Ha pasado casi un año desde que el campo tamaulipeco quedara devastado tras el paso del huracán “Álex” y las inundaciones provocadas por la crecida de los ríos Bravo y Conchos, y los arroyos en la región.
En ese entonces, los gobiernos Federal y Estatal prometieron apoyo inmediato para los propietarios de las más de 150 mil hectáreas de sorgo y maíz que resultaron afectadas por el fenómeno natural quienes -se supone- recibirían entre 6 mil 500 y 2 mil 500 pesos por hectárea, con un tope de 5 hectáreas apoyadas.
Jorge Luis Cárdenas Rodríguez, jefe del Distrito 155 de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), informó que el gobierno federal diseñó un esquema donde los propietarios de tierras de riego de maíz recibirían 6 mil 500 pesos, los de sorgo 4 mil 500, y los de temporal 2 mil 500 (tanto de sorgo como de maíz).
Para poder dar los apoyos, se destinó un presupuesto de alrededor de 107 millones de pesos que debían ser repartidos entre los campesinos afectados en los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Díaz Ordaz, Camargo, Reynosa y Río Bravo.
Sin embargo, la burocracia y los requisitos demandados para poder acceder a estos recursos han dejado fuera de esta ayuda a más de la mitad de los solicitantes, reconocieron autoridades agrícolas. Cárdenas Rodríguez aceptó que, a la fecha, de los 600 campesinos que se apuntaron para recibir estos recursos, apenas 221 fueron autorizados para recibirlos.
Explicó que la Secretaría de Hacienda exigió una serie de requisitos para que los productores afectados pudieran acceder a este dinero, mismos que no pudieron ser cubiertos por la mayoría de los demandantes.
Entre los trámites que se tenían que cumplir, estaba el hecho de que el afectado tenía que estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, no debía de haber recibido apoyos a la comercialización un año antes de las inundaciones, además de que tenía que ser propietario de las parcelas afectadas.
Los agricultores también debían realizar una solicitud individual en donde mencionaban cuáles fueron las pérdidas que sufrieron, mismos que debían de coincidir con las registradas tanto por autoridades municipales, como estatales y federales.
Cárdenas Rodríguez manifestó que la mayor parte de los productores rurales no pudieron cumplir con toda la lista de trámites, por lo que van a tener que absorber por su cuenta la totalidad de las pérdidas económicas generadas por las inundaciones.
Sergio Guajardo Maldonado, ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tamaulipas aclaró que de los 107 millones que se anunciaron como apoyo a los hombres del campo afectados por las inundaciones, solamente 70 corresponden a Tamaulipas, pues el resto va a ser distribuido en los estados de Coahuila y Nuevo León, también perjudicados.
Sin embargo la mayor parte de este dinero no ha sido ejercida, precisamente por los requisitos burocráticos que se exigen, por lo que Guajardo Maldonado solicitó que, por lo menos, el gobierno Federal cumpla con su promesa de distribuir el apoyo de 200 pesos por hectárea.
“También solicitamos que se hagan llegar en su totalidad los recursos de apoyo otorgados a Tamaulipas para atender los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico denominado ‘Álex’”, mencionó.
El exdirigente de la CNC señaló que, ante los retrasos en la llegada de este dinero, la mayor parte de los productores tamaulipecos se han visto en la necesidad de contratar créditos bancarios para poder reiniciar su producción, lo que les representará pérdidas debido a los altos intereses que deberán de pagar.
Por su parte, Juan Báez Rodríguez, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en la entidad, aseguró que la burocracia federal ha provocado que solamente se hayan ejercido 40 de los 107 millones de pesos que debían de haberse repartido entre los productores rurales del noreste de la República.
Ante ello, demandó al gobierno Federal que diseñe un nuevo programa, en donde se facilite a los campesinos afectados el poder acceder a los recursos que les prometieron desde que inició la contingencia.
“Es necesario instrumentar un nuevo programa con menos requisitos, sin tanto burocratismo para aprovechar los fondos y hacer frente a los daños”, sentenció.
Incluso, muchos de los que sí fueron autorizados para recibir este dinero apenas lo han comenzado a recibir, informó Hilario Barrera, director de Desarrollo Rural en Reynosa.
El funcionario indicó que tiene conocimiento de que algunos ejidatarios de Reynosa apenas han visto reflejadas en sus cuentas bancarias los recursos por concepto de apoyo por los daños durante las inundaciones. Y aunque este dinero les ayuda en algo, aseguró el funcionario, a la fecha las pérdidas que han registrado los hombres del campo son considerables.
Más allá de las pérdidas millonarias que se registraron en la infraestructura carretera y en algunas comunidades ejidales por el desbordamiento del cauce del río Bravo, quienes resultaron verdaderamente perjudicados con este desastre fueron los campesinos y ganaderos de la entidad.
Reportes del gobierno federal indican que, de las 668 mil 733 hectáreas de sorgo sembradas en Tamaulipas, 110 mil resultaron afectadas. En el caso del maíz se reportan daños en 80 mil hectáreas.
En los distritos de riego 025 y 026 –que comprenden los municipios de la frontera tamaulipeca–, hubo afectaciones en 132 mil hectáreas de cultivo de sorgo, maíz amarillo y maíz blanco, que representan pérdidas de hasta 370 millones de pesos.
Los ganaderos de la región reportaron la muerte de 329 cabezas de ganado caprino, 275 cabezas de ganado ovino, y 80 cabezas de ganado bovino.
Los mayores daños se reportaron en los municipios de Abasolo, Aldama, Burgos, Villa de Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Mainero, Mante, Matamoros, Méndez, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Valle Hermoso, Ciudad Victoria y Villagrán.
Desafortunadamente, la gran mayoría de los campesinos afectados no cuentan con los recursos suficientes para contratar un seguro contra riesgos naturales, por lo que los apoyos prometidos por el gobierno Federal eran su única esperanza de recuperar algo de dinero.
Tras las inundaciones, decenas de comunidades rurales de la frontera tamaulipeca quedaron bajo el agua, afectando tanto a las parcelas como a las viviendas de los campesinos de la región.
Residentes de ejidos como Los Cavazos y Reynosa-Díaz (en Reynosa), además de San Lorenzo y Las Blancas (en Matamoros), se vieron obligados a abandonar sus viviendas debido a que el agua invadió por completo sus comunidades.
Durante semanas, los residentes de estas comunidades sobrevivieron en casas de parientes o en bodegas de granos habilitadas como albergues donde, en el mejor de los casos, recibieron algunas despensas.
Serafín Gómez, quien estuvo al frente de la representación del gobierno de Tamaulipas en Reynosa durante la contingencia, explicó que la oficina a su cargo entregó apoyo a los campesinos afectados, sin embargo estos consistían en algunas despensas y paquetes de limpieza personal y de viviendas. En algunos casos se logró gestionar la distribución de láminas de aluminio para la reconstrucción de los techos de las casas afectadas.
El funcionario precisó que todos estos apoyos fueron proporcionados con recursos estatales y municipales, pues ninguna dependencia del gobierno Federal acudió a las comunidades afectadas para repartir ayuda.
Tras el paso de “Álex” fue tanta el agua que corrió sobre la región, que durante meses decenas de comunidades rurales de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz y Camargo quedaron bajo el agua, además de que varios kilómetros de la autopista Reynosa-Matamoros fueron destruidos, con lo que se trastocó severamente el paso de mercancías y personas en la región.
Para muchos de los ejidatarios afectados e, incluso, algunas autoridades locales, la principal responsable de este problema fue la Comisión Nacional del Agua (CNA), organismo encargado de la administración de las presas.
El entonces gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, aseguró que la falta de previsión de la CNA provocó que las principales presas de la región quedaran al tope de su capacidad, por lo que fue necesario realizar desagües de emergencia que incrementaron los niveles del río Bravo, con lo que hubo desbordamientos e inundaciones.
Hernández Flores culpó de negligente al entonces gerente de la CNA en la cuenca Río Bravo, Pedro Garza Treviño, por no haber previsto esta situación que afectaría a Tamaulipas. De hecho, este funcionario fue despedido de su puesto seis meses después de la contingencia.
“Cualquier daño a las personas o materiales son imputables a esta política de la CNA, y en especial a esta persona (Garza Treviño) que no está al pendiente de los tamaulipecos, y que tiene irresponsablemente las presas casi al 100 por ciento en temporada de huracanes”, puntualizó.
Incluso el entonces gobernador hizo eco de los reclamos que históricamente han hecho los productores rurales tamaulipecos a las autoridades federales.
“Estamos hasta cierto punto muy inquietos -indignados también-, por el trato que se dio a Tamaulipas con el manejo de las aguas. Cuando hay escasez de agua, a Tamaulipas no se le suelta el agua que le corresponde, en cambio, cuando hay un gran exceso como es en esta ocasión, ahora si son muy generosos”, expresó.
Por su parte, Fausto Destenave Mejía, especialista en hidráulica, también señaló como una dependencia responsable de todo este problema a la Comisión Nacional del Agua (CNA). “Se actuó tarde y con negligencia. Sabían que venían lluvias muy fuertes para la región y no tomaron precauciones”, aseguró.
El especialista citó como ejemplo el caso de la presa “Venustiano Carranza”, ubicada en los límites de los estados de Nuevo León y Coahuila, donde la falta de previsión de los responsables de su administración, provocó que quedara al 108 por ciento de su capacidad.
Ante ello, fue necesario abrir 17 de sus 26 compuertas, con lo que se soltaron 106.9 millones de metros cúbicos de agua que inundaron varias poblaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
“Las compuertas debieron abrirse desde los primeros días de julio, lo que pudo evitar la inundación del municipio de Anáhuac; en cambio, las acciones se tomaron tarde y costaron daños a miles de familias en Nuevo?León.
“Lo que ocurrió fue un error humano, pues se pudo prevenir, no sé porqué hubo tardanza para tomar decisiones, pero lo cierto es que esa tardanza ocasionó daños a miles de viviendas, y seguramente la cortina de la presa habrá resentido el exceso de agua”, indicó.
A la fecha, y no obstante la apertura de las compuertas, todas las presas de la región continúan al tope de su capacidad total.
Para la Comisión Nacional del Agua (CNA), su estrategia de abrir las compuertas de las presas (independientemente de los daños que provocó) permitió evitar catástrofes mayores.
Por medio de un comunicado, la dependencia federal aseguró que el desfogue controlado de las presas de la Cuenca del Bravo evitó severas inundaciones en Tamaulipas y Monterrey.
Explicó que las maniobras en las presas Las Blancas, ubicada en Tamaulipas, y Cerro Prieto y El Cuchillo, en Nuevo León, “amortiguaron hasta 50 por ciento las crecientes aguas abajo de los ríos Santa Catarina, San Fernando y Bravo, lo que evitó que se presentaran grandes avenidas y generaran posibles inundaciones en las comunidades cercanas”.
Incluso calificó como “óptima” la operación de la presa rompe picos Corral de Palma, ubicada en el cauce aguas arriba del río Santa Catarina, que permitió que sólo transitaran 2 mil 500 metros cúbicos por segundo, mismos que fueron suficientes para devastar una gran parte de la infraestructura vial de la ciudad de Monterrey.
“De no haber existido dicha infraestructura, la creciente hubiera superado los 5 mil metros cúbicos por segundo, generando una catástrofe mayor, como la destrucción total de las principales avenidas de la Zona Metropolitana de Monterrey (Constitución y Morones Prieto), y graves pérdidas por inundaciones”, cita el documento.
Sobre las críticas del gobierno de Tamaulipas y Nuevo León, la CNA aseguró que antes de la llegada del fenómeno les estuvo informando sobre la posibilidad de operar las presas ante el escenario que se vislumbraba con “Álex”.
“Una vez ubicada su trayectoria, la dependencia intensificó, mediante oficios, las alertas meteorológicas a los gobiernos estatales y autoridades de Protección Civil de dichas entidades, a fin de que tomaran las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad física de los habitantes”, sentenció.
A casi un año del fenómeno natural y las promesas de apoyo que nunca se concretaron, el gobierno de Tamaulipas informó que tras una serie de gestiones del gobernador, Egidio Torre Cantú, ante la Federación, “hicieron posible la autorización de 77 millones de pesos para el apoyo a productores de maíz y sorgo que resultaron afectados por el huracán ‘Álex’”.
Por medio de un comunicado, el Secretario de Desarrollo Rural, Jorge Alberto Reyes Moreno, informó que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se logró liberar el recurso que atenderá los efectos producidos por el fenómeno atmosférico de julio pasado.
“Con este recurso se beneficiará a un total de mil 395 productores que sembraron casi 22,000 hectáreas, y se vieron afectados por las contingencias climatológicas en los ciclos agrícolas primavera-verano 2010 y otoño invierno 2010-2011”, indicó.
Reyes Moreno informó que las ventanillas de los 34 Centros de Atención al Desarrollo Rural (CADER) estarán abiertas para la recepción de solicitudes para apoyar a los productores que vieron mermadas sus cosechas por los efectos del huracán “Álex”.
Sin embargo, estimaciones de ex funcionarios estatales como Víctor de León Orti, ex responsable de los programas de apoyo rural en la entidad, aseguran que para poder atender a todos los campesinos afectados por el pasado fenómeno meteorológico, se requieren 650 millones de pesos para apoyar a los productores y reactivar sus actividades en el norte y centro de la entidad.
Y, aunque pareciera que nadie puede ponerse de acuerdo en la cantidad y la forma en la que se van a distribuir las ayudas oficiales, la realidad es que los campesinos, quienes son los que más los necesitan, siguen esperando a que alguien se acuerde de ellos.
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