Con recursos extraídos del erario, Petróleos Mexicanos constituyó dos empresas “privadas” para “administrar” los contratos integrales. Se trata de PMI Field Management Resources y PMI Campos Maduros SANMA. Ambas se insertan en un complejo esquema empresarial extranjero denominado Grupo PMI. La expansión de dicho Grupo le permite a la petrolera manejar el 10 por ciento de las inversiones en campos maduros de forma “privada”
Grupo PMI, descubre el Libro blanco de la subsidiaria. También revela la creación de otras dos compañías “privadas” con recursos públicos. Con el esquema PMI, cada año la paraestatal maneja más de 1 billón 200 mil millones de pesos fuera del presupuesto público. El Grupo PMI se maneja al margen de la ley y no rinde cuentas a nadie, señala la Auditoría Superior de la Federación
Una vez concluido el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció la semana pasada ante la Procuraduría General de la República lo que ya sabían todos los mexicanos: la corrupción millonaria del gobierno panista en la construcción de la torre Estela de Luz. Comisiones, cobros excesivos e irregularidades administrativas por unos 400 millones de pesos son los ilícitos operados por funcionarios corruptos y abusivos.
La anunciada intención de aprobar en el Congreso de la Unión la reforma energética, que permitiría abrir las puertas a la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) debe de ser motivo de una compleja reflexión nacional, donde todos los sectores sociales participen y exijan que antes de cualquier modificación constitucional, los impulsores del proyecto expliquen bien y a todos los mexicanos las condiciones en que se han administrado nuestros recursos energéticos en los últimos sexenios.
El abusivo y descontrolado uso de recursos financieros en la última campaña presidencial, que provocó acusaciones de todo tipo entre excandidatos y partidos políticos, motivó que la Cámara de Diputados acordara hace un par de semanas integrar una comisión especial investigadora del manejo de recursos públicos en las campañas del proceso electoral 2012.
Los servicios de salud pública de Nuevo León habrían incurrido en presuntas anomalías por más de 460 millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación. De este total, 303 millones se destinaron a objetivos distintos a los etiquetados y a pagos irregulares al personal médico; los otros 157 millones de pesos, provenientes del Seguro Popular, se subejercieron, indica el máximo órgano fiscalizador de México.
Ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.
Entre las instituciones que más han padecido las decisiones erráticas y los abusos de Felipe Calderón y su gabinete destacan las Fuerzas Armadas y los órganos responsables de la seguridad nacional. De las primeras, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han enfrentado duras críticas por su participación en la lucha contra el crimen organizado y los errores cometidos al amparo de una labor para la cual no fueron preparados y mucho menos han sido eficientes, pues el negocio del narcotráfico sigue boyante y los cárteles se fortalecen día a día.
En el abandono, los programas de fomento al turismo sustentable. La Secretaría de Turismo interrumpió, sin justificación alguna, estrategias de preservación natural y cultural, como las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable y los Pueblos Mágicos, revela la Auditoría Superior de la Federación.
Los ataques en medios y redes sociales contra la reforma de pensiones se deben a que las Afores no quieren perder el negocio, pues hasta
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