El halo de la infiltración de los cárteles de la droga en la empresa más lucrativa de México es secreto a voces entre contratistas y empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), manifestado en secuestros, extorsiones, levantones y robos de grupos armados que conocen con precisión la infraestructura, logística y sistemas de seguridad de la paraestatal, de los procesos industriales y materiales por sustraer.
Empresarios de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco, entrevistados por Contralínea, víctimas de secuestros y extorsiones, aseguran que las organizaciones como Los Zetas, el cártel del Golfo y La Familia tienen información precisa de lo que cada uno factura con Pemex, incluso si existe un atraso en sus contratos o si éstos les son rescindidos; saben hasta los procesos de licitación en los que participan.
De la Cuenca de Burgos a la Sonda de Campeche, el miedo se siente en las regiones petroleras. Lo mismo en los campos que en las zonas marinas, las refinerías o terminales de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, proveedores y prestadores de servicios de todas las subsidiarias son obligados a pagar su derecho de piso so pena de ser ejecutados por quienes se dicen Zetas, La Familia o el cártel del Golfo.
Hay otro esquema mediante el cual los cárteles de la droga infiltraron Pemex: inyectándole capital y luego apropiándose de empresas prestadoras de bienes o servicios para el blanqueo de capitales. Mario, dueño de una proveedora de equipos de instrumentación de Villahermosa, explica que un día a su oficina llegaron dos hombres que decían ser ejecutivos de una institución bancaria. Ya en su privado, le expusieron que eran representantes del cártel del Golfo. A partir de ese momento, le inyectarían capital a su compañía. Colocaron sobre su escritorio un maletín de laptop en el que no había computadora, sino fajos de billetes de 500, 1 mil pesos y de 100 dólares.
También a los contratistas de Pemex se les aplica hoy la ley de plata y plomo. Un año después, Mario estaba fuera del negocio, ellos mismos le hicieron saber que ya no era su socio, obligándolo a ceder –ante notario público– su empresa a un tercero que ellos mismos designaron. Mario dice que hasta hoy vive una pesadilla: “Es algo que nunca piensas que te pueda pasar. Te cambia la vida. Jamás dejarás de sentir que en cualquier momento te pueden ejecutar”.
Esta nueva diversificación de las operaciones de la mafia se extiende por diversas entidades petroleras. En Tamaulipas, en noviembre de 2009, la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvo a un grupo de zetas, entre ellos dos empleados de Pemex: Brendo Skylab Ruíz García y Juan Antonio Olvera Gutiérrez, y dos subcontratistas: Lino Romo Gómez y Francisco Javier Morlet Pérez, que obligaban a los contratistas, mediante secuestros y extorsiones, a entregarles sus empresas, formalizando los trámites ante diversas notarías.
Antes de que Alejandro naciera, su familia ya era contratista de Pemex. Con una pequeña compañía que realiza trabajos de perforación, electrónica y desasolve en plataformas y pozos, amasaron, durante 35 años, una pequeña fortuna que el ingeniero de profesión heredó junto con la empresa domiciliada en Reynosa, Tamaulipas, que presta servicios a Pemex Exploración y Producción (PEP).
Citado por el área administrativa de la Región Norte de PEP, en marzo acudió a las oficinas ubicadas en el Bulevar Morelos, colonia Rodríguez, para que le liquidaran un contrato de sus trabajos en los pozos del Activo Integral Burgos.
Pasado el mediodía, salió de PEP, subió a su camioneta y enfiló de regreso a su oficina. No avanzó ni dos calles cuando dos Explorer negras le cerraron el paso. En cuestión de segundos, dos hombres –delgados, camisa a rayas, ajustados jeans de mezclilla, armas largas al hombro– tomaron la camioneta por asalto. Treintañeros, el rostro recién afeitado e impregnado con colonia. En los siguientes segundos, Alejandro yacía en medio de ellos, con la cabeza agachada, asido del cabello. ¡Órale, cabrón, si se mueve se muere!
Alejandro no acertaba a musitar palabra. El sol de abril al mediodía y la adrenalina al límite hacían un explosivo coctel para su débil corazón. Repetidas punzadas en la sien, el escalofrío que le recorría la espalda y una náusea incontrolable le hicieron percatarse que nunca había sentido tanto miedo, ni siquiera cuando yacía en el umbral de la muerte sobre una plancha de hospital con el tórax abierto mientras el cirujano le remendaba las arterias.
-¡De ti depende seguir vivo! Éste es un secuestro. Si tu esposa paga el rescate antes de una semana, regresarás a tu casa, volverás a tu negocio como si nada –advirtió el que iba al volante. Voz pausada, condescendiente, como si aconsejara a un amigo.
-Si se resiste a pagar, estás de camino al infierno. Tu cuerpo acabará destazado y desecho en un tambo de ácido. Luego vamos por ella –soltó con igual monotonía. El aire acondicionado al máximo, pero Alejandro sudaba copiosamente: el rostro rígido, los ojos clavados en las botas de fina piel de panza de caimán y carunga que subían y bajaban al ritmo del acelerar frenar acelerar, hasta hundirse al fondo.
-¡Calmado, güero, de aquí al sábado te regresas a McAllen! –soltó el copiloto mientras tamborileaba los dedos sobre el cuadrante de la radio. “En vez de ponerte a pensar en él. En vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él… La voz de Mojado, el orgullo de Reynosa, rugió en las bocinas y allí se detuvo… “Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, la felicidad para mí eres tú, piensa en mí… Coreó el zeta hasta la última nota.
Atrás quedó el bullicio, el sonido de los cláxones, la competencia de estéreos, el rugir de los motores que hacen de la vecina de McAllen una ciudad enferma de ruidos. Treinta y tres kilómetros al suroeste, donde comienza la llamada “frontera chica”, llegó el silencio. Estaban en Gustavo Díaz Ordaz. Alejandro conoce esa tierra como la palma de su mano; no en balde con su cuadrilla, a bordo de la trocka, la recorrió limpiando, perforando, dando mantenimiento al pozo Cali-1.
Siete días duró el secuestro. Estaba oculto en un ranchito que Los Zetas arrebataron a sus dueños. Su alimento, sándwiches y cocacola. Su mujer pagó un monto que Alejandro no piensa revelar, que completó con el cheque que traía consigo el día del levantón. Se avecindó en McAllen, aunque de cuando en cuando, sin avisar a nadie, regresa a Reynosa, donde mantiene su negocio. Un día timbró su celular; la indicación fue clara: si quería seguir con su compañía, debía pagar una iguala mensual. Es mucho, se quejo. “El 10 por ciento de lo que te paga Pemex por contrato. ¡Hasta barato te sale!”. Sabía que no había margen de negociación.
Un domingo de asado, en su casa de McAllen, le confió a un amigo, también contratista de Pemex, que Los Zetas lo habían secuestrado y ahora lo extorsionaban. La respuesta lo dejó atónito: “Conozco 10 que han pasado por lo mismo, yo incluido”. Hacía casi un año que él pagaba derecho de piso: 10 por ciento por contrato adjudicado diferido en los pagos programados por Pemex. ¡Pero si no tengo contrato, no pago!, exclamó efusivo, como quien ha hecho el negocio de su vida. “¿Y cómo saben cuánto tienes?, preguntó Alejandro ante un mutismo que obvió la respuesta.
Al igual que Reynosa en Tamaulipas, Paraíso en Tabasco y Ciudad del Carmen en Campeche; en Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica son los municipios petroleros más infiltrados por la mafia, incluso algunos integrantes tanto del cártel del Golfo como de Los Zetas han establecido allí su residencia, como Braulio Arellano Domínguez, el Zeta 20, o el Verdugo o el Gonzo, quien lideraba la organización en la región Sur de Veracruz. Durante años, vivió en la colonia Petrolera (en Coatzacoalcos), habitada sólo por empleados y contratistas de Pemex. Allí mismo, en noviembre de 2009, fue asesinado en un enfrentamiento con la Marina.
La zona norte del estado estaba –hasta abril de 2009– a cargo de Germán Torres Jiménez, Zeta 25 o el Tatanka, quien desde Poza Rica instruía a Los Zetas en tácticas de combate, secuestro y trasiego de drogas, en centros de adiestramiento asentados en la ciudad petrolera.
De entre los prestadores de servicios de PEP, la región Sur de Tabasco es la que registra una mayor incidencia de secuestros de petroleros consumados, particularmente en el tramo carretero Reforma-Paso-Limón-Tabasco. Aunque el riesgo no exime a los que se hospedan en la capital, en julio de 2008, por ejemplo, el empresario Arturo Garza fue secuestrado en el fraccionamiento Campestre y Carrizal. En octubre, el ingeniero José Luis Zavala, supervisor de obra de la compañía Marisa, secuestrado a la puerta del hotel La Finca, en Paraíso. Luego siguieron los dirigentes sindicales Juan Viveros Castillo, Luis Gerardo Pérez Sánchez y Leopoldo Garza Maya.
El 25 de marzo de 2009, un comando se llevó a Williams Alamilla Cancino, franquicitario de estaciones de gasolina, cuando circulaba sobre la carretera que va de Centla a Villahermosa. Se sumaron dueños de empresas de bioremediación, de perforación de pozos, de mantenimiento a plataformas, proveedores de alimentos, entre otros.
Desde 2008, los secuestros, a manos del cártel de Los Zetas, han impactado a funcionarios de Pemex. En junio de ese año, Los Zetas se llevaron a cuatro empleados del Activo Integral Muspac, en Reforma, Chiapas. El pasado 27 de marzo, de la misma zona se llevaron al ingeniero Pedro Ruiz, cuyo rescate costó 3 millones de pesos.
El 14 de abril, en el Complejo Petroquímico El Castaño, en Cárdenas, Tabasco, secuestraron a Marco Antonio Sánchez Castro, director de Administración, y al jefe de Recursos Humanos, Fabián Farris Alejandro. Los interceptaron a las 9:30 horas cuando salían del complejo y los subieron a distintos automóviles: un Sentra rojo y un Corolla gris sin placas. Cuatro horas después, liberaron a Fabián, el funcionario de menor nivel, y lo usaron como correo para informar lo que costaría la liberación de Sánchez Castro: 15 millones de pesos.
El 19 de abril, se llevaron al administrador del Activo Integral Muspac, Néstor Martínez Romero, cuando salía de su oficina. Proveniente de las oficinas corporativas de Marina Nacional, en donde se desempeñaba como gerente de Desarrollo y Compensación de la Subdirección de Recursos Humanos, hacía exactamente un año se había avecindado en Tabasco.
En mayo, en Minatitlán, secuestraron a Fernando Cruz Benítez, empleado de la refinería Lázaro Cárdenas y encargado de la caja de ahorro del taller de máquinas y herramientas. Al tiempo que era levantado, un comando a bordo de una Windstar hacía detonaciones frente a la oficina de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM). Tampoco era el primer caso en ese municipio que alberga el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, pues el 30 de junio de 2008 se llevaron al jefe de transporte, Miguel López Sáinez.
Ante el clima de inseguridad en las zonas petroleras, los corporativos extranjeros que trabajan para Pemex han alertado a sus ejecutivos. Algunos viajan en automóviles blindados o con seguridad personal; se les incentiva además con salarios más altos y seguro de riesgos. Entre ellos hay quienes han tenido ya ocasión de probar sus previsiones: el blindaje en su camioneta libró a la ingeniera oceánica ruso-canadiense Paulina Zelitsky de ser secuestrada en noviembre de 2008, en Cunduacán, según relató al diario Tabasco Hoy.
En la denuncia Cu-l-996/2008, Zelitsky –quien durante la Guerra Fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y en la actualidad representa a un corporativo canadiense que realiza para Pemex trabajos de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico– explicó que, cuando se dirigía al activo en el poblado Gregorio Méndez, una camioneta blanca le cerró el paso y de ella descendió un hombre armado. Cuando su chofer intentó evadirlo, el hombre disparó en tres ocasiones, sin impactarlos gracias al blindaje. Otra camioneta los siguió, pero cuando lograron ingresar a las instalaciones de Pemex, los hombres huyeron.
Zelitsky es la excepción entre los ejecutivos que no denuncia públicamente este tipo de agravios. El tema queda a nivel de directivos en el anecdotario de lo conflictivo que se ha vuelto hacer negocios con la petrolera mexicana.
Si son víctimas de extorsión, tampoco denuncian, “porque no confiamos en la policía mexicana y tampoco queremos problemas con Pemex”, explica el ejecutivo de una de las contratistas con sede en Texas. En cambio, muchos han recurrido a compañías privadas de seguridad para que garanticen el cuidado de sus ejecutivos de mayor rango.
Los tentáculos de la mafia en la industria petrolera mexicana incluyen también ejecuciones y narcomensajes. El 21 de marzo de 2008, en una brecha de la periferia de Villahermosa fue encontrado el cuerpo de Ezequiel Torres Garduza, chofer de Transportes Cárdenas, empresa de transporte de diésel y gasolina. Ejecutado de cinco disparos en la cabeza, presentaba huellas de tortura y quemaduras en el abdomen.
El 27 de septiembre, otro chofer de Pemex, Víctor Said Cedillo Rodríguez, integrante del equipo de beisbol Petroleros, fue asesinado en el deportivo Oceanía, en la Colonia Peñón de los Baños del Distrito Federal.
En mayo de 2009, en su vivienda en el puerto de Veracruz fueron encontrados semicalcinados los cuerpos del vocero de Pemex en el estado, David Gilberto Lartundo Herrera, y su esposa Laura Flores Serret. En junio, en Ciudad del Carmen, el capitán Javier Vizcarra Moreno, coordinador de Control Marino y Posicionamiento de Embarcaciones, fue ejecutado cuando llegaba a su domicilio en el exclusivo fraccionamiento San Manuel.
En Cosoleacaque, en enero pasado, Roberto Santiago Núñez, adscrito al Hospital Regional fue encontrado muerto en su domicilio del conjunto habitacional para trabajadores de Pemex. En marzo, el encargado del departamento de Embarques de la refinería de Salamanca, Eladio Reyes López, fue ejecutado afuera de su domicilio.
El 31 de mayo, en Poza Rica, al salir de una plaza comercial, los ingenieros Luis Antonio Zepeda Amaro y Pedro Zapatero Flores recibieron 70 impactos de bala. Originarios del Distrito Federal, ambos estaban adscritos a la Unidad Operativa de Perforación y Mantenimiento de Pozos del Activo Integral Aceite Terciario del Golfo de PEP (yacimiento Chicontepec). En el ataque, fue herida Gloria Paulino Castañeda, adscrita a la misma.
La difusión en la prensa del secuestro de cinco trabajadores de Pemex, en la Cuenca de Burgos el pasado 23 de mayo, obligó a que por primera vez el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, aludiera a la presencia del crimen organizado en las instalaciones de la petrolera.
Inquirido por los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconoció el secuestro, pero sin siquiera ponerle nombre a las víctimas. Simplificó el tema: “Hay en Pemex cinco trabajadores secuestrados y las autoridades nos están ayudando mucho”.
Suárez Coppel ocultó al Congreso que a través de los directores de la Región Norte de PEP –jefes de los trabajadores secuestrados–, la paraestatal prohibió a los familiares presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), con el argumento de que “había que esperar”. Tampoco dijo que, cuando viajaron de Reynosa a la ciudad de México para entrevistarse con él, ni siquiera los dejaron entrar a las oficinas de Marina Nacional.
Se abstuvo de explicar que días antes del levantón, los trabajadores enviaron una carta a los directivos de Pemex y del sindicato alertando la presencia de comandos armados en Burgos, de las amenazas en su contra y el riesgo de trabajar bajo esas condiciones. Su súplica fue infructuosa. Por más que pidieron a sus jefes no enviarlos a la zona ribereña donde un comando armado los había amenazado, golpeado y sentenciado, nadie los escuchó; es más, los acusaron de buscar pretextos para no trabajar.
En el clímax de un rosario de agravios que los obreros petroleros padecen en sus jornadas de trabajo a manos de la delincuencia organizada, en zonas supuestamente bajo resguardo de seguridad nacional, el 23 de mayo un comando armado se llevó “al turno” del pozo Gigante 1, productor de gas natural, en el municipio Nueva Ciudad Guerrero, en los límites con Nuevo Laredo, en la cuenca del Río Bravo.
Las víctimas: Saúl García Ayala, instrumentista especializado en máquinas de compresión; Mario Zúñiga Salas, ayudante especializado instrumentista; Martín Franco Rivera, ayudante de mecánico; Christopher Cadena García, operador de primera de plantas de compresión, y Anselmo Sánchez Saldivar, mecánico especialista, todos agremiados del SNTPRM.
En torno de su secuestro se han hecho múltiples especulaciones. Ante el Legislativo, en su comparecencia de junio, Suárez Coppel tampoco precisó la forma en que se registraron los hechos. Ocultó que ese día pasaron casi dos horas entre que el encargado de la Estación, Eduardo Zavala Balboa, reportó a sus jefes la presencia de civiles armados y pidió auxilio, sin encontrar respuesta.
Más de 100 minutos después, cuando llegó el relevo de turno (los cinco obreros), el comando se los llevó. Inexplicablemente, Zavala, único testigo del caso, fue retirado de la zona por la dirección de Pemex en calidad de “periodo vacacional”, lo que provocó la molestia de los familiares de las víctimas, pues, dicen, no se le obligó a declarar ante autoridad judicial lo ocurrido aquel día.
Contralínea posee la relatoría del secuestro. En un documento interno de PEP con la inscripción “Inseguridad Estación Compresoras Gigante 1”, el jefe del Sector Arcabuz-Culebra le informa de lo ocurrido al administrador del Activo Integral Burgos, Miguel Ángel Maciel Torres:
06:50. Se presenta a laborar normalmente el trabajador Christopher Ada Cadena García, F-421413, en las oficinas de operación en la Ciudad Miguel Alemán.
08:05. El operador en turno en la Estación Gigante 1, Eduardo Zavala Balboa, F-622896, sale de la caseta a abrir el portón para esperar a su relevo, percatándose de la presencia de personas civiles armadas fuera de la Estación e inmediatamente regresa a la caseta y habla a la jefatura de campo de Ciudad Mier, no obteniendo respuesta alguna.
08:15. Observa por la ventana de la caseta de operación la unidad número 23 en la cual venía el chofer de la unidad así como su relevo, percatándose que el personal armado tenía tirados en suelo boca abajo a dichas personas. Procediendo él a resguardarse entre las unidades moto compresoras de la Estación.
09:45. Se percata que se retira el personal civil armado llevándose tanto la unidad como al personal antes mencionado.
09:50 Reporta de los hechos al supervisor platas compresoras, Luis Manuel Herrera López F-135955.
10:00. El supervisor plantas compresoras, Luis Manuel Herrera López, F-135955, reporta a Jesús Francisco Salinas Navarro, F-211621, de los acontecimientos suscitados en la Estación de Compresión Gigante 1; al mismo tiempo se corrobora dicha información con personal de guardia del Sector Miguel Alemán, Víctor Manuel Barragán Hernández, F-454471.
10:05 Me reporta Jesús Francisco Salinas Navarro de lo sucedido.
Las familias no dudan; coinciden en que si los directivos de Pemex hubiesen atendido las alertas, ninguno habría sido levantado. Acusan complicidad y negligencia en el caso. “Los jefes hicieron caso omiso a todos los problemas que ellos habían tenido y que les habían reportado”, dice Rosalinda, esposa de Saúl García. Hoy son más de 50 días sin rastro de ellos.
En este asunto, inédito en la industria petrolera a nivel mundial, hay elementos que evidencian negligencia de los directivos de Pemex, ya que desde el 3 de mayo, 14 trabajadores comisionados a la zona –entre ellos los que fueron levantados– enviaron un oficio en el que alertaban:
“Por la inseguridad que se vive en nuestra región y en el lugar donde hace un año siete meses pernoctamos en Ciudad Miguel Alemán, lo cual nos hizo sentir seguros, pero ahora nos notificaron que nos vayamos a Nuevo Laredo, lugar que a nuestro sentir y por lo que vivimos diariamente no sentimos seguridad, aclarando que no nos negamos a ir a nuestras áreas de trabajo, pero sí nos sentimos inseguros”.
El domingo 11 de abril, dos trabajadores de Tecpetrol y Velcom, Sergio Alberto Salinas de la Riva y Alberto Leonides Rodríguez González, fueron levantados en la estación de trabajo Venecia, a 35 kilómetros de Reynosa. Iban al ejido Santa Gertrudis a revisar una antena caída. Viajaban en una Frontier Nissan 2008, placas WH62328, propiedad de Tecpetrol, asignada a Rodríguez (Contralínea 188).
El 16 de mayo, ocho trabajadores de la empresa Delta fueron levantados; sus familias piden que no se difundan sus nombres, ya que la compañía les ofreció apoyo jurídico a cambio de no hablar con los medios de comunicación. Supuestamente dos abogados de la empresa son los encargados de gestionar en la ciudad de México, ante las autoridades judiciales y los directivos de Pemex, la búsqueda.
El 21 de mayo, los trabajadores de Pemex del Gigante 1 fueron golpeados y amenazados por un comando armado. Los echaron al suelo, los interrogaron y amenazaron, lo cual notificaron a sus jefes Ignacio Olea Acosta, Arturo Rodríguez y Adalberto Mancilla, y de nuevo a los representantes sindicales Gustavo Fong y Moisés Balderas. Dos días después, se los llevaron.
Luego del secuestro, los familiares buscaron apoyo del SNTPRM, viajaron a la ciudad de México en busca del líder Carlos Romero Deschamps. “Ni uno ni otro nos dieron la cara; empresa y sindicato dejaron solas a las familias”, dice Armando Galván, primo de Anselmo.
El domingo 6 de junio, aprovecharon la visita del líder sindical a uno de los eventos de apoyo en la campaña del candidato de la alianza Todos por Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. En el encuentro, en el salón Alejandra, de la Quinta Blayser, levantaron pancartas con fotografías del hijo, el hermano, el padre, el compañero de trabajo: “Compañeros petroleros, estamos solos, apóyenos”. “Exigimos su apoyo para secuestrados”. “Que regresen”.
-¡Ahorita nos ponemos de acuerdo. ¡Ustedes saben que nosotros no le sacamos a los problemas! –dijo ufano Romero Deschamps. Su “ahorita” nunca llegó. Flanqueado por guardaespaldas, abandonó el salón mientras la custodia de la dirigencia local impedía el paso a los protestantes.
-Mi hijo no es un número ni una cifra –expresa un descorazonado Luis Armando Cadena Tijerina, padre de Christopher Adán, el más joven de los secuestrados.
Todos son obreros especializados. Saúl tiene 47 años de edad, 29 trabajando para Pemex; hace 18 logró su base en el departamento de sistemas de compresión de gas y gasolina. Anselmo tiene 50 años, 28 trabajando en la Cuenca de Burgos como mecánico especialista. Mario Zúñiga, 32, casi cumple 60 y está a punto de jubilarse.
A Saúl lo espera su esposa, una hija y los nietos. Lo vieron por última vez el sábado 22 de mayo, día de su descanso. La madrugada del domingo se despidió de ellas con la promesa de regresar la siguiente semana. Aquel domingo, Rosalía supo que algo andaba mal porque su marido no le telefoneó como lo hacía hasta tres veces al día. Y así, en cada uno de los cinco hogares de Reynosa, transcurrieron las horas en el silencio, hasta que, llenos de dudas y temores, los familiares coincidieron en el local sindical y las oficinas de Pemex para preguntar por los suyos.
“Pemex no nos informa de la situación. Desde ese día, la empresa no quiso responder por ellos, aunque estaban en hora de trabajo, y no quieren asumir su responsabilidad”, reclama Rosalinda. “Hemos estado completamente solos. Pemex no ha hecho ninguna investigación interna”, dice Armando Galván, primo de Anselmo. “Ésta es una situación muy difícil, no creemos lo que estamos viviendo”, dice Nelly, nuera de don Mario.
Poco después de la denuncia del rapto, Los Zetas amenazaron a sus familiares. Los directivos de Pemex les suspendieron el salario con el pretexto de que el contrato colectivo no prevé qué hacer en un caso de desaparecido. “Están tirando por la borda la antigüedad que cada uno tiene en Pemex, en el caso de Anselmo, 28 años”, dice Armando.
Desamparadas y expuestas, las cinco familias no pueden hacer mucho. Sigilosamente acuden al sindicato a ver si saben algo. Suplicantes en las instalaciones de la Octava Región Militar, viven atentos a las detenciones y rescates que realiza la Marina. Y rezan incesantes plegarias con la esperanza de que la ayuda divina supla la indiferencia terrenal.
-¿Buscarlos? ¿Dónde? ¿En el monte, en los campos, en los pozos? –pregunta Rosalinda–. No nos queda más que esperar y rezar.
-Yo todos los días me comunico a su celular, en la mañana, tarde y noche, todos los días. Aún tenemos la esperanza de que nos conteste –interviene Nelly.
-Que sea lo que Dios quiera –dice Luis Armando Cadena, padre de Christopher.
Pemex negó informar a Contralínea los pozos bajo control de la delincuencia organizada, aunque trabajadores de la Cuenca de Burgos aseguran que son muchos. “Hay un silencio cómplice de la empresa y el sindicato”, dice Alfredo Hernández Peñaloza, del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE). El tema “se ha convertido en tabú dentro de Pemex”, explica Francisco Ríos Piñeyro, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (UNTPP).
Los enfrentamientos entre el Ejército y Los Zetas en la zona dan luz sobre la gravedad del problema: el 24 de junio, elementos de la Octava Zona Militar se enfrentaron a un comando armado que controlaba el pozo 145, denominado Arcos, ubicado en Ciudad Mier. En la gresca murieron cinco zetas.
El problema, dice uno de los asesores de Pemex, “es que la Gerencia de Seguridad Física está infiltrada, sólo así se explica que, aunque se fortaleció dotándola de más personal, casi todos militares, la criminalidad va en aumento”. Francisco Ríos Piñeyro, secretario del Interior y Organización de la UNTPP, dice que, en Burgos, las tomas de pozos y ductos, antes esporádicos, este año han sido constantes. Ríos conoce el área a la perfección, no en balde trabajó en Burgos ocho años, precisamente en el área de ductos.
En algunas zonas petroleras los grupos armados abiertamente ordenan al personal de la Gerencia de Seguridad Física qué terminales, pozos y ductos pueden o no revisar. En Salamanca, el personal de Pemex desoyó la orden y pagó las consecuencias: en abril, cuatro vigilantes fueron secuestrados y torturados por supuestos zetas por patrullar, en las inmediaciones de la refinería, un área de ductos “no autorizada”.
El panorama refleja el fracaso de las estrategias diseñadas para la seguridad de Pemex por las firmas extranjeras. Una de ellas, Forma BI Consultores, contratada en agosto de 2009 para el “servicio estratégico de seguridad física etapa I –control de acceso en edificios administrativos– en instalaciones del Activo Integral Burgos”, por la que se le pagaron 58 millones de pesos. O la contratación que PEP hizo por adjudicación directa con la International Securty and Defence Systems Ltd, para “evaluar los riesgos y amenazas físicas” en las regiones, pues hoy áreas de Pemex se usan incluso como zona de carga y descarga de droga.
El 18 de febrero pasado, por ejemplo, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Los Zetas, en un campo de abastecimiento de combustible del poblado El Triunfo, en Reynosa, donde el cártel desalojó al personal de Pemex para cargar y descargar 979 paquetes con más de cuatro toneladas de mariguana, según información de la Semar.
En tierras petroleras también se inscriben mensajes con cuerpos decapitados. En noviembre de 2009, en la entrada del pozo Nikib, de la ranchería Bitzal, en Tabasco, un hombre fue ejecutado: los ojos vendados, atado de manos, seis tiros, con uno de gracia. Sobre su cuerpo, una nota: “Esto me pasó por sapo y dedo, le avisé al general, él me puso por soplón, sigues tú, firma Z”. Ese diciembre, en las terminales de almacenamiento de Chihuahua, arrojaron el cadáver decapitado de Mario Alberto Wilchis.
Apenas en abril, en los terrenos de Pemex en Nuevo León, en los límites de Monterrey y Los Herreras, encontraron los cuerpos del director de la policía municipal de Los Aldamas, Oliver García Peña, y dos de sus subalternos. Los tres habían sido levantados el día anterior. Sus cuerpos fueron hallados por personal de Pemex en el ejido Buena Vista.
A pasos agigantados, los tentáculos de la delincuencia organizada penetran a Pemex. El dinero de lo que allí se roba, extorsiona y ordeña se lava en México y el extranjero. En abril, la PGR detectó tres antros del Club Exxxess en el Estado de México y el Distrito Federal, en los cuales supuestamente la banda Los Carcachos, encabezada por Ricardo Yáñez López, lava dinero producto de la venta del crudo que ordeña a Pemex del poliducto Coatzacoalcos-Tula, según la averiguación previa PGR/DGCP/DF/OIT/2010.
Con la industria del oro negro en la mira, los cárteles mexicanos diversifican sus ilícitos, ante la consigna oficial de que “lo que ocurre en Pemex, en Pemex se queda”, alegoría del Omertá, código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos y asuntos de la mafia.
Trabajar entre zetas
A Eladio no le apena decir que a sus 40 y tantos siente pavor frente a Los Zetas, que este año han tomando en tres ocasiones la batería de producción –donde se separa gas y crudo– para robar las instalaciones del Activo Integral Reforma, donde él trababa desde hace 19 años. Jamás, dice, había ocurrido algo similar.
La primera vez entró un comando armado. Amagaron a los tres que allí laboran, cortaron la corriente eléctrica en los registros llenos de agua, desenergizaron los depósitos y sustrajeron el cobre: 600 metros lineales, cuyo valor es de unos 56 mil pesos.
“Nos fueron agarrando uno por uno en los diferentes puntos de la instalación, a las 2:20 de la mañana. Nos golpearon y amenazaron. ¡Cállense, tenemos orden de matarlos si se resisten! Nos arrojaron un líquido diciendo que era flamable y nos amenazaban con un encendedor. ‘¡Ahorita les prendemos fuego!’”.
“Me amarraron como iguana, con las manos y los pies hacia atrás, boca abajo; me taparon los ojos y boca con cinta industrial. Me ponían la pistola en la cabeza. El compañero de operación fue el que puso mayor resistencia, se encerró en la cabina, así que rompieron las puertas y le pegaron una madriza que casi pierde el ojo.
“Después de que se llevaron el cobre, otro compañero que habían amarrado con los cordones de las botas se zafó y nos desamarró a los demás. Llegó la ambulancia de Pemex, llegaron los especiales (seguridad interna). Mil veces nos pidieron repetir la misma versión. ‘¡Están bien, váyanse a su casa y ya mañana regresan a su guardia!’, dijo el jefe sin más. El representante sindical se limitó a tomar el nombre y la ficha. Regresaron dos veces más, la última el 21 de junio, sólo que entonces se llevaron nuestras credenciales de Pemex y documentación personal”.
Ninguno de los tres robos se investigó ni Pemex presentó denuncias. Ante el mutismo de sus jefes, Eladio acudió al Ministerio Público en Tabasco, pero no le tomaron la declaración, argumentando que debía ir a Pichucalco, Chiapas, ya que él no tenía personalidad jurídica para denunciar un robo contra Pemex.
Eladio no duda: “Entre los que se identifican como Zetas, hay gente que conoce perfectamente las instalaciones, que sabe de electricidad y conoce por dónde pasan los cables y el material que se van a llevar. Tienen un control total de la logística y saben exactamente cómo está la instalación”.
Alfredo Hernández Peñaloza, del CNEE, explica el vacío jurídico que hay en los agravios de la mafia contra Pemex: “Las procuradurías no los atienden cuando denuncian el hecho; le echan la bolita al jurídico de Pemex, y éste no atiende al trabajador para que no se sepa de la infiltración de la delincuencia”.
Igual que en Burgos, en los campos, pozos, baterías de Tabasco, las historias de trabajadores amenazados, golpeados, intimidados se cuentan por montones. “Nos golpean, nos amenazan con matarnos, sustraen materiales. ¿De qué sirven los sistemas de vigilancia y los servicios especiales? No hay ninguna seguridad para nosotros. Ahora estamos a expensas de que nos maten o se lleven a alguno de nosotros, como ocurrió en Burgos”, dice Gregorio, trabajador de PEP, especialista en equipos de perforación de pozos.
“¿Reportarlo a los jefes? ¡Claro, cada vez, pero nos dicen que son pretextos para no trabajar!”, tercia Salvador, especialista en perforación.
“Que nos peguen, pero que no nos secuestren. ¿Qué nos pueden quitar?”, dice Adolfo, motorista.
Burgos, riqueza del hampa
Durante la comparecencia en el Legislativo, el pasado 26 de junio el titular de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, minimizó que, en Tamaulipas y Nuevo León, “grupos armados” impiden los trabajos en “algunas zonas”.
Lo que ocurre hoy en toda la Cuenca de Burgos, que comprende un extenso territorio de más de 30 mil kilómetros cuadrados en 28 municipios de tres estados del Norte (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), indica la magnitud de la penetración de la delincuencia organizada en la geografía de Pemex, donde varios exempleados han sido identificados como cabeza de la ordeña de hidrocarburos y condensados. Uno de ellos, Francisco Guizar Pavón, El rey de las gasolinas, se le atribuye el robo de gasolina durante dos décadas en diversas entidades del país. Fue detenido en Monterrey el pasado 13 de junio.
Otro es José Luis Ortiz Palacios, el Corre, del ejido El Coyote, identificado por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León como el principal perforador clandestino de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Santa Catarina, Nuevo León, y Gómez Palacio, Durango. El 10 de julio de 2006 fue detenido en su casa –en el ejido Compuertas–, donde se encontró una toma clandestina de la que extrajo hidrocarburos por un valor de más de 13 millones de pesos. Sin embargo, fue liberado “por falta de pruebas”. Lo ejecutaron en enero de 2009; estaba desnudo, atado de pies y manos en el ejido La Concha, a un costado de la antigua carretera Saltillo-Torreón.
La Cuenca, entregada a los corporativos Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetrol y D&S Petroleum, para su operación por bloques mediante Contratos de Servicios Múltiples (CSM) por César Nava Vázquez (Contralínea 102), produce unos 8 mil barriles de condensados que entran a los inventarios de Pemex, más los que son sustraídos y vendidos ilegalmente en México y Estados Unidos, transportados en pipas.
Según pudo constatar Contralínea en diversos recorridos por la zona, uno de los principales factores que llevaron a Burgos a convertirse en un área penetrada por la mafia es que los corporativos no invierten en seguridad física, como les obligan sus CSM, vigentes hasta 2024. La única vigilancia es la del personal de la infiltrada Gerencia de Servicios de Seguridad Física.
La Procuraduría General de la República (PGR) atribuye a Los Zetas –organización creada por exmilitares, y encabezada por Heriberto Lazcano, el Lazca– la mayor parte del mercado negro de combustibles que se extrae en Burgos y se vende en México y Estados Unidos a compañías como BASF, Murphy Energy de Oklahoma, Trammo Petroleum, Petro Salum Valley Fuel, US Petroleum Depot, Edimburgo Gas, Oil and Gas, Brinks y Continental Fuels.
Este negocio involucra no sólo a funcionarios de Pemex, sino de aduanas y de la Secretaría de Hacienda, pues, según han declarado los representantes de algunas de las citadas compañías demandadas por Pemex ante las cortes de Texas por comprar condensado robado, los embarques de condensado que les llegaron de Burgos tenían todos los documentos aduanales correspondientes.
Los negocios en Pemex han resultado muy redituables para Los Zetas que encabeza el Lazca, quien designó a su sobrino Roberto Rivero Arana, el Bebo, como coordinador de sus operaciones en Veracruz, Campeche, Tabasco y Chiapas. El pasado 30 de marzo, fue detenido en Tabasco por la Policía Federal Ministerial. Le incautaron armas, granadas, equipos de telecomunicaciones y uniformes de Pemex. También se detuvo a Daniel Arturo Pérez Rosas, director de Seguridad Pública de Ciudad del Carmen –el corazón petrolero de México–, quien brindaba protección al Bebo por una iguala de 200 mil pesos al mes.
El 30 de marzo de 2009, la PGR dio a conocer la detención de nueve Zetas que en Reynosa operaban la red financiera de venta de hidrocarburos robados, cuyos ingresos distribuyeron en 146 cuentas bancarias: José Raúl Zertuche González, Jesús Óscar Ibarra Castellanos, Álvaro Jacinto Martínez Ibarra, Yolanda Carrizales Cabrera, Nora Elvira Hernández González, José Salvador Alemán Chávez, Omar Lorenzo Marín Bojórquez, Leonel Rodela Pérez, y el exdirigente del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas, Miguel Ángel Almaráz Maldonado.
Una semana antes, en una zona residencial de Saltillo, la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Sigifredo Nájera Talamantes, el Canicón, miembro de Los Zetas que se encargaba de las plazas de Nuevo León y Coahuila e identificado por la inteligencia militar como uno de los principales ordeñadores de Pemex.
La ubicación de tomas ilegales revela que los ordeñadores tienen información técnica precisa de la ubicación de ductos, oleoductos, gasoductos, oleogasoductos y de la red de transporte y distribución de hidrocarburos, datos que únicamente manejan los más altos directivos de Pemex, pues se considera información de seguridad nacional, reservada incluso mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información. Inclusive, las tomas se hacen de las áreas más productivas o en las de mayor flujo de hidrocarburos, en conexiones alternas precisas para extraerlos sin generar explosiones o derrames.
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