Función Pública inhabilita a tres funcionarios de Conade por malos manejos de fondos

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por seis meses a dos funcionarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y suspendió por el mismo lapso a un tercer servidor púbico, luego de que las auditorías de 2019 y 2020 determinaron que hubo malos manejos del Fondo para el Deporte de Alto… Seguir leyendo Función Pública inhabilita a tres funcionarios de Conade por malos manejos de fondos

SFP inhabilita 10 años a Alfredo Castillo, extitular de la Conade; omitió declarar más de 18 MDP

Alfredo Castillo Cervantes, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue inhabilitado por 10 años por omitir declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge. En total tenían más de 18 millones 300 mil pesos sin declarar, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En plena lucha electoral por Sonora, SFP destituye a subdirector de Conade

En plena precampaña electoral por el gobierno de Sonora, la Secretaría de la Función Pública resolvió destituiral subdirector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), subordinado de Ana Gabriela Guevara, aspirante a la gubernatura sonorense.

Fracasan Conade, COM y federaciones deportivas

Ante el clamor popular de buscar responsables por la escasez de medallas para el equipo que representa a México en Juegos Olímpicos de Brasil, a pesar del enorme esfuerzo y voluntad que han mostrado nuestros atletas para competir en condiciones difíciles de entrenamiento

Gobierno da 1 mil millones del erario a asociaciones civiles

La crisis económica que enfrenta México y los multimillonarios recortes al gasto público derivados de la caída de los precios del petróleo fueron insuficientes para evitar que seis instituciones del gobierno federal entregaran 1 mil 66 millones 265 mil 361 pesos, en 2015, a 570 sociedades y asociaciones civiles.

Corrupción en la UNAM, expediente “reservado”

“Reservado”, el expediente de corrupción detectada en el área deportiva durante el rectorado de José Narro. El primer responsable, Severino Rubio, llegó a la Secretaría de Salud semanas antes que el propio exrect

Desorden administrativo en el ISSSTE

A 5 meses de tomar posesión como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza no ha logrado el control de esa institución que otorga servicios médicos a la burocracia y aún mantiene en puestos clave a funcionarios que sirvieron a los intereses del extinto Sebastián Lerdo de Tejada. Otros integrantes del mismo equipo de la anterior administración fueron reubicados en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), por lo que siguen las quejas de parte de proveedores por la asignación de contratos de bienes y servicios.

Una historia de impunidad en la UNAM

Sin importar la filiación política (priístas, panistas o perredistas), en los últimos años hemos visto cómo la corrupción se ha convertido en un cáncer imposible de extirpar y que penetra e invade todos los sectores de la sociedad. Desgraciadamente, ese fenómeno social, que primordialmente afecta a la burocracia, ha alcanzado también a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Transparencia y rendición de cuentas en la UNAM

De los 16 aspirantes registrados a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Junta de Gobierno eliminó a seis candidatos y a partir de este lunes se inició la comparecencia de los 10 universitarios restantes, de cuya lista se elegirá a quien suceda al doctor José Narro para el periodo 2015-2019.

Pendiente sanción a funcionarios universitarios

En el sitio en internet de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se lee: “El rector es el jefe nato de la Universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario”. Entonces como autoridad principal de la máxima casa estudios deberá aplicar en los próximos días la normatividad para que se sancione a los funcionarios universitarios que violentaron los procedimientos y las gestiones administrativa y financiera para cometer supuestos actos de corrupción con el uso de fondos públicos que pusieron en riesgo el patrimonio universitario.