En 25 años, 36 mil 606 feminicidios

En los últimos 25 años, que abarcan las administraciones federales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), las entidades con más feminicidios han sido el Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Oaxaca y Guerrero. Los saldos más violentos para las mujeres se han registrado en gobiernos estatales priístas, aunque con la llamada “transición” también hay administraciones locales panistas y perredistas.

Del análisis de las estadísticas vitales de mortalidad de la Secretaría de Salud (consultadas en el informe Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010) se desprende que en las ocho gestiones del Estado de México son en las que más asesinatos de mujeres se han perpetrado, con ello esa entidad se coloca como la primera en materia de violencia de género.

Los encargados de las mismas fueron los priístas José Ignacio Pichardo Pagaza, Emilio Chuayffet Chemor, Mario Ramón Beteta, Alfredo del Mazo González, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas, Alfredo Baranda García y Enrique Peña Nieto.

De 1985 a 2010, periodo en que estos políticos gobernaron el Estado de México, se contabilizaron 10 mil 502 muertes violentas de mujeres en el que se considera como el bastión priísta más importante. Esto representa el 28.68 por ciento de las 36 mil 606 defunciones femeninas con presunción de homicidio certificadas a nivel nacional en estos 25 años.

En el gobierno de Pichardo Pagaza se registró el mayor número de feminicidios:  9.4 mujeres cada semana. Entre 1989 y 1993, 1 mil 957 mujeres  fueron víctimas de homicidio doloso.

La segunda administración con mayores índices de feminicidios fue la de Emilio Chuayffet Chemor, actual secretario de Educación Pública. En el año y medio que duró su mandato (1993-1995) se cometieron 681 asesinatos de mujeres, es decir, 8.73 por semana.

El tercer gobierno con más homicidios de mujeres fue el de Mario Ramón Beteta, exdirector general de Petróleos Mexicanos. Entre 1987 y 1989, 877 víctimas mortales femeninas, lo que equivale a 8.43 por semana.

El diputado federal Manlio Fabio Beltrones se muestra serio cuando se le consulta al respecto. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la bancada del PRI asegura que “hay una gran preocupación por nuestra parte de lo que ha sucedido en el pasado en gobiernos priístas o panistas, y que no debe suceder en el futuro, sea un gobierno de cualquier partido”. Agrega: “De lo que no debe quedar duda es que es una preocupación mayúscula del grupo parlamentario del PRI el encontrar, si la fórmula es legislativa, cómo atajar este vergonzoso tema de los feminicidios en cualquier estado de la República donde se presente, y si es un tema de los órganos encargados de darnos seguridad y procuración de justicia, exigir que se hagan los arreglos y las correcciones necesarias, porque esto no debe seguir sucediendo”.

—¿Qué está fallando?

—Es una combinación de leyes más estrictas y funcionarios más capaces.

—¿Qué hará su partido para erradicar este fenómeno ahora que está a cargo de la conducción del país?

—Primero, encontrar un nuevo código de procedimientos penales; que todos los estados tengan una misma fórmula para poder procesar eventos de esta naturaleza, con lo cual integraríamos de mejor manera los expedientes para poder resolver los problemas.

Con el objetivo de rebatir los resultados de este análisis, María del Rocío García Olmedo, secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, muestra a Contralínea las conclusiones del reporte Información estadística sobre feminicidios y violaciones en México.

“En el Estado de México se observó una caída en el número de homicidios de mujeres: de 5.4 –que lo colocaba en 2005 como la entidad con mayor número de homicidios por cada 100 mil mujeres– a 3.7 –que lo coloca, en 2009, en el lugar 11–”, se lee en el documento elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Para la diputada priísta, esta disminución en el número de feminicidios es una prueba del compromiso de su partido con las mujeres.

García Olmedo rechaza que en el futuro inmediato se incrementen los asesinatos cometidos contra mujeres. “Hay que hacer una revisión de carácter integral, un análisis integral; no un análisis tramposo de un tema tan delicado. Es un tema tan delicado como para estar solamente poniéndole números desde una visión partidista”, señala la también exfuncionaria del gobierno de Puebla.

A decir de García Olmedo, las muertes violentas de las mujeres “mucho tienen que ver con la materia económica, social y educativa”. Por eso, el gobierno de Enrique Peña Nieto “está poniendo los dedos en la llaga en todos esos temas”, asegura.

De acuerdo con el estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas: 1985-2010 (elaborado por la Cámara de Diputados, la Organización de las Naciones Unidas Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y El Colegio de México), ante la falta de sistemas de información veraces, oportunos y precisos sobre el número y características de los asesinatos de mujeres por razones de género, las estadísticas del registro de defunciones respecto de las muertes violentas representan un primer acercamiento al fenómeno del feminicidio.

En la primera parte de esta investigación, que abarca de 1985 a 2009, se señala que “el Estado de México se ha caracterizado por presentar las tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio más altas del país: ocupó el primer sitio nacional de 1988 a 1997, bajó un puesto en 1998 y otro en 1999, para volver al primer lugar en 2000, 2003 y 2005”.

Las estadísticas vitales de la Secretaría de Salud respecto de las defunciones femeninas con presunción de homicidio, referidas en el informe Violencia feminicida en México, permiten ubicar las 20 administraciones de entidades federativas en las que se han cometido más asesinatos de mujeres en los últimos 25 años. Destacan las que encabezaron actuales funcionarios  de primer nivel del gobierno federal.

Tales son los casos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública federal. Durante sus gobiernos en el Estado de México se cometieron casi 2 mil feminicidios. En el primer caso, 8.73 crímenes por semana; en el segundo, una tasa de 4.75 semanales.

Otro funcionario que sobresale es José Reyes Baeza Terrazas, actual vocal ejecutivo del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En su gestión en Chihuahua se registró una tasa de 3.66 asesinatos de mujeres cada semana.

La gestión de la ahora secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, en el Distrito Federal también forma parte del recuento. En 2000, cuando la experredista ejerció el cargo de jefa de gobierno, sucedieron 2.21 muertes violentas de mujeres semanalmente en la capital del país. Así, las administraciones estatales priístas no son las únicas con altos índices de feminicidios.

Dentro de las 20 gestiones en las que se detectaron más asesinatos de mujeres entre 1985 a 2010 figuran otras dos del Distrito Federal: la del expriísta y hoy senador Manuel Camacho Solís (1988-1993), con 588 asesinatos; y la del perredista y hoy senador Alejandro Encinas Rodríguez (2005-2006), con 170. En los primeros 2 años del actual gobierno de Baja California, que aún encabeza el panista José Guadalupe Osuna Millán, se cometieron 348 feminicidios.

Entre los gobiernos de políticos activos que integran este listado se encuentran los de César Camacho Quiroz, actual presidente del PRI; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador de Asuntos Internacionales del Distrito Federal; Marcelo Ebrard Casaubón, presidente de la Red Global de Ciudades Seguras de la Organización de las Naciones Unidas, y Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional.

—¿Qué se espera para las mujeres cuando los titulares de esos gobiernos que dejaron saldos tan violentos para ellas siguen en activo?

—Habría que preguntárselo a ellos. Yo sólo les puedo pedir que se avance en la materia, que se exija el cumplimiento de la ley y se contemple el desarrollo integral de la mujer. También es necesario no volver a políticas asistencialistas, que lejos de empoderar a las mujeres las convierten en instrumentos políticos –dice la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, secretaria de la Comisión de Equidad y Género.

Respecto de las 20 administraciones locales que registraron mayores índices de violencia para las mujeres, la integrante del Partido Acción Nacional indica que “puede ser que haya faltado voluntad política para atender esta problemática”.

Consultada vía telefónica, la expresidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres explica que aunque recientemente se ha avanzado en materia de políticas públicas con enfoque de género, visión que hace 25 años era “muy incipiente”, aún falta trabajar desde diferentes frentes: en la sensibilización de los servidores públicos, en un cambio cultural desde la sociedad y la educación, en la armonización de las leyes que protegen a las mujeres, pero sobre todo, en la aplicación de la legislación existente.

Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, declina opinar respecto de estos datos extraídos del estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas: 1985-2010. Argumenta que hace apenas 1 mes conoció el documento, por lo que sus asesoras aún trabajan en la síntesis del mismo.

La diputada perredistas se enfoca en enumerar las acciones que la Comisión que preside planea para contribuir a la solución de las problemáticas que aquejan a las mujeres, particularmente en materia de violencia: reuniones con los procuradores de las entidades, buscar que cada procuraduría cuente con un protocolo de investigación del feminicidio, reformar la alerta de género y vigilar el cumplimiento de las órdenes de protección.

Fuente: Contralínea 324 / marzo 2013