La fórmula es sencilla: corrupción a gran escala hasta debilitar la estructura económica de un país a la que se suman maniobras para formular leyes, normas, decretos y regulaciones a su favor; se añade un intenso accionar entre los actores políticos legales para acceder al control político y territorial, y el resultado es la captura del Estado. Esa ruta, que fue exitosa en Colombia, parece reproducirse en México, aunque con una diferencia: “Aquí están aprendiendo más rápido”, señalan analistas del país suramericano
El negocio ilegal y la corrupción extendida no fueron hechos aislados o individuales, sino parte de un proceso de transformación social, económica y política denominado “captura del Estado”, un proyecto por el cual los grupos ilegales colombianos se valieron de alianzas con grupos legales para lograr “legitimidad social”, influencia en el Estado y cambios fundamentales en el régimen político. “Y eso es lo que queremos advertir a los mexicanos”, expresan los investigadores Jorge Luis Garay Salmanca, Isaac De León Beltrán y Eduardo Salcedo Albarán.
Ellos pertenecen a la organización colombiana Fundación Método, un grupo interdisciplinario de investigación en ciencias sociales que descifró la fórmula por la que los grupos ilegales colombianos obtuvieron el control del país suramericano. Garay Salamanca, director académico del grupo, precisa que aunque la situación de Colombia y México difiere en el entorno y los procesos, en ambos países “el proceso de captura del Estado no ha concluido, sólo se transformó, pues vienen nuevos actores y nuevos procesos”, ya que la rotación de sus actores es una de las claves de las mafias y del crimen organizado; “ésa es su esencia”.
Para conocer el alcance de la captura del Estado colombiano, los analistas examinaron numerosos procesos judiciales contra los involucrados en la denominada narcoparapolítica, un término que refiere a la expansión de los paramilitares y del narcotráfico y a su fusión y que en su primera parte alude a la infiltración de las mafias del narcotráfico en el ámbito político: Congreso, gobierno local y nacional, en la justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía, así como en grupos económicos nacionales y trasnacionales.
En su segunda parte, apunta al proceso ocurrido en 223 municipios colombianos entre 1999 y 2003 y que se fortaleció en 12 departamentos donde surgieron movimientos políticos que reunían a candidatos tradicionales con otros desconocidos y que ganaron en las urnas desde donde proyectaron su influencia. Esos partidos o movimientos políticos tornan muy difusa cualquier infracción penal y “así comienzan a transitar hacia esa captura que trasciende el ámbito económico hasta consolidar el poder territorial o, incluso, hasta la cooptación del Estado”, manifiesta Garay Salmanca.
Durante la investigación La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, los integrantes de la Fundación Método descubrieron que a medida que los grupos ilegales acceden a más poder económico, más poder territorial y más poder militar, buscan la legitimación social. Dice Jorge Luis Garay: “Las fronteras morales frente a lo legal e ilegal se transforman” y mayor es su capacidad de innovación y transformación e influencia.
Esto es posible porque en algunas instancias se considera que el narcotráfico es un crimen aislado, una anomalía, pero en la medida en que avanza el proceso de captura del Estado los fenómenos asociados a ese delito ya no son sólo un tema de narcotraficantes. Al prosperar económicamente, los grupos ilegales aliados a instancias legales actúan a la manera de la mafia italiana porque necesitan blanquear sus ingresos y acceder simultáneamente a actividades “legales” de legitimación social.
De ese modo se busca que su base de capital y de poder tenga un carácter legal, por lo que no se trata ya de casos aislados de corrupción y delitos, sino de una tendencia por acceder al poder. Para avanzar en ese proyecto, se combinan las diferentes instancias y formas de intervención: financian campañas políticas, fundan movimientos o crean partidos para asegurar lealtades. Eduardo Salcedo, del grupo de investigadores entrevistados, recuerda que como parte de ese proyecto de captura, Pablo Escobar Gaviria fungió en 1982 como representante suplente del Congreso por el Partido Liberal.
En la investigación se muestra cómo en el período de 2006 a 2007 en Colombia se aprobaron leyes que favorecían a los victimarios.
Un producto de esa pesquisa fue la localización de un pacto firmado por una aspirante a la alcaldía de una ciudad colombiana, quien se comprometió a brindar canonjías a los narcoparamilitares: otorgarles el control del 10 por ciento de las obras públicas que realizara su administración y servicios de salud.
Ese compromiso (traducido en un documento firmado) es la expresión de un proyecto que combina todas las instancias y formas de intervención para, en primer lugar, arrancar a los gobiernos locales parte de los recursos públicos a través de la corrupción administrativa sistemática, y a nombre propio (de los grupos ilegales) decirle a la población “yo le aseguro la salud porque yo administro esos recursos”, como ocurrió con los paramilitares que dominaban una región y sustituían las funciones sociales del Estado en su beneficio, apunta Salcedo.
Adicionalmente se presenta otro mecanismo fundamental para la captura del Estado, el de proveer seguridad en medio del clima de violencia. Así lo corroboraron los investigadores tras los encuentros que sostuvieron con magistrados, funcionarios de órganos de control, congresistas, periodistas, expertos y ciudadanos, así como con instituciones como Transparencia por Colombia y la Fundación Avina, que fomenta vínculos entre líderes sociales y empresarios para el desarrollo sostenible de América Latina.
Desde la última década del siglo pasado, el Banco Mundial introdujo el concepto de “captura del Estado”, aunque lo acotó a los intereses económicos de empresas y corporativos. En contraste, los colombianos Garay, De León y Salcedo detectaron que en la captura del Estado, tal como se manifiesta en su país, hay actores ilegales en busca de poder e influencia y que solos o aliados con grupos legales logran que se emitan leyes, normas, conductas y políticas favorables a sus intereses no sólo económicos, sino también judiciales (penales), políticos y sociales.
En esa nueva fase se apunta a transformar el entorno político hacia un Estado mafioso con procedimientos sofisticados conocidos como la “captura instrumental de los partidos políticos”, que consiste en recurrir a partidos y movimientos políticos, es decir, instituciones democráticamente legítimas para acceder al núcleo sistémico del Estado. Es entonces cuando los grupos criminales se plantean que esa ilegalidad avance hacia una legitimación social, que sean aceptados por la sociedad.
En el caso colombiano, ese proceso de captura fue rápido por el narcoparamilitarismo y su influencia que llegó a cooptar las regiones y departamentos donde el Estado era más débil. “Es una especie de fruto o resultado del lobby empresarial”, dice Garay. Agrega que los procedimientos a los que se recurrió en Colombia para capturar el Estado fueron “drásticos, efectivos y más sofisticados que el soborno, como la intimidación y delitos contra la vida que les permitió operar efectivamente en el corto plazo”.
Si en la captura del Estado se utilizaron mecanismos como la coacción, la intimidación o la financiación de campañas y políticos para comprar y asegurar lealtades –que a su vez son temporales–, la “reconfiguración cooptada del Estado” es un proyecto político económico y social más profundo que se apuntala en las normas y leyes que favorecen de modo más perdurable sus intereses para penetrar en el aparato estatal y en la sociedad con el objetivo estratégico de hacer un Estado a modo.
Para ello, se cooptan las instancias más avanzadas del Estado. Esto fue evidente de 2006 a 2007 cuando en Colombia se aprobaron leyes que favorecían a los victimarios (paramilitares, narcotraficantes y grupos señalados por violar derechos humanos) “con la anuencia o no del gobierno central o por lo menos con su no oposición”; ese proceso reconfiguró normas fundamentales del estado social de derecho.
En el proceso de captura del Estado, los grupos ilegales extienden su influencia al exterior o establecen alianzas con grupos extranjeros para lograr su objetivo, explica Isaac De León, autor del libro El crimen como oficio: ensayos sobre economía del crimen en Colombia (2007). Es entonces cuando tuvo lugar el pacto entre grupos ilegales colombianos y mexicanos. Afirma que en este momento “los criminales mexicanos están aprendiendo”, aunque ese proceso de aprendizaje criminal es más acelerado que el de los colombianos.
“Va mucho más rápido porque, primero, ya hay una división internacional del trabajo en el mercado de las drogas, donde los colombianos han cedido su posición de acceso en el mercado norteamericano a favor de los mexicanos”.
?¿Qué han aprendido los colombianos?
?Que no necesitan manejar toda la cadena de abastecimiento y, por ende, decidieron introducir la droga a México en lugar de hacerlo hasta Estados Unidos; aunque ganan menos, se evitan disparar todas las alarmas de las autoridades mexicanas y estadunidenses. Ellos tienen un conocimiento muy especializado en tecnologías de desarrollo de submarinos y de transporte de carga marítima; traen la droga a México aprovechando su gran zona marítima-pesquera y dejan la distribución a los grupos ilegales mexicanos. El razonamiento tras ese pacto mutuo fue “que los mexicanos se ganen más plata a cambio del riesgo de enfrentarse a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés). Con esa forma de operar, los colombianos se quitan la tensión de los estadunidenses y la ponen sobre México.
En esa nueva organización, los mexicanos “están aprendiendo a administrar la fuerza” bajo la lógica de que no se desarrolla para enfrentarse a la fuerza pública, sino para controlar territorio y población, y cuando lo logran, así como sostener una economía legal e ilegal eficaz, su pensamiento es: “Ya eres un criminal exitoso, por eso no te confrontas con el Ejército, más tarde lo vas a cooptar, a hacerlo parte de ti”.
Por su parte, Garay Salmanca, también autor de Repensar a Colombia: hacia un nuevo contrato social y director del Proyecto de verificación sobre las políticas públicas de los desplazados forzosos en aquel país, refrenda que los cárteles mexicanos aprendieron “muy rápido que la capacidad de intimidación está en la fuerza y lograron doblegar a los cárteles colombianos”. A pesar de que en un inicio intentaron utilizar el territorio mexicano para sus fines, las organizaciones locales los detuvieron cuando apelaron a la fuerza que tienen por las redes locales que han construido y por el poder que les da su presencia en todo el espacio nacional. “Fue parte negociación y parte imposición. Claro que ha habido fuerza, eso no es gratuito”.
La actuación del Ejército en el combate a la delincuencia es un tema que provoca debate en México y Colombia. En aquel país, la discusión sobre la militarización de la política antidrogas ha sido compleja, indican a Contralínea los integrantes de la Fundación Método, pues en Colombia la coca se comenzó a producir en la década de 1990 en respuesta a la demanda del mercado estadunidense. Esto ocurrió a diferencia de México, en donde no se produce la planta de coca, cocaína ni heroína y sí algunas drogas sintéticas.
Al lanzarse en aquel país la “lucha antinarco” se propuso militarizar el combate contra la producción de la base y el procesamiento desde las policías y el Ejército (pues la comercialización se realiza en el exterior) y entonces entró el Ejército en un combate que se hizo más abierto con el Plan Colombia en 2000. En ese momento, el debate se centró en las posiciones a favor de la participación de las fuerzas armadas contra el narcotráfico y los grupos ilegales aliados, y en contra de esa intervención, porque el Ejército sólo debía resguardar la seguridad nacional.
Sin embargo, explica Garay Salmanca, la insurgencia colombiana se desenvolvía en un medio rural. Después de los ataques del 11 de septiembre, los temas del narcotráfico y el terrorismo ingresaron en una lógica simbiótica a la luz de los intereses estadunidenses y entonces el Ejército comenzó a ejercer funciones de control ciudadano, en el campo y la ciudad.
En ese escenario, el Ejército deja ser el actor neutral del monopolio de la fuerza del Estado y “pasa a tener intervenciones en favor de ciertos intereses que no son necesariamente los del Estado constitucional”. Por esa razón observa en México una tendencia a considerar que la corrupción de algunos agentes o funcionarios es el tema principal del debate sobre las fuerzas armadas, “y no debe serlo, pues así sólo se legitima la actuación militar en esas tareas”.
En su opinión, en el caso del Ejército Mexicano el debate va más allá, pues la lucha contra los grupos ilegales se libra en terrenos urbanos, “y esto lleva a un problema muy grave que es la presencia permanente del Ejército en las ciudades no por razones de seguridad nacional, entendidas como la defensa de la soberanía tradicional, sino en la lucha contra el crimen organizado”. Garay advierte que “hay que tener claro que esa intervención implica la institucionalidad del monopolio de las armas, lo que significa un cambio muy importante, pues en un estado de derecho esa presencia no puede ser de carácter permanente” porque acarrea problemas complejos de violaciones, muchas veces de derechos humanos y de relación ciudadano-ejército que puede ocasionar, incluso, hasta desestabilizaciones.
Ya en esta fase del proceso el ciudadano de la calle no tiene nada que hacer, afirma Isaac Beltrán. “Está a merced de estructuras organizacionales muy grandes y muy ricas, quedan de sándwiches”. Por su parte, Eduardo Salcedo describe que, en etapas de corrupción normal, no sistémica a gran escala, sí se puede esperar que la sociedad civil juegue un papel muy activo en las exigencias y cumplimiento de los planes de gobierno, pero cuando ya avanzó el proceso de captura y reconfiguración cooptada, el ambiente es muy violento y sería irresponsable achacarle a la sociedad civil la posibilidad de intervenir, “aunque debe intentarse fortalecerla siempre”.
En la lógica del crimen organizado y la élite crecientemente ilegal, la única forma de cooptar al Estado es a partir de desactivar la movilización ciudadana para evitar que sirva de contrapeso a este movimiento. Y en la primera etapa para desactivar esa resistencia se recurre a la intimidación y el miedo, aunque, paradójicamente, a mediano y largo plazo se da un proceso sostenido de corrupción sistémica en el que incluso los grupos criminales comienzan a usar a la sociedad civil para legitimarse a sí mismos.
Fuera de la coacción, simultáneamente ejercen funciones sociales del Estado para su beneficio, agrega Garay Salmanca, y advierte que también la seguridad se convierte en un bien que se ofrece o rechaza.
Otros Estados capturados
Agregaban que esa captura se logra a través de intentos de las empresas para influir en el marco legal y reglamentación del Estado a cambio de pagos ilícitos –con carácter privado– a funcionarios públicos. Ambos desarrollaron un método para medir esa forma de corrupción a gran escala al analizar 4 mil empresas en 22 países en transición.
Los autores partieron de datos de la encuesta Business environment and enterprise performance surrey, realizada conjuntamente por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, de 1999 y 2000. La información se recolectó por medio de entrevistas personales en 22 países con gerentes o propietarios de entre 125 y 150 empresas, aunque en Polonia se realizaron muestras aleatorias en 250 empresas, 550 en Rusia y 250 en Ucrania, en las que se determinó el tamaño de la empresa y el régimen de propiedad.
El trabajo de los autores se concentra en una gráfica que aparece bajo el título “Medición de la captura del Estado en 1999”, y en la que figuran los nombres de países como Azerbaiyán (con un índice de captura del 40 por ciento), Belarús, Bulgaria, Croacia (con un índice de 29 y 28 por ciento, respectivamente), la República Checa, Eslovenia, Estonia, Georgia, Kazajastán, Moldavia (un índice de 38 por ciento) Hungría, Rusia (índice de 31 por ciento), Ucrania y Uzbekistán.
Al pie de esa gráfica se aclara que ese índice se construye como “la proporción media de empresas que respondieron que sus operaciones se habían visto directamente afectadas por pagos privados efectuados a funcionarios públicos” con el fin de influir sobre las decisiones que debían adoptarse en instituciones como el Parlamento, Poder Ejecutivo, Banco Central, Tribunales civiles y penales y partidos políticos.
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