La Comisión  de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido que la crisis de Oceanografía –cuyo propietario, Amado Yáñez, sigue preso– generaría cuantiosas pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex). El quebranto inicial por el incumplimiento de contratos de la naviera privada se había calculado en 100 millones de pesos, pero al final se elevó a 864 millones.

Por los problemas que Pemex enfrentó para que los barcos de Oceanografía cumplieran en tiempo y forma con los contratos asignados, las recuperaciones probables se estimaron en 864 millones de pesos, según los resultados de las auditorías a diversas áreas de Pemex, practicadas por el órgano fiscalizador del Congreso de la Unión.

Sin embargo, el problema se presentó ante el incumplimiento del pago de las fianzas que contrató Oceanografía con empresas como Afianzadora Sofimex. En medio del proceso de concurso mercantil de la naviera, se argumentó que las fianzas no podían proceder a pesar de que barcos como Caballo Azteca y Oso Goliath seguían en servicio para Pemex y que los incumplimientos y problemas asociados estaban respaldados por una garantía.

Antes de que Pemex se transformara en una empresa productiva del Estado, la recomendación de la ASF fue que la petrolera debió blindar sus procesos ante situaciones de fraude, como las que generó Oceanografía y que detonaron en procesos de inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública. Fue precisamente el incumplimiento de una fianza la que inició la crisis en que cayó la empresa de Amado Yáñez al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Desde prisión, el empresario Yáñez ha defendido su participación en Oceanografía y ha advertido los miles de millones de pesos perdidos por la intervención del gobierno federal, lo que provocó además que Pemex perdiera recursos al no aplicar penas convencionales en el incumplimiento y fallas en los contratos; Banamex –el banco de cabecera de la naviera– también enfrentó pérdidas millonarias porque dejó de recibir los recursos de las cuentas por cobrar de Pemex; cientos de trabajadores de Oceanografía no fueron liquidados y aún exigen su finiquito; los arrendadores de barcos también tuvieron pérdidas por los fraudes cometidos por los accionistas Amado Yáñez y Martín Díaz, éste sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

El fraude de Yáñez y Martín Díaz

Después de que se decretó la quiebra de Oceanografía y ahora se procede a la liquidación de bienes, Yáñez presentó ante el juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México un recurso para solicitar que se deje sin efecto el aseguramiento de los bienes de Oceanografía, involucrados en la averiguación UEIORPIFAM/AP/065/2014, con fecha del 27 de febrero de 2014.

Acostumbrado a la mentira, al chantaje y la simulación, Yáñez Osuna solicitó por conducto de sus abogados, que se retire el aseguramiento de documentos, contabilidad, recursos, bienes muebles e inmuebles de Oceanografía porque, según él, dicho fraude contra Banamex y Pemex “jamás se perpetró”. Entre los bienes de Oceanografía también se menciona un fideicomiso bajo la custodia de Deutsche Bank y en el que, aparentemente, también se resguardan bienes de Oceanografía.

Mediante estrategias legaloides, en los alegatos ante instancias judiciales Yáñez Osuna sostiene que no se ha logrado acreditar que Banamex (filial de Citibank) sufrió un desfalco por 5 mil millones de pesos.

La denuncia contra el empresario Amado Yáñez por fraude en contra de Banamex la inició Mauro Fernández Rodríguez León, director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero.

El mismo día en que se presentó la acusación, también se inició el aseguramiento de bienes de Oceanografía. Yáñez refiere que la autoridad también externó que a su administración y a él mismo se le investigaban por el delito de delincuencia organizada.

Durante el trabajo de la UIF –refieren documentos judiciales– se descubrió la existencia de una célula criminal organizada por Amado Óscar Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez, este último cerebro y director financiero de Oceanografía, relacionado con funcionarios bancarios como Alfonso Gerardo Ortega Brehm, Emilio Gonzalo Granjagout y Erick Cervantes Murillo (empleados y directivos de Banamex).

Las autoridades de la Secretaría de Hacienda atribuyeron que dicha “célula delincuencial”, entre los meses de septiembre de 2013 y febrero de 2014, operó y se coludió con la finalidad de obtener créditos para Oceanografía, según el análisis judicial en poder del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. En los alegatos, los abogados de Yáñez sostienen que la Procuraduría General de la República –durante la integración de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/115/2014– sólo recabó pruebas “ilícitas”.

Estos procesos fueron promovidos por la defensa de los exfuncionarios de Banamex involucrados en el fraude, y ahora fueron retomados por Yáñez para tratar de demostrar que todo fue parte de una estrategia del gobierno federal para despojarlo de Oceanografía y de los contratos de Pemex.

Hasta ahora, a 2 años de iniciada la investigación de la UIF, órgano especializado en perseguir blanqueo de capitales, parece infructuoso el proceso porque no han podido probar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Dichos ilícitos, según los abogados de Amado Yáñez, fueron conjeturados en una denuncia “sin relevancia probatoria”, mientras que los delitos financieros sometidos a conocimiento judicial “se han desvanecido contundentemente”, lo que podría provocar la salida de prisión de este empresario acostumbrado a realizar negocios mediante engaños, fraudes y sobornos a funcionarios petroleros y bancarios.

Miguel Badillo