La reforma electoral que presentará en unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, buscará que los consejeros del Instituto Nacional Electoral
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exigió al gobierno poner un “hasta aquí” a la violencia política, luego del asesinato del exalcalde de Jilotlán de Dolores, José Carlos Andrade Magaña, ocurrido la madrugada del pasado 15 de abril.
El pueblo rescatando al pueblo. Una sociedad sin Estado, la que reaccionó ante la tragedia. Mientras, políticos incapaces ahora quieren lucrar con la tragedia
El espionaje político que practica el gobierno mexicano es, ante todo, un abuso de poder y una característica del autoritarismo y la falta democracia que se padece en el país.
Se reivindicó anarquista y solidario con la causa de los 43 de Ayotzinapa. Le achacaron entonces quema de Metrobús y lo sentenciaron a 33 años de prisión por “ataques a las vías de comunicación y la paz pública”
“¡Pinche indio!” resume el desprecio y la violencia que se ejerce contra los pueblos originarios de México. La frase –a flor de labio de capataces con o sin azote, terratenientes, políticos de todos los partidos, funcionarios, empresarios y encopetadas de salones de belleza–
Un intercambio de palabras en 3 segundos: “Por andar de chismosos”; “qué te pasa, cálmate”; “se creen de huevos, ¿no?”. El sicario sabía que por ahí pasarían los muchachos. Los esperaba. Vació su pistola en ellos y tranquilamente trepó a la camioneta negra que lo escoltaba y que mantenía atascado el tráfico vehicular de la calle.
En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
El gobierno de Morelos adjudica en forma directa 601 contratos, cuyo costo global asciende a 3 mil millones de pesos. Cinco concentran el 51.2 por ciento del total; entre éstos, el de la construcción del estadio “Coruco” Díaz, por 486 millones.
Entre el listado de problemas sociales, económicos y políticos, está el referente a deslindar responsabilidades a los funcionarios de los tres poderes, en la competencia federal. Y en las entidades del federalismo, también es competente el juicio político, en los términos de los Artículos 108 al 114 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos vigente quien, a pesar de las más contrarreformas que reformas para “resolver con más democracia los problemas de la democracia”, mantiene principios a los que la nación debe asirse para exigir su cumplimiento. No hay muchas señales de que la élite presidencial y de los gobernadores quiera dar cuenta y razón de sus actos, por lo que esos 300 juicios políticos, con nombre y apellido no se han tramitado.
La Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública Federal por más de 291 millones de pesos que operó la Concanaco
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De 2019 a 2022, la capital de México pasó de tener una tasa de 16.3 por ciento a 5.4 en la comisión de homicidios, de
Antonio “N”, alias el ‘Mara’, fue detenido bajo los cargos de ser el presunto autor material del homicidio de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y
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