
Magnicidios, complicidad e impunidad
Es una historia de intriga política, ajustes de cuentas entre grupos de funcionarios y un aparato de Estado empecinado en encubrir los crímenes, incluso internacionalmente.
Es una historia de intriga política, ajustes de cuentas entre grupos de funcionarios y un aparato de Estado empecinado en encubrir los crímenes, incluso internacionalmente.
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
Entre el listado de problemas sociales, económicos y políticos, está el referente a deslindar responsabilidades a los funcionarios de los tres poderes, en la competencia federal. Y en las entidades del federalismo, también es competente el juicio político, en los términos de los Artículos 108 al 114 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente quien, a pesar de las más contrarreformas que reformas para “resolver con más democracia los problemas de la democracia”, mantiene principios a los que la nación debe asirse para exigir su cumplimiento. No hay muchas señales de que la élite presidencial y de los gobernadores quiera dar cuenta y razón de sus actos, por lo que esos 300 juicios políticos, con nombre y apellido no se han tramitado.
Empiezan a barajarse nombres para disputarse la Presidencia de la República en 2018, a pesar de la descomposición del antiguo presidencialismo y el descrédito de los partidos, más la creciente ola de candidatos independientes, en las agitadas aguas de la crisis económica del neoliberalismo que arrastra al capitalismo mismo, como el rostro auténtico tras la máscara de aquel. Y la acumulación de problemas: pobreza masiva (55 millones que son la mitad de la población); desempleo (con 44 millones de mexicanos en la informalidad); la corrupción de la élite en los tres poderes federales y en las 32 de las entidades; la impunidad, por las complicidades entre los gobernantes, la sangrienta inseguridad con los sicarios del narcotráfico, los feminicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas y los abusos sexuales con la misma pederastia, para sólo mencionar a los primeros cinco asuntos del catálogo nacional, son más que suficientes para fundamentar los hechos y síntomas del descontento popular contra el mal gobierno de presidentes municipales, desgobernadores y el mismo presidente en turno, desde cuando menos Díaz Ordaz, o tal vez desde Miguel Alemán (1946-1952) hasta Enrique Peña Nieto, en lo que lleva de su período (2012-2016).
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El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto va a destacar como un logro fundamental de su primer año de gobierno la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, conocido como el mando principal de Los Zetas, la organización criminal fundada por exmilitares y famosa por su nivel de violencia y brutalidad.
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