Para 2025 habrá 38 millones de mexicanos en condición de inseguridad alimentaria y México estará en proceso de recuperación lenta y penosa de la crisis de 2022 que se caracterizó por el encarecimiento de alimentos con episodios de acaparamiento y rapiña, derivados de la pandemia de Covid-19, consideran expertos.
En cuestión de salud pública, México arriba a 2025 con deterioros estructurales en el Sistema Nacional de Salud, es casi incapaz de atender enfermedades como sarampión, covid-19, dengue, viruela, diabetes y glaucoma, alerta el experto en análisis prospectivo de escenarios plausibles Mario Vignettes del Olmo.
Se prevé que la pandemia de Covid-19 genere un aumento en los niveles de desnutrición infantil en México, antes de la llegada del coronavirus, el 55.5 por ciento de los hogares ya presentaban algún grado de inseguridad alimentaria, según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Gisamac), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El estudio “Prevención de mala nutrición en niñas, niños y adolescentes en México ante la pandemia de COVID-19. Recomendaciones dirigidas a tomadores de decisiones”, señala que 1.4 millones de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica y casi 663 mil menores padecen sobrepeso u obesidad.
La Covid-19 impactará “más que cualquier otra crisis económica que se haya registrado en un incremento de la desnutrición infantil por disminución de ingresos familiares, cambios en la disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables e interrupciones en los servicios de salud y nutrición”, apuntó Anabelle Bonvecchio Arenas, directora de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del INSP.
Doctor en derecho internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Vignettes del Olmo vaticina que en 2025 la desnutrición es del 20 por ciento si se compara con 2020, y la agricultura familiar de subsistencia llega al 95 por ciento (6.3 millones).
Empero, explica que la agricultura tradicional funge en 2025 como bastión ante la precarización del empleo urbano resultado de la contracción de la demanda en centros de distribución. A pesar de los esfuerzos privados, el agro nacional está aún lejos de su tecnificación.
Vignettes destaca que la agroindustria opera en 2025 con el 80 por ciento de las plazas productivas registradas en 2020 –una pérdida de 2.5 millones de empleos–, contracción que se explica, entre otros factores, por la migración económica, el proceso de desertificación y la proliferación de cultivos ilícitos.
Mientras que el Índice de Productividad Laboral Agropecuario (IPLA) volvió a comportarse de forma ordinaria: 12 por ciento el componente agrícola y 15 por ciento el pecuario en 2024 después de una severa distorsión, advierte Vignettes del Olmo, exdirector de análisis del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Durante el foro virtual México 2025: escenarios y tendencias, exposición presentada en el Webinar en Estrategia y Seguridad, México, CIS Pensamiento Estratégico (septiembre 2020), el catedrático refirió que México continúa en el top cinco de los países con mala nutrición, pese a los intentos gubernamentales de restringir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos chatarra.
“El contexto actual (2025) es resultado de ineficiente financiamiento público debido al debilitamiento de las administraciones federal y estatales, severa restricción de los ingresos federales; y la pérdida de miles de pequeñas y medianas empresas vinculadas a las cadenas de suministros”, subraya el analista.
Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el primer cuatrimestre de 2020, ya en tiempos de pandemia, el superávit en la balanza comercial agroalimentaria aumentó en 11.6 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado; un saldo a favor de 4 mil 843 millones de dólares (506 millones más).
Las exportaciones agroalimentarias (agropecuarias y agroindustriales) aumentaron en 5.5 por ciento y sumaron 14 mil 92 millones de dólares. Solo las agropecuarias sumaron siete mil 324 millones (6.3 por ciento más). Hortalizas, frutas y bebidas, contribuyeron con el 60 por ciento. En 2019, las agroalimentarias llegaron a su nivel más alto en 28 años.
“Un impresionante éxito, que indica el vigor de la agricultura mexicana de alta tecnología orientada a producir alimentos para enviarlos a otros países”, sostiene Abel López Zamorano, doctor en desarrollo económico por la London School Economics, de Reino Unido. Sin embargo, advierte en entrevista que lo preocupante del caso es que mientras estos logros ocurren, su contraparte es la carencia de alimentos en un número creciente de mexicanos.
Señala que el modelo económico está diseñado de tal forma que estos resultados son lógicamente necesarios, y destacados. “La ley de la competencia sin taxativa alguna, la maximización de la utilidad como criterio económico fundamental, los diferenciales de precio, todo en el marco del neoliberalismo imperante, son la circunstancia determinante”.
En su Informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2020, la FAO advierte que en América Latina y el Caribe, pese a su capacidad de producción de alimentos, 47.7 millones de personas (7.4 por ciento) sufren hambre (no incluye aún los efectos de la pandemia).
El Coneval en su informe, La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, estima que hasta 10.7 millones podrían caer en pobreza laboral este año, y otros sectores se harán más vulnerables. Solo entre abril y junio de 2020 aumentó de 37.3 a 45.8 por ciento la población con salario menor al costo de la canasta básica.
El informe de Naciones Unidas El impacto de Covid-19 en América Latina y el Caribe (junio 2020)registra que a finales de 2020 México ocupará el cuarto lugar en porcentaje de pobres y en pobreza extrema.
“El número de pobres aumentará en 11 millones y en pobreza extrema en nueve millones. En pobreza extrema pasarán de 10.6 por ciento a 18.2 por ciento: el promedio regional es 15.5 por ciento. México será el país con mayor aumento en el porcentaje en pobreza alimentaria”, destaca el informe de la ONU.
De acuerdo con la ENSANUT del Inegi, en 2018 solo 14.81 y 18.5 millones de hogares vivían en condiciones de seguridad alimentaria y en inseguridad alimentaria, respectivamente. De estos últimos, 13.02 millones de hogares están en localidades urbanas (donde habitan 49.47 millones de personas), mientras que 5.48 millones en zonas rurales (23 millones de personas).
El Inegi reveló que 10.97 millones de hogares (42.6 millones de personas) viven en condiciones de inseguridad alimentaria leve; 4.69 millones de hogares (18.26 millones de personas) se encuentran en inseguridad alimentaria moderada; mientras que 2.83 millones de hogares viven en inseguridad alimentaria severa (11 millones de personas).
Considerando esas estimaciones, apunta el catedrático Abel Pérez Zamorano, 12.5 por ciento de la población estaría sumándose a la pobreza extrema, por lo cual, “probablemente, las transferencias de la administración federal no estarían teniendo un impacto significativo en mitigar la crisis que vive la población”.
Pérez Zamorano subraya que México enfrenta una auténtica “tragedia humana”, ante la cual “más que el pánico y la desesperación, debe responderse con la acción social y poner urgente remedio a este desastre”. “Y el remedio es cambiar el modelo económico concentrador que da lugar a estos desbalances, para equilibrar la producción entre las exportaciones y el mercado interno”.
México arriba a 2025 con deterioros estructurales en el Sistema Nacional de Salud, es casi incapaz de atender enfermedades como sarampión, covid-19, dengue, viruela, diabetes y glaucoma, alerta el doctor Mario Vignettes del Olmo, consultor en inteligencia y seguridad.
En su análisis prospectivo Escenarios para México (SINO 2020), seguridad sanitaria, afirma que, con base en “la extrapolación de las tendencias observadas en 2020 y en indicadores estructurales, el gasto en salud en 2025 se contrajo en 1 punto del PIB ubicándose en 4.9 por ciento y la inversión privada en el sector cayó 20 por ciento con respecto a 2019”.
Asimismo, sostiene que en 2025 se resiente la falta crónica de profesionales de la salud cuyo volumen no se ha recuperado desde la pandemia de 2020, mientras que la eficacia de las campañas de vacunación se ha reducido notoriamente.
Pronostica que en 2025 se consolida administrativamente el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pero el abasto de medicinas e insumos médicos es precario por quinto año consecutivo, y el Insabi centraliza los servicios de salud pública, pero con muy baja calidad.
“La cobertura es únicamente del 65 por ciento, lo que significa un decrecimiento del 11 por ciento respecto de 2017, resultado del abandono de los programas de salud reproductiva y por la precarización del desempleo. Las iniciativas enfocadas en el etiquetado de alimentos y en la desincentivación del consumo de comida chatarra fracasaron”, refiere Vignettes del Olmo.
Indica que en 2025 el 68 por ciento de adultos presenta obesidad, implica una contracción del 4.5 por ciento con respecto de 2018, producto del deterioro de la economía popular que reorientó el consumo a alimentos poco procesados derivados de la agricultura de autoconsumo.
“El contexto actual (2025) es resultado de malos hábitos, el pueblo mexicano continúa siendo el segundo mayor consumidor de bebidas azucaradas; hay pobre gestión e ineficacia administrativa en el sector salud, se refleja en el fracaso de la estrategia pública para emular las redes privadas de distribución de medicinas e insumos”.
Lo anterior, en virtud de la restricción presupuestal que mantiene al sector salud operando en condiciones precarias y la mala calidad de insumos médicos derivada de las compras consolidadas directas, refiere en experto.
En diciembre de 2019 se aprobaron la nueva Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud Pública, y se decretó la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi para enero de 2020, cuyo propósito es brindar medicinas y servicios de salud gratuitos a la población sin seguridad social y garantizar el acceso universal a los servicios sanitarios en México.
Sin embargo, desde su fundación, hace siete meses el Insabi no cuenta con reglas de operación, tampoco con reglas financieras e incluso, un plan para su implementación, por lo que la declaración de la universalización de la salud resulta insuficiente para que ese derecho se concrete, señala el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES) en su análisis Dos años de presidencia de López Obrador, resultados y perspectivas (septiembre 2020).
Señala que en el Insabi sería suficiente una identificación y no ser derechohabiente de otra institución de salud para tener acceso a los servicios de salud en calidad de gratuitos. No obstante, durante los primeros meses de su fundación el Insabi cobró todos los servicios de tercer nivel y, desde finales de marzo de 2020 solo cubre 66 intervenciones de este nivel.
En virtud del cambio del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud que dejó su lugar al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, para definir qué medicinas y servicios serían efectivamente gratuitos, hay pacientes que ahora tienen que pagar medicamentos e insumos que antes eran gratuitos, como quimioterapias, radioterapias, trasplantes de órganos y hemodiálisis.
Así como enfermedades que no cubre el Insabi que atienden los institutos nacionales y los hospitales federales de alta especialidad, servicios médicos especializados, tienen un costo elevado.
Hasta el momento, el financiamiento del Insabi no está completamente claro, pues para alcanzar la meta planteada y para solventar los gastos de la transición, como los pasivos laborales de las entidades federativas que se adhieran al nuevo instituto, se requiere un incremento considerable en el presupuesto y una restructuración financiera, cuestiones que no fueron consideradas en el PEF 2020.
El Insabi requería un equivalente a 3.2 por ciento del PIB de 2019 solo para cubrir la oferta médica (el costo de atención) que promete el gobierno federal, seis veces más de lo presupuestado ese año. Este monto supera el gasto nacional público y privado en el sector que ese año representó 2.7 por ciento del PIB. El PEF 2020 destinó al Insabi 112 mil 538.3 millones de pesos, cantidad similar a la de años anteriores.
El CEMEES, institución sin fines de lucro ocupada en la investigación y divulgación en temas de economía, sociedad y cultura, considera que, si bien el Insabi es un organismo reciente, le falta madurar y ganar estabilidad, su evaluación es difícil porque sus deficiencias han sido más evidentes por la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, destaca que eliminar el requisito de afiliación para tener acceso a los servicios de salud pública significaría un avance en el tema de universalización, “pero los nuevos costos de los servicios, que antes no se pagaban, han dejado en promesa la salud gratuita para todos”.
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