Lo que parecía imposible ocurrió. Gobiernos priístas y panistas, en colusión con funcionarios y empresarios corruptos, saquearon y quebraron la industria petrolera nacional durante 40 años. Siete presidentes de la República son responsables de ello, por permitirlo.
México cuenta con 387 cárceles municipales, estatales y federales a lo largo del territorio nacional, con “espacios disponibles” totales para 203 mil 254 reos. Sin embargo, la población penitenciaria asciende a 255 mil 638 presos. Es decir, albergan a 52 mil 384 reclusos más de los que deberían. Se trata de una sobrepoblación global del 25.8 por ciento.
Aquel día, el mundo civilizado dio un gran suspiro de alivio; la República de Montenegro, pequeño Estado balcánico que cuenta con alrededor de 621 mil habitantes, fue invitada a solicitar formalmente su ingreso en la Alianza Atlántica.
Sobre todo desde Manuel Ávila Camacho, los presidentes todavía confunden al Palacio Nacional con el Castillo de Chapultepec, donde vivieron Maximiliano y Carlota, quienes nunca fueron emperador y emperatriz porque Benito Juárez era el presidente constitucional; y primero los austriacos dejaron su farsa, que Juárez y el pueblo se rindieran. Juárez optó por vivir en una de las alas de Palacio Nacional que hacerlo en el Castillo.
El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional Redd+.
En el sexenio anterior, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), todos los responsables de la seguridad nacional conocieron perfectamente la constante intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. También sabían del espionaje de ese país a México porque la Secretaría de la Defensa (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) utilizaron los equipos de espionaje e intervención de llamadas que empresas estadunidenses les vendieron por instrucciones precisas de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
En el sexenio de Calderón, la industria de la seguridad privada se expandió entre el 10 y el 15 por ciento cada año mientras que el conjunto de la economía aumentó alrededor del 2 por ciento. Sin embargo, la proliferación de firmas y servicios no derivó en mayores garantías para la seguridad física de familias y empresas, ni de sus bienes y valores: de los 6 mil 600 prestadores de servicios de seguridad privada, apenas el 50 por ciento cuenta con autorizaciones gubernamentales y sólo el 3 por ciento, con certificados de calidad. Ahora el reto es depurar la oferta, coinciden empresarios consultados
Presidencia y Gobernación sí instruían cómo operar las campañas publicitarias de las secretarías de Estado en el sexenio de Calderón, admite Maximiliano Cortázar, extitular de la oficina de prensa de Los Pinos. Ahora, la Función Pública investiga los contratos de la pasada administración federal con medios de comunicación, cuyo gasto superó los 32 mil millones de pesos. Para los contralores, uno de los casos más relevantes es el de Salud, que en el primer trimestre de 2012 gastó 2 mil 200 millones de pesos en publicidad y sobregiró otros 317 millones. Sobre el adeudo, esa secretaría y la de Hacienda se declaran insolventes, al tiempo que los medios afectados amenazan con demandar al gobierno de Peña Nieto por fraude
¿Cuándo fracasa la razón?… [Los socialdemócratas] eran parte del aparato del poder, cada uno de ellos representaba un trocito de poder. Sus conciencias estaban divididas [entre] la papeleta del sufragio y el “cuarto de las bofetadas”. A ellos les habían encomendado proteger el orden no sólo de los criminales, sino también de los perturbadores, de los agitadores. ¿Cómo reaccionarán cuando el régimen reaccionario lo oponga a los perturbadores del orden público? ¿Cumplirán con su “deber” como manda la ley? El poder [es como] la marihuana: el hacer uso de él implica el abuso
En el sexenio de Calderón, la Presidencia de la República ordenó directamente cómo contratar la publicidad del gobierno federal, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos. Ahora, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigan el uso del dinero público en campañas publicitarias que beneficiaron a los medios de comunicación electrónicos e impresos afines al calderonismo. Las primeras irregularidades detectadas son en las secretarías de Salud –con un sobregiro de 317 millones de pesos–, Desarrollo Social y Turismo
Las cuentas individuales de las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) son intocables e inexpropiables, aseguró el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación “no debe servir a intereses facciosos de ninguna clase, ni someterse a la sospecha de que participa
La inversión privada liderada por los empresarios nacionales y extranjeros debe garantizar el desarrollo con bienestar y la sustentabilidad para beneficiar a la población mexicana,
En los últimos años, se han producido verdaderos cambios en la política comercial de Estados Unidos, con modificaciones significativas en las normas sobre inversión, comercio
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