Colombia: indígenas en medio de la guerra

Constanza Vieira/IPS-Voces de la Tierra

Toribío, Colombia. En el Norte del departamento del Cauca los niños indígenas no saben qué es la paz, pero tienen la guerra en su patio de juegos. Para las fuerzas de seguridad y la guerrilla de izquierda, el territorio del pueblo nasa es un campo estratégico de confrontación.

Indígenas de todas las edades contestan, sin titubear, cuando se les pregunta por el principal problema que padecen: “La guerra”. El segundo drama es “la falta de oportunidades”.

En el territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) viven 105 mil indígenas, criollos y afrodescendientes. La mayoría forma parte de la comunidad nasa, aunque también hay misak (guambianos).

La carretera que sube a Toribío, capital nasa, es una muesca que serpentea por empinadas montañas, siguiendo el cauce del río Palo. El aire es tibio. En las laderas hay cultivos de café y pequeños sembrados de coca y mariguana.

Cada tarde, a las cinco, entre semana, motociclistas suben con bultos de hoja de coca que llevan a dos laboratorios ubicados en la montaña. Son intermediarios que recolectan la cosecha en ciertas casas. Los indígenas que cultivan para la industria de las drogas no están afiliados al cabildo de la comunidad.

Desde que la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS) estuvo en la región, en 2009, surgió una novedad: en esta vía olvidada aparecieron dos estaciones de gasolina. En ese combustible se sumerge tres días, en grandes recipientes metálicos, la hoja de coca, previamente picada con guadañadora. Es el primer paso para convertirla en cocaína. No es mayor cosa lo que se paga por la hoja de coca: 20 dólares por arroba (12.5 kilogramos). El precio se duplica en tiempos de cosecha o de operaciones militares.

La guerra se intensificó en el territorio de la ACIN, que limita con el departamento del Tolima. Las fuerzas militares creían que allí, en los vericuetos inexpugnables de la Cordillera Central de los Andes del Sur del Tolima, estaría el comandante de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido por su nombre de combate Alfonso Cano. En efecto, el guerrillero fue abatido por las Fuerzas Militares de Colombia en esta región del Cauca el 4 de noviembre pasado, durante la Operación Odiseo. El líder de las FARC murió desarmado.

Las FARC, surgidas en 1964, hicieron estallar un autobús-bomba el 9 de julio frente a la estación de policía de Toribío. La edificación fortificada apenas sufrió rasguños, igual que ocurrió en un ataque en 2005.

Pero las casas frente a la estación quedaron demolidas y de sus escombros no hay ni rastros. De las que colindaban con éstas, emergen de las ruinas columnas maltrechas. En Toribío murmuran que en esas viviendas, cinco en total, se albergaban militares. Sin embargo, no hubo reporte oficial de soldados muertos en el ataque.

Tampoco trascendió que la Guardia Indígena (cuerpo civil de control, ganador del Premio Nacional de Paz) salvó a un policía, al sacarlo de Toribío vestido de civil.

Nada se dijo, además, sobre tres policías que la guerrilla se llevó consigo ese día en la retirada, según aseguró un testigo ocular de la Guardia Indígena a IPS. “Iban amarrados y tapados con plástico negro” en una camioneta. El destino de esos uniformados se desconoce.

La militarización del Norte del Cauca ha sido vertiginosa y el Ejército no construye aún edificaciones propias. En Caloto, penúltimo pueblo en la parte plana, se instaló en el centro deportivo, junto a un parque infantil.

Un contrainsurgente Batallón de Alta Montaña llegó a la región en julio pasado con 800 hombres. No se asentaría en Toribío sino en Buena Vista, al filo plano de una montaña cercana, con faldas como paredes y una vista panorámica de 360 grados. Un punto estratégico para dominar: el problema es que allí hay un sitio de asamblea permanente (refugio humanitario). La gente dice que se establecerá en Buena Vista si la construcción militar se inicia.

Por toda la región están estos refugios, una de las principales estrategias de los nasa para no sumarse a la diáspora del desplazamiento forzado de los hogares a causa de la violencia. Allí se ampara la comunidad ante los combates y hacen eventos y asambleas. Los apoya la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Se complementan con una huerta comunitaria donde siembran yuca (tubérculo), plátano, arracacha (apio criollo), para afrontar el primer momento mientras llega la ayuda.

Albeiro Quihuanáz, consejero de ACIN para el Tejido de Defensa de la Vida (cargo equivalente a una secretaría o ministerio), porta el símbolo de su autoridad: una vara de madera de chonta (árbol, variedad de la palma espinosa, cuya madera, fuerte y de color oscuro y jaspeado, se emplea para hacer bastones y otros objetos de adorno) con una pequeña cresta de oro, de la que cuelgan cintas angostas y pompones de lana en siete colores.

Este Tejido, una comisión transversal de alto rango con el mandato de defender la vida y facilitar soluciones humanitarias, dirige la Guardia Indígena, conformada con 1 mil 200 integrantes efectivos.

“El conflicto no tiene horario”, dice Quihuanáz. “A veces está por tres o seis horas, o a veces por tres o cinco días”. Si alguna Fuerza Armada le impide a la gente transitar, la comunidad se marcha varias semanas al sitio de la asamblea permanente. Allí, sin remedio, se padece hacinamiento. “A veces se necesita atención en salud; tiene que haber adecuación: leña, sal, fósforos, colchonetas”.

Los sitios de asamblea “han tenido resultados”, sostiene. “Hemos defendido vidas, [el] territorio. La minga [trabajo colectivo para el bien común] se ha mantenido, no ha habido desplazamiento. La ganancia ha sido ésa”.

Edilfredo Rivera coordina el Tejido de Defensa. “En este momento se intensifica el conflicto porque cambian las estrategias de guerra. “Anteriormente, la guerrilla se movía en grandes grupos y el Ejército también”, añade. Los indígenas podían prever más fácilmente los choques entre ellos y tomar medidas para salvaguardarse.

“Ahora no. Ahora ya son comandos. En las últimas acciones ya no son montones de guerrilleros. Están haciendo mucho más daño”, agrega, para luego asegurar que “el Ejército también está implementando ese tipo de acción”.

Así que, expresa Rivera, “nosotros también tenemos que comenzar a revaluar lo que hacemos. Esto nos afecta”.

Los nasa ven que el Estado incumple sus propias reglas ni las declaraciones y normas internacionales que establecen la autonomía indígena. Dicen que la guerrilla tampoco honra los compromisos de décadas atrás. “Cada día aumentan los muertos, hay reclutamiento de menores, violaciones, masacres, bombardeos, presencia militar, contaminación territorial, y no se respetan los sitios sagrados, además de que hay explotación minera”, señala Quihuanáz. “Hay una ocupación militar en el territorio”.

Por eso, el 20 de julio pasado la comunidad dio un ultimátum desde Toribío. “Ya no más discursos. No más palabras. Vamos a la acción”, agrega el consejero. El 12 de octubre se inició la minga de la desmilitarización.

Los nasa sacaron los laboratorios de droga de sus territorios en 2000 y 2009 y en septiembre pasado incendiaron dragas (embarcación utilizada para excavar material debajo del nivel del agua, y elevarlo hasta la superficie) de minería. Han desmontado trincheras policiales en cascos urbanos. Cada acción fue ampliamente advertida. Como ahora.

No van sólo a desmantelar los campamentos de la guerrilla, para que no les digan que están con el Ejército. Si van sólo a donde está éste, a desmontar sus bases, “nos acusan de ser guerrilleros. Entonces, les toca irse a ambos [bandos]”, indica Quihuanáz. También tendrá que irse la policía.

“Ésa es la estrategia. La comunidad está diciendo: vamos a actuar. La copa se rebozó. Queremos paz. ¿Cuál es la paz? Vivir bien. Tener la tierra sin que esté contaminada. Trabajarla. Tener productos. Que la colectividad viva bien”, expresa. “Los actores armados, la guerra, no nos dejan. La paz es que no haya presencia de actores armados. Ése es el camino”.