Chilpancingo, Guerrero. Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, alerta que el gobierno mexicano prepara una salida de tipo militar frente a la crisis política que enfrenta a raíz de los hechos de septiembre pasado, en Iguala, y en los que servidores públicos asesinaron a tres alumnos de
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desaparecieron a 43.
“Lo que estamos observando hoy es la preparación del escenario de una salida militar. Una salida sumamente sangrienta y violenta”, dice en entrevista con Contralínea.
La declaración del abogado tiene su origen en la campaña de “descalificación” y “desprestigio”, desplegada desde las esferas del poder público en contra de quienes se han solidarizado con las demandas de justicia y presentación con vida de los estudiantes normalistas.
Dicha campaña alcanzó su clímax el pasado 10 de diciembre, cuando Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, acusó que los padres de familia de los jóvenes desaparecidos forzadamente están siendo “manipulados” por “grupos” y personas quienes “lucran” con su dolor para alcanzar objetivos individuales o de grupo.
Dos días antes, habían iniciado formalmente los señalamientos públicos en contra de defensores de derechos humanos y activistas de Guerreo, solidarizados con la causa de Ayotzinapa. Sin especificar el origen de la información, Reporte Índigo reveló que personajes como Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, están en la mira del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por ser considerados “peligrosos para la gobernabilidad”.
Además, por sus presuntos vínculos con grupos “subversivos” como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, la Organización del Pueblo Indígena Mepha’a, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Al respecto Rosas Sierra, representante legal de los familiares de los normalistas detenidos-desaparecidos, señala: “Yo creo que puede haber una intervención militar y eso le daría un sentido diferente a la institucionalidad. Habría un quiebre de las instituciones en México, si es que toman el liderazgo las fuerzas armadas para resolver esta crisis”.
Y agrega: “A nosotros, como defensores de derechos humanos, nos parece muy riesgoso que hoy asuman posturas políticas las fuerzas armadas y que pretendan trazar una línea de cómo debe resolverse la crisis que ocasionaron los hechos de Iguala”.
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