En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) hay un funcionario que ha venido acumulando un enorme poder en la toma de decisiones para asignar contratos a constructores y proveedores de obras públicas en todo el país. Se trata del subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara, quien ya controla, por lo menos, los presupuestos asignados a Centros SICT en 10 estados de la República y va por más.

El funcionario, que presume su cercanía con el presidente de la República y, desde que tomó posesión como subsecretario, mantiene una constante disputa con el secretario Jorge Arganis, ha seguido la misma línea de su antecesor Cedric Iván Escalante Sauri, quien fue insostenible ante diversos señalamientos de corrupción en esa dependencia, en donde su sucesor Nuño Lara mantiene en sus puestos a todo el equipo de Cedric con el propósito de controlar los Centros SICT y ser el único responsable en la asignaciones de obras y servicios a empresas privadas.

El caso no es menor y ya hubo quejas de algunos directores generales de dichos Centros, a quienes Guillermo Hernández Mercado, director general de Conservación de Carreteras, ha enviado sendos memorandos –por instrucciones de Nuño Lara– para informarles que el presupuesto para la asignación de contratos de obras públicas y la adquisición de bienes será concentrado en esa Subsecretaría de Infraestructura, en donde según los quejosos ya tienen listas las empresas privadas que participarán, situación que debería investigar la Secretaría de la Función Pública para verificar si se han solicitado sobornos a cambio de contratos.

En algunos casos, los mismos gobernadores han tenido que intervenir para impedir que se concentre en las oficinas de la SICT en la Ciudad de México el dinero para obras públicas federales y hasta han solicitado que sean los gobiernos estatales los que propongan a los directores generales de los Centros, igual como se hacía en el pasado.

Desde su designación como subsecretario de Infraestructura, en marzo de 2021, Nuño Lara se montó en la estructura que operaba Cedric Escalante a fin de controlar la red de los Centros en cada entidad federativa, y con ello el presupuesto de miles de millones que se destinan para obras y servicios públicos.

Sólo un funcionario vinculado a Cedric, el de su mayor confianza, Francisco Chagoya, fue renunciado hace apenas unas semanas porque también era insostenible, debido a los señalamientos de corrupción, pues según sabemos hasta su hijo colaboraba como estructurista externo.

La estrategia de Nuño para afianzarse en el poder ha sido arropar a todo el equipo de Cedric y favorecer con contratos a un grupo específico de empresas, algunas de ellas manejadas por la hija del mismo Cedric.

Entre las primeras decisiones de Nuño Lara al tomar posesión como subsecretario de Infraestructura, fue quitar los recursos de inversión de los Centros SICT y concentrar las decisiones de cada licitación en sus oficinas de la Ciudad de México, y cuando el tiempo apremia se decide de manera directa la asignación de los contratos.

Diversos medios han hecho referencia a dudosos vínculos del subsecretario Nuño Lara con el despacho de consultoría Altor, fundado por Fernando Aportela, quien fuera subsecretario de la Secretaría de Hacienda en el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto y compañero de la misma escuela de Nuño: el ITAM.

A pesar de las restricciones impuestas por el actual titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, para que en el actual gobierno de la 4T se evite contratar al despacho Altor, la Subsecretaría de Infraestructura le ha encomendado estudios y proyectos, lo que ha provocado malestar en las oficinas del secretario y un claro distanciamiento con Nuño Lara, a quien ya no lo reciben en la oficina del titular de Hacienda.

Las relaciones del subsecretario Nuño van más allá y también mantiene vínculos con el asesor financiero David Gómez Arnau, quien está bajo proceso penal por los presuntos delitos de extorsión y fraude en la denuncia presentada por el abogado Juan Collado. Nos cuentan que Gómez Arnau tiene el visto bueno en la Subsecretaría de Infraestructura para promover algunos proyectos de obras en beneficio de empresas privadas.

Uno de los principales problemas que enfrenta Nuño Lara es la conclusión de las vialidades que conectarían al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, encomienda que le hizo directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que hasta ahora ha fallado el subsecretario en la terminación de un viaducto que sería de libre tránsito, es decir sin costo alguno.

Economista del ITAM y sin experiencia alguna en el ramo de la construcción de obras públicas, Nuño Lara se ha posicionado en el actual gobierno por la relación que su padre, el coronel Jorge Nuño Jiménez, mantiene con el presidente de la República. Durante 50 años, el coronel Nuño Jiménez se desempeñó como asistente del expresidente Luis Echeverría, de quien también fungió como secretario particular.

Desconocedor del marco legal que regula la obra pública y su administración, Nuño Lara frecuentemente rebasa las atribuciones que le son encomendadas en la normatividad de la Secretaría. Éste es el caso cuando gira instrucciones a los directores generales de los Centros de la SICT, atribuciones que corresponden exclusivamente al secretario Jorge Arganis.

Es frecuente que el subsecretario Nuño arguya que se trata de instrucciones provenientes del presidente López Obrador, sin importarle, por desconocimiento de la normatividad, que constituyan acciones violatorias del marco que rige a la obra pública, lo que expone a esa Secretaría y a varios funcionarios a enfrentar posibles demandas, sanciones económicas y administrativas.

Son tiempos complejos que se viven en la SICT, principalmente en el Subsecretaría de Infraestructura, en donde el desconcierto cunde en la organización por la toma de decisiones erráticas que seguramente los grupos opositores aprovecharán una vez que concluya la actual administración.

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