Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.
En los últimos tres años, de 2010 a 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó 18 contratos con proveedores privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de esas fuerzas armadas. El propósito de estas compras es que el Ejército cuente con el equipo tecnológico necesario para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia organizada (narcotráfico), ante lo cual dichas adquisiciones se clasifican dentro del marco legal de seguridad nacional y por ello, explica la misma Sedena, estos contratos se realizaron mediante asignación directa, sin licitación de por medio y bajo autorización de un comité de compras del Ejército, en donde participa el propio secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.
La reforma a la Ley de Amnistía –que se aprobó ayer 17 de abril en el Pleno del Senado– establece la posibilidad de otorgar este
A pesar de las investigaciones por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Con cuatro votos a favor y uno en contra –otorgado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón–, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
Ricardo Gallardo Vara, el magistrado que ya intentó dar madruguete en dos ocasiones con proyectos de resolución a favor del glifosato y el maíz transgénico,
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