Ni presente ni futuro es lo que ofrece el gobierno de México a sus jóvenes. La política pública del Estado es criminalizar y excluir al 35 por ciento de su población. Cuatro derechos fundamentales de los jóvenes son violados: educación, empleo, salud y participación juvenil. En México son considerados seres inacabados e invisibles. Mientras esta visión permanezca, están condenados a vivir en un país sin garantías ni libertades, advierten especialistas
En México, sede de la Conferencia Mundial de la Juventud, los derechos de los jóvenes son permanentemente violados. El informe Derechos humanos de las juventudes en México 2010 advierte que las coyunturas que vive el país reflejan un alto índice de discriminación y exclusión de los jóvenes y una predominante situación de rezago en el ejercicio de sus derechos.
“La crisis económica, la creciente pobreza y la militarización ahondan las de por sí ya limitadas oportunidades de los jóvenes, quienes son colocados en una situación de alarmante desventaja que poco a poco frenan su desarrollo individual y colectivo”, observa.
Publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, subraya que, en México, se violan cuatro derechos fundamentales para los jóvenes: educación, empleo, salud y participación juvenil. Las normas que existen, apunta la organización civil, no permean de forma efectiva para garantizar el acceso a los derechos.
El no cumplimiento de sus derechos está ligado a la visión de que “los jóvenes son seres inacabados, lo que es una posición limitada que no aporta a un Estado democrático y respetuoso de la diversidad”. Por el contrario, la juventud en el país es catalogada como sinónimo de inmadurez, inexperiencia, rebeldía, excesos, adicciones, conductas negativas. “Son vistos como delincuentes a los que se necesita corregir y encauzar”, señala el informe Derechos humanos de las juventudes en México 2010.
Este año fue designado el Año Internacional de la Juventud. En México, país miembro de la Organización Iberoamericana de Juventud, no existe una ley de juventud; tampoco, políticas públicas para un sector que representa el 35 por ciento de la población. Sólo en 14 entidades federativas, existe legislación en materia de juventud, pero en su mayoría carecen de reglamento.
El gobierno mexicano no ha ratificado la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, único instrumento a nivel internacional que reconoce a los jóvenes como sujetos plenos de derechos. Si no ha sido ratificada, señalan especialistas, es porque incluye temas como los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía, la emancipación, la objeción de conciencia frente al servicio militar y el sindicalismo. Temas que, dicen, “le hacen ruido al gobierno mexicano”.
Clara Meyra Segura, del área de Educación, Promoción y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el discurso de Felipe Calderón Hinojosa se ha limitado a hablar de jóvenes como soldados, delincuentes, ninis u obreros, no como sujetos plenos de derechos ni agentes claves para el desarrollo.
“Los jóvenes –reflexiona Clara Meyra Segura– tienen derecho a vivir y disfrutarse plenamente, pero si eso lo evita el Estado, estamos condenados a vivir en un país sin garantías ni libertades. Una sociedad democrática no se construye a partir de encierros, sino desde la libertad, la diversidad y la participación”.
Ser joven en México, describe el informe Derechos humanos de las juventudes en México 2010, se ha convertido en un estigma que se intensifica por las condiciones económicas, políticas y sociales. Los jóvenes se enfrentan a un futuro incierto, lo que les genera desesperanza, frustración, malestar social y rechazo al estudio y al trabajo. En México, 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan.
Señala que los denominados ninis son producto de una política pública de exclusión, marginación y falta de oportunidades. “No existen para las instituciones formales, pero sí para el circuito de la criminalidad”. Según la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, el 60 por ciento de las personas recluidas es menor de 30 años.
El término nini, indica el reporte, no tendría que usarse como un adjetivo, sino como un indicador para que el Estado genere políticas que cumplan con el derecho a la educación y al empleo”.
Al respecto, 10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la universidad no lo hacen por falta de recursos económicos. Los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos son quienes truncan sus estudios. Según la Subsecretaría de Educación Superior, únicamente el 5 por ciento de los jóvenes entre 19 y 23 años, que pertenecen al sector más pobre, cursan estudios en una institución de educación superior.
Respecto de los jóvenes con alguna discapacidad, sólo el 15 por ciento asiste a la escuela. En 2009 se creó el programa de Bachillerato no Escolarizado, lanzado para estudiantes con discapacidad. La estrategia, dice el reporte, no ha dado los resultados esperados, ya que carece de materiales didácticos adecuados al tipo de discapacidad de los alumnos y los maestros no han sido lo suficientemente capacitados.
“Si ya de por sí los jóvenes son discriminados en razón de su edad, el tener alguna discapacidad los hace doblemente discriminados. En la esfera de la educación, México no ha logrado generar modelos educativos incluyentes y suficientes para su población”, reflexiona el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Según la Organización Internacional del Trabajo, México es uno de los países con el mayor índice de deterioro de los derechos laborales de los jóvenes entre 15 y 24 años.
Aunque el Plan Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 sugiere que las instituciones deben garantizar el derecho de los jóvenes al trabajo decente, las oportunidades laborales son cada vez menos y de peor calidad, señala el informe. Del total de desempleados en México, el 65 por ciento es joven, cuando es este sector el que representa la mayor fuerza de trabajo.
El problema, explica, no sólo deriva de la crisis económica, sino de la estructura estatal. Que el sector sea invisibilizado “se traduce en poco aprovechamiento del talento y la creatividad de la juventud para transformar su realidad”.
El reporte Derechos humanos de las juventudes en México 2010 menciona que al existir un gran número de jóvenes con necesidad de obtener un empleo remunerado, los empleadores pueden darse el lujo de imponer condiciones y de violentar derechos laborales sin que el Estado los vigile ni sancione.
La Comisión Económica para América Latina estima que uno de cada tres, y casi la mitad, de los jóvenes mexicanos viven en situación de pobreza, es decir, sufren la falta de ingresos, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos. De esa cantidad, casi el 8 por ciento vive en la indigencia.
La situación resulta más grave para los jóvenes, explica el reporte, porque la juventud es un tiempo esencial para formar la personalidad, construir un lugar en la vida y romper con la condena de devenir en adulto pobre. “Por las condiciones difíciles y sin perspectivas para muchos jóvenes, la pobreza podría ser interpretada como causa del crecimiento en las tasas de suicidios”.
Ello ha propiciado, por un lado, que crezca la migración juvenil –de acuerdo con el informe, cada año salen hasta 220 mil jóvenes del país en búsqueda de oportunidades–; por otro, el que los jóvenes en situación de pobreza se refugien en el narcotráfico como víctimas o delincuentes. Se calcula que más de 7 millones de jóvenes que crecen sin acceso a la educación ni al mercado laboral se involucran con el narcotráfico.
Los jóvenes mexicanos no reciben una atención de calidad que considere sus necesidades. Por el contrario, declara el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, son minimizadas, como es el caso de sus derechos sexuales y reproductivos.
Describe que prácticas avaladas por el gobierno como el miedo, la coerción y el no acceso a la información ligan el concepto de sexualidad con un mal o castigo. Con ello, se controla y debilita el ejercicio de ese derecho. Un ejemplo es la falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos.
“Los jóvenes que no ven garantizados sus derechos sexuales y reproductivos son propensos a las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados, el aborto inducido y la morbilidad y mortalidad materna”, advierte el reporte Derechos humanos de las juventudes 2010.
A su vez, los programas de orientación sexual y anticoncepción sobrevaloran o subestiman el entendimiento y responsabilidad de los jóvenes. “Esta visión limita la sexualidad a un problema de adolescentes o un asunto de falta de atención familiar”.
Clara Meyra Segura sostiene que la política del Estado es encerrar en la cárcel o en el hogar a los jóvenes, sea porque son criminalizados o presas del miedo. De esta forma, el narcotráfico, el Ejército y la policía les ha quitado sus espacios: la calle y la noche.
Hay mayor incidencia de muertes en menores de edad entre los 15 y los 17 años, debido a la guerra contra el narcotráfico. En ciudades como Chihuahua y Sinaloa, la tasa de homicidios en este grupo ha aumentado hasta un 500 por ciento.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria señala que autoridades locales, estatales y federales se han apresurado a descalificar a las víctimas, vinculándolas con el narcotráfico.
“Los jóvenes tienen, como cualquier persona, el derecho a su buen nombre, su honor y el respeto a su dignidad. Señalarlos como delincuentes antes de realizar una investigación, para justificar los errores que comete el Ejército o los cuerpos de seguridad pública, es inaceptable”, argumenta la asociación.
Especialmente en el Norte del país, el clima de violencia mantiene a las mujeres jóvenes en un estado de miedo. El informe apunta que no pueden salir de sus casas o deciden dejar sus ciudades para evitar convertirse en “botín de guerra”. Pese a la presencia del Ejército, 25 mujeres jóvenes desaparecieron en Ciudad Juárez en 2009.
Clara Meyra Segura explica que ser joven significa ser visto como un ser inacabado e inexperto, por lo que no son considerados para participar en los diferentes espacios donde se toman decisiones.
“Desde lo amplio a lo cercano –expresa–, las condiciones para los jóvenes en el país son adversas, y están conectadas a una crisis política, económica y de seguridad pública.”
Comenta que la reconstrucción del tejido social tiene que ver con garantizar sus derechos para que los jóvenes sustenten su vida y abonen a la sociedad.
Mientras a corto plazo la indiferencia del Estado se traduce en delincuencia, exclusión y muerte, a largo plazo significará más pobreza y menos desarrollo. “Seguirá sucediendo en tanto el Estado no instrumente políticas públicas transversales no asistencialistas, que incluyan los enfoques de juventud, de derechos humanos, de género y de igualdad”.
Subraya que es necesario que el Estado designe recursos y genere políticas con un enfoque generacional que reconozca cada momento de la vida como fundamental para el desarrollo de una sociedad. De esta manera, cada órgano del Estado identificaría, desde sus funciones, cuáles son las necesidades de los jóvenes, cómo atenderlas y cómo se relacionan unas con otras.
Angélica Gay Arellano, investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señala que si no existe una política pública es porque México no previó que hoy la cantidad de jóvenes sería mayor: “En lugar de aprovecharlo, se vive como una tragedia, porque no saben qué hacer con tantos jóvenes”. Y es que, abunda, es la oportunidad de aprovechar todo su talento para encaminarlo hacia la construcción de una sociedad más democrática, pero se está desperdiciando.
La desazón del Estado, observa, genera en los jóvenes indiferencia, tristeza y frustración: “Son tantas las sensaciones que les provoca que simplemente ya no les interesa reconocer sus derechos, apropiárselos y hacer algo”.
En su opinión, se debe reivindicar a los jóvenes como agentes de cambio en el presente. Contrariamente, las políticas están planeadas desde una visión donde los jóvenes son el futuro y que hay que prepararlos para que sean adultos.
La participación juvenil, dicen las activistas, es la clave para lograr un cambio, pues la lucha por sus derechos abona a todos los presentes. Si el Estado y la sociedad no son incluidos en la generación de espacios para las juventudes, no podrá haber una mirada distinta de lo que es ser joven, advierten.
Voces de los jóvenes, silenciadas por la ultraderecha
México fue sede de la Conferencia Mundial de Jóvenes. La declaratoria realizada por las organizaciones no gubernamentales (ONG) no fue considerada durante la Conferencia Mundial de Jóvenes.
Más allá de oír su postura, denuncian la Plataforma Nacional de Juventudes Proyecto 15-35, que reúne a 40 organizaciones juveniles, y la Coalición de Jóvenes por la Educación y Salud Sexual, grupos de ultraderecha que introdujeron una declaratoria falsa con papelería oficial. “Se ocuparon los espacios reservados para observadores con grupos de jóvenes conservadores sin mayor control”, apuntan.
En entrevista con Contralínea, Sebastián Ramírez Mendoza, de la Plataforma Nacional de Juventudes Proyecto 15-35, declara que el gobierno mexicano defendía su visión conservadora y decidió boicotear el trabajo de las ONG, por lo que permitió que grupos intolerantes de ultraderecha violentaran los espacios. Y es que, explica, resultó espinoso el tema de aborto seguro, uno de los puntos incluido en la declaración.
Con la cerrazón, opina, quedó muy clara la política de la juventud de este país: cero diálogo e intercambio: “Es un gobierno que no está interesado en ver ni oír a los jóvenes. El conservadurismo, la testarudez y la negligencia del gobierno panista recrudecen esa situación”.
La declaración, describe, fue producto de una convergencia de agendas distintas que incluían temas como el trabajo, medio ambiente, educación y salud sexual y reproductiva. Pese a que fue desechada en el Conferencia Mundial de Jóvenes, reitera, “le vamos a dar vida en conjunto con otros sectores de la sociedad civil, porque tiene mucho que dar”.
“No somos el futuro. Somos parte estratégica del desarrollo y nos están ignorando. Al tratarnos como ciudadanos de segunda, están poniendo en riesgo la viabilidad del país”, expresa.
Los colectivos exponen que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados fueron indiferentes e irresponsables al no garantizar la transparencia y la democracia e impedir la lectura del documento. Por ello, solicitan la renuncia inmediata de Priscila Vera. La titular del instituto, dicen, no ha dado muestras de hacer cumplir su labor a favor de los derechos de los jóvenes.
Para las asociaciones civiles, es necesario rediseñar el organismo responsable de generar políticas públicas integrales de juventud. Sólo así se dejarán las simulaciones y se trabajara en una agenda con perspectiva de derechos humanos y género.
Además creen que es urgente la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud. “Los jóvenes –advierten– vemos cada vez más vulnerados nuestros derechos humanos, evidenciando que las acciones del gobierno mexicano van en contra de la vida digna para las juventudes en todo el país”.
Juventudes discriminadas Aunado a las violaciones a sus derechos derivadas de su edad, el informe Derechos humanos de las juventudes en México 2010, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, advierte que los derechos de los sectores en los que se subdivide a los jóvenes son aún más vulnerados. Entre esos grupos distingue a la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Travesti e Intersexual (LGBTTI), los jóvenes en contextos rurales y los migrantes.
Jóvenes y la diversidad sexual
En el país, cerca de 600 mil jóvenes tienen una orientación sexual no heterosexual. La cifra, aclara el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, es una mera aproximación porque muchos jóvenes prefieren ocultar su identidad por miedo a la discriminación y el rechazo, generando con ello miedo, baja autoestima y depresión.
Si bien el desarrollo de los derechos humanos ha favorecido el reconocimiento de la comunidad LGBTTI, existen muchos casos de intolerancia, hostigamiento y violación de derechos de estos jóvenes. México, apunta la organización civil, es el segundo país con el índice más alto de homofobia.
La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia señala que, cada tres días, un homosexual es asesinado en el país. Entre las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTTI, están los asesinatos extrajudiciales, la tortura, el maltrato, la violencia sexual, la negación de acceso a la educación e injerencias a la privacidad.
De acuerdo con el estudio Informe de crímenes de odio por homofobia: México 1995-2008, realizado por la Comisión, el 70 por ciento de las personas entrevistadas sintió que su homosexualidad hería o aborchonaba a su familia; 64 por ciento tuvo que fingir ser heterosexual para ser aceptado; 29 por ciento se alejó de su familia al expresar su orientación sexual; el 20 ha sido acosado por la policía, y al 11 por ciento se le ha negado el acceso a la educación por su preferencia sexual.
“Para que haya un cambio –sugiere el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria–, se necesita educación, una cultura de la no discriminación y de respeto a la diferencia, a la diversidad y a la igualdad”.
Jóvenes en contextos rurales
La juventud rural es uno de los grupos de población más excluidos en México. El informe subraya que se les coloca en una situación de invisibilidad, pues ni instituciones ni programas toman en cuenta sus diferencias y necesidades específicas.
En las zonas rurales viven casi 8 millones de jóvenes de 15 a 29 años, de los que casi el 90 por ciento es analfabeto, mientras que el 70 por ciento se inserta desde una edad temprana en la vida laboral.
Los servicios de salud son escasos en las poblaciones rurales, por lo que existe muy poca información en cuanto a prevención de enfermedades, hábitos de higiene y métodos anticonceptivos. En las zonas rurales, la edad promedio para convertirse en madre es de 15 años. A los 25 años, las jóvenes tienen al menos dos hijos.
El informe Derechos humanos de las juventudes en México 2010 reconoce que, en la actualidad, la comunidad rural está cambiando, por lo que los jóvenes tienen más oportunidades en comparación con generaciones anteriores; no obstante, “siguen marginados de los beneficios del desarrollo. Generalmente, sufren mayores índices de pobreza y son discriminados por su condición rural, campesina e indígena”.
Jóvenes migrantes
Frente a la falta de oportunidades, cada año 225 mil jóvenes preparados profesionalmente abandonan México en busca de mejores oportunidades de vida, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. En 2007, advertía que la participación de jóvenes en el flujo migratorio es cada vez mayor debido a la pobreza.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria atribuye que la creciente pobreza del medio rural y la ausencia de políticas que lo atiendan han provocado la creciente migración.
Apunta que 55 por ciento de los cruces anuales de personas que migraron hacia Estados Unidos fueron jóvenes de entre 15 y 29 años, de los que la mitad no había completado su educación básica. “La baja escolaridad de los jóvenes migrantes los coloca en una situación de gran vulnerabilidad frente a sus empleadores y los hace blanco fácil de abusos”.
Fuente: Contralínea 07 de Octubre de 2010
Publicación en papel: Contralínea 202 / 03 de Octubre de 2010
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