Igual que en la política, en la administración pública es común la práctica de que los funcionarios en desgracia, o que simplemente tienen que dejar su encargo, pasan de inmediato al olvido, y con ellos, todos los negocios y empresas privadas que fueron privilegiados durante su gestión. Esto sucede en cada cambio de gobierno, y más aún cuando el gobierno que sustituye pertenece a otro partido político.
Aunque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó la Ley de Víctimas y se ha separado de los estragos de la violencia generada durante el sexenio pasado, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, han estrechado filas para enfrentar una nueva etapa del conflicto armado que sostienen contra las bandas de narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada.
Durante décadas, los presidentes mexicanos han hecho caso omiso de la necesidad de unificar a las Fuerzas Armadas en una sola estructura y en una sola entidad administrativa. Aunque eso no erradicaría por completo las rivalidades entre mandos y objetivos militares, sí reduciría su campo de posibilidad. Unificar a las Fuerzas permitiría sentar las bases de una política de defensa, equilibrar los recursos de los ejércitos de tierra, mar y aire, diseñar la fuerza militar que el país necesita y definir una política militar acorde a los objetivos nacionales.
Sin experiencia en asuntos de inteligencia, Eugenio Ímaz Gispert asumirá la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Mañana 27 de noviembre, su futuro jefe, Osorio Chong, lo presentará con el actual director del Cisen, Jaime Domingo López Buitrón. En manos del círculo de amigos de Peña Nieto quedarán las supersecretarías de Gobernación y Hacienda; la primera controlará el espionaje y la inteligencia civil a través del Centro y de la Plataforma México
En estos momentos, está en definición una terna de generales de división de los que el próximo presidente de la República podrá escoger como el general secretario de la Defensa Nacional. De esa decisión depende el rumbo que tome esta Secretaría y la recuperación de su institucionalidad militar, afectada ahora por los casos de violación a los derechos humanos, la detención de generales y las evidencias de fracaso en la política gubernamental de militarizar la lucha contra las drogas.
En los últimos tres años, de 2010 a 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó 18 contratos con proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de esas fuerzas armadas. El propósito de estas compras es que el Ejército cuente con el equipo tecnológico necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), ante lo cual dichas adquisiciones se clasifican dentro del marco legal de seguridad nacional y por ello, explica la misma Sedena, estos contratos se realizaron mediante asignación directa, sin licitación de por medio y bajo autorización de un comité de compras del Ejército, en donde participa el propio secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.
La delincuencia organizada transnacional es una de las principales causas de la deforestación, contaminación de agua y suelo, violencia, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental
Los ataques en medios y redes sociales contra la reforma de pensiones se deben a que las Afores no quieren perder el negocio, pues hasta
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