Opositores a la instalación de una minera en la comunidad nahua de Zacualpan, municipio de Comala, Colima, e integrantes de la organización ambientalista Bios Iguana interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside Raúl Plascencia Villanueva, luego de recibir una serie de amenazas contra indígenas de la región y ambientalistas.
Asimismo, en próximos días exigirán la instrumentación de medidas cautelares al organismo encargado de velar por los derechos humanos de los mexicanos.
En el documento dirigido al ombudsman nacional exponen que en octubre pasado indígenas de la comunidad de Zacualpan solicitaron asesoría a la organización ambientalista Bios Iguana, pues en su territorio pretenden instalar una mina a cielo abierto de oro, plata, cobre y manganeso (sobre un territorio de 100 hectáreas), a un kilómetro de su comunidad.
Los comuneros indican que se llevaron a cabo trabajos de asamblea, en cuatro ocasiones; la conclusión fue el rechazo del proyecto. Sin embargo, dice el documento entregado a la CNDH, el presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán Teodoro, violó la Ley Agraria y el Estatuto Comunal, no hizo las actas correspondientes, ni las registró ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Uno de los personajes que apoya la instalación de la mina, aseguran en la queja, es la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz. Para los integrantes de la organización es claro que la dependencia está protegiendo a la funcionaria pública, “tal vez porque la misma procuraduría está involucrada”.
De acuerdo con el documento que se hará llegar al ombudsman nacional, del que tiene copia Contralínea, el acoso comenzó desde el 18 de noviembre pasado, después de realizada una asamblea informativa en la que se daban a conocer los impactos que llevaría la minería a la zona donde se encuentra un manantial que dota de agua a las 3 mil personas que habitan el municipio y beneficia a otras 300 mil de los municipios de Villa de Álvarez y Colima.
Entre los hechos plasmados en la relatoría que se entregará a la CNDH, los ambientalistas y comuneros acusan que: “todo el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan se encuentra amenazado por el expresidente de Bienes Comunales Carlos Guzmán Teodoro, que ha dicho: ‘todos los que andan por delante de la lucha en contra de la mina, saldrán encostalados uno por uno’”. Asimismo, Enrique Carpio Rincón, comisario municipal, ha dicho, refiriéndose a la recién inaugurada oficina del Consejo Indígena: “Se le va aprender fuego a la oficina donde se encuentran documentos, archivos y personas que estén dentro”.
Por ello, solicitan a la CNDH se adopten de manera inmediata las medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad de las personas amenazadas.
Esta petición que será enviada al organismo que preside Raúl Plascencia está también respaldada por organizaciones nacionales e internacionales, como la canadiense MiningWatch, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, entre otras.
