El ensayo temático La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advierte que el país asciende rápidamente en la lista mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y adolescentes que va desde el maltrato físico hasta el homicidio.
México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
De reciente publicación, el reporte apunta que la violencia más extendida en el país es el castigo corporal con fines disciplinarios, seguido por el maltrato infantil físico y sicológico, la omisión de cuidados y los tratos humillantes. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) registra más de 20 mil casos comprobados de maltrato infantil a través de sus instancias estatales.
En México, señala la Redim, aún no existe una legislación profunda que regule y proteja a niños y niñas en contra de la violencia. Dentro de los motivos, ubica el escaso conocimiento sobre los derechos de la infancia, la ausencia de datos estadísticos que permitan analizar las causas y efectos de la violencia y la falta de mecanismos de participación infantil que promuevan la opinión, exigibilidad o denuncia.
Respecto del número de casos, asegura que es difícil cuantificarlos debido al subregistro por factores externos, como la ilegalidad de este tipo de actividades y a elementos subjetivos o de interpretación de la agresión que no siempre permite identificar, distinguir y reconocer la presencia de violencia.
El Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas 2007 define ésta como el maltrato o la vejación de menores de edad que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales que originen un daño real o potencial para su salud, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
“La exposición temprana a la violencia –enuncia Paulo Sérgio Pinheiro– es crítica porque puede tener un impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales.”
México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos de los Niños que establece que “los países miembros deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o trato negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que esté a su cargo”.
En 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas se dijo preocupado por el elevado número de casos denunciados de violencia en el hogar y abuso de niños, la falta de medidas preventivas y de combate a estas prácticas. Por ello, recomendó al gobierno mexicano intensificar sus esfuerzos para elaborar un sistema que facilite la reunión de datos sobre los niños menores de 18 años que necesitan protección especial.
Además, sugirió en temas como la tortura, el abuso, el descuido y los malos tratos que se adopten medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia, que se investiguen debidamente los casos y que se asegure que los niños víctimas reciban protección y servicios adecuados para su recuperación y reintegración social.
De manera específica, propuso que se enmendaran las leyes federales y estatales para asegurar la prohibición del castigo corporal en todos los entornos, así como que se tipificaran como delitos penales la explotación, la trata y el secuestro de niños.
Mientras en México no exista un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y el Sistema para el DIF carezca del marco legislativo, recursos y diseño institucionales adecuados, niños y adolescentes seguirán viendo altamente vulnerados sus derechos, advierte la Redim.
El DIF recibió, en 2009, 22 mil 129 denuncias por maltrato infantil. Aunque existan pruebas en los casos, la Redim admite desconocer la razón por la que son tan pocos los llevados a las autoridades judiciales. Y es que la relación entre la comprobación de las acusaciones recibidas y las presentadas a las autoridades judiciales es mínima.
En La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales, ejemplifica que, en Oaxaca, el segundo estado con más denuncias realizadas, de más de 4 mil acusaciones, sólo 75 son comprobadas ante el Ministerio Público. Mientras que en Colima, únicamente el 0.76 por ciento sigue un procedimiento jurídico o penal, aun cuando es el estado donde hay una mayor comprobación de casos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce la insuficiencia en el registro y recomienda construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil para conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niñas, y dar la atención necesaria a las víctimas de violencia.
El maltrato físico es el tipo de violencia contra menores de edad de mayor incidencia en el centro del país. En 2009, se contaron 15 mil denuncias y únicamente el 52 por ciento se comprobó y el 21 por ciento siguió un procedimiento jurídico o penal. La asociación civil expresa que si bien se generan más esfuerzos judiciales, éstos siguen siendo insuficientes.
Dentro de la región, el Estado de México es donde hay más denuncias realizadas: 3 mil 700 en 2009, de las que únicamente el 10 por ciento fue llevado al Ministerio Público. A su vez, Querétaro tiene el primer lugar en la comprobación del delito; el 95 por ciento de las imputaciones resultó cierta en 2009. La asociación civil se lo explica de dos maneras: el que los mecanismos de atención de denuncias son eficaces o el que los casos denunciados sean aquéllos donde el maltrato es evidente y la denuncia resulta la última salida.
Del Noroeste del país, Nuevo León es el estado que presenta la distancia más importante entre las denuncias de maltrato recibidas, los casos comprobados y los que siguieron un procedimiento jurídico o penal. Tiene un porcentaje mínimo de denuncia ante la autoridad, aun cuando los casos son significativos, por lo que, advierte la asociación civil, “los mecanismos de atención y seguimiento no están funcionando adecuadamente”.
La expresión última y más severa de las lesiones por violencia es el homicidio y el suicidio. En México, las muertes por violencia constituyen el 3 por ciento de las defunciones totales. Entre la población de cero a cuatro años, es una de las 20 causas principales de muerte. De acuerdo con el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas, la población menor de 18 años y los bebés son quienes se encuentran en mayor riesgo de sufrir muerte por homicidio.
“En el caso de los niños en la primera infancia –explica la Redim–, este tipo de muerte puede ser encubierto en la mortalidad infantil por causas naturales y por no ser reportado como muertes provocadas; por ende, quedan dentro del subregistro que hace tan difícil el seguimiento y tratamiento de la violencia contra niños.”
Al año, en el país se registran 153 muertes por homicidio en niños de cero a cuatro años y 419 en adolescentes de entre 15 y 17 años. La región Noroeste del país es la que presenta la tasa de mortalidad por homicidio más alta en menores de cuatro años; Chihuahua es la entidad donde la incidencia es mayor, que de 2000 a 2008 registró 40 muertes. Sin embargo, comenta la Redim, “no hay cifras claras sobre niños víctimas indirectas de la ola de violencia en Chihuahua, es decir, a huérfanos de uno o dos padres que ha dejado esta guerra contra el crimen”.
En el centro del país, el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Michoacán concentran el 78 por ciento de los homicidios de menores de 18 años. En la región Sur, ocurren el 18 por ciento de los homicidios contra niños de cero a cuatro años: Chiapas y Guerrero son los que más asesinatos registran.
Desde 2008, la muerte por violencia entre los adolescentes de 15 a 17 años ha aumentado considerablemente. El 50 por ciento de los homicidios y el 71 por ciento de los suicidios se concentran en este grupo. Según la Redim, los estados están entre los peor calificados en tasa de mortalidad por homicidio. La región Noreste comprende casi el 15 por ciento de homicidios de menores de edad. Ello, atribuye la Redim, por las situaciones a las que están expuestos los niños y adolescentes en las fronteras: la delincuencia organizada, la explotación sexual y los crímenes de género. La tasa promedio de entidades como Chihuahua es superior a la nacional. El estado aporta más del 50 por ciento del total de casos en la región, sólo seguido por Durango y Tamaulipas.
El 2 de marzo de 2010 Mayra Vanessa Martínez, de 10 años fue encerrada en un salón con candado por 19 horas como castigo impuesto por la profesora María Dolores Servín. A su madre no le permitieron el acceso a las instalaciones de la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en Uruapan, Michoacán, y le negaron que su hija estuviese dentro. Cuando ella dio parte a las autoridades, el director y la plantilla docente encubrieron a la profesora.
Después de los hechos, comenzó una campaña de intimidación contra la familia de Mayra Vanessa. Ella y Lenin, su hermano, tuvieron que dejar la escuela por el aumento de las agresiones.
La denuncia penal todavía no es resuelta. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH) recomendó el retorno de Mayra Vanessa a su comunidad escolar y sanción a la profesora y al director por la violación de derechos contra la menor.
Según el tercer informe de la CEDH de julio de 2010, la violación al derecho a la educación ocupa el octavo lugar entre los principales hechos violatorios, sólo después de la tortura. La Secretaría de Educación Pública es la tercera entre las autoridades señaladas como presuntas responsables de vulnerar los derechos humanos, con 272 quejas emitidas en su contra y es la primera que incumple las recomendaciones.
“El nivel de impunidad y violación a la ley –dice la Redim– está tan institucionalizado que ni las más altas autoridades del estado de Michoacán logran ofrecer cumplimiento a esta agresión.”
El maltrato físico y verbal, la intimidación, la exclusión social y el abuso de poder dentro de las escuelas son parte de la cotidianidad de alumnos cuando su gravedad y frecuencia se ha incrementado y extendido por todos los rincones del país, advierte la asociación civil en su ensayo La violencia contra niños, niñas y adolescentes. Miradas regionales.
Describe que, en el pasado, la violencia escolar sólo se encontraba asociada a maltratos físicos y emocionales impuestos por los docentes, hecho que ha cambiado con la aparición y expansión del bullying. “Aun así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibe una queja diaria por el maltrato de maestros a alumnos”. El 90 por ciento de los casos sucedió en escuelas públicas.
El estudio Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas primarias y secundarias de México, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), apunta que dos de cada 10 alumnos de primaria y uno de cada 10 de secundaria aceptaron participar en peleas. El 11 por ciento de los alumnos de primaria confesó haber robado o amenazado a sus compañeros, mientras que el 7 por ciento de los alumnos de secundaria dijo que intimidó en grupo a otros.
La Redim explica que contrario a los datos anteriores, donde se observa que la proporción de alumnos que mencionaron haber ejercido violencia no es tan amplia, la cantidad que reconoce haber sido victimizada es mucho mayor.
El 17 por ciento de los alumnos de primaria y el 14 por ciento de los alumnos de secundaria entrevistados por el INEE han sido agredidos físicamente. El 13 por ciento de los adolescentes de secundaria ha sido amenazado y el 2 por ciento de los alumnos de primaria teme asistir a la escuela.
“Los estudios –refiere la asociación civil– indican que, en su forma menos cruel, la violencia daña las relaciones interpersonales, atemoriza y deteriora el clima de seguridad y confianza necesarias para el progreso intelectual, afectivo y moral de los escolares. En su forma más cruel, el hostigamiento prolongado, las burlas y la multiplicidad de conductas agresivas tiene efectos devastadores para los implicados, pues los daña sicológica y moralmente”.
De acuerdo con la Encuesta nacional de la violencia contra las mujeres 2003, una de cada cuatro mujeres dijo haber tenido una relación violenta en su vida. El 42 por ciento de las entrevistadas fueron golpeadas en su niñez por sus padres o familiares. Apunta que existen muy pocas cifras que reflejan la magnitud y características específicas de la violencia basada en género en menores de 15 años.
La Redim refiere que esta encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, apunta que cada dos mujeres de entre 15 y 19 años han sido violentadas, principalmente por su pareja, mientras que la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía arrojó que 67 de cada 100 mujeres de 15 años o más fueron víctimas de algún tipo de violencia.
Existen diferencias entre la cantidad de niñas y de niños atendidos por maltrato, lo que se puede constatar en estados del centro del país. Se atienden más casos de niñas maltratadas que de niños en Colima, el Distrito Federal, Estado de México y Nayarit. Sólo en Michoacán, la proporción es del doble respecto de los niños.
En el Noroeste del país, los porcentajes entre niñas y niños maltratados son muy similares, con excepción de Durango y de Tamaulipas. La Redim supone dos factores: el rezago en la primera entidad, donde persiste el machismo como forma de relación con las mujeres, y el trabajo de la industria maquiladora realizado por mujeres. Explica que las madres, al depositar en sus hijas la responsabilidad de los hogares, utilizan el castigo corporal ante las fallas en las tareas domésticas.
Menciona que los datos sobre violencia sexual son los más agraviantes. Dos de cada 10 mujeres son víctimas de este delito; el 7 por ciento sufrió de violencia sexual antes de los 15 años.
“Este atentado contra la dignidad humana presenta otra característica expresada en la variable de género que, a diferencia de otros tipos de violencia, evidencia la mayor vulnerabilidad de las niñas a sufrirla”, expresa la asociación civil.
En México, el 77 por ciento de las víctimas es niña. El promedio de edad de las afectadas es de 5.7 años; en la mayoría de los casos, la víctima conocía a su agresor. En el 19 por ciento de los casos, el atacante fue un hermano; en el 18 por ciento, un padrastro; en el 16 por ciento, un tío, y en el 15 por ciento, un padre.
La Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006 señala que en México casi 36 millones 500 mil personas viven en hogares donde existe uno o más tipos de violencia contra la mujer. En estos lares, la mayor cantidad de habitantes son menores de 14 años, es decir, que cuatro de cada 10 niños menores de 14 años viven en un entorno familiar donde sus madres o tutoras son agredidas.
Aunque actualmente todas las entidades federativas cuentan con leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no todas se encuentran en armonía con la ley general. “Es importante destacar que estos marcos jurídicos invisibilizan a niñas y adolescentes dejándolas sin protección, pues no reconocen que la violencia de género inicia en la infancia”.
El ensayo temático indica que las leyes estatales de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas son las menos armonizadas respecto de la contemplación de diversas acciones de atención, las órdenes de protección y programas estatales. Además, no armonizan conceptos sobre violencia, víctima, agresor y derechos humanos.
Advierte que estas definiciones son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Para la Redim, es necesario contar con un sistema integral de protección de derechos de la infancia donde los programas de apoyo social tengan como ejes la no discriminación, participación, el desarrollo y el interés superior de la infancia.
Aun cuando la percepción social considera al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como el encargado de la infancia, expresa la asociación civil, “en los hechos, carece del marco legislativo, recursos y diseño institucional adecuados para la garantía de derechos de las niñas y niños altamente vulnerados en sus derechos”.
En el contexto de guerra contra el narcotráfico, emprendida por el presidente Felipe Calderón, subraya que es necesario exigir la entrega de información detallada sobre el número de niños que han sido heridos o asesinados en este periodo: “Hay que exigir el esclarecimiento pleno de los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, sometiendo a la justicia a sus autores y cómplices, que se castigue a los responsables e indemnice a las familias”.
Expresa que es vital visibilizar que la violencia contra niños de primera infancia es más común de lo que la sociedad mexicana está dispuesta a reconocer: “Para las políticas públicas, es un factor por considerar en la prevención de riesgos para niños y niñas pequeños, quienes por su condición de edad y dependencia física se encuentran en mayor vulnerabilidad”.
Asimismo, sugiere que se legisle a nivel federal y estatal sobre la prohibición explícita del castigo corporal y tratos humillantes: “El Estado necesita crear un mecanismo permanente de evaluación y monitoreo de la violencia desde los hogares, escuelas y espacios donde niños y niñas se desarrollen”.
Ve como urgente el reformar el artículo 133 de la Constitución a fin de conferir a los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario el mismo rango que la Constitución. Ello significaría que la Convención sobre los Derechos del Niño tuviera un impacto real en el sistema de justicia mexicano.
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