Lunes 01 noviembre de 2010

Para el dirigente del Partido Acción Ncional (PAN) los problemas continúan. Primero, ante los representantes de su partido tendrá que explicar los saldos que dejó su decisión de promover las alianzas con el PRD para tratar de frenar, a cualquier costo, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también los magros resultados en las casillas de su gestión.

Después, el escándalo que generó la inusitada riqueza en sus cuentas bancarias, que le permitió comprar en una “ganga” el departamento de casi 8 millones de pesos que adquirió para sellar con broche de oro su enlace matrimonial con la cantante Patricia Sirvent, Patylu para los que la conocen.

Sin embargo, el hecho que más debería preocupar al líder nacional panista es su paso por la principal empresa del Estado y las huellas que allí dejó cuando fue abogada general y cuyas acciones lo van a perseguir el resto de sus días. Después de la traición panista a los acuerdos sellados en Bucareli con el PRI, si este partido fuera el que regrese a Los Pinos en 2012, una de sus prioridades será profundizar en la investigación del quebranto que generó a Petróleos Mexicanos (Pemex) el consorcio suizo ABB, el mismo que ya fue sentenciado en Estados Unidos luego de ser hallado culpable de entregar sobornos a cambio de contratos con entidades del gobierno federal.

Este, sin duda, es el escándalo de corrupción más grave en el que se encuentra involucrada una empresa europea después del caso Siemens que cimbró a los europeos. Esos contratos de ABB con Pemex ocurrieron justamente en la época en que César Nava era el responsable del área jurídica de la paraestatal petrolera, por lo que su actuación como exfuncionario y político panista será, dicen los priistas, un asunto de Estado que tendrá que enfrentar.

Al enamorado panista que según dice nada le preocupa por ahora más que Patylú, ya prepara su defensa ante el nuevo escándalo que está involucrado y, el pasado fin de semana durante el Consejo Nacional de su partido, alertó a los suyos que: “Allá afuera, en la arena de la competencia política se fraguarán consignas de división que no tendrán cabida ni eco”.

De acuerdo con una investigación de Ana Lilia Pérez que esta semana anuncia la portada de Contralínea, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, anunció que la revisión de sus contralores se haría extensiva a Pemex, donde ABB ha obtenido 150 de sus 556 contratos gubernamentales facturados en la última década.

Uno de esos casos y el que más debería preocupar a Nava es el que integra la documentación relacionada con el contrato PRSPR-044/00DMX, en cuya ejecución ABB presentaba graves incumplimientos. Para que éste no se le rescindiera, desde el jurídico de la paraestatal, encabezado por José César Nava Vázquez, en contravención a la ley, se impuso una serie de “conciliaciones” internas, en contra del interés de la paraestatal. Los convenios solaparon que ABB atrasara por más de un año una obra crucial para Pemex Refinación.

Cuando finalmente se instaló la obra, presentó múltiples fallas: los equipos eran obsoletos, por lo que, según funcionarios de Refinación, la “modernización” de nada ayudó a los proceso de producción y el costo para el país fue multimillonario.

Nava y ABB

Fue en septiembre pasado cuando las autoridades estadunidenses hicieron pública la multa en contra de ABB –58 millones 800 mil dólares– por pagar sobornos oficiales en México para “retener” negocios con paraestatales del sector energético.

En ese momento el ocupante de Los Pinos se dijo “indignado” de las prácticas de ABB y de los funcionarios públicos sobornados. Sin embargo, omitió las operaciones irregulares de su exsecretario particular César Nava en favor de esta empresa.

“Esto es totalmente indebido y me da mucho coraje. La verdad es que me molesta que algún funcionario se pase de vivo y cometa raterías… Este asunto debe ser, como cualquier otro de corrupción en mi gobierno, investigado a fondo y tiene que ser castigado”, dijo en entrevista con W Radio Felipe Calderón el pasado 6 de octubre, al tiempo que anunció que su gobierno investigará “todos” los contratos que el consorcio tenga en el país. Pero no podemos creerle a Calderón después de la impunidad como su gobierno ha tratado el caso Patrón Laviada.

Desde 2005, el Departamento de Justicia y la Comisión de Intercambio y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) iniciaron la investigación en contra del consorcio suizo ABB, bajo los cargos antes señalados.

La indagatoria –llevada por la SEC a una corte federal en Washington, en colaboración con la División Criminal de Fraude del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Comité de Cuestionamiento Independiente de las Naciones Unidas– arrojó que, entre 1999 y 2004, ABB Network Management, la filial estadunidense de ABB, sobornó a funcionarios de las estatales mexicanas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) “para obtener y retener contratos”.

De acuerdo con la indagatoria, los representantes de la firma pagaron con cheques y transferencias a familiares de los funcionarios, además de pagos en efectivo y viajes en cruceros por el Mediterráneo para los funcionarios y sus esposas. Los sobornos sumaron unos 2 millones 700 mil dólares, que ABB registró en sus libros contables como pagos para comisiones y servicios en proyectos en el país.

Como resultado de esos arreglos, ABB obtuvo contratos por más de 90 millones de dólares en ingresos y 13 millones de dólares en ganancias. Dichas contrataciones se relacionan con el Sistema de Información en Tiempo Real para Administración y Control de Energía, por 44 millones de dólares, y el programa Evergreen, por 37 millones de dólares.

Uno de los funcionarios sobornados fue el director de Operación de la CFE, Néstor Félix Moreno Díaz, quien supuestamente recibió un yate, un Ferrari y 700 mil dólares, por lo que la Procuraduría General de la República tiene instrucciones presidenciales de actuar en su contra y de sus cómplices, de tal manera que de un momento a otro veremos tras las rejas a ese servidor públicos del gobierno calderonista.

Ante las autoridades estadunidenses, ABB se declaró culpable de los cargos en su contra. Acordó con el gobierno estadunidense pagar sus multas por “penalidades criminales”, según informó la SEC el pasado 29 de septiembre.

En un comunicado, fechado al día siguiente, en Suiza, sede del corporativo, dice que “ABB ha cooperado plenamente con el Departamento de Justicia y la SEC”, entidades que acordaron que ABB deberá informar sobre sus esfuerzos de cumplimiento continuo y los resultados de la revisión de sus procesos internos por los próximos tres años.

La investigación de las autoridades estadunidenses “nos da que pensar y nos obliga a investigar todos los casos vinculados”, advirtió Calderón en su entrevista con W Radio, sin jamás referirse directamente a su amigo César Nava, y como se las gastan los panistas, seguramente tienen planeado ya como darle protección con todos los instrumentos del gobierno.

De manera que se deberán escrutar los 556 contratos que en la última década ABB recibió del gobierno mexicano, que suman 3 mil 400 millones de pesos. El 99.5 por ciento de Petróleos Mexicanos (Pemex), CFE y LFC, incluidos los convenios y conciliaciones extrajudiciales que César Nava autorizó como abogado de Pemex.

Como lo hará con los funcionarios que en la CFE, LFC y Pemex adjudicaron contratos a ABB, la Secretaría de la Función Pública podría también revisar las declaraciones patrimoniales de César Nava, incluido el departamento de Polanco que, según el PAN “sólo” le costó 7 millones 250 mil pesos.

El contrato de ABB

La historia del contrato de ABB, beneficiado por el abogado Nava Vázquez en contra del patrimonio de Pemex, se relaciona con los primeros proyectos de reconfiguración de las refinerías.

El 24 de marzo de 2000, Pemex Refinación y ABB signaron el contrato PRSPR-044/00DMX para que la compañía desarrollara el “Plan Maestro de Modernización de la Instrumentación Área 3, en la Refinería General Lázaro Cárdenas del Río”, de Minatitlán, Veracruz.

La obra era considerada por Pemex Refinación como fundamental, pues haría que se produjera un mayor volumen de refinados de alto valor agregado, principalmente gasolina “limpia”, y minimizaría la producción de combustóleo con alto contenido de azufre.

El proyecto del que emanó el contrato adjudicado a ABB plantea la urgencia de modernizar la refinería más antigua del país, al considerar los directivos de Pemex que su marginalidad en la producción de combustibles con bajo contenido de azufre y plomo –los que más se consumen en el mercado actual– la ponía en riesgo del cierre de sus instalaciones.

De acuerdo con las cláusulas contractuales, ABB automatizaría las líneas de proceso para la refinación de gasolinas libres de plomo en seis de las 27 plantas de la refinería: las plantas estabilizadoras 1, 2 y 3, y las hidrodesulfuradoras de gasolina, kerosina y de diesel, ubicadas todas en el Área 3.

El contrato se estipuló a “precio alzado” y “tiempo determinado”, lo que significa que legalmente no podía modificarse ni el monto ni el plazo de ejecución de los trabajos, pues el precio de ABB –9 millones 135 mil 039.33 dólares– consideraba ya un margen adicional al precio de los trabajos para respaldar cualquier variación en el costo de obra o equipo y por el plazo fijo de entrega. Dicho de otra manera, ABB estaba cobrando un sobreprecio con el que le garantizaba a Pemex que entregaría los trabajos a cabalidad en un periodo de 660 días (del 27 de marzo de 2000 al 15 de enero de 2002).

Para diciembre de 2001, a cinco semanas de que las líneas de proceso debieran estar automatizadas, ABB presentaba atrasos considerables en los trabajos programados, lo que interrumpía repentinamente los procesos de refinación, que abastece los estados de Puebla, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el oficio 200027-C-ABPM277, fechado el 5 de diciembre, ABB solicitó a Pemex que se le aprobara un plazo adicional de 90 días para entregar la obra. Argumentó que de éstos, 49 días eran imputables a atrasos de Pemex para recepcionar sus equipos y 41, a sus propios atrasos.

El 14 de diciembre se le notificó la “no procedencia” de los 49 días imputables a Pemex, debido a que la dilación para dar entrada a los equipos derivó en que ABB, en contravención a las cláusulas contractuales, instalara equipos diferentes a los especificados en el contrato inicial, los cuales, además, posteriormente presentarían graves fallas por su baja calidad y condición obsoleta.

De acuerdo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el incumplimiento a un contrato a precio alzado hacía inminente su rescisión. La Ley daba pie a los funcionarios para contratar vía adjudicación directa el resto de los trabajos y que el atraso de ABB no obstruyera los procesos de producción.

La decisión de la Oficina del Abogado General (OAG) iba en otro sentido, según devela el expediente de las “conciliaciones” instruidas por Nava y formalizadas a través de sus abogados subalternos, expediente que fue clasificado por Pemex como “confidencial”.

En su estancia como abogado de Pemex –octubre de 2001 a septiembre de 2003–, Nava favoreció a empresas nacionales y extranjeras –que por sus incumplimientos contractuales, enfrentaban o enfrentarían controversias judiciales y extrajudiciales con Pemex– mediante la autorización de convenios y conciliaciones para autorizarles plazos o montos adicionales, con el consecuente impacto económico para la paraestatal.

De esta manera, a su oficina llegó la petición de prórroga que la empresa ABB solicitaba para el contrato número PRSPR-044/00DMX, que se le permitiera continuar fuera del plazo contractual establecido, con sus trabajos pactados con Refinación. En términos generales, el jurídico consideró que era “más conveniente para los intereses de Pemex ceder a la solicitud de la contratista”, según reza el convenio. Así, o quieren más pruebas de la corrupción de estos panistas que están en el poder.