El Expediente Bours: corrupción e impunidad del gobernador

Álvaro Cepeda presentó su libro El Expediente Bours, donde documenta “la corrupción e impunidad que impera en el gobierno que encabeza desde hace más de cinco años

Eduardo Bours Castelo”. En la presentación, que el gobernador intentó sabotear, el autor pidió juicio político y penal contra “el cacique” de Sonora, quien “terminará su sexenio con un patrimonio cercano a los 1 mil millones de pesos”

Hermosillo, Son.- En medio de la crisis de seguridad e inestabilidad social por la muerte de 46 infantes que enfrenta Eduardo Bours Castelo, el periodista Álvaro Cepeda Neri presentó su libro El Expediente Bours: La Corrupción de la Transparencia/ La Transparencia de la Corrupción, una recopilación de 300 solicitudes de información realizadas entre el 2007 y 2008 al gobierno estatal, quien sistemáticamente negó lo solicitado, “evidenciando la impunidad que impera en Sonora”, dice el autor.

El minucioso ejercicio de transparencia, dijo Cepeda, podría ser suficiente para que el próximo gobernador electo “en las urnas” y el Congreso local, que se renovará a finales de este año, inicien un juicio político y posteriormente penal contra el actual gobernante, José Eduardo Robinson Bours Castelo, “por un sinfín de delitos cometidos contra el pueblo de Sonora”.

Entre el escalofriante hallazgo de 11 cadáveres en Caborca y la reticencia de Bours Castelo, que por varios medios intentó impedir el evento de presentación, el periodista originario de Cajeme congregó a más de un centenar de sonorenses, ante quienes dijo que el libro denuncia fraudes con uso de recursos públicos; tráfico de influencias, y el enriquecimiento, que al amparo del poder lograron funcionarios incondicionales del gobernador.

Previo a la presentación, el 4 de junio, en una camioneta abandonada sobre la carretera federal Caborca-Sonoyta, se encontraron 11 cuerpos sin vida, nueve de éstos mutilados de pies y manos. Horas antes, un comando armado disparó contra la Comisaría Municipal del Ejido Plutarco Elías Calles, en Caborca; las balas alcanzaron negocios, casas y cinco vehículos particulares.

Sin embargo, la peor desgracia para el gobierno de Bours se registró horas después de que Cepeda Neri denunciara “la imperante corrupción e impunidad en la administración estatal”. Una guardería con 140 niños dentro, entre 40 días y cinco años, se incendió, matando a 46 de éstos.

La estancia infantil ABC compartía inmueble con un centro de verificación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, donde se presume inició el siniestro; sólo los separaba una pared. Además, al lado de la bodega se encuentra una gasolinera. La guardería, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pertenecía a altos funcionario del gobierno de Bours.

Dos de los dueños de la guardería son: Antonio Salido Suárez, director administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Alberto Escalante Hoffer, subsecretario de Ganadería, ambos del gobierno estatal; un tercero es Gildardo Urquídez Serrano, secretario de Finanzas del Partido del Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora y primo del candidato a gobernador por ese instituto político, Alfonso Elías Serrano.

La esposa de Gildardo Urquídea es Paola Téllez, quien es hermana de Sandra Téllez que, junto con Marcia Gómez del Campo (pariente en segundo grado de la primera dama, Margaría Zavala), son socias en la guardería ABC. Además, Sandra Téllez consorte de Alfonso Escalante, quien a su vez es cuñado de Ricardo Mazón, compadre de Eduardo Bours.

La denuncia

Cepeda Neri dijo que en todo el estado se distribuyeron 15 mil ejemplares de El Expediente Bours, aun con el impedimento del gobernador, los intentos de censura y las constantes “amenazas de muerte” que recibió el periodista, desde 15 días antes de la presentación del libro.

Para el autor, el compendio de solicitudes debe servir para que el próximo 5 de julio se realice un juicio electoral contra Bours y “su mal gobierno”, y “no permitir que éste se reelija en la figura del actual candidato del PRI, Alfonso Elías Serrano”.

Agregó que, con la simple presentación de la documentación firmada por el gobernador bajo el nombre de Eduardo Bours Castelo, se podría emprender juicio política contra éste, ya que el 90 por ciento del papeleo oficial lleva esta rubrica, dejando en entredicho su valor, ya que el verdadero nombre del mandatario es José Eduardo Robinson Bours Castelo.

Además, dijo que dentro del “desastroso gobierno de Bours”, éste deja una deuda de más de 20 mil millones de pesos, solicitada principalmente para financiar el Plan Sonora Proyecta, lo que coloca a Sonora en una grave situación financiera. “No quisiera estar en los zapatos de los dos Elías –Alfonso y Guillermo–, porque cualquiera de ellos va a asumir un estado empobrecido, sin dinero ni para hacer frente a las demandas mínimas”.

A decir del periodista, el gobernador ha simulado el gasto de miles de millones de pesos en el Plan Sonora Proyecta; sin embargo, sólo se han invertido unos cuantos miles de pesos, por lo que resulta inminente y necesario perseguir dicha información y conocer el destino final que tuvieron esos recursos.

Cepeda Neri explicó que pidió desde hace algunos años la declaración patrimonial de Bours, la cual le fue negada en más de una ocasión; no obstante, hace dos meses ganó un amparo con el cual se obliga al mandatario a entregar la informaión solicitada.

“La información fue tachada, pero aun así se ve que él dijo que llegó al gobierno con 7 millones de pesos; al concluir su mandato Bours estaría saliendo con 987 millones de pesos en puras inversiones en cinco años, según se alcanza a apreciar en los hojas entregadas”, dijo el periodista.

En el libro, Cepeda señala: “En Sonora lo que prevalece es que el máximo político de Robinson-Bours oculta todo. Durante cinco años, su gobierno ha sido un medio para los fines de la corrupción. Directamente a través del saqueo, el abuso del poder y los despojos, a tal grado que los afectados sólo esperan el final de los Bours y su camarilla, para fincarles responsabilidades penales”.

El autor de El Expediente Bours aseguró que el 2 de junio “Bours compró 1 mil hectáreas en Nogales, sin contar todos los bienes inmuebles adquiridos en cinco años a lo largo del corredor turístico Guaymas-Puerto Peñasco. Él y un grupo de empresarios, encabezados con Ricardo Bours, hermano del gobernador, tratan de apoderarse de Sonora y el gran beneficiario es Ricardo Mazón”.

Cepeda Neri afirmó: “Una detenida lectura del libro pone en evidencia que los Bours y su pandilla, al amparo de la administración, el apoyo de los tribunales y hasta de una parte mayoritaria del Poder Legislativo (que a veces se extiende esa cooptación hasta los órganos radicados en la entidad de carácter federal), con la participación de un grupo empresarial (incluso como integrantes de los fideicomisos) han hecho de Sonora un botín político, económico y para toda clase de arbitrariedades”.

La censura estatal

El periodista informó que, debido al contenido del libro, Bours intentó boicotear la presentación a través de amenazas de muerte y cooptando a los medios de comunicación locales, quienes se negaron a publicar las inserciones pagadas para invitar a los sonorenses a la presentación.

En el marco de la presentación de El Expediente Bours, Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, calificó como alarmante que en un estado que se dice democrático, como Sonora, un mandatario pueda ejercer tal presión en los medios de comunicación, que con una simple llamada de los operadores políticos de éste, los medios se replieguen y se nieguen aceptar publicidad de particulares en tiempos de crisis.

“Se habla de un retroceso que sólo pasa en las dictaduras con cara de fascismo. El reclamo de la sociedad es que la información pública, que se concentra en las entidades de gobierno, sea proporcionada a quien la solicite, tal y como sucede en los países donde se practica la libertad de expresión, de no ser así estamos ante un Estado antidemocrático, represivo y lo más grave, corrupto”, dijo Badillo.

Es preciso, agregó, utilizar los mecanismos aprobados por el Congreso de Sonora, como la Ley de Transparencia, para conocer e informar a la opinión pública sobre el manejo de los recursos públicos, finanzas y administración de los bienes y servicios de los sonorenses.

Para el también periodista, el gobierno estatal priista tiene como principio la opacidad, el ocultamiento de información y corrupción en la administración, de otra manera no se podría explicar la negación sistemática de acceso a la información y rendición de cuentas.

Sin transparencia

Guillermo Noriega, presidente de Sonora Ciudadana y quien participó como presentador del libro, sostuvo que los medios de comunicación en Sonora están completamente cooptados; no tienen la libertad, ni financiera ni política suficiente como para poder expresar a su plenitud las irregularidades detectadas. El control excesivo de la publicidad oficial no permite la libertad de expresión, lo que limita por todas partes a un Estado democrático.

“Es importante insistir que el evidenciar por evidenciar las tranzas nos dejan una agenda muy grande de imposibilidad de modificar las cosas para que no sigan sucediendo. El problema es que no hemos arreglado casi nada y los retrocesos nos ponen una barda muy alta que brincar al final”, dijo Noriega.

A decir del especialista, la peor aberración en Sonora fue que las iniciativas de ley en materia de trasparencia no eran públicas, y se aprobó un cuerpo normativo con “deficiencias terribles”, tanto así que el Tribunal Electoral es el garante del acceso a la información en el estado.

“El tener un órgano garante especializado en asuntos electorales, el ponerlo a resolver problemas de acceso a la información, lo único que genera es que no sea eficaz en sus resoluciones”, explicó.

Y agregó que Sonora Ciudadana propone que sea el propio Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora quien resuelva las solicitudes no contestadas por las dependencias locales e incluso se generen cambios en las leyes. “Porque la norma actual es tan mala que cuando el gobierno del estado no quiere dar una información, no la va a dar. Los funcionarios tienen impunidad para poder darte o no darte la información”.

Es tan grave, dijo Noriega, que el sistema de acceso a la información permite negar información de fraudes o conflicto de interés, en beneficio de los gobernantes sin importar el color partidista. La transparencia no tiene partido, no es una causa que deba atribuirse a un instituto político, como tampoco lo es la corrupción.

Consideró que como ciudadanos se debe defender el principio de máxima publicidad, no nada más en que se gastaron y en que no, también por qué se tomó la decisión del gasto, conocer los argumentos que justifican el destino de los recursos públicos para que la transparencia llegue a la rendición de cuentas.

Sin embargo, concluyó, la ciudadanía débil es permisiva de la falta de transparencia por parte de los funcionarios y olvida con facilidad las cosas.

RECUADRO: El expediente Bours: el reportero, la cocaína y la deuda

Está en marcha la campaña electoral (con cinco candidatos: Partido del Trabajo, Partido Social Demócrata, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional) para que, si no hay el clásico agandalle del desgobernador Robinson-Bours y cómplices, los ciudadanos escojan al relevo en el poder Ejecutivo de Sonora. La disputa se centra entre el priista Elías Serrano y Padrés Elías, primos, por lo que se dice que la administración pública sonorense quedaría en familia, a menos (lo cual es muy remoto) que uno de los restantes hiciera la chica.

Salvo un “elemento de sorpresa”, todo apunta a que cualquiera de los dos Elías sea el próximo gobernador. Aunque corre la versión de que Robinson-Bours llegará hasta el fraude electoral para imponer a su heredero, pues están en juego asuntos que podrían sentarlo en el banquillo del juicio político e incluso penal.

El expediente Bours se integra por que siete de sus camiones fueron sorprendidos transportando cocaína, escondida entre los pollos y con destino al mercado estadunidense por la vía Nogales-Tucson. También el secuestro o desaparición forzada del reportero Alfredo Jiménez, quien tenía información sobre el negocio de la narcopolítica, donde estarían involucrados personajes del gobierno de Bours.

Y nada se sabe del destino de la deuda pública, por más de 11 mil millones de pesos, cuyo mayor monto se realizó el año pasado a través de un millonario crédito de Banorte, para ese barril sin fondo que es el Plan Sonora Proyecta y los fideicomisos que esconden otra parte del botín.

Hay otros asuntos donde lo principal es cómo el desgobernador, su familia y socios-cómplices, abusando del poder se apoderaron de la riqueza en inmuebles del turismo (de Guaymas a Puerto Peñasco). Le escamotean a los ayuntamientos panistas millones de pesos al manejar las partidas federales (la queja ante la Corte está a punto de resolverse, muy a pesar de un ministro favorable a Bours, por gestiones de sus abogados y sobornos). Y estuvo el desgobernador a punto de apoderarse de la carretera internacional, pues Luis Téllez movía los hilos para concederle la concesión en forma privada.

Sonora es una de las entidades que más ha sufrido el despotismo de un gobernante y la devastación económica para favorecer a un grupo depredador, encabezado por Bours, a quien el PRI protege y que al no deshacerse de esos estorbos, le costará un revés electoral, con todo y que las preferencias apuntan a una victoria priista en el Congreso.

El caso es que si los panistas, con una expresión típicamente sonorense, “echan toda la carne al asador”, podrían ganar la gubernatura, contra un Bours que se ha declarado, en los hechos y acciones, enemigo de Calderón.

La victoria panista abriría las puertas al enjuiciamiento de los Bours, por los tres principales temas del expediente: la pavorosa deuda pública, el secuestro del reportero y la narcopolítica. En este renglón, Sonora sólo ha ejercido el 30 por ciento de las aportaciones para combatir a la delincuencia. Y es que se ha encubierto el narcotráfico, ya que es un negocio entre narcos y políticos sonorenses. (Álvaro Cepeda Neri)

RECUADRO: El expediente Bours: periodismo de investigación

A raíz de las dos reformas al artículo seis constitucional, que se refiere al derecho a la información para que los mexicanos tengan acceso a la “caja negra” de los poderes del Estado, ha tenido lugar un periodismo de investigación documental que desde siempre han llevado a cabo los reporteros (ojos y oídos de la prensa) y que ahora con ese derecho se renueva la tarea para lograr mayor veracidad de las noticias que aparecen en los periódicos (sobre los que ahora pesa la amenaza de extinción por el explosivo desarrollo del internet).

Y sobre cuya información (la obtenida por solicitudes a todos los órganos municipales, estatales y federales judiciales, legislativos, administrativos y empresas públicas e instituciones descentralizadas), los analistas y columnistas reflexionan para sus juicios, mayormente los que ejercen la crítica.

Existen varios documentos sobre las informaciones recabadas a los gobernantes, sobre todo de los poderes ejecutivos del Estado, a pesar de que las peticiones no son, por lo general, contestadas (por orden del presidente municipal, del gobernador y del presidente de la república) del todo completas. Dan la información a cuenta gotas, se escudan en que está reservada, que no la tienen, etcétera.

A pesar de todo eso, se logra obtener información sobre manejo de inversiones, situación patrimonial de los servidores públicos, sus sueldos, bonos… y hasta de sus pillerías. Brota ante todo la corrupción que, con la impunidad son los dos grandes males del abuso del poder.

Este columnista, durante más de dos años, solicitó información a la administración pública de Sonora y con las respuestas obtenidas ha publicado un libro El expediente Bours: La corrupción de la transparencia, la transparencia de la corrupción, editado por Contralínea-Sonora, para mostrar a sus lectores cómo a pesar del laberinto para recabar la información, se logró tener la que exhibe al gobierno de José Eduardo Robinson-Bours Castelo, como un ejercicio corrupto que esconde, obviamente, abusos en el manejo y destino de los dineros de la entidad.

El libro se presentó el viernes 5 de este junio en la capital sonorense con la mira de que los mexicanos de esa entidad tengan un documento más para enterarse del mal gobierno que han tenido. Se trata de mostrarles documentalmente el desastre económico y político de la entidad con el problema social, generado por la concentración de la riqueza en el grupo gobernante y su extensión a un selecto empresariado que se ha apoderado de lo más rentable.

En Sonora priva una corrupción sin precedente y su desgobernador, que se prepara a traicionar al Partido Revolucionario Institucional para convertirse en cómplice-candidato del Panal-Gordillo, busca imponer sucesor como una manera de reelegirse y así cuidar el botín que con su familia y grupo tiene en sus manos. El expediente Bours es un documento para que los sonorenses tengan un fundamento que les permita hacer un juicio electoral, un juicio político y uno penal a su desgobernador.