Lunes 02 de enero de 2006

El caso ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y sus dos fideicomisos Aduanas I y Aduanas II -que durante la última década han convertido en patrimonio privado de la Dirección General de Adunas miles de millones de pesos que se cobran a los importadores y exportadores por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA)- se ha transformado en una seria inconformidad por parte de empresas nacionales y transnacionales de todos los sectores que consideran inconstitucional e ilegal este cobro y que buscan la compensación de recursos que consideran no debieron haber pagado.

Hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia llegó el expediente ISOSA; sin embargo, los abogados de compañías como Daimler-Chrysler, Hasbro, Gigante, Palacio de Hierro, Diamantex, Latin Sports, Inveco, Seismograph, Quimikao y Dincaco, por sólo mencionar algunas, se han limitado a poner en tela de juicio el monto de los derechos cobrados y los procesos obligatorios que Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, ha impuesto para sacar las mercancías importadas de los recintos aduanales.

Hasta ahora, estas empresas no se han ocupado de los instrumentos y figuras jurídicas planeadas por la Secretaría de Hacienda para reservar los recursos del DTA a la administración de Aduanas I y Aduanas II, sin referir sus cuantiosos montos a la Tesorería de la Federación. Por el momento los abogados corporativos de esas empresas consideran que las investigaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación deberían de ser tomadas en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se resiste a aceptar los resultados de dichas auditorías.

Así, la discusión jurídica sobre la aprobación del decreto, que en diciembre de 2004 reformó el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos para establecer el monto del DTA a partir del valor de las mercancías y no del costo del servicio que ofrecen las empresas concesionadas por Gil Díaz para el Segundo Reconocimiento en Aduanas, provocó una ola de demandas de amparos que los ministros de la Suprema Corte han analizado durante los últimos doce meses.

En los juicios de garantía se reclama la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Derechos y el representante de la Secretaría de Hacienda, Mario Ruiz Hernández, subprocurador Fiscal de Amparos de la Procuraduría Fiscal, logró que en cada caso de empresas inconformes con el DTA, los juzgados de Distrito sobreseyeran las demandas presentadas en contra del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; del jefe de Administración Tributaria, Rubén Aguirre; del administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, y del administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por ello, el asunto se remitió a los Tribunales Colegiados de Circuito, pues se buscó aprovechar la jurisprudencia sobre la Ley Federal de Derechos y argumentar que en servicios que se pagan al amparo de esta Ley se cubre sólo el costo que involucra para el Estado proporcionarlos.

Así, el expediente contra la Secretaría de Hacienda se remitió al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para después llegar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde los ministros Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Ramón Cossío Díaz, Sergio Valls, Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudino Pelayo han otorgado los amparos presentados en los juicios de garantía iniciados por varias de las principales empresas del país.

Sin embargo los ministros, hasta ahora, han dado más peso a los nuevos argumentos de la Secretaría de Hacienda, presentados por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual al ver prácticamente perdidos sus argumentos para defender el Derecho de Trámite Aduanero, convenció al Poder Judicial de que concediera el amparo contra el cobro del DTA a partir del valor de las mercancías (0.8 por ciento sobre el monto total de lo importado), pero que se dividiera el monto original para mantener intocables los recursos que se destinan al servicio que ofrecen las compañías concesionarias del segundo despacho aduanero.

Con ello, la Secretaría de Hacienda ha ganado tiempo al interponer un recurso de revisión sobre todos estos amparos y espera que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia le dé la razón y resuelva de manera definitiva sobre este expediente que podría obligar a la dependencia a reintegrar miles de millones de pesos por concepto de DTA. En fin, esta es una batalla que todavía no se gana ni se pierde pero que mientras avanzan los días el nerviosismo crece en las oficinas del secretario Gil Díaz, sobre todo porque el sexenio está a punto de fenecer y nadie sabe quién gobernará este país los próximos seis años.

Proteger Función Pública a Gil Díaz

Una investigación de la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, revela cómo sin rendir cuentas a nadie y en tan sólo año y medio, de enero de 2002 a junio de 2003, el fideicomiso Aduanas I erogó 2 mil 348 millones de pesos derivados del cobro irregular del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), según un análisis de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La cifra ejercida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) –fideicomitente– sin licitación alguna, equivale al 74.3 por ciento de los ingresos obtenidos en este mismo periodo, que ascendieron a 3 mil 160 millones de pesos y que, aunque son recursos públicos, se sufragan sin ningún tipo de vigilancia bajo el amparo del secreto fiduciario.

La suma de la que se dispone al margen del presupuesto federal en el fideicomiso 954-8, conocido como Aduanas I, no es menor. Tan sólo al primer trimestre de 2005 esta figura fiduciaria resguardó un patrimonio de 19 mil 523 millones 753 mil pesos, indican los estados financieros y balances generales obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Y a pesar de que tanto la SFP como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han comprobado irregularidades en el manejo de los millonarios recursos públicos, a través de este fideicomiso que opera con carácter de privado, hasta ahora ningún servidor público ha sido responsabilizado por estos hechos.

Documentos oficiales descubren que entre los operadores del Aduanas I destaca el propio secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien en su calidad de subsecretario de Ingresos durante la administración salinista (1988-1994) constituyó esta figura fiduciaria el 23 de mayo de 1993 en Nacional Financiera (Nafin).

Pero el llamado “fiscal de hierro” no es el único funcionario del gobierno foxista implicado en la creación y administración del controvertido fideicomiso: una vez firmado el convenio, Gil Díaz colocó en el Comité Técnico del Aduanas I a sus subordinados y hombres de confianza: Rubén Aguirre Pangburg –actual subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)–, Luis Manuel Gutiérrez Levy –quien ahora se desempeña como oficial mayor en esa dependencia– y Emilio Romano –director general de Mexicana de Aviación, recién vendida al Grupo Posadas de Gastón Azcárraga–.

Otro alto funcionario relacionado con la operación directa del fideicomiso es José María Zubiría, titular del SAT –dependencia señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como responsable de millonarios quebrantos patrimoniales supuestamente cometidos en el primer trienio foxista a través del Aduanas I–.

Además de estos personajes, el resultado de la auditoría de la SFP, identificada con el número 160/2003, evidencia que la fiduciaria Nafin, dirigida por Mario Laborín Gómez, también tiene responsabilidad en este caso.

En su recomendación preventiva el Órgano Interno de Control (OIC) en Nafin señala que “para salvaguardar su responsabilidad fiduciaria se deberá vigilar que el esquema operativo del fideicomiso y disposiciones legales aplicables se ajusten a los fines y términos establecidos en el contrato y convenio modificatorio”.

Anomalías en Aduanas I

El oficio número 06/780/514/2003, girado por el titular del OIC en Nafin, Jorge Sánchez Vaca, señala que entre las irregularidades detectadas en la administración del fideicomiso SHCP Aduanas I, destaca la omisión del SAT de enterar los recursos provenientes del cobro del DTA a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

En la cédula de observaciones, también correspondiente a la auditoría 160/2003, se revela que el monto involucrado en esta anomalía equivale al total de los ingresos: 3 mil 160 millones de pesos, pues el SAT no reportó ni un solo peso a la Tesorería como lo marca la ley.

El documento de fecha 24 de septiembre de 2003 indica: “El mecanismo establecido por el SAT, para la transferencia de los recursos al fideicomiso a través del sistema bancario para cubrir las contraprestaciones de los importadores y exportadores de la República Mexicana, difiere de lo estipulado en el convenio modificatorio al contrato del fideicomiso que indica que éstos serán entregados por conducto de la Tesofe”.

La observación “por su relevancia fue incorporada al Sistema de Información Periódica de la Secretaría de la Función Pública”, advierte el informe del OIC. Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior, esta anomalía ha implicado daños patrimoniales por 9 mil 347 millones de pesos, supuestamente cometidos por el SAT en el primer trienio de la administración foxista.

Según documenta la ASF, al no enterar los recursos provenientes del DTA a la Tesofe y depositarlos en forma indebida al fideicomiso, la institución encabezada por Zubiría incurrió en por lo menos tres quebrantos en contra de la hacienda pública: en 2001 por 4 mil 561 millones; en 2002 por 2 mil 200 millones, y en 2003 por 2 mil 585 millones de pesos.

Complicidad en SFP

En su informe sobre la auditoría 160/2003, la SFP comprueba las anomalías que han generado los supuestos daños al patrimonio federal, y aunque ésta no es la primera vez que la dependencia encabezada por Eduardo Romero Ramos detecta irregularidades relacionadas con el cobro del DTA, hasta ahora ningún servidor público ha sido llamado a cuentas.

El 24 de octubre de 2002 la coordinación de asesores del entonces secretario Francisco Barrio Terrazas recibió un análisis elaborado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, entonces denominada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

El documento expone que “por principio, su manejo (del fideicomiso) no se encuentra regulado por las disposiciones que rigen el ejercicio de los recursos públicos. El artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que todos los fondos que dentro territorio nacional se recauden por cualquiera de los auxiliares, por los diversos conceptos fiscales y otros que perciba el gobierno federal, por cuenta propia o ajena, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería, en la forma y términos que establezca el reglamento de la referida Ley”.

Sin embargo, el mismo análisis de siete fojas justifica legalmente este hecho al exponer que tanto las contraprestaciones pagadas por importadores y exportadores como el DTA se enmarcan en el “supuesto de excepción previsto en el artículo 32 del reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación”.

Así, la actuación de la SFP –institución responsable de sancionar los abusos y la corrupción en el Poder Ejecutivo– se ha reducido a idear el descargo a favor de funcionarios de primer nivel de la actual administración, entre ellos el secretario de Hacienda.

El 12 de septiembre de 2005, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados por la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox, el secretario de la Función Pública Romero Ramos dijo que las investigaciones en proceso sobre supuestas irregularidades en el fideicomiso Aduanas I no necesariamente implicarían sanciones y responsabilidades contra servidores públicos, lo que garantiza la impunidad de los implicados.