La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró “grave” la filtración del expediente relacionado con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, merced a que, dijo, pone en riesgo la vida de trabajadores que están al frente de las indagatorias.
La información personal, poco a poco, se convierte en información de dominio público: dónde nacimos, nuestro teléfono, dónde vivimos.
Desde hace varios sexenios el gobierno federal, a través de la empresa PMI (Petróleos Mexicanos Internacionales), filial de Pemex y que se maneja y administra como si se tratara de una empresa privada, se ha especializado en ocultar dinero público en paraísos fiscales producto de la comercialización internacional de crudo y otros productos derivados del petróleo (gasolinas), así como operaciones financieras diversas para la compra y contratación de bienes y servicios para la industria petrolera nacional, además de participar con acciones en empresas extranjeras como la refinería Deer Park en Estados Unidos o Repsol en España. Todo esto lo ha hecho con empresas de papel constituidas por servidores públicos en paraísos fiscales del Caribe y de Europa.
Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.
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