La Cámara de Senadores mantiene más de la mitad de su trabajo legislativo en la congeladora. No obstante, este 2011 los 128 legisladores que la integran se embolsarán 360 millones como sueldos y prestaciones, además de las prebendas que reciben para realizar su labor parlamentaria. Sin transparencia, el uso de los recursos públicos y el desempeño de 23 comisiones. La ASF advirtió esta situación desde 2008 y ahora revela irregularidades en la construcción de la nueva sede del Senado
Este año, cada uno de los 128 senadores costará al erario 2 millones 810 mil pesos, de acuerdo con el Manual de percepciones de los senadores y servidores públicos de mando, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de febrero pasado.
De ese monto, la mayor parte corresponde a la “percepción bruta” que cada legislador recibe por 2 millones 57 mil pesos y que contempla una “dieta mensual” de 127 mil 200 pesos. Adicionalmente, a cada senador se le otorgarán 233 mil 590 pesos como “gratificación de fin de año”.
Con dinero público también se pagarán los seguros de vida de los 128 senadores, cuyo costo individual es de 455 mil pesos, así como las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por 21 mil 470 pesos, y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE y el Sistema de Ahorro para el Retiro, por 10 mil 770 pesos cada uno.
También están contempladas una partida de “ahorro solidario” por 14 mil pesos y otra denominada “cesantía en edad avanzada”, que ampara el pago de 6 mil 840 pesos para cada legislador.
Los senadores igualmente reciben apoyos para traslado, asistencia legislativa y atención ciudadana, y cuentan con servicios médicos para ellos, sus cónyuges, hijos menores de 25 años y padres dependientes económicos.
Además, durante 2010 se destinaron 2 millones 19 mil 200 pesos al pago de vales de gasolina y 22 millones 953 mil pesos para vales de despensa; mientras que en insumos para alimentación se gastaron 5 millones 349 mil 840 pesos y otros 2 millones 532 mil 500 pesos fueron para sufragar la compra de café, de acuerdo con los informes sobre contrataciones de la Cámara.
Si se tomara como referencia el cálculo del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, para quien 6 mil pesos son suficientes para que una familia subsista, cada senador estaría recibiendo 468 veces esa cantidad, tan sólo como sueldos y prestaciones.
A pesar del elevado costo que representa para el erario, el Senado de la República tiene un rezago en el 55 por ciento de los asuntos que se han presentado en la actual Legislatura. Del trabajo legislativo que los senadores mantienen en la congeladora, las iniciativas son las que mayor dilación muestran: de las 889 que fueron propuestas hasta el 22 de marzo pasado, sólo se habían aprobado 18.
Si se consideran las iniciativas que los senadores llevaron al Pleno en la anterior legislatura, el rezago llega a 60 por ciento. Ello, porque de las 2 mil 327 iniciativas presentadas, 1 mil 401 siguen sin dictaminar.
Algunas de ellas, como la que propuso incorporar en la Constitución la obligación del Estado de otorgar una pensión alimentaria a las personas mayores de 70 años, se han mantenido en la congeladora desde principios de la anterior Legislatura, es decir, cuando los actuales senadores recién iniciaban su estadía de seis años en la llamada cámara baja.
No obstante este retraso en su trabajo, los senadores han recibido como presupuesto, sólo para 2011, 3 mil 585 millones de pesos. De ese monto, 360 millones de pesos irán a parar a los bolsillos de los 128 legisladores como sueldos y prestaciones.
De acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la SHCP, los capítulos en donde el Senado reporta mayores gastos son los de “servicios personales”, que incluye el pago de sueldos a los legisladores y personal de la Cámara de Senadores, y “servicios generales”, que contemplan las asignaciones a grupos parlamentarios y comisiones legislativas.
Aunque en la actual Legislatura el número de comisiones llega a 80, éstas únicamente han presentado 14 iniciativas, de las cuales cinco continúan pendientes de dictamen, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.
Respecto de las proposiciones con punto de acuerdo –que concentran la mayor parte del trabajo legislativo–, de las comisiones han provenido sólo 34 de las 2 mil 886 que se han presentado en las dos últimas legislaturas.
De ese total de proposiciones llevadas al Pleno de la Cámara de Senadores, el 40 por ciento aún no se resuelve.
El Reglamento del Senado estipula un plazo de 30 días para dictaminar las iniciativas y proyectos, con posibilidad de prorrogarse hasta por 15 días.
De acuerdo con los informes sobre vencimientos de plazo, prórrogas y excitativas presentados, entre octubre de 2010 y febrero pasado se solicitaron 470 ampliaciones de plazo.
Cuando el Reglamento entró en vigor –apenas en junio de 2010, con un retraso de 16 meses en su elaboración–, había un rezago de 1 mil 191 iniciativas, de las que aún persisten 1 mil 10 en espera de resolución.
En el artículo 296 de su Reglamento, el Senado establece que la información que la ley obliga a difundir, así como la considerada “socialmente útil”, está disponible a través de medios electrónicos remotos o locales.
Sin embargo, la información que actualmente se publica en la página de internet de la Cámara de Senadores es escueta, pues si bien figuran datos sobre el presupuesto autorizado y ejercido del último mes, éstos no se desglosan, con lo que no se puede saber en qué se ha gastado dicho monto. Además, no se difunde información presupuestal de años anteriores.
El especialista en temas legislativos, Khemvirg Puente Martínez, señala que es común que en el Poder Legislativo existan muchas áreas de opacidad, dado que constitucionalmente está diseñado como un contrapoder que fiscaliza a los otros poderes, pero no a sí mismo.
Aunque reconoce que el trabajo legislativo ha tenido avances en materia de rendición de cuentas (pues se pueden conocer los asuntos que están en discusión en la Cámara de Senadores), sigue existiendo opacidad en el uso de los recursos públicos y en el trabajo de las comisiones legislativas.
“El trabajo en comisiones sigue siendo un mito, no porque no trabajen, sino porque no sabemos. Podemos tener la sospecha, pero no la certeza de que sí lo hacen”, expresa Puente Martínez en alusión a que varias de las comisiones no difunden las actas de sus sesiones o no publican sus informes de trabajo.
Actualmente, de las 80 comisiones que existen –59 ordinarias y 21 especiales–, 23 no cuentan con un micrositio en internet donde difundan el trabajo que realizan. En otros casos, como las comisiones de Turismo, Vivienda y Salud, los informes de trabajo que resguardan en sus páginas electrónicas corresponden a la Legislatura pasada.
Puente Martínez, maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull, Inglaterra, advierte que otra área de opacidad es el manejo de los fondos públicos.
“No quiero decir que los recursos se estén usando mal [sino] que no lo sabemos […] Yo no puedo tener elementos para evaluar el desempeño de los representantes si no cuento con información suficiente”, puntualiza.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace diversas observaciones en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.
Particularmente, señala que el Senado no comprobó que los recursos de la partida 3827, que corresponde a las asignaciones a grupos parlamentarios, se hubieran utilizado en actividades legislativas, “además de que no se establecen claramente cuáles son los conceptos que pueden ser pagados con dichos recursos, lo que genera opacidad en [su] ejercicio”.
Dicha partida contempla gastos de consultoría, estudios jurídicos, económicos, políticos, sociales y parlamentarios, así como sueldos y prestaciones del personal de cada fracción parlamentaria, gastos operativos y de comunicación social, viajes, foros y reuniones, de los seis grupos parlamentarios presentes en el Senado.
Además, la ASF señala que dicha situación ya había sido observada en la revisión de la Cuenta Pública 2006, efectuada en 2008, en la que se recomendó transparentar el ejercicio de los recursos entregados mediante esa partida.
En respuesta, la Comisión de Administración del Senado, en su sesión del 25 de noviembre de 2008, acordó solicitar a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias que en el proyecto de reglamento se incluyera una disposición para que los grupos parlamentarios difundieran semestralmente, a través de su página electrónica, un informe sobre el uso y destino del dinero que reciben.
Actualmente, en el portal electrónico del Senado sólo figura información sobre el monto asignado a los grupos parlamentarios en 2010, que fue de 33 millones 390 mil pesos mensuales, pero no se especifica su uso ni destino. También aparecen las asignaciones a comisiones legislativas, que el año pasado recibieron, en conjunto, 14 millones 375 mil pesos cada mes.
Cuestionado respecto del incumplimiento de las observaciones de la ASF, el presidente actual de la Comisión de Administración, Fernando Castro Trenti, dice que dichas observaciones ya se han solventado.
“Lo que nos ha informado la Secretaría de Administración es que se ha ido cumpliendo con estos objetivos. En la reunión próxima que voy a tener con la Comisión de Administración, voy a solicitar que haya un informe específico en el tema”, expresa el legislador priista.
A decir del investigador Puente Martínez, la transparencia “le incomoda al Poder Legislativo y a los legisladores, porque, con información, podríamos evaluar mejor el desempeño de sus funciones.
“Hoy me parece que tenemos un Poder Legislativo que nos cuesta mucho y que produce poco, y esa percepción es producto de la opacidad que generan los propios legisladores”, opina el coordinador de la maestría en gobierno y asuntos públicos y el doctorado en administración pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Con más de medio año de demora en su terminación, la nueva sede del Senado ha sido objeto de cuestionamientos a los legisladores sobre el uso de los recursos y las razones del retraso de la obra.
Tales responsabilidades han sido atribuidas a la empresa constructora GAMI, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), entidad fiduciaria del Fideicomiso de Inversión y Administración 1705 “Para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores”.
No obstante, en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF señala que, durante ese año, el Senado reportó un gasto en la obra mucho menor al que consignó el Fideicomiso. La diferencia entre los montos fue de 470 millones de pesos.
Ese año, el Senado informó un gasto de 499 millones 248 mil 200 pesos, mientras que las erogaciones del Fideicomiso, consignadas trimestralmente en el DOF, sumaron 880 millones 455 mil 900 pesos.
Esas erogaciones, efectuadas por el Banobras, fueron hechas conforme al programa-presupuesto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para pagos a la empresa constructora, de acuerdo con la ASF.
En dicho Comité participan los senadores José González Morfín, del Partido Acción Nacional (PAN); Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional; José Guadarrama Márquez, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido del Trabajo.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, tanto el Senado como el Banobras “reconocen que se ejercieron recursos no reportados en la Cuenta Pública”, por lo que observa “un inadecuado registro y control de los recursos del proyecto”.
Además, el monto reportado por el Senado en la Cuenta Pública 2009 tampoco correspondió con el presupuesto que tenía asignado, el cual ascendía originalmente a 300 millones de pesos y luego se modificó a 410 millones de pesos.
Sin embargo, la ampliación de 110 millones de pesos parece no haber sido suficiente, ya que el Senado reportó un ejercicio de 89 millones 248 mil 200 pesos adicionales, con lo que tuvo un sobreejercicio de la quinta parte de los recursos autorizados.
Al respecto, la ASF hizo una solicitud de aclaración al Senado para que proporcionara la documentación justificativa y comprobatoria de dichos pagos, que derivaron del cálculo incorrecto del cargo por financiamiento en el contrato SEN/BANOBRAS/L001/2007.
“En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”, advierte la ASF.
La revisión también detectó que no se realizaron estudios de factibilidad ni de costo-beneficio del Proyecto y que éste no se registró en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.
Lo anterior se fundamenta en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que los programas y proyectos de inversión deben presentar una evaluación del costo-beneficio “donde se muestre que son susceptibles de generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables”, además de registrarse en la cartera que integra la SHCP para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Senado contestó a la ASF que el Fideicomiso inició operaciones en 1994 y la Legislación vigente no contemplaba estas obligaciones. Sin embargo, se mantuvo la observación dado que el Senado no aclaró cómo se corrigió dicha situación para adecuarlo a la normativa vigente.
Respecto de las observaciones hechas por la ASF, el senador González Morfín, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, declaró que éstas ya han sido solventadas.
El líder del grupo parlamentario del PAN expresó que, “afortunadamente”, el Senado optó por un esquema de fideicomiso para la construcción de la obra. Por ello, es el Banobras, como fiduciario, “el que tiene que dar la cara por el manejo del dinero”.
No obstante, el senador reconoció que el Comité Técnico es responsable de vigilar el uso de los recursos entregados a través del Fideicomiso.
Puente Martínez advierte la ausencia de una estructura de rendición de cuentas en la construcción de la nueva sede del Senado, ya que las reglas no establecen ningún tipo de responsabilidad para los senadores, sino sólo para la empresa constructora, no obstante que son los legisladores quienes decidieron contratarla.
“En una estructura de rendición de cuentas –concluye Puente–, tiene que haber reglas, responsabilidades y responsables; en este caso, no hay ninguna de las tres.”
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