Con apenas unos días de diferencia, dos casos de presunta pedofilia fueron denunciados en Reynosa, lo que provocó que dos personas fueran detenidas. La actuación de algunas autoridades –quienes cometieron errores y omisiones que permitieron que uno de los presuntos responsables de este delito esté libre tras pagar 20 mil pesos– hace dudar del interés por detener este delito
Silvia Cruz / Reynosa, Tamaulipas
En menos de una semana, la ciudad de Reynosa fue testigo de dos denuncias por supuestos casos de pedofilia, donde –según las partes afectadas– una mujer fue detenida por tomar fotografías de su pareja sentimental acompañado de sus hijos desnudos, y otro de los presuntos responsables del delito, fue liberado por una serie de omisiones y errores en la elaboración de la acusación ante el Ministerio Público.
El primer caso se registró el pasado 10 de septiembre cuando el entrenador de fútbol infantil, Jorge López Cantú, fue detenido acusado de pornografía infantil y corrupción de menores.
Una llamada anónima a la Secretaría de Seguridad Pública de Reynosa acusó a López Cantú de molestar a por lo menos uno de sus alumnos que practicaban deporte en unos campos deportivos de la colonia Bermúdez.
Según el parte informativo al que se tuvo acceso, el pasado 9 de septiembre las autoridades recibieron una denuncia anónima en contra del entrenador, misma que posteriormente fue ratificada por una madre de familia quien dijo haber encontrado una conversación en Internet entre López Cantú y su hijo de 13 años de edad, donde el adulto le proponía al niño sostener una relación sexual con él.
Al descubrir la conversación, la madre del menor –cuya identidad se mantiene anónima– decidió hacerse pasar por su hijo y vía Internet concretó una cita con López Cantú en donde accedía a sus demandas.
Sin embargo, cuando el entrenador acudió al encuentro fue detenido por elementos policiacos a quienes entregó una computadora portátil y tres memorias USB que contenían casi dos mil fotografías de pornografía infantil.
Cuando la policía revisó el domicilio del detenido encontraron otra computadora de escritorio y películas con material del mismo contenido.
A unos días de esta detención, las autoridades judiciales supieron de otro caso similar, cuando un padre de familia acusó a su ex esposa y a su actual pareja del delito de corrupción, pornografía infantil y prostitución sexual de menores e incapaces.
Esto después de que su hijastro de 14 años encontró una serie de fotografías –presuntamente tomadas por su ex mujer–, donde su actual pareja aparece desnudo a un lado de sus dos hijos menores de edad.
A la fecha, el entrenador de fútbol infantil fue liberado gracias a que las acusaciones en su contra se redujeron debido a una supuesta deficiente integración de la averiguación previa en su contra, mientras que el segundo caso –que hasta el cierre de esta edición todavía se encuentra en proceso– podría correr con la misma suerte pues sólo uno de los denunciados fue detenido por las autoridades.
RECONOCE SU FALTA
Un día después de su arresto, López Cantú fue entrevistado por Contralínea en los separos de la Dirección de Seguridad Pública, donde admitió dos cosas: haber sostenido una conversación indecorosa con un menor de edad y que en su computadora había pornografía infantil. El encuentro está grabado y a continuación se transcribe:
-¿De qué te acusan?
-Chateé con un niño un niño unas cosas ahí
-¿Cómo te declaras?
-Fue en forma de juego, porque así juego yo con él
-¿Qué opinas del material que se te incautó?
– No sé, ese me lo dio un bato, no sé… esa computadora la agarra cualquiera allí
-¿Te declaras inocente?
-Sí
-¿Cuántos niños has entrenado en estos 12 años?
-Muchas generaciones
-¿Con todos te llevas así?
-No, sólo con algunos niños
-¿Qué le preguntabas al niño?
-Jugando, preguntándole cosas… de maldiciones y ese rollo
-¿Crees que es apropiado?
-Estaba platicando con él… jugando… sé que eso no es apropiado
-¿Cuántos años tienes?
-34
-¿Y el niño con quien estabas platicando?
-13 años
-¿Con todos tus jugadores te llevas así?
-No
-¿Con cuántos?
-Nomás es con él que chateo
-¿Esas imágenes son tuyas?
-No
-¿Sabes que el solo hecho de tener una imagen
pornográfica infantil es un delito?
-Sí, es un delito
-¿Estabas consciente de eso?
-Sí
-¿Te declararías inocente después de estar
consciente de que es un delito?
-Sí, porque eso no es mío…pues es que ahí se mete varia gente a mi computadora…
La denuncia en contra de López Cantú fue radicada en la Agencia Primera de Protección a la Familia, encabezada por Cristina González Ontiveros, quien al considerar las pruebas –las memorias USB, la computadora lap top y el testimonio del menor– consignó el caso al Juzgado Cuarto de lo Penal por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil.
Sin embargo, seis días después de haber sido detenido, el entrenador de fútbol infantil fue liberado con una fianza de 20 mil pesos, ya que los delitos que se le imputaba no fueron considerados como graves.
Incluso la responsable de haber integrado la acusación, según Alma Leticia Carranza, auxiliar del Ministerio Público, cometió una serie de errores que ayudaron a la liberación del detenido, por ejemplo no haber revisado el material contenido en una de las computadoras decomisadas al presunto depredador sexual, alegando que la máquina “no tenía batería”.
La decisión inconformó a las autoridades e incluso el procurador de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Reynosa, Carlos García Juárez, aseguró que López Cantú no podía salir libre pues formaba parte de una red de pornografía infantil en Reynosa, ya que compartía fotografías pornográficas de menores con otras personas.
Por su parte Jaime Alberto Sifuentes Salazar, agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal, lamentó que el juez Juan Manuel Ham no haya considerado las pruebas presentadas en contra del detenido, como lo eran la computadora, las memorias USB y hasta el testimonio del menor ofendido.
“El juez consideró que sí se daba el delito de corrupción de menores; sin embargo, no se daba de manera reiterada. Al resolverle la situación jurídica el inculpado pidió la fianza y se la concedieron porque se consideró que no era delito grave, al no haberse acreditado que se cometió de manera reiterada”, refirió Sifuentes Salazar.
Y agregó: “El juez le da valor a la declaración del menor en cuanto a que se cometió el delito y a las propuestas que le hizo; sin embargo, no le da valor en cuanto a lo que él dice que esto viene sucediendo 6 meses atrás; él (el juez) considera que no es suficiente con la declaración del menor y por lo tanto no agrava el delito”.
Cabe señalar que la conversación vía Internet que generó el arresto del entrenador de fútbol infantil se presentó como una de las pruebas de la parte acusadora.
Sin embargo, el juez no consideró que con esto se acreditaba la pornografía infantil, aludiendo que el acusado refiere haber adquirido el material de contenido sexual con infantes a través de Internet y de un amigo.
“Según el juez para que se de el delito, (el detenido) tiene que haber tomado las fotos, que él las imprima, les de publicidad o que las venda y el juez dice que no está acreditada ninguna circunstancia de estas”, explicó Sifuentes Salazar.
Todo esto pese a que el Código Penal para el Estado de Tamaulipas señala que comete el delito de pornografía infantil, quien: “…fije, grabe, procese o imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivo, sexuales, o pornográficos en que participen uno o menores de 16 años…”.
“Yo me inconformé con el término que dictó el juez. Yo creo que sí se puede acreditar la corrupción de menores agravada en este caso, que ha sido de manera reiterada”, manifestó Sifuentes Salazar.
Sin embargo, al ser entrevistado por Hora Cero el juez cuarto de lo penal, Juan Manuel Ham González, admitió haber descartado la gravedad del caso debido a que en la averiguación previa integrada por el Ministerio Público no se acreditaba que el entrenador hubiera molestado al menor de una manera reiterada, asimismo, aclaró que a pesar de que el Código Penal para el Estado de Tamaulipas no sanciona a quien acumule o guarde en una computadora material con contenido pornográfico, en la averiguación previa se debió haber determinado que el acusado “guardaba” este tipo de material.
Explicó que aunque el menor aseguraba que el entrenador de fútbol tenía por lo menos seis meses haciéndole proposiciones indecorosas, legalmente la declaración fue demasiado genérica por lo cual no podía agravarse la acusación.
En la opinión del juez, si el Ministerio Público Especializado hubiera asentado esa declaración en la averiguación previa habría sido un dictamen distinto.
Aunque el acusado ya se encuentra libre, el juicio en su contra continúa pero solamente por el delito de corrupción de menores, lo que no es un consuelo para la familia del niño ofendido, quienes manifestaron su decepción a las autoridades del DIF.
“Les dijimos que no fue un fracaso jurídico, el señor está sujeto en un proceso por corrupción de menores. Que se le haya otorgado la libertad bajo fianza fue una decisión del juez, basada en sus argumentos, en lo que vio en la averiguación por el delito de pornografía infantil”, dijo el procurador de la Defensa del Menor y la Familia.
“Ellos están muy preocupados porque ahora su hijo es señalado por sus compañeros de equipo que están destrozando su moral, porque creen que él fue quien desató todo esto”, reveló el funcionario.
Incluso García Juárez se mostró seguro de que López Cantú es un depredador sexual.
“El señor tenía muchas fotografías de menores todas con connotaciones sexuales, pero en esas insertaba fotos de tres alumnos con quienes creemos que tenía obsesión y se comunicaba por chat. Creemos que esa persona tenía la intención o que estaba atrayendo a la víctima para cometer un abuso sexual. Además en la conversación del chat con el niño, el acusado admitió haber tenido relaciones sexuales con otro menor que no pudo ser localizado”, refirió.
EL CASO DE RACHID
Aunque la denuncia del entrenador de fútbol ocupó primeras planas de los periódicos y hasta motivó algunas manifestaciones de protesta, éste no fue el único caso de presunta pedofilia que se denunció ante las autoridades.
Rachid Saidi Idrissi, un ciudadano de Marruecos quien tiene 7 años viviendo en Reynosa, presentó una denuncia por los delitos de corrupción, pornografía infantil y prostitución sexual de menores e incapaces en contra de su ex esposa, Sandra Anacell Ibarra Leal, y su actual pareja sentimental, Héctor Julián Escalante González.
La acusación la presentó después de que encontrara una serie de fotografías donde aparecían el novio de su ex mujer con sus hijos desnudos, mismas que presuntamente fueron tomadas por Ibarra Leal.
Cuando encontró el material, Rachid decidió presentar una denuncia ante la Agencia Primera de Protección a la Familia, archivada con el número 578/2009, donde también se incluyó el testimonio de uno de los pequeños de cinco años de edad, quien acusó a la pareja de maltrato.
Sin embargo, a pesar de las evidencias no se ejerció acción en contra de los acusados sino hasta un mes después de haberse presentado la denuncia. Es más, aunque se acusa a Sandra Anacell Ibarra Leal y Héctor Julián Escalante, la Agencia Primera del Ministerio Público sólo consignó a la primera indiciada.
En medio del proceso, Rachid Saidi aceptó una entrevista con Contralínea donde invitó a otros padres de familia en su situación a que denuncien los hechos.
En la conversación, el ofendido reveló cómo se encontró con las fotografías de sus hijos desnudos.
“Mi hijastro me llevó la computadora de escritorio, él vio las fotos de sus hermanos donde aparecían mis niños totalmente desnudos con la pareja de mi ex y no es una foto. Son fotos donde aparecen los genitales de mis niños y de mi señora como si nada, como si fuera algo natural”, reveló.
La existencia de este material fue confirmada por Amadeo Cantú Ortiz, perito en Dictámenes Diversos de la Unidad Regional de Servicios Periciales, quien en el oficio 447/2009 (al que se tuvo acceso), fechado con el 17 de septiembre del presente año, detalla el contenido de la carpeta “Fotos Varias” en donde se encontraron las fotografías marcadas con los números 0651, 0563, 0416, 0409, 0390, 0389, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, así como la carpeta de nombre “Mi Julián”, específicamente en la carpeta “Nuestras Fotos” y la carpeta “Mi Historia de Conversaciones”, de la computadora marca Gateway con número de serie 0033142149 presentada por la parte acusadora.
El informe pericial (al que se tuvo acceso), es perturbador pues describe varias fotografías donde aparecen tanto los niños como los acusados desnudos.
Tal es el caso de la fotografía número 0416 donde se encuentra “medio cuerpo de un adulto desnudo y de frente”, la fotografía 0409 donde están “un adulto y dos niños desnudos. El adulto está atrás de ellos. El niño de la izquierda tiene levantada su mano derecha, el adulto la derecha y el niño de la derecha tiene ligeramente flexionados los miembros inferiores y la mano izquierda levantada (sic)”.
El reporte del perito también describe la fotografía 0410 donde aparecen “un adulto y dos niños desnudos. El adulto está en medio de ellos en cuclillas; el niño de la izquierda tiene los brazos flexionados y apuntando al techo, el de la derecha está ligeramente de perfil con el brazo izquierdo levantado y la pierna derecha flexionada (sic.)”.
El documento continúa detallando la fotografía 0412 donde están “un adulto y un niño de pie desnudos”, la número 0413 donde se ven “un adulto y dos niños de espaldas desnudos. El niño de la izquierda tiene las manos sobre la cintura y el de la derecha por encima de la nuca. El adulto tiene las manos cruzadas al frente” y la número 0415 donde está “un adulto desnudo”.
El peritaje también describe las 16 fotografías que se encuentran en la carpeta “Mi Julián” en la que se pueden ver cuerpos desnudos, “lo que parece un pene sintético”, acercamientos a genitales masculinos y femeninos además de adultos desnudos en poses sugerentes.
Asimismo, en el informe pericial se detalla el contenido de la carpeta “Mis Historiales de Conversaciones”, donde se revisaron las pláticas con el nombre de “Anacel”, pertenecientes a Ibarra Leal.
El perito confirmó en su informe que en estas conversaciones –que corresponden a los meses de abril, junio, julio, agosto y septiembre del año 2009–, Ibarra Leal acostumbra sostener conversaciones pornográficas con su pareja, además de que les muestra a sus hijos en la cámara de la computadora.
Aunque Rachid presentó todas las pruebas para la averiguación previa, el proceso de su denuncia duró poco más de cuatro semanas, tiempo en el cual la titular del Ministerio Público para la Protección de la Familia fue removida de su cargo.
Durante esas semanas la incertidumbre acompañó al ofendido, pues desde el momento que interpuso la denuncia no pudo ver a sus hijos que se encontraban al lado de la acusada, e incluso había pruebas que comprobaban que Ibarra Leal los pretendía sacar de la ciudad.
“Yo tengo entendido que cuando sucede algo así se tiene que denunciar de inmediato y las autoridades deben de actuar y ponerlos (a los niños) a disposición del DIF mientras se aclaran las cosas para ver si las personas son culpables o no, desde que demande a mi esposa los han citado como cuatro veces y no han comparecido”, se quejó Rachid.
Mientras duró el proceso, Rachid temía por la seguridad de sus hijos y que los victimarios escaparan.
Sin embargo, para fortuna del entrevistado, el 10 de octubre –casi un mes después de haber interpuesto la denuncia–, agentes de la Policía Ministerial del Estado ejecutaron la orden de aprehensión contra Sandra Anacell Ibarra Leal y se puso a disposición del juez cuarto de lo penal Juan Manuel Ham González.
Hasta el cierre de esta edición la situación de la indiciada no había sido determinada pues la defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 72 horas, plazo que se cumplirá el 19 de octubre.
Será hasta entonces cuando el juez Ham González determine, en base a las pruebas presentadas en la averiguación previa, si la indiciada es culpable de los delitos que se le imputan (corrupción de menores e incapaces y pornografía infantil) o no, mientras tanto la acusada se mantuvo detenida.
Esto no impidió que el padre de familia hablara sobre su caso pues, en su opinión, guardar silencio es favorecer a los victimarios.
“Muchos padres de familia guardan silencio por pena o para no afectar a los niños, pero a mi punto de vista está mal, porque mientras más silencio guarden, esta gente, estos lobos humanos, van a seguir haciendo esto y más”, sentenció.
DUDOSA ACTUACIóN
En estos dos casos existen varias incongruencias de parte de las autoridades. En la acusación en contra del entrenador de fútbol infantil, tanto el procurador de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia, así como la titular de la Agencia Especializada, Cristina González Ontiveros, demostraron que existían fotografías de tres niños con los que esta persona tenía contacto directo, pues forman parte del equipo que entrenaba.
Sin embargo el agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Cuarto de lo Penal afirmó que estas gráficas no existen.
Incluso, fuentes cercanas a la investigación revelaron haber visto estas gráficas donde estos tres menores aparecen tanto vestidos como en ropa interior.
Bolívar Hernández, delegado de la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas, reconoció que aunque este era un caso delicado, el personal a su cargo no intervino en la investigación pues la elaboración de la acusación estuvo a cargo de la agente Primero de Protección a la Familia, Cristina González Ontiveros.
Incluso, las autoridades determinaron designar a Alma Leticia Carranza como auxiliar del Ministerio Público, quien reconoció que González Ontiveros cometió algunos errores al elaborar la acusación en contra del detenido.
“Le dijimos (a la agente del Ministerio Público) que había que analizarse tanto lo que había en la computadora de escritorio como en la lap top para ver qué contenía.
Como eran demasiadas fotografías se tenían que ir analizando una por una y se le pidió a Servicios Periciales que hicieran ellos el dictamen. La resolución al último fue que la lap top no se pudo analizar porque no contaba con batería y la remitió sin analizar”, reveló la auxiliar del ministerio público.
Cabe señalar que el pasado jueves 1 de octubre, Cristina González Ontiveros fue removida de su cargo como titular de la Agencia Primera de Protección a la Familia.
En el caso de Rachid, aunque está comprobada y documentada la existencia de material fotográfico de los menores de edad y el adulto Héctor Julián Escalante, la única persona consignada es Sandra Anacell Ibarra Leal, situación que también extrañó al juez Juan Manuel Ham González, que lleva el caso, pues la denuncia se presentó en contra de la pareja y según afirmó el funcionario a esta redacción es responsabilidad del Ministerio Público, agotar todas las instancias para hacer llamar a los indiciados.
HAY MáS CASOS
Además de los casos anteriores, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF Reynosa tiene conocimiento de otras dos quejas de madres de familia que denunciaron el mal uso de las redes sociales y páginas de Internet personales de jóvenes relacionados con sus hijos.
Carlos García Juárez, titular de la dependencia, explicó: “Hemos visto cómo jóvenes de 14 años en sus páginas personales se intercambian fotografías inusuales, teniendo relaciones sexuales, haciendo un mal uso de estos medios cibernéticos.
“También hemos tenido un daño moral donde a través de estas páginas (Facebook, Fotolog y Metroflog) donde cualquiera puede ingresar a tu espacio se hizo un chisme dentro de un grupo de estudiantes de secundaria e hicieron un daño moral a otra menor donde la acusaban de muchas cosas”, compartió.
De hecho estas denuncias se han incrementado, lo que ya preocupa a las autoridades, quienes recomiendan a los padres de familia que supervisen los portales de internet que visitan sus hijos.
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