México es un país conocido en el mundo entero por el oprobio del feminicidio; las mujeres ya no pueden esperar más. Mientras las instituciones preparan las reformas a la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de emergencia creado en 2007 para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, los crímenes de odio contra las mujeres no cesan.
Las discusiones en torno a las modificaciones que prometen la efectiva aplicación del mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), mismo que a la fecha ha sido inoperante, se han prolongado de un sexenio a otro. En tanto, 6.4 mujeres son asesinadas violentamente cada día, de acuerdo con el informe Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010, elaborado por la Cámara de Diputados, la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las Mujeres.
El feminicidio de Martha Karina Torres Jorge, estudiante del ciclo básico en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cimbró a la comunidad de esa casa de estudios. Apenas 1 día después de su cumpleaños 19, el hombre con el que había sostenido una relación de noviazgo, el mismo con el que compartía el salón de clases, la asesinó.
Karina se aferró a la vida; después de la embestida que recibió (25 puñaladas en diversas partes del cuerpo), los signos vitales parecían seguir ahí. Ya en el hospital, la ciencia confirmó lo inevitable: el último aliento se había esfumado y con él los sueños de Karina que apenas maduraban. Estudiar ingeniería en telecomunicaciones, independizarse o comprar un automóvil fueron algunos de los proyectos truncados.
La tarde del 11 de mayo de 2011, Cristian Ortiz Reyes llegó a la casa de Karina ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, sin invitación. Aun así, fue convidado de la merienda familiar. Si bien, en los 3 meses que duró su noviazgo con Karina los padres de ésta habían observado en el joven de 24 años indicios de una personalidad posesiva y dominante, intentaron ser siempre respetuosos de la relación.
Alrededor de las 17 horas, la mamá, la hermana y el sobrino de Karina salieron de la morada familiar. Cristian aprovechó su ausencia para ejecutar su plan. El tío de Karina fue el único testigo. Sin embargo, incapacitado por un accidente que le arrebatara la movilidad, nada pudo hacer.
Karina, amante del ska y del grafiti, había intentado terminar su relación con Cristian 8 días antes de que fuera asesinada; él no se resignaba. Así, el 11 de mayo arribó sorpresivamente a la casa de la muchacha con la promesa de que sería la última vez que se verían. Cumplió con su palabra. “Me iba a dejar, no podía dejarla… Nadie se enamora de mí”, habría confesado Cristian al ser cuestionado sobre el móvil de su crimen.
El de Karina es sólo uno de los tantos feminicidios perpetrados en el Estado de México que, históricamente, ha figurado entre las entidades con más alto número de asesinatos violentos contra mujeres. Así, por ejemplo, según el informe Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010, para el periodo 2001-2010, el Estado de México ocupó la primera posición, incluso antes que Chihuahua, al registrar 2 mil 860 de estos crímenes.
Como consecuencia de este alud de feminicidios, en diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) promovió una solicitud de investigación sobre la procedencia de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de México. A partir de una investigación propia –construida con información de instancias gubernamentales como la proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a través de los mecanismos de transparencia y la obtenida de la búsqueda hemerográfica–, dicha Comisión argumentó que de 2005 a agosto de 2010 ocurrieron en la entidad 922 feminicidios.
Un mes después, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) –integrado por los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y de los 32 Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas– resolvió, en sesión extraordinaria, la improcedencia de la investigación sobre la declaratoria promovida por la CMDPDH.
Ésta no fue la única ocasión en que el Sistema falló en contra. En cinco de las seis solicitudes promovidas por organismos de la sociedad civil (en Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y nuevamente en Guanajuato), las votaciones al interior del mismo anularon la posibilidad de que el mecanismo prosperara.
La solicitud para el caso de Oaxaca también resultó improcedente. Ésta fue desechada incluso antes de que llegara al SNPASEVM. Y es que el escrito que refería además de los feminicidios, los secuestros de niñas y mujeres en la región Triqui, fue presentado ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y no ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como lo establece el artículo 32 del Reglamento de la LGAMVLV, justifica Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos de esa última dependencia.
No obstante su inoperancia, la Alerta de Violencia de Género –creada a semejanza de las alertas de protección civil como las que se activan en caso de cataclismos– sigue recibiendo recursos públicos. De acuerdo con información proporcionada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, de 2008 a la fecha suman 21 millones de pesos destinados a este rubro.
En 2008 se creó el Fondo Nacional para la Alerta de Violencia de Género con un monto anual de 15 millones de pesos. La unidad responsable de este ejercicio es la Secretaría de Gobernación quien, según la LGAMVLV, es la encargada de declarar la Alerta de Violencia de Género.
En virtud del subejercicio de estos recursos, pues ninguna de las declaratorias solicitadas prosperó, la Segob se dio a la tarea de constituir un Fideicomiso para la Declaratoria de Alerta.
Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, manifiesta que es un “error que se esté asignando dinero a un programa de acción de gobierno que no ha funcionado porque la política se ha metido en medio”. Explica que si en 2013 se le volvieron a destinar recursos (1 millón de pesos) es porque “se supone que las cosas cambiarían, pero no ha sido así”.
Cuestionada respecto del destino de estos dineros, Claudia Pastor Badilla, encargada del despacho de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia dependiente de la Segob, dice que “los recursos asignados por la Cámara de Diputados no están etiquetados específicamente para eso. Se dieron como recursos en partidas distintas que tienen miras a constituir un fideicomiso, pero no existe el fideicomiso y no tenemos ni 21 millones ni 22 millones”.
—¿Está diciendo entonces que la Conavim no ha recibido los recursos de la partida etiquetada específicamente para el Fondo de la Alerta de Violencia de Género?
—Hay recursos etiquetados para muchas cosas: cumplimiento de sentencias, de violencia contra las mujeres, tenemos un fideicomiso por violación a los derechos humanos… Seguramente se ha etiquetado el dinero para muchas cosas. Si la Cámara de Diputados te está diciendo que lo destinó, debe estar etiquetado, el punto es en qué fondo, de todos los que existen, está.
Marcela Lagarde y de los Ríos, exdiputada federal y una de las creadoras de la LGAMVLV, asegura que el origen del problema data de 2008, cuando fue publicado el reglamento de la ley, pues “tramposamente hicieron un reglamento para modificar [los alcances de] la ley”. Explica que si bien la LGAMVLV establece que compete a la Segob declarar la Alerta de Violencia de Género, el reglamento marca que es el SNPASEVM el encargado de resolver si procede o no iniciar la investigación de la misma.
La propia composición del Sistema, donde todos los integrantes son autoridades, ha devenido en la politización y partidización del mecanismo. Al respecto, Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, apunta que “el elemento de vulnerabilidad de la Alerta es que hace que las propias entidades tengan un doble carácter de ser juez y parte frente a la discusión de una alerta que va dirigida a sus estados”.
Lucía Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, comenta que la Alerta de Violencia de Género concebida como una oportunidad para reorganizar y replantear las acciones gubernamentales contra la violencia hacia las mujeres ha sido politizada. Y es que las decisiones que se toman en el seno del Sistema se han orientado más a la salvaguarda de la imagen de los gobernantes que a la protección de la vida de las mujeres.
Para Marcela Lagarde, más que politizado, el mecanismo se ha partidizado. Así, bajo la lógica de la amenaza que sienten los integrantes del Sistema de reconocer que en su entidad hay feminicidios, construyen alianzas con sus pares a la hora de votar sobre la procedencia o no de la investigación sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
“A mí me da lástima ver cómo votan y aplauden derrotando… ¿Qué derrotan?, ¿qué derrotan?… Su mala conciencia para salir de ahí sin culpa. Pero son culpables de estar obstaculizando algo que a lo mejor no sirve totalmente, pero que a lo mejor nos da caminos”, comenta la también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.
Para Pablo Navarrete, un factor más estaría en el origen de que un “mecanismo tan novedoso haya degenerado en uno inservible”. Se trata, dice, del “desgaste” al que las organizaciones de la sociedad civil han sometido a la Alerta de Violencia de Género. “Yo, por lo menos, tengo registradas 32 enunciaciones en medios de que se va presentar la Alerta, pero que nunca se presentó”, comenta el funcionario.
Marcela Largarde manifiesta que le parece “terrible” que se responsabilice así a las organizaciones de la sociedad civil, cuando son precisamente ellas las que hacen la investigación, fundamentan los casos y dan información a las instancias gubernamentales. “Es muy cómodo acusar a las organizaciones civiles, pero no valoran la calidad de organizaciones con las que tratan. Son organizaciones muy responsables, que van por la vía de la ley, que no se hartan, que no se ponen a hacer un plantón. Eso no lo ven”.
Para la académica y antropóloga mexicana, el mayor saldo está más bien del lado de las instituciones, que “se quedan cortas” ante los grandes problemas que enfrenta el país.
En tanto el mecanismo de Alerta de Violencia de Género es discutido y reformado, el Inmujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema, y de rector de la política nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres, ha dictado medidas emergentes a los gobiernos locales que recientemente han sido objeto de una solicitud de investigación sobre la procedencia de esta Alerta. Hasta ahora van Hidalgo, Guanajuato y el Estado de México.
Se trata, explica Pablo Navarrete, de un listado de 10 recomendaciones –acciones de prevención, atención, sanción y erradicación– para hacer frente a la situación de violencia contra las mujeres que presuntamente se vive en la entidad, que no hacen más que “repetir el mandato genérico que ya tienen las autoridades locales en la materia”.
Para el caso de Hidalgo destaca, por ejemplo, la condena pública de la violencia contra las mujeres; el establecimiento por parte de los cuerpos de seguridad de un protocolo de atención específico; la instalación de una mesa interinstitucional y con la participación de la sociedad civil y familiares de las víctimas para el seguimiento de los casos de feminicidios; la sanción de autoridades omisas o negligentes; y la adopción del Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda urgente de niñas y mujeres.
—¿Estas medidas emergentes han dado ya resultados concretos en materia de disminución de la violencia contra las mujeres en Hidalgo, Guanajuato y el Estado de México? –se le pregunta a Navarrete.
—No en eso. Y yo no sé, incluso, si la Alerta por sí misma pueda resolver eso. Yo creo que tampoco podemos pedirle más a un instrumento del que no hemos experimentado que sea capaz de dar. Es decir, no podemos generar una expectativa de esa naturaleza. La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo de intervención emergente para hacer frente a una situación de violencia contra las mujeres en un lugar y un espacio determinado, pero es sólo una herramienta de una serie de acciones integrales.
Para las organizaciones civiles, las medidas emergentes acuñadas por el Inmujeres sólo han servido para “minimizar el problema”, tal como lo manifestaron las representantes del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual, AC, de Guanajuato, durante el foro “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y obstáculos en la ejecución de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género como mecanismo de protección para las mujeres: propuestas para su adecuada aplicación”, realizado el pasado 1 de agosto en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Se trata, en palabras de Marcela Lagarde, de “medidas asiladas, no articuladas; no corresponden a un plan ni a un programa de gobierno… Es decir, suena a pura demagogia porque ahí hay que hacer reformas profundas, estructurales”.
El coordinador jurídico del Inmujeres, en cambio, se refiere al caso Hidalgo como “una experiencia muy favorable en la que casi nos atrevemos a decir que se equiparan las medidas que se impulsaron como si se hubiera declarado una Alerta”.
El funcionario federal comenta, asimismo, que aunque jamás ha prosperado el mecanismo, su sola existencia ha tenido un “valor fundamental para empujar cosas”. Refiere que ha sido un factor de presión para las autoridades de la entidad en cuestión y, en general, para todos los integrantes del Sistema, quienes al saber que pueden ser objeto de una solicitud, se han visto obligados, por ejemplo, a mejorar sus estadísticas, a desagregarlas por sexo, a crear entidades especializadas para la atención de los delitos de violencia contra las mujeres, a rendir cuentas.
El 11 de enero de 2011, las autoridades que integran el SNPASEVM, resolvieron la improcedencia de la investigación sobre la declaratoria de alerta de género para el Estado de México. En la sesión extraordinaria que celebraron con este fin, ni siquiera se dio lectura a la solicitud promovida por la CMDPDH. La votación quedó así: 20 en contra, 11 a favor y dos abstenciones.
Cabe destacar que durante la plenaria, Lorena Cruz Sánchez, actual presidenta del Inmujeres y entonces vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, argumentó en contra de la declaratoria. “Nosotros no estamos negando que hay violencia en el Estado de México, simplemente consideramos que no hay aspectos jurídicos que permitan la investigación de la Alerta en el Estado de México”, manifestó.
En aquel momento nadie imaginó que el caso llegaría a los tribunales y que, incluso, sería del conocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Nueve meses después, en una decisión judicial histórica, el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa concedió el amparo en contra de los integrantes del Sistema. Concluyó que las autoridades responsables no dieron lectura a la solicitud, no estudiaron si reunía o no los requisitos y no analizaron las pruebas aportadas, sino que simplemente se dio lugar a una votación.
Por eso, el órgano jurisdiccional mandató lo siguiente: dejar insubsistente la sesión del 11 de febrero de 2011 así como el acuerdo respectivo; convocar a otra sesión en la que se estudie y resuelva de manera fundada y motivada si se reúnen o no los requisitos de la procedencia de la solicitud; y emitir otro acuerdo debidamente fundado y motivado.
Tuvo que transcurrir medio lustro para que el Sistema atendiera las órdenes del juez Noveno. Antes interpuso un recurso de revisión, mismo que perdió el 24 de abril de 2013, cuando el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia previa.
Así, entre junio y julio pasados, el Sistema sesionó de manera extraordinaria, primero para anular su sesión del 11 de febrero de 2011; luego, para decidir sobre la procedencia o no de la investigación sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México. Con 33 votos en contra y sólo tres a favor, se pronunció otra vez por la negativa, lo que para las organizaciones de la sociedad civil muestra “su falta de responsabilidad para proteger y garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres”.
En un comunicado fechado el 19 de julio de 2013, el OCNF manifiesta que se trata de nueva cuenta de una decisión infundada y sin motivo y, por tanto, contraria a la sentencia del Tribunal Colegiado. Detalla que durante la sesión del 19 de julio, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México “justificó que ya no tiene sentido decretar la Alerta de Violencia de Género debido a que en el periodo de 2005 a 2010 no existía el tipo penal y, por ello, consideraron imposible saber cuántos asesinatos eran feminicidios”.
En este sentido, el OCNF aclara que quienes presentaron la solicitud no pidieron que se acreditaran los feminicidios, sino que se investigaran 922 casos en los que se registró un uso excesivo de la fuerza física para quitarle la vida a una mujer; además, que se revisaran los expedientes de 500 casos que seguían en etapa de investigación en los que se desconocía a los agresores.
Agotadas las instancias locales, el OCNF, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) –integrada por 73 organismos de derechos humanos– y la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres enviaron una comunicación al CEDAW, el primer paso para iniciar una queja individual ante la instancia internacional.
En el documento le informan sobre el incumplimiento de la recomendación 16d, referente a “atender los obstáculos que limitan la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género”, misma que el Comité de la ONU dirigió a México en julio de 2011. Asimismo, le piden que exhorte a las autoridades correspondientes a dar cumplimiento cabal a la sentencia emitida por el juez noveno, en torno a la solicitud de investigación sobre la procedencia de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de México; y es que, argumentan, la violencia feminicida en esta entidad no ha disminuido. Entre marzo de 2011 y diciembre de 2012, 563 asesinatos de mujeres se perpetraron en el Estado de México, de los cuales sólo 115 fueron reconocidos como feminicidios.
Otro caso ha llegado a los tribunales mexicanos. En enero de 2012, la asociación civil Arthemisas por la Equidad promovió una solicitud de investigación sobre la procedencia de la Alerta de Violencia de Género para Nuevo León. Un mes después, el SNPASEVM falló en contra, no obstante los indicadores brindados por la organización civil: de 2000 a 2011 habrían perdido la vida en forma dolosa 548 mujeres y niñas. Así, en agosto de 2012, Arthemisas por la Equidad y la CMDPDH interpusieron un amparo ante el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mismo que aún no ha sido dictaminado.
Uno de los principales aportes de esta propuesta, que fue enviada a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Segob para su revisión, aprobación y publicación (oficio CNPVEM/076/2012), consistía en quitar al SNPASEVM la facultad de decidir sobre la declaratoria de dicha Alerta.
Acorde con el mandato de la LGAMVLV –que en su artículo 25 establece que “corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la Alerta de Violencia de Género”– se planteaba, por ejemplo, que la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género se presentara directamente a la Segob y no a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, el Inmujeres, como actualmente ocurre.
A pesar de que en marzo pasado Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, entonces titular de la Conavim, declaró a Contralínea que dichas modificaciones serían publicadas en breve puesto que ya se encontraban en los últimos procedimientos administrativos (Contralínea 328 ), éstas han sido desechadas por el actual gobierno. Al respecto, Pablo Navarrete refiere que fue la Segob, a través de Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esta dependencia, quien “detuvo la propuesta porque se había sacado al Inmujeres del mecanismo de Alerta”.
Derivado de la presión ejercida por las organizaciones de la sociedad civil, las discusiones en torno a la reforma al mecanismo de Alerta de Violencia de Género han resurgido. Actualmente existe una mesa de trabajo organizada desde el Inmujeres que reúne a senadoras, diputadas, académicas, representantes de organizaciones civiles y a instancias como la Segob y los institutos de las mujeres locales.
De acuerdo con Pablo Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, la primera conclusión a la que ha llegado este grupo es la necesidad de sacar del Sistema la discusión de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género. La segunda, que debe ser un equipo externo al Sistema el que plantee los argumentos de por qué sí o por qué no debe declararse dicha Alerta.
Marcela Largade, quien ha sido partícipe de este proceso, comenta que la red de investigadoras que preside ha propuesto que sea un grupo de expertas en violencia de género (con currículo y experiencia comprobable) el encargado de la investigación preliminar para declarar o no la Alerta de Violencia de Género.
Por otro lado, desde la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Igualdad de Género, se prepara una reforma integral a la LGAMVLV que contempla no sólo el tema del mecanismo de Alerta, sino otros tantos: armonización legislativa, órdenes de protección, agravio comparado, centros de justicia para mujeres, así como la creación de un mecanismo de evaluación y seguimiento a esta Ley.
“Quienes diseñamos la Alerta no lo hicimos para crear un mecanismo que no pueda aplicarse. Lo hicimos, al contrario, creando un mecanismo que ayude a quienes tienen la responsabilidad gubernamental de enfrentar el problema”, sentencia Marcela Lagarde y de los Ríos, una de las creadoras de la LGAMVLV.
Para la también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres “es una pena que siendo México un país conocido en el mundo entero por el feminicidio y teniendo los instrumentos jurídicos para enfrentarlo, a estas alturas [los gobernantes] no hayan diseñado una política adecuada”. Por eso, dice, “las instituciones tienen que cambiar para poder aterrizar todo ese marco jurídico”.
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Fuente: Contralínea 350 / domingo 1 de septiembre 2013
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