Equidad presupuestal de género en riesgo

La equidad entre hombres y mujeres estaría en riesgo en 2010. Los especialistas prevén que el conservadurismo en la Cámara de Diputados provoque la desaparición del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género del Presupuesto de Egresos de la Federación. Señalan que nada garantiza que los recursos sean utilizados para acortar la brecha de desigualdad y combatir la violencia contra las mujeres. Por el contrario, se orienta a programas, cuya contribución a ese propósito es dudosa. “El tema de las mujeres es todavía marginado”

El Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) no cumple con la irreductibilidad, la transparencia y la transversalidad que diputados y organizaciones civiles juzgan necesario para que cumpla con el objetivo de reducir la desigualdad y la violencia contra las mujeres; por el contrario, con la próxima legislatura, está en riesgo de desaparecer, advierten.

El GEMIG representa apenas el 0.32 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el 0.06 por ciento del Producto Interno Bruto.

El informe Políticas públicas, programas federales y presupuesto dirigidos a mujeres del año 2006 a 2009 del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados anota que, aunque creció 600 por ciento desde 2004, es un recurso limitado y concentrado en algunas dependencias.

Menciona que pese a la intención de los poderes Ejecutivo y Legislativo de incorporar la perspectiva de género, los esfuerzos son incipientes toda vez que se no se consolidan los presupuestos sensibles al género y se requiere que en todas las etapas del proceso presupuestal se considere esta visión. Hacerlo, advierte, tiene que ser una política de Estado.

La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados sostiene en el Análisis del presupuesto para mujeres y la igualdad de género 2009 que contar con gastos etiquetados permite dar un seguimiento más puntual de las acciones que realiza la administración pública federal en la materia: “La identificación de los recursos y su ubicación auxilian en el análisis de la ejecución del gasto y de las metas logradas, así como decisiones para los siguientes presupuestos”.

La LX Legislatura incluyó el artículo 25 referido a la equidad de género y un “Anexo Específico 9 A” para mujeres en el Presupuesto de Egresos para la Federación 2009. Con el primero, el Ejecutivo federal pretende incorporar la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de subsidios. El segundo etiqueta las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

La existencia del “Anexo 9 A” se aprobó en una Mesa Interinstitucional de Presupuestos hacia la Igualdad de Género compuesta por la Comisión de Equidad y Género, el Instituto Nacional de Mujeres, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CEAMEG, la Coalición por la Salud de las Mujeres y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, dice que en una sociedad desigual la asignación de roles es desventajosas para las mujeres y se les enseña a estar diseñadas para la vida privada, y a los hombres, para la pública: “Ello ocasiona que tengan menos oportunidades de desarrollo y que sufran restricción, discriminación y violación de derechos”.

GEMIG concentrado

Para el PEF 2009 el gasto etiquetado para mujeres asciende a 8 mil 981 millones 600 pesos. El documento Análisis del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 del CEAMEG observa que, mientras aparece esa cantidad como el total del GEMIG en el decreto, se identifican más recursos en otros dos anexos por 293 millones 300 mil pesos.

No obstante, sólo se reconocen 7 mil 441 millones 400 pesos en el PEF, es decir, 1 mil 540 millones 200 mil pesos menos que la suma total. Ello porque los 330 millones 600 mil pesos etiquetados por los diputados fueron asignados a cada dependencia sin ser agregados al PEF.

El crecimiento en 32 por ciento respecto de 2006 se debe a las asignaciones por 2 mil 522 millones de pesos para el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social. Éste representa el 33.9 por ciento del GEMIG y en dos años consecutivos ha sido la estrategia con la mayor participación.

Contreras Julián dice que fue resultado de los equilibrios y las negociaciones en la Cámara de Diputados, pues ese recurso fue defendido por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) previo al proceso electoral. Por el contrario, sostiene, la oposición es crítica del tema, pues se trata de espacios que son abiertos gracias a requisitos laxos, y en condiciones de riesgo.

Daniela Díaz Echeverría de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sostiene que “la etiquetación para guarderías en el ‘Anexo 9 A’ se volvió la carta de negociación con los panistas y sus aliados conservadores. Toda la reflexión en torno al cuidado con calidad de los niños se pierde porque la discusión se vuelve mediocre y un juego de poder”.

Dividido en siete ramos, el GEMIG se orienta a Asistencia Social, con 2 mil 679 millones de pesos; Salud, con 1 mil 685 millones 800 mil pesos; Apoyo Productivo, con 1 mil 353 millones 900 mil pesos; Institucionalización de la Perspectiva de Género, con 1 mil 98 millones 800 mil pesos; Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, con 322 millones 800 mil pesos; Educación, con 268 millones 300 mil pesos, y Trata de Personas, con 32 millones 100 mil pesos.

En cuanto a las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene el mayor presupuesto para mujeres y la igualdad de género, con 2 mil 753 millones 800 mil pesos. Le sigue la Secretaría de Salud, con 1 mil 819 millones 600 pesos; la Secretaría de la Reforma Agraria, con 995 millones 500 mil pesos; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 950 millones 800 mil pesos, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 288 millones 300 mil pesos.

Las secretarías de la Defensa Nacional, de Economía, de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Marina, de Seguridad Pública, de la Función Pública (SFP), de Energía y de Turismo obtuvieron 549 millones 100 mil pesos como GEMIG.

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República se etiquetaron 84 millones 200 mil pesos. Y en aportaciones a la seguridad social el monto sumó 1 millón 500 mil pesos.

En otras dependencias y órganos este tipo de gasto no se identifica en el PEF, como en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Federal Electoral (IFE). Tampoco en el Poder Legislativo y el Poder Judicial Federal.

Sin rendición de cuentas

Aunque un modelo único en el mundo y con ampliaciones por 3 mil 25 millones de pesos, el GEMIG 2009 tiene que ser mejorado en términos de rendición de cuentas.

Maricela Contreras Julián señala la transversalidad, contenida en el artículo 25 del PEF, que no se logró avanzar, pues el gobierno federal no tuvo la voluntad de hacerlo. La disposición establece la necesidad de que el Poder Ejecutivo impulse la igualdad a través de la transversalización de la perspectiva de género en el diseño, evaluación y desarrollo de las políticas públicas.

La legisladora dice que para tener un gasto transversal es necesario que mediante modificaciones se ajuste el marco legal del presupuesto público (Ley del Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria) para obligar a las dependencias a que planifiquen su gasto y realicen sus proyectos y programas desde la perspectiva de género. Ello, reflexiona, queda pendiente para la próxima legislatura.

No obstante que el artículo 25 les permite conocer cómo se ha gastado el GEMIG por cada dependencia, sólo abarca el ejercicio del presupuesto, no la manera en cómo se aplican y su impacto: “No sabemos en este momento si han sido bien utilizados en tiempo y en forma. Sobre lo que sí tenemos información es que estos recursos están siendo reducidos de manera importante”.

Subraya que es necesario asignar presupuestos que estrechen las brechas de inequidad y promuevan los derechos de las mujeres: “No se trata sólo de asignar recursos, sino de evaluar los resultados en términos de mejoramiento de la calidad de vida. Aunque destinamos casi 9 mil millones de pesos, no sabremos si han servido hasta no tener resultados en la transformación de la vida de las mujeres”.

La investigadora en presupuesto público, Seguro Popular y mortalidad materna, Daniela Díaz Echeverría, califica de imperioso que en el PEF 2009 se mantengan las acciones sustantivas del gasto asignado a mujeres y que se modifique la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el “Anexo 9 A” y el artículo 25 no estén sujetos a la voluntad política ni a los vaivenes económicos.

“El tema de igualdad y violencia están en el nivel más básico y primario”. Ello se hace visible, explica, en un “Anexo 9 A” sin indicadores ni transparencia y que no está orientado a la capacitación, vigilancia e investigación en temas de la mujer.

La fracción legislativa panista, opina, pertenece a un sector muy conservador que no permitió avanzar en temas como la reforma laboral y la inclusión de la salud sexual y reproductiva en la Ley General de Salud. Por el contrario, programas que benefician a las mujeres, que están en el PEF 2009 y fuera del “Anexo 9 A”, no tienen recursos etiquetados, pues carecen de reglas de operación.

Por otro lado, agrega la diputada perredista, pese a que la LX Legislatura le dio atribuciones al Instituto Nacional de las Mujeres para que vigile, controle e impulse el presupuesto para mujeres, este año se le recortaron 145 millones de pesos, lo que podría afectar el desarrollo de sus programas, el objetivo del GEMIG y su carácter irreductible.

Riesgo de desaparecer

Daniela Díaz Echeverría de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, prevé que el “Anexo 9 A” tiene posibilidades de desaparecer en 2010 debido la futura conformación legislativa.

Integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres anticipa que, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como mayoría en la Cámara de Diputados, el GEMIG puede quedar reducido cuando no hay más espacios exclusivos para mujeres: “El priismo dominante ya no es laico y progresista, sino conservador; usa el cuerpo de las mujeres como un espacio de represión y de disputa política”.

Señala como ejemplos el asesinato de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Meri, locutoras de la radio La voz que rompe el silencio, de San Juan Copala, Oaxaca; las agresiones y violaciones sexuales contra mujeres en San Salvador Atenco en el Estado de México, y las contrarreformas en estados priistas para preservar la vida desde la concepción y considerar al embrión sujeto de derechos.

Coincide la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras, quien predice que la alianza entre el PRI y el PAN no “trae un viento alentador” para la equidad e igualdad de género.

Vulnerable y frágil por estar contenido en un anexo y no en el PEF, abunda Díaz Echeverría, el GEMIG y los temas de mujeres no son prioritarios en la política pública y su discusión legislativa es marginada, sobre todo, en un contexto de quehacer político conservador.

Por ello, subraya, es prioritario el gasto etiquetado, pues es una herramienta para mantener el tema de las mujeres en la discusión pública, operar leyes e identificar responsabilidades: quién lo va a gestionar, cómo se va a medir su uso, cuál es su impacto.

Igualdad y Violencia sin especificar

El informe Políticas públicas, programas federales y presupuesto dirigidos a mujeres del año 2006 a 2009 del CEAMEG observa que las acciones instrumentadas para dar cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) requieren redefinirse en la mayoría de las dependencias.

Además, apunta en su Análisis del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, el “Anexo 9 A” del PEF 2009 no especifica el gasto para esas disposiciones.

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer apenas representa el 4.3 por ciento del GEMIG. No obstante el presupuesto para dar cumplimiento a la LGAMVLV tuvo un aumento de casi 56 por ciento respecto de 2008. Aunque, aclara el informe, se asignaron para esa tarea 779 millones 400 mil pesos, únicamente se pueden identificar 211 millones 100 mil pesos en el PEF. Mientras que de la LGIMH sólo se reconocen 589 millones 900 mil pesos.

El resto está contenido en programas de los que no se especifica si contribuyen al cumplimiento de ambas disposiciones; es el caso del Programa para Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación de la Secretaría de Gobernación.

También de las estrategias de Combate a Delitos del Fuero Federal y de Promoción del Respeto a los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; del Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y el Respeto a los Derechos Humanos de la CNDH, y de los proyectos de Coordinación de la Política Exterior de México en Materia de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En Atención a la Salud Reproductiva y Servicios de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social tampoco se definen acciones concretas, y mientras que en 2008 sí se definieron actividades para el Consejo de la Judicatura y la Secretaría de Desarrollo Social, en el PEF 2009 no se halla prueba de ello.

El gasto para la LGIMH sólo se puede identificar en la estrategia Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los programas académicos con enfoque de género a instituciones de educación superior de la SEP, y en el presupuesto de la Sedena. Mientras que en el Instituto de las Mujeres, el IFE, Función Pública, la Sagarpa, la SRA y el Inegi no queda claro si el GEMIG se orienta a acciones que contribuyan a alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.

Mujeres en México

Porcentaje de mujeres en la población: 51.1

Esperanza de vida al nacer: 78.6 años

Mortalidad materna (muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos): 60

Tasa de analfabetismo de la población de 15 a 24 años: 2.6 por ciento

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más: 9.1 por ciento

Relación niñas/niños en la educación primaria: 0.98

Relación niñas/niños en la educación secundaria: 1.07

Relación mujeres/hombres en la educación terciaria: 0.98

Porcentaje de hogares según sexo de la jefatura en zonas urbanas: 26.1

Porcentaje de hogares según sexo de la jefatura en zonas rurales: 23.1

Tasa de participación en la actividad económica en zonas urbanas: 51.1 por ciento

Tasa de desempleo abierto en zonas urbanas: 2.8 por ciento

Porcentaje de la población ocupada en sectores de baja productividad en zonas urbanas: 50.8

Relación entre la remuneración de mujeres y hombres en las zonas urbanas: 62.9 por ciento

Población sin ingresos propios de 15 años y más en zonas urbanas: 35.7 por ciento

Incidencia de la pobreza en hogares según sexo de la jefatura de hogar en zonas urbanas: 27.5 por ciento

Proporción de puestos ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados: 23 por ciento

Fuente: División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Retos legislativos según la Coalición por la Salud de las Mujeres

1. Fortalecer el carácter laico del Estado y vigilar que las políticas públicas y presupuesto en materia de salud sexual y reproductiva se enmarquen en criterios laicos, científicos y acorde con los estándares más altos de protección de derechos humanos.

2. Ofrecer un marco conceptual de derechos humanos, género, interculturalidad, derecho a la salud.

3. Asignar presupuestos etiquetados y garantizar su transparencia y rendición de cuentas.

4. Armonizar el marco legislativo federal y local en materia civil y penal.

5. Explicitar la responsabilidad del Estado para garantizar el financiamiento y prestación de los servicios de salud materna y definir claramente la participación de los diferentes niveles de gobierno.

6. Redefinir los criterios de acceso a los servicios de atención materna basados en un enfoque de derecho y bajo los principios de universalidad y gratuidad.

7. Impulsar el aumento y etiquetación de presupuesto a nivel federal, estatal y local para atender y combatir la muerte materna. Especialmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero (estados con la mayor tasa de muerte materna) se instrumenten leyes de transparencia que permitan evaluar y vigilar los recursos destinados a este fin.

8. Instrumentar dispositivos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que viven con VIH/ Sida y que atienda a las mejores prácticas en prevención y atención especializada.

9. Diseñar y ejecutar políticas que provean servicios de educación y de salud para el cuidado sexual y reproductivo para adolescentes.

10. Revisar si las acciones se encaminan al logro de los compromisos signados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas sobre el acceso universal a la salud reproductiva. (PM)

Aportación dudosa a la equidad en el GEMIG 2009

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) encontró obstáculos para identificar el Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2009: “Es escaso y su identificación se dificulta debido a la presentación de las diversas fuentes de información”.

Su Análisis del Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 expone que la estructura del PEF 2009 es compleja por los cambios realizados al decreto y la ampliación y etiquetación de recursos para programas, cuya aportación a la igualdad de género “resulta dudosa”.

Tal es el caso del programa para guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del los Trabajadores de Estado y del Desarrollo Integral de la Familia, contenido en el “Anexo 9 A” que “pueden interpretarse como políticas y prácticas que reproducen los estereotipos de género al asignarle a las mujeres el papel de responsables de los infantes y no promover una distribución equitativa de responsabilidades entre mujeres y hombres”.

Programas que caen en este supuesto son: el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad de la SE; de Aumento a la Eficacia de las Políticas de Transparencia y de los Mecanismos a la Información Pública de Calidad de la SFP, y Procuración de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

De la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable y el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible.

También el Rescate de Espacios Públicos, el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” y el Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social; así como el Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y el Respeto a los Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y Producción y Difusión de Información Estadística y Geográfica de Interés Nacional del Inegi.

El reporte precisa que en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación hay algunos programas con GEMIG que se repiten en varios anexos presentando montos distintos. Advierte que ello provoca confusión sobre qué cantidad es la asignada de manera definitiva.

Dos estrategias presentaron esta anomalía: el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario. Las diferencias en lo establecido para cada proyecto en uno y otro anexo oscilan entre los 30 y los 38 millones de pesos. (PM)