Manglar
Con la anuencia de las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente, desarrollos turísticos se construyen sobre manglares en Quintana Roo. Con el 40 por ciento de su superficie destruida, los manglares de Puerto Morelos están desprotegidos. Funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se prestan al nepotismo y la corrupción para “servirse” del medio ambiente
Paulina Monroy / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Puerto Morelos, Quintana Roo. Por más de 15 años, el 40 por ciento de la superficie de manglar en la delegación Puerto Morelos ha sido devastada por hoteles de gran turismo, lo que significa la destrucción de 6 mil 800 hectáreas de un ecosistema indispensable para el equilibrio natural y la defensa ante desastres naturales.
La entrega desmedida de permisos de construcción, que creció durante la gestión de Mario Villanueva, continúa con Félix González. Es así que se han construido 10 mil habitaciones de hotel de gran turismo sobre manglar y dunas costeras sin un plan rector de desarrollo sustentable, denuncian empresarios de Puerto Morelos. Mencionan que, entre las cadenas hoteleras, están el Cid Resorts, H10 Hotels, Excellence Riviera Cancún, Paradisus Resort y NH Hoteles.
Advierten que actualmente se están vendiendo miles de lotes habitacionales en los ejidos de Puerto Morelos y Leona Vicario, aun cuando las cadenas hoteleras violan la Ley de Conservación de Vida Silvestre y otras normativas ambientales: “Los terrenos son de uso forestal, no habitacional y los comercializan con la anuencia de las autoridades”.
Ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales, no hay quién frene la degradación de manglares. Por el contrario, “quienes deberían proteger al medio ambiente, se favorecen de él”. Los empresarios revelan que servidores públicos caen en supuestos actos de corrupción y nepotismo al otorgar autorizaciones para actividades turísticas en áreas naturales protegidas.
Los manglares ocupan 64 mil 755 hectáreas en Quintana Roo, lo que hace al estado el quinto en el país con mayor superficie de este tipo de ecosistema. Cuatro sitios en el estado están considerados como prioritarios por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio): Cancún-Tulum, Sian Ka’an-Xcalak, Chetumal, Cozumel y Chinchorro.
“Quiere decir –dice Muñoz Rodrigo– que hay mucho poder económico e intereses particulares detrás”. De esta manera, el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, que data de 1988, cambió con la intervención de las grandes cadenas hoteleras para permitir la construcción de más cuartos por hectárea. La cantidad consentida pasó de 50 a 350 habitaciones que, observa Muñoz Rodrigo, “han afectando la fragilidad del ecosistema”.
Feliciano Ortiz Guerrero, vicepresidente del Consejo de Promoción Turística de Puerto Morelos, denuncia que las grandes cadenas de hoteles secan los manglares con pesticidas para apoderarse del terreno: “Matar al manglar significa acabar con el equilibrio ecológico”.
Hay descontento entre los lugareños, expresa, pues nadie quiere ese crecimiento destructivo y desordenado sobre los manglares: “Deseamos que éste sea un hogar para nuestros hijos”. Lamenta que el tercer destino turístico más importante de Quintana Roo se venda y remate.
Muñoz Rodrigo considera que la mejor opción es lograr un crecimiento económico sustentable y sostenible: “De no hacerse, sucederá lo mismo que en Cancún y Playa del Carmen, donde hay cinturones de miseria, desempleo e inseguridad. Si hay un desarrollo económico, tiene que ir parejo con un respeto a la ecología”.
“Nuestros gobernantes –expresa Ortiz Guerrero– miran cómo depredan el manglar sin hacer nada. Tendrían que ocuparse del bienestar de los ciudadanos, pero sólo ven por el propio.”
El 12 de marzo, Feliciano Ortiz Guerrero presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra Alfredo Arellano Guillermo, director regional de Áreas Naturales Protegidas de la Península de Yucatán, y el servidor público de la dependencia, Hitamar Palma Muñoz.
El motivo de la acusación fue el supuesto otorgamiento de autorizaciones en el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos para prestar servicios turísticos a Shedorlaomer Palma Muñoz, hermano del funcionario.
Según se desprende de la copia de un oficio dirigido a la Supervisión Regional de la Función Pública de Cancún, Arellano Guillermo habría autorizado la entrada de una embarcación propiedad de Hitamar Palma Muñoz.
Además, señala el demandante, ha permitido prácticas monopólicas al autorizar a una sola empresa la unidad La Bonanza del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos.
El también representante de la Sección Náutica de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Puerto Morelos menciona que, durante sus 21 años en el cargo, Arellano Guillermo permitió que aumentara la cantidad de navíos en el arrecife: de 152 a 400, que pueden causar daños a los corales con sus motores y anclas.
Decretado parque nacional en 1997, el arrecife forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo sistema coralino más grande del mundo. Es un rompeolas natural y protege las playas de las marejadas ciclónicas.
No obstante, ninguno de los 400 permisos está siendo vigilado, según lo denunció en una carta dirigida a Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su petición para reinstalar la vigilancia en el Parque Marino Nacional Arrecifes de Puerto Morelos fue llevada a Patricio Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente, y a Luís Fueyo Mc Donald, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas.
A pesar de que su artículo sexto protege a los manglares desde 2007, “son constantes las iniciativas de ley que pretenden modificar este artículo a fin de autorizar que las empresas destruyan decenas de hectáreas de manglar”, según señalaron Bios Iguana, el Centro de Derecho Ambiental, Defenders of Wildlife de México, Guardianes del Agua y Greenpeace, en un comunicado.
Al respecto, se pronunciaron porque la Semarnat publique la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059, que tiene cuatro años congelada, para aumentar la categoría de riesgo de las especies de mangle existentes en México. “El secretario Juan Elvira no ha permitido que se publique, evitando que reciban protección adecuada”, señalaron los ecologistas.
El listado sugerido por la NOM incluye 11 nuevas especies para protección especial; 49 bajo la categoría de amenazadas; 66 en la categoría “en peligro de extinción”, y 10 como probablemente extintas.
En 2006, los ambientalistas denunciaron que desarrolladores turísticos de Cancún impidieron la aprobación de la norma. Que no fuera publicada se debió a que consiguieron la cancelación de la NOM 022, con lo que se suspendía cualquier otra norma que protegiera a los manglares.
Ejemplo de la degradación propiciada por los desarrolladores turísticos, citaron las asociaciones durante el Día Internacional de los Humedales, es el proyecto Punta Carey en Quintana Roo, que fue suspendido hace un año por la deforestación de manglar. Sin embargo, actualmente pretenden construir 1.4 hectáreas de canales dentro del predio X’cacel-X’cacelito, donde está el Santuario de la Tortuga Marina, la principal playa de anidación de la especie en el Caribe mexicano.
Además, está reconocido como humedal de importancia por la Convención Internacional Ramsar para la Protección de los Humedales del Mundo. Ello significa, explica la Conabio en su documento Manglares de México, que existe la obligación de desarrollar programas de conservación en dichas áreas.
Otro caso: la destrucción de más del doble del manglar autorizado en Manzanillo por la Administración Portuaria Integral (API), que en su Manifestación de impacto ambiental solicitó la remoción de 30.07 hectáreas; no obstante, según lo manifestado por los ecologistas, la Conabio encontró que ya se deforestaron 66.65 hectáreas.
“La Semarnat debe revocar la autorización a la API porque ha falseado información, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Por ello, pedimos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspenda este proyecto.”
Por si fuera poco, la Semarnat autorizó de manera errónea, en 2008, la destrucción de 8 mil metros cuadrados de manglar para la construcción de la Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo.
Las organizaciones también se refirieron al proyecto Entre Mares. La construcción de complejos residenciales, turísticos y comerciales, que pretende ubicarse en la Península de El Mogote, en Baja California Sur, afectaría dunas costeras y flujos hídricos que alimentan al manglar. El proyecto fue aprobado por la Semarnat y será financiado por Deutsche Bank.
El Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico en Escuinapa, Sinaloa, fue inaugurado el 17 de febrero por Felipe Calderón. El riesgo, alertaron los ecologistas, es que se ubicaría junto a los Marismas Nacionales, el sistema de manglares más importante del Pacífico.
En los últimos 20 años, los manglares han perdido el 25 por ciento de su superficie, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. Si en 1980 este tipo de ecosistema abarcaba casi 20 millones de hectáreas de superficie, para 2000 se redujo hasta 15 millones.
El reporte Manglares de México de la Conabio, publicado en 2008, advierte que el hombre es la mayor amenaza para el manglar: “Sus actividades productivas tienen que ser compatibles con la protección y conservación de los manglares”.
Por ello, señala, se deben establecer estrategias que permitan que estos ecosistemas mantengan su estructura y función para brindar los servicios ambientales que prestan y que son insustituibles; entre ellos, el que actúen como una barrera natural. De esta manera, en los sitios donde se han mantenido sanos, el impacto de ciclones es menor que en aquéllos donde han sido destruidos.
También amortiguan los impactos que el acarreo de tierra tiene sobre los arrecifes de coral; filtran el agua; permiten el abastecimiento de mantos freáticos; capturan gases de efecto invernadero; actúan como sumideros de bióxido de carbono, y contribuyen al sostenimiento de las arenas sobre las playas.
De acuerdo con la World Wide Fund for Nature, se ahorran al año de 231 a 347 millones de dólares por daños evitados por manglares y arrecifes en la protección contra la erosión y las tormentas en zonas costeras. Para la región del Caribe, la proyección de los beneficios de estos dos ecosistemas será de 26 billones de dólares al año para 2050, equivalente a más del 10 por ciento del producto interno bruto.
La extensión actual de los manglares en México alcanza las 655 mil 667 hectáreas; sin embargo, sólo el 43 por ciento de la superficie total está decretado como área natural protegida, es decir, que está regulada bajo el régimen de protección especial de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
A su vez, sólo 30 sitios cubiertos de manglar, que representan 64 por ciento de manglares, están inscritos en la Convención Internacional Ramsar para la Protección de los Humedales del Mundo. “De acuerdo con ello –explica la Conabio–, se tiene la obligación de desarrollar programas de conservación en dichas áreas”.
La comisión admite que la percepción de que se están perdiendo aceleradamente los manglares se reafirma con ejemplos como una carretera mal trazada, un desarrollo inmobiliario, un puerto, una granja de camarón o la instalación de torres de alta tensión que destruyen la superficie de manglar. Ello se agrava, pues “no existen datos para valorar el estado de conservación de los manglares ni su superficie, distribución y tasa de pérdida”.
Tareas desempeñadas por el manglar que permiten el equilibrio natural:
Control de inundaciones
Estabilización de la línea costera y control de erosión
Retención de sedimentos y sustancias tóxicas purificando el agua que llega al mar
Desalinización del agua que ingresa a tierra firme
Fuente de materia orgánica, producción de hojarasca y exportación de biomasa
Protección contra tormentas, pues funciona como cortina rompevientos
Estabilización de microclimas
Megaproyecto impactará a medio ambiente
El proyecto Campestre Morelos, de Puerto Morelos Golf & Resort, es un desarrollo inmobiliario que supondrá la creación del primer campo de golf en la zona. En 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción, sin que hubiera una consulta pública para su aprobación.
Según su Manifestación de impacto ambiental, realizada por GPPA Consultores, el diseño, construcción y operación del complejo turístico estarán acorde con la conservación y uso sostenible del ecosistema y recursos del terreno y la región. Por lo que “buscará la menor afectación a selva y manglares”.
Campestre Morelos comprenderá la construcción de 3 mil 48 viviendas, locales comerciales, un campo de golf de 18 hoyos, áreas verdes y vialidades.
Insertado en un Sistema Ambiental Regional, donde hay duna costera, vegetación acuática y selva, el desarrollo pretenderá aprovechar 65.45 hectáreas y conservar 97.27.
De acuerdo con el documento, sólo la vialidad de acceso principal atravesará la zona de manglar “sin que esto signifique desplante alguno en el humedal”. Asegura que la infraestructura se ubicará en la zona de selva, permitiendo que el manglar se conserve al ciento por ciento.
Los mayores impactos ambientales, reconoce la manifestación, serán producidos durante las etapas de preparación del terreno y construcción de infraestructura. De mayor a menor grado, será afectada la hidrología, el suelo, el aire y la fauna.
Los efectos negativos más importantes serán: la alteración al acuífero por extracción de agua; la eliminación de vegetación; la pérdida de hábitat; la migración de la fauna; el movimiento de tierras, y la alteración de geoformas.
“Con base en la presente evaluación de impacto ambiental es posible concluir que la implementación del proyecto Campestre Morelos implica la generación de impactos ambientales negativos que en su mayoría son poco significativos”, dictamina la consultora GPPA.
El proyecto asegura que contará con un sistema de gestión y manejo ambiental que garantizará el monitoreo, restauración y conservación de todas las zonas de conservación del predio y medidas de compensación en apego a la NOM-022.
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