomisado anteriormente (como cohetes antitanques de los tipos M72 y AT-4, lanzagranadas MGL, calibre 37 mm; lanzacohetes RPG-7 y granadas de fragmentación, entre otros).

La importancia y monto de esos arsenales significa que las armas ilegales penetran al país con relativa impunidad. Hoy en día se importan más armas hacia México a través del tráfico ilegal y no hay una reglamentación que esté a la altura del problema que vive la población civil, de suerte que, por ejemplo, las multas que establece la Ley, en caso de que alguien posea una arma sin el permiso correspondiente, son tan bajas (equivalentes a 40 dólares) que cualquiera puede pagar esa multa y se queda tranquilamente con su arma ilegal, refiere la especialista en armas, Georgina Sánchez.

La Ley Federal de Armas debe modernizarse y considerar los avances que ya contemplan instrumentos internacionales en los que México forma parte, como trabajar para un Tratado sobre el Comercio de Armas en Naciones Unidas, señala Héctor Guerra. El especialista en desarme e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México observa que a pesar de la existencia de una serie de instituciones encargadas de evitar el ingreso de armas ilegales al país, así como un uso irrestricto de ellas y su proliferación, “esas armas siguen penetrando las fronteras”.

Se debe ser muy crítico para ver la labor que se está realizando en las aduanas, dice el investigador. Agrega que a partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la apertura de las fronteras mexicanas al transporte, el fenómeno del contrabando aumentó. “Además de la globalización de ese rubro, las posibilidades técnicas que permite el transporte multimodal también permitieron esta proliferación de armas, entendidas éstas como armas de alto poder y también municiones, que no llegan a cuentagotas, sino en grandes cantidades”.

Por esa razón, plantea el académico, cabe preguntar cuál es la relación de este intenso movimiento de transporte multimodal, de miles y miles de contenedores que circulan al año por el territorio mexicano, con la proliferación de armas de fuego.

Sociedad en la mira

—¿Ha sido omiso el Estado mexicano para detener ese flujo ilegal de armas?

—Ha habido esfuerzos, pero más bien han sido simbólicos, insuficientes. Para empezar, no se debe militarizar la labor policial. Ése es un tema que no puede dársele a las fuerzas armadas, pero tampoco militarizar a las fuerzas policiales; en cambio, se debe estar siempre en contacto con la sociedad civil. Cuando se conocen los datos oficiales del combate a ese tráfico, nada explica por qué es tan tremendo ese ingreso de armas de fuego al país.

Guerra agrega que históricamente ha habido un tráfico hormiga en las fronteras, “pero hoy existe un ingreso masivo de armas sofisticadas y de alto poder”. Al sumar este fenómeno a los problemas sociales existentes, de injusticia, de represión social, la apuesta a la militarización de las fuerzas policiales resulta una mala combinación. “Las armas no van a ser el medio para resolver nuestros problemas”.

El también representante de México ante el Tratado Contra las Municiones en Racimo, firmado en Oslo a principios de este mes, advierte que la militarización de las fuerzas policiales y el fomento de la paramilitarización, principalmente en el sur del país, son hechos muy preocupantes, pues “nadie nos está hablando de eso” que se vincula con el tráfico de armas de fuego.

En Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como en otros estados, esas fuerzas “se están conformando en bloques y se están armando muy bien, lo que significa que se debe rescatar el concepto de Vida Diligencia, es decir, cuál es el papel del Estado para garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos. Esto cobra relieve porque la proliferación de armas se relaciona íntimamente con los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos y éste es un fenómeno tan serio que cabe preguntar ¿qué están haciendo las autoridades para ponerlo bajo control?”, señala.

El especialista explica que no hay un debate abierto sobre el tráfico de armas de fuego ni sobre su producción y comercialización, sólo se ha centrado en cuanto a violencia en general y, por lo tanto, no logra echar raíces en la sociedad para generar un movimiento sólido. No obstante, considera que en el contexto de violencia que viven los mexicanos es fundamental discutir el papel que desempeñan las armas de fuego, porque son fundamentales en los actos de coerción e intimidación en un ciclo de violencia que comienza con golpes y muchas veces concluye con armas de fuego.

Desde una perspectiva de género, el fenómeno de la violencia armada tiene como víctimas principales a las mujeres, por lo que en otras partes del mundo se han formado organizaciones que abordan este problema y que en México podría tomarse en cuenta, al igual que cuando se aborda la violencia contra niños y niñas o adolescentes, porque en las calles los menores de edad son víctimas y, paradójicamente, ofensores al pertenecer a bandas y armarse. “Es ahí donde debiera investigarse el origen de las armas que amagan a estos sectores de la población, como en la razón por la que los jóvenes deciden armarse”, señala Guerra.

Entretanto, en Naciones Unidas continúa la disputa entre los países productores de armamento contra los que pretenden limitar el ingreso ilegal de éstas a su territorio.

La legislación mexicana no considera como delito el trasiego de armas de Estados Unidos al país por la frontera, a través de, al menos, 61 túneles construidos por la delincuencia organizada trasnacional. Esa situación dio lugar a que en 2006 se aprobara en Estados Unidos la Ley de Prevención de Túneles Fronterizos, que criminaliza su construcción destinada a traficar personas, drogas y armas. Esa Ley fue propuesta por la senadora demócrata Dianne Feinstein y el senador republicano John Kyl.

El Código Penal Mexicano no contempla como delito la construcción de esas obras ni su financiamiento. Por ese vacío jurídico, las penas para quienes erigen los túneles son relativamente bajas, señala el senador perredista Tomás Torres Mercado, quien promovió una iniciativa similar a la estadunidense, que se aprobó el 9 de octubre de 2007 con 80 votos a favor y ninguno en contra. Este año, la iniciativa estuvo en espera de su aprobación definitiva por la Cámara de Diputados.

Éste es un fenómeno de omisión legal, parecido al que padecía Italia hacia 1970 ante los delitos que cometía la mafia, pues ni el Código Penal ni la Constitución contemplaban la penalización de los crímenes cometidos por la mafia; ni siquiera se consideraba entonces a la mafia o a la camorra (mafia napolitana) como delincuencia organizada. Por esa razón hubo que recomponer todo el andamiaje legal del Estado italiano, explicó a Contralínea el procurador general de Turín, Gian Carlo Caselli, durante su estancia en México en noviembre pasado.

Armas a la medida

A pesar de que la Ley establece que de la Sedena depende la Dirección General de Fábricas de Armamento, que tiene varios establecimientos para ese fin, el instituto castrense sólo informa que actualmente se “encuentra en producción munición para armas portátiles y no portátiles, fusiles, ametralladoras, pistolas ametralladoras y pistolas semiautomáticas bajo licencia HK, concretamente los modelos G-3, HK21, MP5 y P7M13, respectivamente”.

No obstante, la investigadora Georgina Sánchez subraya que si bien hay muchos productores de armas de fuego, incluso legales, y supuestamente regulados por la Sedena, también se sabe que existe otra gran cantidad de productores no regulados por Sedena, aunque no son ilegales: en México, se produce una gran cantidad de armas de manera artesanal. “Aquí somos muy creativos, prácticamente, teniendo el modelito, un herrero puede hacer una réplica o, incluso, hacer el cambio de una arma semiautomática a una automática o hacer una renovación de una arma vieja con una pequeña afinadita y dejarla como nueva”, explica.

Adicionalmente a este fenómeno, la experta señala que de la Ley Federal de Armas deriva el Registro Nacional de Armas, bajo responsabilidad de Sedena. Sin embargo ese registro no sólo es caduco, sino que refleja una situación preocupante, pues aunque establece la obligatoriedad de registrar la propiedad de un arma, quienes lo hacen son, frecuentemente, personajes de la vida pública, política o artística.

Otro inconveniente de ese registro es que plantea preguntas sobre la honorabilidad del propietario del arma y “eso no es un criterio válido, en tanto que no pregunta en dónde consiguió esa arma”, por lo que no existe ningún registro real de las armas que hay en el país, indica Sánchez. En su estudio “Las armas en México: en la cúspide de un volcán” (dentro de la investigación Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica, de la que coordinó la Subregión Norteamérica), la especialista estimó que en el país existirían entre 12 millones y 15 millones de armas.

Sin embargo, apunta que “datos recientes indican que, probablemente, habría más armas, pues la encuesta realizada por Sistemas de Inteligencia en Mercado de Opinión y el Colectivo de Seguridad con Democracia sobre Seguridad Nacional revela que las personas que aceptan tener armas y quienes admiten que alguien muy cercano también las posee, supera esa cifra, “y eso que ahí no contamos a quienes no admitieron poseer armas o que conocen a alguien cercano que realmente las tiene”.

Secretismo

Los ciudadanos mexicanos están cada vez más interesados en tener información veraz y suficiente en lo relativo a las armas ligeras y pesadas que circulan por el territorio nacional. Georgina Sánchez observa que la Sedena no tiene un banco de datos actualizado sobre las armas en el país. Para negar la información apela a veces a motivos de seguridad nacional, y cuando se ve (Sedena) ante la pregunta concreta “¿cuántas armas fueron incautadas?”, no tiene la información porque la entidad encargada de eso es la PGR.

Una revisión de algunas solicitudes en ese sentido, presentadas ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, revelan la forma en que la Sedena atiende esa necesidad. El 5 de marzo de 2005 se requirió la estadística de la totalidad de las armas cortas (revólveres y pistolas) por marca y calibre, registradas por los ciudadanos para la protección del hogar. Además, se pidió la estadística de las armas cortas y largas por marca y calibre para la protección personal con permiso de portación para civiles.

La respuesta de Sedena fue: “Con fundamento en los artículos 42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), esta Secretaría no cuenta con documento alguno que contenga la información como la solicita; sin embargo, se hace de su conocimiento que actualmente se cuenta con 569 mil 178 armas cortas registradas, de los calibres establecidos en el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

La respuesta a la segunda parte de la solicitud desde Sedena fue citar nuevamente el articulado de la LFTAIPG: “Esta Secretaría no cuenta con documento alguno que contenga la información como la solicita; sin embargo, se hace de su conocimiento que existen 2 mil 246 licencias particulares individuales de portación de arma de fuego vigentes, las que amparan la misma cantidad de armas de fuego del calibre permitido, mismas que son de las siguientes armas: Pietro Beretta, Smith and Wesson, Glock, Taurus, Browning, Llama, Astra, Star, Sig Sauer, Colt, Norinco y Ceska Zbrojovka.

La solicitud (del 11 de marzo de 2005) para conocer si la Sedena tiene algún registro sobre el número de armas de aire (pistolas, rifles) que hay en el país, así como cuántas personas en México cuentan con rifle de aire –de ser posible desglosar ese dato por año–, la respuesta indica que “en los archivos de esta dependencia no se localizó ningún registro sobre el número de armas de aire, en virtud de que esta Secretaría no expide permisos generales y licencias para la fabricación, reparación y comercialización de rifles de aire, toda vez que esas armas no se regulan por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

Finalmente, en su respuesta a una solicitud del 26 de marzo de 2005, la Sedena desglosó que a partir del 1 de enero de 1998 al 27 de marzo de 2005 expidió un total de 3 mil 812 licencias particulares individuales de portación de arma de fuego. En el desglose por año se observa que, en 1998, Sedena expidió 660 licencias, en 1999 fueron 503, en 2000 emitió 602, en 2001 fueron 496, en 2002 fueron 554, en 2003 expidió 425, en 2003 emitió 518 y en 2005 apenas 54 (porque era marzo).

Indicó que existen 391 licencias individuales de portación de arma de fuego vigentes que amparan armas del calibre de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Del 1 de enero de 1998 al 27 de marzo de 2005, la Sedena “ha denegado un total de 792 licencias particulares individuales de portación de arma de fuego”.

Intenso cabildeo

Detrás de la falta de un registro actualizado de armas de fuego, está la proliferación de éstas en la vida pública de los mexicanos. Existe un intenso cabildeo ante los diputados por parte de los productores de armas y de quienes hacen outsourcing de armas, encaminado a presionar para que se aprueben leyes que permitan una mayor cantidad de armas en posesión de manera legal, advierte Georgina Sánchez. Subraya que esa actividad febril fue más notoria cuando el Congreso evaluaba la posibilidad de incrementar el número de armas por persona en la legislación actual, es decir, aumentar de dos a cinco las armas, pues la Ley no establece claramente cuántas puede tener en posesión un individuo en tránsito, aunque podría tener más en su casa.

Esa labor de cabildeo en el Poder Legislativo, por parte de empresas productoras, importadoras y armadoras de armas de fuego, no es totalmente transparente y se ignoran cuáles son los arreglos finales. Tampoco lo es la presión que ejercen los clubes y asociaciones de cazadores que pretenden influir en alguna reforma a la Ley para aumentar el número de armas de fuego en su posesión.

Para esta investigadora, no parece tener lógica que un ciudadano tenga cinco armas, “primero, porque no puede dispararlas al mismo tiempo y, segundo, porque si permitimos que esto sea así, para qué entonces sirve el Estado, si es el ente protector por antonomasia, pues garantiza la protección de los ciudadanos y tiene la legitimidad del uso de la fuerza. Si empezamos a armarnos hasta los dientes y cada quien se protege o ataca a como bien le viene en gana, estamos en la ley del talión y no hay ya necesidad de vivir en un Estado”.

Resulta muy preocupante que los cazadores se constituyan en un lobby tan importante como el de los productores de armas. Los simpatizantes de la cacería son personas de todos los sectores sociales, incluso los hay que son legisladores, congresistas, “y esto es delicado porque ellos asumen que sus intereses particulares son los intereses de los mexicanos; si en la actual Ley se define el tipo de armas que pueden tener los cazadores –y son armas muy poderosas para el tipo de cacería que hay en México, pues no estamos en África y aquí no hay elefantes, sino codornices y guajolotes–, entonces es difícil explicar por qué se requiere una 9 mm”, puntualiza la politóloga.

Para Georgina Sánchez, el escenario a futuro del combate al tráfico de armas de fuego no es un problema único del gobierno, aunque éste y “en particular Sedena, está haciendo mal su trabajo en este tema de las armas. El segundo aspecto es que también debe involucrarse la Secretaría de Educación Pública (SEP). No entiendo cómo es posible que ni la SEP –que emprende campañas desde las primarias para prevenir a los alumnos del daño que provocan las armas– ni la Secretaría de Economía prevengan el uso de armas y ametralladoras de juguete.