A pesar de las diversas ordenanzas que dictan medidas de ahorro y reducción del gasto público, en lo que va de la administración calderonista ha aumentado el presupuesto para el pago de servicios generales y de sueldos y prestaciones de los servidores públicos. Simultáneamente, ha disminuido el gasto en programas de infraestructura y desarrollo.
Tan sólo en 2009, mientras el país se encontraba sumido en la peor crisis económica desde 1995, la política de ajuste del gasto gubernamental minó principalmente los recursos destinados a los rubros de Comunicaciones y Transportes y Educación Pública, para programas de infraestructura y de desarrollo social de la población.
La afectación sólo en estos ramos fue de 15 mil 710 millones de pesos, la tercera parte del ajuste en el gasto para paliar el boquete fiscal que resintieron las arcas públicas ese año.
Pero al tiempo que se recortaban recursos en áreas prioritarias, el gasto corriente continuó en ascenso.
Por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago en servicios personales –que incluye sueldos y prestaciones de los servidores públicos– añadió 1 mil 513 millones de pesos a su presupuesto original, equivalente a 23 por ciento.
La dependencia, entonces a cargo de Juan Francisco Molinar Horcasitas, pagó ese mismo año 2 mil 653 millones de pesos no previstos en su presupuesto en servicios generales para sus oficinas.
De 2007 a 2009, informa la ASF, los capítulos de gasto “Servicios personales” y “Materiales y útiles” aumentaron su presupuesto 60 por ciento. En el mismo lapso, el rubro de “Servicios generales” creció 175 por ciento.
Es decir, durante la primera mitad del sexenio calderonista las áreas del gasto que se abultaron fueron precisamente aquéllas que el titular del Ejecutivo propuso reducir desde el inicio de su mandato cuando publicó el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la Administración Pública Federal.
A ese precepto siguieron otros, como el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 y el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2008-2012.
Ambos establecían directrices similares sobre una meta de ahorro de 20 por ciento en los rubros operativo y administrativo; el segundo proponía además que se incluyera la evaluación de los programas para mejorar la “calidad del dinero ejercido”.
Incluso la ley en la materia fue modificada en octubre de 2007 para asentar que los ejecutores del gasto debían tomar medidas para racionalizar las erogaciones administrativa y de apoyo. Y se definió que esos ahorros debían destinarse a inversión en infraestructura y a programas de desarrollo social.
Por si fuera poco, ante el deterioro de la economía derivado de la crisis mundial en 2009 se decretaron medidas presupuestarias adicionales a través de los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009.
Pero en la práctica, estas disposiciones son letra muerta, pues la austeridad gubernamental sencillamente “no existe ni ha existido”, sentencia la legisladora Esthela Damián Peralta, quien forma parte de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados.
La diputada perredista considera que, más allá del discurso, no ha habido un freno en el ejercicio del gasto público ni durante la gestión calderonista ni con sus antecesoras.
Di Costanzo Armenta añade que el gasto público se ha expandido más del ciento por ciento en la última década, a pesar de lo cual las políticas de gasto orientadas a sectores de inversión productiva y social, como educación, salud, infraestructura, energía y combate a la pobreza, han mostrado “magros resultados”.
El diputado del Partido del Trabajo, quien el pasado periodo ordinario presentó una iniciativa de ley para que el gasto corriente y de operación no pueda ser mayor que la mitad del crecimiento económico estimado, considera que el “grave dispendio” que el gobierno federal hace del erario “permite asegurar que una fuerte reducción del gasto es posible y deseable”.
A pesar de las políticas de ahorro y austeridad en la materia, vigentes desde que inició el sexenio calderonista, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que, en los últimos cuatro años, el gasto corriente en la administración pública federal ha aumentado 497 mil 644 millones de pesos.
El incremento –cercano al medio billón de pesos– contempla el crecimiento de 22 por ciento en el pago de servicios personales.
Es decir, que los casi 654 mil millones de pesos que se gastaron en 2007 aumentaron a alrededor de 800 mil millones de pesos para el año pasado únicamente en ese rubro, que incluye el pago de sueldos y prestaciones de los servidores públicos.
Concretamente en 2009, mientras el país atravesaba una crisis económica que dejó sin empleo a alrededor de 700 mil personas, se crearon 2 mil 688 nuevas plazas para la alta burocracia, anota la ASF.
De acuerdo con la información referida por el órgano fiscalizador, al término del primer trienio calderonista el número de nuevas plazas de mando sumaba 50 mil 52, es decir 45 por ciento más que al inicio del sexenio y no obstante los lineamientos de austeridad que limitaban la creación de ese tipo de plazas.
El ramo donde más puestos de elite se crearon durante la crisis fue Gobernación, que incorporó a su plantilla a 1 mil 466 nuevos burócratas en un año.
El crecimiento del gasto en prestaciones sociales para los servidores públicos puede dar una idea del impacto que para las finanzas públicas ha tenido el robustecimiento de la burocracia.
Y es que mientras que en 2007 el gasto en prestaciones del sector Gobernación fue de 725 millones 991 mil pesos, para 2009 la cifra había aumentado a 878 millones 187 mil pesos. En 2010, el monto ascendió a 1 mil 14 millones 853 mil pesos, es decir, cerca de 300 millones de pesos más a los ya de por sí abultados presupuestos de la burocracia en sólo cuatro años.
Dentro de ese ramo, la Secretaría de Gobernación también mereció observaciones de la ASF por incrementos en su gasto corriente durante 2009: en la compra de materiales, ejerció 30 millones 974 mil pesos más de lo aprobado originalmente, mientras que en el amplio capítulo de “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones y jubilaciones y otras” gastó 78 millones 882 mil pesos de más.
Y todo ello con la venia de Hacienda, que autorizó esas ampliaciones en su presupuesto.
Los informes sobre las finanzas públicas que reporta dicha dependencia muestran que la austeridad en el gasto no llegará en lo que resta del sexenio: para este año se ha presupuestado 1 billón 976 mil 305 millones de pesos sólo para gasto corriente.
De ese monto, 846 mil 616 millones serán para servicios personales, 343 mil 326 millones se irán a gastos de operación y 326 mil millones de pesos más servirán para pagar jubilaciones y pensiones.
Mientras tanto, el gasto de capital total será de 646 mil 222 millones de pesos, la mayor parte (636 mil millones), destinada a inversión física.
Tan sólo su más reciente informe trimestral da atisbos de que el gasto corriente seguirá robusteciéndose: en los primeros tres meses de este año se desembolsaron 211 mil 471 millones de pesos, 4.4 por ciento más del dinero erogado en el mismo periodo de 2010.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala en su artículo 61 que la racionalización del gasto no debe afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.
No obstante este precepto, fue precisamente en sus programas prioritarios que las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes aplicaron sus medidas de ahorro en 2009.
Lo hicieron, además, en un año en que la crisis económica minó las finanzas públicas de tal forma que fue necesario ajustar el gasto público. Los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009 que ese año se pusieron en marcha debían afectar sólo el gasto administrativo y de operación.
Sin embargo, el 70 por ciento de las reducciones de la Sedesol se hizo en 24 de los 35 programas presupuestarios de la Secretaría, cuyo titular era entonces Ernesto Cordero Arroyo, ahora encargado de la hacienda nacional.
El “ahorro” de 3 mil 14 millones de pesos impactó principalmente a proyectos como el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades –estandarte del gobierno federal en materia de apoyo social–, al que se le redujeron 635 millones de pesos.
Otros proyectos afectados fueron el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (412 millones), el 70 y Más (606 millones) y el Hábitat (224 millones). Tan sólo en estos cuatro programas recayó el 62 por ciento de las reducciones.
También se registraron “ahorros” en los capítulos de Abasto Social de Leche y de Apoyo Alimentario.
Por si fuera poco, los recursos obtenidos por esas medidas de ahorro no se aplicaron a programas de desarrollo social, aun cuando así lo dispone la ley.
En Comunicaciones y Transportes ocurrió lo mismo, pues los ahorros tampoco se canalizaron a programas prioritarios de la dependencia, además de que las reducciones de gasto se aplicaron en 36 de los 47 programas de servicios e infraestructura que operó la dependencia ese año.
Además, los rubros de servicios personales y de servicios generales no se redujeron; por el contrario, el gasto en servicios personales aumentó 23 por ciento (1 mil 512 millones 983 mil pesos), la mayor parte a razón de incrementos al sueldo base de los servidores públicos de la dependencia y para cubrir gastos operativos.
En el caso de servicios generales, se gastó 50 por ciento más del presupuesto autorizado. La erogación adicional (de 2 mil 653 millones 539 mil pesos) sirvió para cubrir principalmente “gastos por concepto de responsabilidades, resoluciones judiciales y pago de liquidaciones, los cuales no forman parte de la operación de la SCT”, refiere la ASF.
Al gasto en obra pública le adelgazaron 15 mil 765 millones de pesos, más del doble de lo que la Secretaría reportó como reducciones al gasto ese año. Dicho recorte sirvió para ampliar los presupuestos para servicios personales, servicios generales y el capítulo “Participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado”, que comprende las aportaciones a estados y municipios.
Tras detectar estas acciones, la ASF dictaminó que, durante 2009, las medidas de austeridad “no generaron los beneficios previstos para las dependencias en sus programas de desarrollo social y de infraestructura”.
Sumado al incumplimiento de la ley que supone el haber ejercido reducciones en el gasto de programas prioritarios, el diputado Escudero Morales apunta que esos ahorros podrían tratarse de subejercicios.
El presidente de la Comisión de la Función Pública recuerda que ha sido precisamente la SCT la que mayores subejercicios ha presentado en los últimos años de entre todas las dependencias de la administración pública central.
De acuerdo con datos de la SHCP, entre enero y septiembre de 2009 la dependencia acumulaba 1 mil 250 millones de pesos sin ejercer. Aunque en el último informe de ese año Hacienda reportó el subejercicio como “subsanado”, en ese periodo el monto de su “ahorro” fue de 1 mil 639 millones 846 mil pesos.
A decir del legislador del Partido Verde Ecologista de México, ello evidencia la ineficacia del trabajo de las dependencias responsables de ejercer el gasto y de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para vigilar su correcto cumplimiento.
Durante el año pasado, la SCT tuvo un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos, prácticamente el doble que el año anterior, con lo que de nueva cuenta figuró como la dependencia con el mayor subejercicio. La cifra corresponde sólo a los primeros nueve meses del año, pues al final de 2010 la SHCP reporta todos los recursos no ejercidos como “subsanados”.
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