Gobierno mexicano, especialista en espionaje político
El espionaje político que practica el gobierno mexicano es, ante todo, un abuso de poder y una característica del autoritarismo y la falta democracia que se padece en el país.
El espionaje político que practica el gobierno mexicano es, ante todo, un abuso de poder y una característica del autoritarismo y la falta democracia que se padece en el país.
La sorpresiva renuncia de la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), María Teresa Franco González Salas –de quien se dice será la encargada de dirigir la recién creada Secretaría de Cultura–, sirve para revisar un tema que, a pesar de su relevancia social y cultural, dejó pendiente durante su mandato en el Instituto: el robo de piezas arqueológicas y de arte sacro.
Pesca ilegal, acuicultura insostenible, contaminación marina y destrucción del hábitat y las especies exóticas son las actividades que más daño causan a los mares y océanos. También, y como consecuencia de las anteriores, están el cambio climático y la acidificación del agua marina, que ya han producido muertes masivas de fauna en varios lugares del mundo, así como lo que se ha considerado suicidios de algunos animales marinos.
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
En las últimas 2 décadas, sólo dos partidos, el PRI y el PAN, recibieron 39 mil 800 millones de pesos de dinero público, que representó el 55.28 por ciento de la partida presupuestal destinada a 23 instituciones políticas –de las cuales nueve aún sobreviven– y que ascendió a 72 mil millones de pesos reales. El partido en el poder obtuvo 21 mil 200 millones y el PAN, 18 mil 600 millones
Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.
Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.
Cientos de toneladas de un material precioso cruzan ilegalmente por Malasia: marfil. Miles de elefantes son asesinados por cazadores furtivos en África y el crimen organizado –tan violento como el de las drogas– se encarga de trasladarlo a China e incluso a algunos países occidentales.
La ciudadana estadunidense que interpeló a Barack Obama durante el discurso del mandatario en la Universidad de la Defensa Nacional no tiene duda: el sentimiento antiestadunidense en el mundo se incrementa ante el doble discurso del gobierno.
Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.
La delincuencia organizada transnacional es una de las principales causas de la deforestación, contaminación de agua y suelo, violencia, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental
Los ataques en medios y redes sociales contra la reforma de pensiones se deben a que las Afores no quieren perder el negocio, pues hasta
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