“Nos dimos cuenta de que Grupo México es una empresa muy grande y poderosa, que pesa más ante los intereses económicos que el poder dar una justicia a las familias”, sentencia Elvira Martínez Espinosa, quien perdió a su esposo Jorge Vladimir Muñoz Delgado aquel 19 de febrero de 2006, cuando colapsó la mina Pasta de Conchos y provocó la muerte de 65 mineros. Con esas palabras describe la injusticia para unos, y el manto de impunidad para el magnate Germán Larrea Mota-Velasco y su corporación.
Integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, Elvira Martínez dice a Contralínea que estos 15 años han significado “un caminar muy largo, en el que nuestro mayor anhelo ha sido la recuperación de los restos”.
La tragedia se anunció meses antes, pero ninguna autoridad fue capaz de prevenirla. La alerta de un fuerte olor a gas en la mina ocho de la unidad Pasta de Conchos se dio desde diciembre de 2005, recuerda Cindy Fabiola García Camacho, hija de José Guadalupe García Medrano, uno de los 63 mineros que permanecen atrapados desde el derrumbe en la carbonífera de Grupo México.
La joven, que apenas tenía 15 años, rememora que cuando ocurrió aquel desastre la noticia llegó de sorpresa a su familia. Ese día, ella y sus hermanos quedaron en la orfandad total (su madre falleció años antes). La radio anunciaba el siniestro en Nueva Rosita, Coahuila, ocurrido la madrugada del domingo, mientras el llanto y la desesperación en su casa no paraban.
Desde entonces, el pedir justicia a cuatro administraciones federales –los últimos meses del gobierno de Vicente Fox Quesada, los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto y los dos primeros años del presidente Andrés Manuel López Obrador– ha sido “agotador y muy triste, porque nosotros teníamos la esperanza de que fueran rescatados, como nos decían en un principio. Nos decían que ya iban a llegar a ellos, que ya los iban a rescatar y, luego, nos dicen que ya no. A partir de entonces, ha sido un calvario”.
Cindy Fabiola es una de las firmantes de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en su sesión 2115 del 24 de febrero de 2018, para juzgar al Estado mexicano por “la falta de investigación sobre la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la mina de carbón llamada Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila, concesionada por el Estado al Grupo Industrial Minera México, SAB de CV”.
Además, “alegan que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social [entonces bajo la tutela de Francisco Javier Salazar Sáenz] tenían conocimiento de las condiciones de alto riesgo que caracterizan a la industria del carbón, así como de diversas fallas de seguridad documentadas en la mina Pasta de Conchos a través de las inspecciones allí realizadas a partir de 2000 y que ponían en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores”.
El documento presentado ante la CIDH sostiene que las autoridades estatales no dieron seguimiento “puntual, rápido y efectivo a la subsanación de aquellas irregularidades, por lo cual sostienen que el Estado es responsable por haber incumplido sus deberes de contralor”.
La tragedia se enmarcó en un contexto de políticas de ajuste estructural y desregulación de los derechos laborales en México, a partir del año 2000, lo que ha conllevado a la “progresiva tercerización del empleo y a la reducción del presupuesto destinado a la función de la inspección”. Los demandantes agregan que “las empresas dedicadas a la explotación minera en México se han proyectado como uno de los sectores de mayor rentabilidad económica mientras que los trabajadores mineros y sus familias constituyen una población que vive en condiciones de pobreza y marginación”.
“Llegamos a los 15 años, ¡increíble! Algo está muy mal en este país para que unas víctimas tengan que transitar 15 años de sufrimiento para que se les escuche, porque no es que hayan reparado el daño, que haya empezado el rescate: no ha pasado nada”, dice Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos.
La defensora de derechos humanos que ha llevado el caso ante la CIDH expone que, aunque el gobierno del presidente López Obrador ha prometido iniciar el trabajo de rescate a partir del 1 de septiembre de 2021, éste se ha convertido en un “caso emblemático”, porque a partir del rescate se requerirán de 5 a 8 años para que se concluya.
“¡Cómo es posible: 20 años!, ¿qué quiere decir?, que puede suceder algo, lo que sea, en una mina de carbón y el Estado o quien gobierna en ese momento decide que así lo va a dejar. Quiere decir que la víctima necesita empeñar 20 años de su vida para que se le haga justicia”, acusa Auerbach Benavides.
El 23 de octubre de 2020, el primer mandatario reiteró su compromiso con los deudos. Al visitar la mina de carbón donde fallecieron 65 mineros, aseguró que el “Estado mexicano va a iniciar la reparación de un daño que se causó a las familias de los mineros y, desde luego, reparar el daño que significó esta terrible tragedia”.
Además, en un comunicado dirigido a la CIDH, el titular del Ejecutivo indica que ha “instruido a las autoridades competentes de mi gobierno a iniciar un proceso de negociación con dichos familiares para que se logre un acuerdo de solución amistosa. Ello, como muestra del compromiso del Estado mexicano de velar por los derechos humanos en nuestro país”.
Entre las acciones, mencionó, indemnizaciones para cada una de las 65 familias; diálogo con los deudos; destinar recursos para el mejoramiento de las comunidades de Nueva Rosita y el rescate de los cuerpos, a través de la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Bartlett Díaz.
Al respecto, familiares de las víctimas comentan que es la primera vez que un gobierno les brinda atención. “Yo recuerdo que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la verdad nos daban el avión, no nos hacían caso. Ya cuando entró López Obrador fue el que se comprometió con la familia, con nosotros, a hacer el rescate… Los gobiernos anteriores decían que no se podía nada, pero no nos daban una prueba de que realmente no se podía hacer nada. Ahorita, que entra este gobierno, empiezan a hacer estudios y nos dicen: se puede hacer esto o no”, comenta Fabiola García.
La esperanza permanece. No obstante, la directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, cuestiona: ¿por qué CFE? No tiene experiencia en minería del carbón y menos en rescate minero. Quién ya tenía la propuesta era el Servicio Geológico Mexicano.
Acusa que ese mismo octubre, las familias entregaron en mano una carta a Manuel Bartlett, “diciendo tenemos que sentarnos a hablar y es hora que ni siquiera nos responde”.
Otro de los padecimientos que han tenido que enfrentar las familias de las víctimas es el abandono por parte del Sindicato Minero, entonces liderado por Napoleón Gómez Urrútia, quien horas antes de que se llegara a este aniversario declaró desde su curul senatorial: “será un infame testimonio para la posteridad, ya que sigue impune a 15 años del derrumbe de la mina”.
La petición ante la CIDH señala que una denuncia interpuesta por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, acreditó “la responsabilidad penal directa de diversos empleados de la empresa por causar imprudencialmente el accidente que provocó la muerte de los 65 mineros”.
De esa imprudencia ya se hablaba en los hogares de los mineros, relata María Trinidad Cantú Cortés, madre de Raúl Villasana Cantú, un hombre de, entonces, 32 años que quedó atrapado en la mina Pasta de Conchos.
En entrevista, doña Trini recuerda que Raúl, quien se desempeñaba como removedor de pilotos (esos que sostienen el techo de la mina) hablaba con sus padres que sus superiores habían ordenado quitarlos para acomodarlos más adelante. “Yo pensaba y creía que estaba bien, pero mi marido no. Le decía: ‘no mijo, eso no se debe de hacer porque si tú vas quitando de atrás hacia adelante, esa mina se te puede venir en la cabeza’. Entonces, decía él: ‘apá, pero qué podemos hacer, si ahí te obligan y te dicen que tienes que mover todo eso hacia adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Dónde nos tenemos que quejar? Yo sé que eso está mal, que no puedes hacer eso si no meter otra herramienta para ir sosteniendo y que todo eso se vaya quedando’”.
La mujer también perdió a su marido 4 años después de la tragedia, porque no soportó la ausencia de su hijo Raúl y falleció de un infarto. Por ello cuestiona: “entonces, ¿para qué sirve un sindicato? ¿No sirve para proteger a esas personas?, yo pienso que un sindicato debería de haber puesto atención en eso porque debía haber tenido la seguridad en ellos, pero no”.
Y, aunque los familiares no han visto avance en torno a la recuperación de los cuerpos por la pandemia de Covid-19, otorgan un voto de confianza para que el Estado resuelva el caso o lleguen las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta “analizará en etapa de fondo si los procesos judiciales internos cumplieron con las garantías del debido proceso y protección judicial, y ofreció las debidas garantías de acceso a la justicia de las presuntas víctimas en los términos de la Convención Americana”.
Para Elvira Martínez la esperanza de recuperar los restos de su esposo sigue viva. Aunque en los sexenios anteriores se toparon con negativas, ahora “ya no es el PRI ni PAN. Lo primero que nos dijeron fue que contábamos con su apoyo personal e institucional… Se hizo el compromiso público del Ejecutivo para realizar el rescate”.
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La organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) detectó en 2019 que la empresa de Germán Larrea ha sido detonante de conflictividad en el país.
Entre los casos que Poder ha documentado se encuentran: “En 2004, una deuda de más de 14 años provocó que los trabajadores de dos minas de Grupo México en Cananea (Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre) estallaran en huelga.
“En 2006, 65 trabajadores quedaron atrapados en Pasta de Conchos por una explosión debida a la acumulación de gas metano. La mina, operada por Grupo México, tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. La empresa suspendió el rescate un año después y los cuerpos continúan sepultados”, expone a través de su plataforma.
El caso que podría calificarse como de los más contaminantes en México, es el ocurrido en 2014, cuando la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil personas. “Los efectos de este derrame aún son incalculables”, expone poder.
La multinacional Grupo México, expone Poder, “es la empresa minera más grande del país, la primera productora de cobre en México y en el Perú, y la cuarta más grande del mundo.
“En México tiene presencia, además, en varios sectores: ferrocarriles (Ferromex, la empresa de transportes ferroviarios más grande de México), entretenimiento (Cinemex), e infraestructura (servicios de ingeniería, construcción, generación de energía, así como perforación terrestre y marina, incluyendo arrendamiento y operación de plataformas petroleras). En los últimos meses, también ha anunciado su participación en proyectos inmobiliarios”, precisa.
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