El modus operandi de militares

Desde el inicio de la violencia generalizada que se vive en México –cuando Felipe Calderón decidió sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para asumir una Presidencia que no ganó–, los militares mexicanos han recibido 174 recomendaciones por violar derechos humanos.

La doble justicia mexicana

Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.

La red empresarial

Detrás de la construcción de la hidroeléctrica privada El Naranjal está Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X González. Además de este proyecto, el empresario posee al menos cuatro plantas de generación de energía y ha sido responsable de la construcción del gasoducto Tamazunchale. Su red empresarial energética está conformada por al menos 14 compañías

Hidroeléctrica privada viola derecho a la consulta

El proyecto hidroeléctrico privado El Naranjal violó el derecho a la consulta de las comunidades de seis municipios veracruzanos, considera el Tribunal Permanente de los Pueblos. Además, las empresas de Guillermo González Guajardo –hijo del empresario Claudio X González– habrían efectuado prácticas coercitivas para hacerse de algunos terrenos, denuncia el Tribunal

Hidroeléctrica El Naranjal: despojo a 30 mil pobres

La hidroeléctrica privada El Naranjal despojará de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas en Veracruz, y afectará a 56 especies animales y vegetales protegidas. Su negocio se centrará en la generación media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad. Detrás de su construcción está el empresario Guillermo González Guajardo (hijo de Claudio X González), dueño de una red empresarial dedicada al desarrollo de proyectos energéticos que han desplazado a decenas de pueblos

Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema

Catálogos de la Secretaría de Economía (SE) demuestran que Fortuna Silver Mines es una de las 301 compañías extranjeras que exploran y explotan los metales preciosos del país. Tiene presencia en Oaxaca, el octavo productor de oro y plata a nivel nacional. Son 33 los proyectos extractivos en todo el estado, reconocido como el cuarto en extrema pobreza del país

San José del Progreso, explotación y miseria

San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.

Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia

En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio ambiente, a la salud y al tejido social

El uso inconstitucional del Ejército Mexicano en tareas policiacas

Cuando en noviembre de 2011 acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno federal mexicano y los “intelectuales” a su servicio respondieron con amenazas y minimizaron la situación de conflicto armado que vive el país. Aseguraban que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano resultaban “excepcionales” y que no podían considerarse “sistemáticas” (ver comunicado de prensa de Los Pinos CGCS-196). Intentaban hacer creer a la población que si existían algunos casos de abusos militares, éstos eran accidentes o casos que salían del control de los altos mandos civiles y militares.