Congreso, en deuda por Ley de Aguas: aún vigente el régimen neoliberal

Por un desacato de 8 años, el Congreso ha permitido que la Ley de Aguas Nacionales siga vigente y, con ella, el acaparamiento empresarial, sobreexplotación, un mercado negro, inequidad en el acceso al líquido y la contaminación de los principales afluentes, explican especialistas

Por mandato de una reforma constitucional, la Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde 1992 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, debió ser reformada desde hace 8 años. El desacato en el que se encuentra el Congreso de la Unión permite la continuidad del acaparamiento empresarial, el mercado negro, la inequidad en el acceso al agua y la contaminación de los principales afluentes, arguyen especialistas.

Y es que desde el 8 de febrero de 2012 se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Para ello, en su artículo tercero transitorio mandató: “el Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, misma que no ha sido promulgada.

Es desde la sociedad civil que se han llevado iniciativas ante el Poder Legislativo, después de la realización de foros de consulta en comunidades y espacios públicos. No obstante, con el transcurrir de un sexenio y a poco más de año y medio de la actual administración, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –actualmente encabezada por Blanca Jiménez Cisneros– aún no presenta su propuesta, lo que contribuye al retraso de la reforma y la inequidad en el acceso al recurso; así como que sea considerado como pleno el derecho humano al agua, opinan expertos en la materia.

Y mientras en las cámaras se convoca a un parlamento abierto para tratar el tema, las afectaciones continúan: más de 100 de los 653 acuíferos están sobreexplotados, y las dos terceras partes de las más de 700 cuencas hidrográficas se encuentran contaminadas. A ello se suma que los conflictos hidraúlicos en el país afectan, principalmente, a Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz, originados a partir de la construcción de acueductos, presas y contaminación de afluentes.

Consultados por Contralínea, defensores de derechos humanos, asesores legislativos, investigadores y expertos en la materia aseguran que de no llevarse a cabo la reforma requerida, se estaría dando continuidad a un régimen concesionario de agua totalmente neoliberal, que ha permitido una privatización silenciosa del vital líquido.

Datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Conagua, al 31 de mayo de 2019, indican que en el país hay 516 mil 396 títulos de concesión de agua; el total de volumen de extracción de agua es de 270 mil 288 millones 071 mil 664 metros cúbicos; de los cuales, 235 mil 608 millones 476 mil 549 anuales son de aguas superficiales y 34 mil 679 millones 595 mil 115 metros cúbicos son de aguas subterráneas, por año.

El desacato

Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que es urgente llevar a cabo la reforma y emitir una Ley General de Aguas, porque actualmente se regula o gestiona el recurso a partir de un marco legal creado en 1992, “que corresponde a un época en el país muy vinculada al proyecto neoliberal, a la expansión de los negocios, a la llegada de apertura para las inversiones y, como se sabe, el agua es un bien fundamental para todo ello”.

Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Gutiérrez Rivas añade que la ley de 1992 tiene una perspectiva del agua como un recurso y una mercancía. La caracteriza “como un bien con valor económico, con mecanismos de protección hacia los grandes consumidores: las concesiones de agua se otorgan por 30 años y son renovables por otros 30, lo que ha permitido un acaparamiento muy poco conveniente para la población, se trata de grandes consumidores de agua; en tanto, la gestión social y comunitaria está desdibujada”.

El investigador de la UNAM enfatiza que la ley vigente “no reconoce la gestión comunitaria, no toma en cuenta esta posibilidad para los propios pueblos de este país, incluso,  los criminaliza. Y el hecho de que el agua sea considerada un asunto de seguridad nacional, genera opacidad en la información a la que tiene acceso la ciudadanía”.

Por su parte María González Valencia, coordinadora del área de acción para la defensa del territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), expone que en México la legislación en materia de agua ha venido en retroceso y desprotege cada vez más los derechos humanos. Además de que continúa fortaleciendo a los actores económicos, “la Ley de Aguas Nacionales tiene un enfoque totalmente privatizador y mercantilista”.

González Valencia resalta que un aspecto relevante está en quién controla el agua, quién decide sobre este recurso; y en este proceso de construcción, de debate y discusión de una aparente próxima aprobación de la Ley General de Aguas, ¿cuáles son los actores en disputa y cuáles son esos focos rojos que se van a seguir peleando?

La defensora de derechos humanos comenta que la ley vigente, en su capítulo cuarto, permite el acaparamiento de agua por actores económicos a través del sistema de concesiones y transferencia de derechos sobre el agua a privados.

“El régimen de concesiones vulnera el principio de equidad y sustentabilidad del agua, es responsable de diversos conflictos y disputas por el agua entre comunidades y empresas, en el campo y la ciudad; ocasiona la sobreexplotación de acuíferos y su contaminación. En esencia, mantiene el control político y económico de nuestra agua por encima de los derechos y territorios de los pueblos indígenas, del acceso al agua para las mujeres, los niños, las niñas y las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos”, dice.

Y es que, añade González Valencia, en el artículo 20 de la LAN el sistema de concesiones permite acceder al agua a los particulares en cada cuenca mediante la obtención de una concesión ante la Conagua, “logrando así un derecho prácticamente irrevocable debido a los siguientes factores”.

Agrega que “las concesiones otorgadas pueden tener una vigencia de hasta 30 años con derecho a prórroga por la misma cantidad de años, es decir, pueden acaparar el agua de manera continua mínimo por 60 años, según el artículo 24 de la misma Ley.

“Las concesiones pueden ser transferibles, y por lo tanto un agricultor o campesino puede transmitir su título de concesión a una compañía minera, constructora o cervecera a través de la firma de un convenio o contrato entre particulares, indican los artículos del 33 al 37, 23 y 37 bis de la LAN.

“Las concesiones pueden cambiar el uso por el que originalmente fueron otorgadas, por ejemplo, de uso agrícola puede cambiarse para uso industrial al amparo del mismo título, muestra el artículo 25, párrafo cuarto de LAN”.

Principales propuestas

Ante la devastación que hay del recurso y la permisividad de la propia Ley, los planteamientos se encuentran ya en comisiones camarales para su discusión. El pasado 7 de julio, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo en la que exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado “a realizar los ejercicios de parlamento abierto, a fin de escuchar las opiniones de técnicos y especialistas que aporten las particularidades de las diversas regiones del país y que se deban contemplar en la Ley Nacional de Aguas”.

La senadora indicó que con este mecanismo, se pretende que todos los sectores de la sociedad puedan encontrar puntos de acuerdo común para la “explotación, uso y conservación del agua con respeto al medio ambiente y el conocimiento científico, así como las experiencias ancestrales de equilibrio que los miembros de comunidades indígenas han desarrollado sobre la topografía de su territorio con el paso del tiempo”.

Miguel Ángel Montoya, consultor legislativo en materia de gestión integral del agua, ha contribuido en la elaboración del borrador de la iniciativa de Ley General de Aguas ­–presentado por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputado Feliciano Flores Anguiano–, el 4 de junio pasado, del que destaca que “incorpora la ley de participación ciudadana, impulsada para dar contrapeso al poder económico y al poder político que justo también ha contribuido para la violación sistemática del derecho humano al agua y del derecho al saneamiento”.

Expone que las propuestas que ya están en el Congreso tienen la intención de terminar con el sistema expoliador, contaminador y concentrador del agua en pocas manos, como ocurre desde hace casi 30 años. Destaca que el borrador en el que ha colaborado toca 10 grandes temas básicos, entre los que se encuentran:

Primero: la transformación a fondo del régimen concesional, que propone las concesiones tienen que ser más cortas. En el caso de las renovaciones, si a alguno les interesa el acceso al agua, tendrán que esperar a que se venzan los títulos y que la Comisión determine si hay disponibilidad y si estas empresas cumplen las características de uso sustentable del agua, para otorgarles las concesiones, se tiene que cambiar el régimen concesional.

Segundo: se plantea un nuevo sistema de planeación con metas a largo plazo. Aquí se propone el plan de gestión por cuenca, que a la letra indica en el borrador: “Los Consejos de Cuenca elaborarán su plan de gestión de cuenca, el cual tendrá que ser retomado en la construcción del Programa Nacional Hídrico

el plan estratégico”. Todas las condiciones de sustentabilidad basadas en indicadores, con metas de complimiento a corto, mediano y largo plazo. Esta estrategia tendrá que ser evaluada por el congreso.

Tercero: refuerza un sistema de sanciones que incorpora acciones de justicia restaurativa; por ejemplo, en el caso de derrames, como el ocurrido en el río Bacanuchi, en Sonora, por parte de Grupo México

“Se tienen que evaluar el sistema de sanciones tan débil que existe. ¿Qué le cuesta más caro a una minera pagar los tráileres para que se lleven los lixiviados de sus presas de jales, que se traten en un tiradero especializado o simplemente derramarlos, pues les sale más barato derramarlos con todo el esquema de sanciones. Lo cual ya no se debe permitir”, expone el consultor legislativo.

Cuarto: tiene una perspectiva de derechos humanos que contempla el derecho humano al agua y al saneamiento, este último indica Miguel Ángel Montoya, no solo tiene que ver con el tema de baños dignos, de tratamiento de excretas y la no contaminación para la salud; sino con el restablecimiento de los cuerpos de agua.

Quinto: el fortalecimiento del sistema financiero del agua en lo general; es decir, el agua se tiene que cobrar y se tiene que crear una Norma Oficial mexicana para tener los costos reales del agua y de esa manera se pueda cobrar, particularmente a los concesionarios. Para quienes son usuarios de servicio público del agua, aquellos que sí tienen agua y la tienen de manera regular, se propone un esquema de cobro progresivo y diferenciado para garantizar la accesibilidad. Para los grupos que no tienen acceso al agua o de manera regular, que sean los que mayor subsidio reciban. Actualmente, la autoridad del agua determina de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con las áreas de disponibilidad.

Sexto: se incorpora la obligación de telemetría, que es la tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema; esto significa que se intenta medir, al menos para que se sepa cuánto se extrae. Respecto del tema de infraestructura, dice, se generan incentivos para que los agricultores tecnifiquen el riego y particularmente para que la mayor parte de los usuarios utilicen infraestructura verde, drenajes sustentables y así evitar problemas en temporadas lluvias. Se trata de toda una serie de incentivos para que los usuarios se incorporen en otros esquemas de infraestructura y no la tradicional infraestructura gris, que lo único que hace es generar corrupción.

Séptimo: fortalecimiento del sistema público de agua y saneamiento, particularmente se deja muy claro que no puede haber un privado como intermediario entre el usuario y el servicio público; es decir, se prohíbe la privatización del agua en el servicio público.

Octavo: el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua, ya que bajo este esquema neoliberal que abandonó a los pueblos y comunidades, sean indígenas o no, ellos mismos buscaron mecanismos de gestión para acceder al agua.

Noveno: incorpora obligaciones de transparencia más allá de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a través de figuras específicas que se ven en el registro público de derechos y con todas las obligaciones que tienen que cumplir en las juntas de gobierno para que pueblos y comunidades indígenas o los usuarios, en general, puedan tener un acceso oportuno a información verificable y en tiempo real del agua.

Décimo: los decretos de acceso al agua de pueblos y comunidades indígenas,  que son los que tendría que cumplir el Ejecutivo para restituir sus derechos de agua en sus territorios a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Además, se incorpora la perspectiva de género, no solamente en el lenguaje sino también en mandatos específicos de paridad y equidad.

En tanto, la Iniciativa Ley General de Aguas, respaldando a Iniciativa Ciudadana, presentada por 34 senadores del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y publicada el 4 de marzo, se destacan los siguientes puntos, principalmente:

“No permite compra-venta de concesiones de aguas nacionales. No permite la privatización de obras hidráulicas ni de sistemas de agua y saneamiento.

“Para la renovación bianual de grandes concesiones requerirán demostrar eliminación progresiva de contaminantes; acceso público a punto de descarga. Conagua será obligado a demandar a contaminadores para que restauren comunidades y ecosistemas afectados.

Además, “toda concesión, obra o actividad que pudiera vulnerar el derecho humano o colectivo al agua tendría que contar con consentimiento previo e informado de población potencialmente afectada”.

También, “se prohíbe agua para fracking y minería tóxica” y una “defensoría de agua obligaría a contaminadores a reparar daños a comunidades y ecosistemas”. “Se reconocerá derecho de pueblos sobre aguas en sus territorios sin concesión ni injerencia externa”.

Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis en el programa de Agua y Sociedad, comenta que muchas de las concesiones que existen actualmente se encuentran en territorios indígenas y existen demasiados acuíferos sobreexplotados y contaminados, como efecto de lo que trajo la Ley de 1992 y que se buscarían corregir con esta reforma.

Las Estadísticas del agua en México, edición 2018 reportan 105 acuíferos sobreexplotados, de los 653 que hay en el país. Además, da cuenta que los usos del recurso en el país es: 76 por ciento agrícola, 4.7 por ciento para la generación de energía eléctrica, 14.4 abastecimiento público y 4.9 industria autoabastecida.

El investigador enfatiza que uno de los puntos importantes de la iniciativa de Morena es que propone un tribunal donde se judicialicen los conflictos, lo que brindaría la resolución de los mismos y otorgaría mayor certeza a los asuntos, lo que “les quita la carga política”.

Sin embargo, añade que es necesario “crear una especie de delitos relacionados con el agua; por ejemplo, en el caso de que se reventó la batea de contaminantes a una empresa minera y afectó todo el río, eso es una destrucción, o que usó muchísima más agua, como sucede con la gran agricultura, o con muchas empresas industriales, se están robando el agua. Hay situaciones que ameritaría que fueran delitos”.

Acaparamiento, favorecido por el neoliberalismo

Dos de las principales problemáticas en torno al agua es el acaparamiento de este recursos y la conflictividad social generada a partir de la imposición de megaproyectos que involucran el recurso.

En enero pasado, la reportera Lauren Franco en Contralínea documentó que Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras como Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país.

María González Valencia, coordinadora del área de acción para la defensa del territorio del Imdec, documenta que tan sólo en Jalisco el acaparamiento de agua está en manos de empresas cerveceras, constructoras, embotelladoras, inmobiliarias, refresqueras, tequileras, químicas, de agroexportación y de fraccionamientos residenciales.

A través de su investigación Los Acaparadores del Agua en Jalisco revela la gravedad          que hay en la Región Hidrológica No.12 Lerma-Santiago, que incluye los principales cuerpos de agua de la entidad: Lago de Chapala, río Verde, Lago de Cajititlán, río Santiago, subcuencas y microcuecas de la Zona Metropoliana de Guadalajara, mismos que concentran la mayor conflictividad socio ambiental en el estado.

El Imdec muestra que entre los principales acaparadores se encuentran: la inmobiliaria Urbi Construcciones del Pacífico, SA de CV; Cervecería Grupo Modelo; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, propiedad de la neerlandesa Heineken; la agencia vecinal Asociación de Colonos Ciudad Bugambilias, AC; las de origen estadunidenses Grupo Celanese, de la industria química; y Zoltek de México, de la industria del carbón; así como la colombiana Reserva del Bosque, entre otros.

José Manuel Ortega Herrera, integrante de la Comisión Política de El Barzón, comenta que desde la organización, dedicada principalmente a las actividades agrícolas y pecuarias, hay una preocupación por el descontrol que hay en la entrega de concesiones; así como la falta de información y de regulación de la explotación del agua, ya sea en términos superficiales o sea a través de la explotación o la producción de pozos.

“Creemos que el principal problema  es que las concesiones se han estado dando desde hace muchos años en lo oscurito, de manera parcial, se han violado los términos de las concesiones en cuanto al uso del agua y en cuanto al pago que debiera hacerse por al aprovechamiento del agua”, comenta.

Ortega Herrera expone que en el caso específico de la agricultura “se tiene que hacer una revisión muy puntual, en lo que respecta a los distritos de riego porque pareciera que en el sector se ocupa el 60 o 70  por ciento del agua; pero consideramos que este indicador es muy escandaloso”.

Ejemplifica que en Chihuahua, en junio de 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa negó un amparo a Joel Francisco LeBarón Soto, quien lo promovió para que la Conagua le permitiera perforar nueve pozos que la dependencia había declarado irregulares. “Los distritos de riego se tienen que arreglar con la Sader, pero hay un descontrol en la explotación de pozos privados, un exceso de beneficios y no sabemos la condición de los mismos, el tipo de aprovechamiento y el número de metros cúbicos y, además, en este caso las cuotas que se tienen que cobrar”, añade el integrante de la Comisión Política de El Barzón.

Al respecto, Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, acusa que en Chihuahua, prácticamente, todos los acuíferos están sobre-concesionados; además, “hay una sobreexplotación ilegal del agua, no tienen permisos o los tienen totalmente ilegales, con títulos clonados, trámites de traspaso de derechos totalmente irregulares y todo lo que se ha venido dando en los últimos años, dada toda la corrupción de la Conagua”.

El legislador por el Partido del Trabajo acusa que en la región del Oasis, en el municipio de Ojinaga, hace 20 años se inició la explotación del agua; “había un estudio donde decía que para alcanzar la sustentabilidad pudieron haber abierto el cultivo a 11 mil hectáreas; sin embargo, se abrieron cerca de 50 mil y ahorita ya tenemos muchas tierras abandonadas porque ya no tienen agua. Hay una depredación ecológica impresionante”. Asimismo, añade, en Ciudad Cuauhtémoc, hay problemas de agua potable, como consecuencia del crecimiento de la fruticultura y la agricultura en la zona; esto provocado una explotación indiscriminada de los acuíferos.

Rodríguez Gómez comenta que ante la necesidad de llevar a cabo la reforma para generar la Ley General de Aguas es indispensable que se tomen en cuenta a todos los sectores, pues “yo soy el presidente de la comisión de agricultura, somos los terceros perjudicados en el manejo del agua o somos los que más perjudicamos a la población en el manejo del agua y ni siquiera nos han pedido opinión, mucho menos ser parte de la dictaminación y de la revisión del proyecto de Ley, es un asunto totalmente fuera de la realidad, pero así estamos, no solamente en el tema del agua; en algunos otros temas donde somos los más perjudicados a nosotros ni siquiera nos toman en cuenta ni siquiera nos piden opinión de lo que quieren modificar”.

Conflictividad por el agua

El agua también ha sido motivo de conflictividad social en el país. En el libro Ecocidio en México. La batalla final es por la vida, el ahora titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, reconocía que en México más de un centenar de acuíferos están sobreexplotados, y las dos terceras partes de las más de 700 cuencas hidrográficas contaminadas.

“Sin embargo, el agua está sobreerxplotada por la agricultura industrial o contaminada por las industrias o las ciudades. A los problemas de su contaminación, se suman los costos sociales de su escasez; grandes núcleos de la población no tienen acceso al vital líquido”, indicó Toledo Manzur.

La Semarnat tiene más de una treintena de conflictos socioambientales clasificados de urgentes, entre ellos, más de una docena que están relacionados con el agua, ya sea por la sobreexplotación de acuíferos, contaminación o la construcción de megaproyectos.

En el listado de Conflictos ambientales atendidos, que no significa que estén completamente resueltos, la dependencia que encabeza Toledo Manzur indica: “éstos se han multiplicado y agravado en las últimas décadas bajo el modelo neoliberal. Año tras año, ciudadanos preocupados o directamente afectados han solicitado la actuación de dependencias del sector ambiental, pero muchas veces han encontrado una respuesta lenta, insuficiente o nula, ya sea por ineficiencia, negligencia o corrupción”.

De las problemáticas que ha comenzado a atender la Semarnat, relacionadas con el agua, destacan: La gestión del agua de los pueblos zapotecos, en Oaxaca, la construcción del Acueducto Independencia, en Sonora; así como de las presas El Zapotillo, en Jalisco; Los Pilares, en Sonora; la descarga de aguas residuales en el Puerto Lázaro Cárdenas, el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora por Grupo México, entre otros.

Para este trabajo se solicitó entrevista con Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de Conagua, a través de la unidad de Comunicación Social; sin que se haya otorgado respuesta al cierre de esta edición.