Los negocios que establecen empresarios y empresas con el gobierno pueden ser investigados por los periodistas y publicados en la prensa, resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Por primera vez en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la Corte analizó la proyección pública de las personas privadas –sean físicas o morales– que mantienen negocios con el gobierno, y resolvió que su actuación es de interés público y su exposición en los medios informativos en casos de corrupción e irregularidades es legal, en tanto que involucra al erario y a los intereses de la nación.

 

Así, la resolución del juicio por daño moral en contra del semanario Contralínea interpuesto por Blue Marine Technology Group, contratista de la paraestatal Petróleos Mexicanos, establece un precedente para la prensa mexicana: la incidencia que tienen las personas privadas en la sociedad, por sus actividades profesionales, es susceptible al escrutinio periodístico, amparado por la Constitución.

 

Contralínea presenta íntegro el amparo directo 8/2012 emitido por la SCJN el 4 de julio de 2012.