Lunes 02 de mayo de 2011

Ante la ineficacia del gobierno federal para combatir el lavado de dinero y los constantes errores de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la integración de expedientes penales en contra del crimen organizado, el Congreso aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, la cual convierte a empleados de bancos, casas de cambio, a notarios, joyeros, gerentes de centros de juego y apuestas, y a agentes inmobiliarios, en brazos ejecutores de esta legislación, en agentes policíacos con claras responsabilidades y bajo amenaza de sanciones y cárcel hasta por 16 años.

Frente al gran problema de dinero sucio que inunda a la economía mexicana y los graves efectos que ha cobrado el crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón sigue errado y el único camino que ha encontrado es acudir a la población civil y restringir el efectivo en un país en donde el 90 por ciento de las transacciones aún se realizan sin acudir a medios electrónicos.

En el Senado de la República así lo reconocieron; sin embargo, también se genera un grave conflicto de interés que pone en riesgo la aplicación de esta ley. Por ejemplo, un empresario de la industria de las apuestas aseguró respecto a la iniciativa que analizó durante siete meses el Poder Legislativo: “nosotros no somos policías”.

Sin embargo, de no reportar transacciones superiores a los 200 mil pesos, como lo marca la Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, se contemplan penas de hasta 16 años de cárcel para quienes no informen a la Secretaría de Hacienda de actos supuestamente ilegales de blanqueo de dinero.

Aunque algunos congresistas aseguran que se legisló sobre actividades y no sobre personas, las penas corporales sólo se aplican a sujetos acusados del delito tipificado y no a las empresas, como sucede en Estados Unidos.

Además, contempla multas de hasta 4 millones de pesos o el ciento por ciento del valor de la operación, y se prohíben transacciones en efectivo para compra de bienes inmuebles de más de 1 millón de pesos. Así, la SHCP se dedicará a perseguir a quién no informe lo que lo obliga la nueva Ley y dejará de lado, una vez más, el objetivo central: desarticular las redes financieras de los criminales.

Es decir, las incapacidades mostradas hasta ahora por el gobierno federal para combatir el blanqueo de capitales, las traducirá en una persecución en contra de profesionistas y empleados que a su juicio hayan sido omisos o simplemente olvidado reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.

En tribuna, el senador Pablo Gómez, quien junto con los legisladores del PRD en la Cámara Baja contribuyeron a la aprobación por unanimidad de la nueva Ley, reclamó que el pobre balance de lo que se ha hecho hasta ahora con los instrumentos con los que cuenta el gobierno federal para vigilar el blanqueo de capitales, un delito tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal desde hace mucho tiempo, que se persigue y que debería estar vigilado por la decena de órganos reguladores del sector bancario y comercial, no ha sucedido.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo nace, sin embargo, con la expectativa de que todos los problemas se resuelvan por arte de magia. Lo mismo sucedió con la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué se ha logrado con ella? Son pocos los resultados.

Para el tribuno Pablo Gómez esta es una típica ley de estado policiaco que convierte a los intermediarios financieros y a una serie de empresarios que tienen relación con el público, en informantes forzados para hacer que funcione esta legislación. Esta Ley, asegura el legislador, convierte a los notarios, corredores y comerciantes de metales, en auxiliares de una acción policiaca.

¿La razón? El lavado de dinero es el aceite que hace funcionar el motor de las bandas delincuenciales mejor organizadas, pues los recursos procedentes del delito previo permiten la compra de armas; el soborno de policías, funcionarios y jueces; la contratación de sicarios; la producción, distribución y venta de droga. Entonces si se corta el aceso del dinero sucio a los circuitos financieros, simplemente el crimen organizado no tendría recursos para adquirir fuerza y vería disminuida su operación.

La estrategia de Felipe Calderón de combatir sólo a balazos a los cárteles de la droga ha sido hasta ahora un claro fracaso que, incluso, hace rayar en el ridículo al gobierno federal.

Por ello el Congreso se sintió obligado a aprobar esta ley, porque hasta ahora el gobierno ha sido incapaz de hacer algo en contra del lavado de dinero para no molestar a los banqueros extranjeros, pues es sabido en todo el mundo que el principal centro de blanqueo de capitales en cualquier economía son las instituciones crediticias y financieras, aunque en México el gobierno opine otra cosa.

Con esta nueva Ley se avanza hacia un Estado de policía y su resultado tiene que ver, por lo tanto, con la ineficacia, ineptitud y corrupción del mismo gobierno que promueve leyes que comprometen más a la sociedad que a él mismo.

Es así como en México el gobierno es responsable de profundizar un ambiente de desconfianza entre la población y convertir a profesionistas y empleados en delatores desde una ventanilla de la sucursal bancaria más modesta hasta las actividades de bolsa más sofisticadas, pasando por las transferencias electrónicas y los movimientos financieros en Internet.

Preguntar quién es el otro, cómo obtuvo los recursos, qué apariencia tiene para grabarse en mente hasta el último detalle de su rostro en caso de que deba delatarlo ante las autoridades fiscales y policiales. De no hacerlo, entonces corre el riesgo de enfrentar acusaciones y penas hasta por 16 años de cárcel. Un Estado policial que perseguirá a inocentes mientras que los verdaderos delincuentes seguirán libres lavando dinero sucio.

¿Estas son las medidas que necesita el país en este momento? ¿No es acaso a través de sanciones más severas en contra de los bancos que son el instrumento utilizado para el lavado de capitales? ¿Qué hace entonces la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar el ingreso de dinero sucio a los circuitos financieros?

Otra de las áreas vulnerables para la llegada de capitales procedentes de algún delito, son los centros de juegos y sorteos, en donde un grupo de empresarios de este sector entregó a la Secretaría de Gobernación una lista de negocios cuya sospechosa operación ha puesto en jaque la estabilidad financiera de comercios legalmente establecidos en varios puntos del país.

Esto ha generado una competencia desleal, pues las casas de apuestas reguladas no pueden otorgar el mismo nivel de premios o apuestas que los centros clandestinos que operan con dinero sucio. La competencia es desleal y algunas casas de apuestas legales han tenido que cerrar, porque los clientes prefieren acudir a los centros de apuestas financiados con dinero sucio porque la “casa nunca pierde”.

¿Pero qué sucederá con los funcionarios públicos que, por falta de capacidad o decisión, no sigan las pistas de casos evidentes de centros dedicados al lavado de dinero? Pues simplemente nada, porque para ellos no hay sanciones.

Sabemos que ante la Secretaría de la Función Pública se han presentado denuncias contra servidores públicos de la Secretaría de Gobernación que, en el área de juegos y sorteos, no han cumplido con su responsabilidad y nada se hace en contra de ellos. Ni siquiera son retirados del cargo. Es obvio, entonces, que el gobierno federal traslada la responsabilidad, una vez más, a la población civil y encubre a funcionarios corruptos que a cambio de dinero omiten realizar sus funciones.

Algunos legisladores del PAN, como Alejandro González Alcocer, destacan la importancia de algunos cambios fundamentales, somo es que la responsabilidad del blanqueo de capitales ya no recae tan sólo en la SHCP y su Unidad de Inteligencia Financiera, sino que se le da toda la fuerza al Ministerio Público Federal, a través de una Unidad Especializada, directamente dependiente del procurador General de la República, para hacerla total y cabalmente responsable de la persecución del delito del lavado de dinero, que para su consumación necesita de algún delito previo y el ingreso de los recursos a los circuitos financieros.

En la Cámara de Diputados les tocará analizar y aprobar en septiembre esta legislación que el procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez, considera fundamental para avanzar contra este flagelo. De aprobarse, se impondrán restricciones para la compra de inmuebles por un monto superior a un millón de pesos, compra-venta de vehículos nuevos y usados, ya sean marítimos o aéreos, hasta por 400 mil pesos.

En cuanto a joyería y metales preciosos, hasta por 300 mil pesos, y la adquisición de empresas por 200 mil pesos, boletos de juegos con apuestas tanto para su adquisición como para pagar un premio por 200 mil pesos también.

A partir de esas cantidades, lo que exceda de esos montos se tendrá que usar cualquiera de los medios de bancarización. Eso es lo referente a las restricciones por el uso en efectivo, con lo que se obstaculiza a la delincuencia en el blanqueo del uso de efectivo a través de esas transacciones.

La Ley también incluye sujetos independientemente de las entidades financieras para que realicen reportes, esto es como personas físicas o empresas que se dediquen a realizar concursos, juegos con apuesta, otorgar préstamos, comercializar inmuebles y arrendamientos de vehículos y comercializar tarjetas de crédito y otros servicios como asesores contables, jurídicos, notarios y corredores. En fin, un Estado policial en contra de la sociedad ante el fracaso del gobierno para perseguir al crimen organizado.

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