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La Secretaría de Marina nombrará a una mujer como titular de Puertos, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que por los puertos entra contrabando y drogas desde el continente asiático.

Son 13 los efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas actualmente desplegados en las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de ocho soldados del Ejército Mexicano y cinco marinos de la Armada de México. No van con arma de cargo ni con tanques, aeronaves o cualquier otro tipo de vehículos, embarcaciones o armamento mexicanos para cumplir las funciones que les han asignado. Están distribuidos en tres misiones de la ONU: para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso); de Estabilización en Haití (Minusstah) y Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (Unifil).

Más de 30 millones de dólares pagará la Secretaría de Marina por cuatro cañones 57 milímetros. La proveedora es una subsidiaria de Bae Systems, una de las mayores beneficiarias de los conflictos bélicos en el mundo.

Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.

Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los objetivos, intereses y aspiraciones nacionales.

“Seguridad nacional”, el ardid para eludir la ley. En México, los organismos de inteligencia –civil y militar– no rinden cuentas del dinero público que ejercen ni de su desempeño profesional. Con frecuencia, estos organismos son utilizados para espiar ilegalmente a los adversarios políticos del régimen en turno y violar derechos humanos.

Espionaje ilegal, ausencia de rendición de cuentas, violación a derechos humanos, impunidad, falta de control social, ineficiencia… Definiciones que surgen de especialistas, legisladores y de los propios funcionarios cuando se trata de analizar seriamente el desempeño de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la defensa nacionales, que tan sólo para 2013 cuentan con un presupuesto que rebasa los 73 mil millones de pesos.

Desde el gobierno pasado, la Semar ha sido objeto de 1 mil 511 quejas y 23 recomendaciones en materia de derechos humanos.

Etiqueta: Secretaría de Marina

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