Lunes 04 de junio de 2012

Una batalla en defensa de la transparencia y acceso a la información se ha librado para que la Procuraduría General de la República entregue, a cuenta gotas, información sobre las actividades de investigación que realiza con la colaboración de testigos protegidos. Una y otra vez la PGR ha declarado reservada la información en torno a los testimonios – en la mayoría de los casos – de integrantes del crimen organizado y de exmilitares y expolicías coptados por las bandas del narcotráfico.

Finalmente a principios de año la PGR informó, ante una petición ciudadana, que el número de personas contempladas en el Programa de Testigos Protegidos asciende a 60, de acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Fue en abril pasado cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Testigos Protegidos, que contempla tratamiento psicológico, médico, asesoría legal, vigilancia, custodia, cambio de residencia y hasta cambio de identidad cuando los testigos se encuentren en peligro. Nada se menciona, sin embargo, sobre la obligación de la autoridad de rendir cuentas sobre la ejecución de este programa.
Fue la Coordinación General Jurídica de esa Subprocuraduría la que informó sobre un registro de 60 “testigos colaboradores”. Sin embargo, aclaró que no cuenta con presupuesto específico y que a pesar de ello mantiene este programa que permite a la Procuraduría obtener datos sobre las redes del crimen organizado. Esa información la comparte el gobierno mexicano con autoridades estadounidenses, y para los mexicanos la PGR la considera reservada hasta por 12 años.
Sin embargo, una investigación de la reportera Nancy Flores, publicada en la revista Contralínea, establece que al finalizar el sexenio de Calderón, la erogación por este concepto superará los 100 millones de pesos, con un promedio de gasto anual de 20 millones. El programa de los “delincuentes protegidos” también incluye a militares ligados al cártel de los Beltrán Leyva. La Secretaría de la Defensa Nacional admite que al menos 121 de sus integrantes han sido detenidos por colaborar con el narcotráfico.

Así, la nómina de la SIEDO paga la manutención de 60 criminales confesos que se han acogido al programa de los testigos colaboradores, revela la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700026812, de fecha 2 de abril de 2012.

Entre esos 60 se encuentran los beneficios que el erario paga a Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie; Sergio Villarreal, El Grande, miembro del programa hasta el momento de su extradición, el pasado 22 de mayo, y a Roberto López Nájera, Jenifer, quienes recientemente acusaron a los generales de división Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como al general brigadier Roberto Dawe González y al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto de colaborar, supuestamente, con el cártel de Los Beltrán Leyva.

El dinero que la SIEDO emplea para la alimentación, el vestido, la vivienda y el transporte (entre otros beneficios) de sus testigos, e incluso de sus familias, proviene del gasto corriente de la institución, se desprende del oficio SJA/DGAJ/3274/2012 de la PGR. En 2012, el presupuesto para el capítulo 1000, “Servicios personales” de la Subprocuraduría, asciende a 559 millones 850 mil pesos; de éstos, al menos 20 millones se destinarán a los beneficios para los testigos colaboradores. En materia de recompensas, la PGR aceptó – en otra petición ciudadana (febrero de 2011/Oficio No. SJAI/DGAJ/01735/2011) – que desde el año 2000 se han destinado a este rubro más de 4 millones 332 mil pesos.

Tan sólo en la manutención de testigos protegidos, la PGR gastará entre 250 y 300 mil pesos por cada colaborador al cierre de 2012. La lista de beneficiarios también está conformada por exmilitares, a quienes el Ejército Mexicano considera traidores de la patria por haberse unido a las filas del crimen organizado.

Tales son los casos del mayor Arturo González, exintegrante del Cuerpo de Guardias Presidenciales, y del teniente de arma blindada Pedro Sergio Jonguitud Barragán, de nombre clave Emiliano. Ambos, ligados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y acogidos al programa de los testigos. De 2007 a mayo de 2011, 121 militares han sido detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico, descubre la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000700084511.

El pago para los testigos colaboradores habría oscilado, en promedio, entre 10 millones y 20 millones de pesos anuales en el periodo de 2007 a 2011. Esta estimación se deriva de la información oficial que obtuvo el diario La Jornada y que apunta un gasto en 2007 de 10 millones 913 mil pesos; en 2008, de 15 millones 123 mil; en 2009, de 20 millones 197 mil, y en parte de 2010, de 14 millones 825 mil pesos (reportero Gustavo Castillo García, 19 de enero de 2012).

El uso de los testigos colaboradores en este gobierno se ha caracterizado por ser la única “prueba” en contra de supuestos delincuentes, explica a Contralínea, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, diputada por el Partido de la Revolución Democrática: “Sin tener realmente una investigación integrada y con el pretexto de la existencia de testigos protegidos se llevan a las personas a arraigarlos y en ese transcurso las autoridades buscan las pruebas. Éste es un uso pervertido de la figura del testigo protegido”.

La integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados señala que el arraigo es “una atrocidad, porque se realiza sin que haya un expediente bien integrado”. Y agrega que “el cruce de testigos protegidos como existe actualmente con el arraigo es una bomba en términos de derechos humanos y en términos del debido proceso”. Ambas figuras violan el principio de presunción de inocencia.

La figura del testigo

Las detenciones y posteriores arraigos de los generales Ángeles Dauahare, Escorcia Vargas y Dawe González, asó como el teniente coronel Hernández Soto, ocurridas a mediados de mayo, reavivaron la discusión sobre el uso de los testigos protegidos o colaboradores. Éstas se dieron a partir de las declaraciones de la Barbie, el Grande, Jennifer y del mayor Arturo González, en su calidad de criminales colaboradores.

José Antonio Ortega Sánchez, abogado de Ángeles Dauahare, ha declarado a los medios de comunicación que es ilegal la retención de su cliente porque se basa en “testigos de oídas”, con lo que cuestiona la calidad de las imputaciones.

Aunque en retiro, Ángeles Dauahare, general de división diplomado del Estado Mayor, es hasta ahora el militar de más alto rango supuestamente vinculado con el crimen organizado. Su último cargo, subsecretario de Defensa Nacional, lo obtuvo por el nombramiento directo del presidente Felipe Calderón. Con el arraigo, la PGR intenta sostener el dicho de sus testigos: que el general está supuestamente vinculado con el cártel de Los Beltrán Leyva.

El doctor en derecho Daniel Márquez Gómez señala que la figura del testigo colaborador implica a un personaje que ha violado la ley y que para purgar su pena obtiene beneficios económicos o procesales. El debate, explica, consiste en que su testimonio está viciado de origen, pues hay un interés de por medio.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México agrega que el mecanismo también ha sido criticado porque genera impunidad, justamente al condonar la pena o una parte de la pena al delincuente a cambio de su testimonio.

El artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que será un testigo colaborador “el miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma”. Esa disposición indica los beneficios que el criminal confeso recibirá por su “cooperación”:

“I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona; II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos podrá ser reducida hasta en dos terceras partes; III. Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga podrá reducirse hasta en una mitad, y IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.”

Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –a quien el presidente Felipe Calderón describió en su cuenta de Twitter, en 2010, como “uno de los criminales más buscados en México y en el extranjero”– es uno de esos beneficiarios del programa de los testigos colaboradores. La Barbie, considerado como uno de los sicarios más violentos del cártel de Los Beltrán Leyva, fue capturado en agosto de 2010 y actualmente testifica en contra de los tres generales y el coronel arraigados por la SIEDO.

El doctor Daniel Márquez indica que el uso desmedido de la figura del testigo colaborador en las averiguaciones previas implica un riesgo para el sistema de justicia, porque se le puede estar dando valor a testimonios de “gente muy fantasiosa que acusa a cualquiera sin ningún fundamento”. Por ello, considera importante que, antes de realizar las detenciones, la PGR obtenga pruebas sólidas para llevar a los supuestos criminales a juicio y que se les condene.

Uso ineficaz de la figura

Saúl López Noriega, académico del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explica que en la historia del país no ha habido “un buen uso” de esta figura, pero en este sexenio se ha acentuado el “mal uso” de los testigos protegidos. Ello, porque es un error “que la autoridad sólo se quede con lo que dice un testigo que nadie conoce, porque su identidad está protegida. Lo importante es corroborar lo que dice con otras pruebas. En ocasiones la autoridad no lo está haciendo. Se le da demasiado peso al tema de los testigos protegidos aún cuando no sabemos la calidad del testigo protegido”.

El profesor de derecho considera que no descartarse el uso de testigos protegidos: “en la investigación de la justicia es indispensable su uso, pero lo que dicen los testigos protegidos sirve para facilitar ciertos casos que luego la autoridad debe comprobar con otros elementos. Una vez que el testigo protegido te da indicios se necesitan pruebas fehacientes”.

No obstante, es frecuente que, sin contar con más pruebas, la SIEDO detenga, arraigue e incluso consigne a personas señaladas por testigos colaboradores. Así ocurrió con el caso del michoacanazo, que llevó a juicio a más de 40 servidores públicos de esa entidad (entre ellos 12 alcaldes) supuestamente vinculados al narcotráfico. La PGR perdió, porque la única prueba que presentó fue la declaración de un testigo protegido, de nombre clave Zajed.

López Noriega apunta que hay otro problema en el sistema de justicia mexicano ligado con esta figura: “otro vicio es que las autoridades filtran [a los medios de comunicación] lo que dicen algunos testigos protegidos, para efectos de crear una percepción determinada respecto de una persona que ha sido aprehendida o acusada. Esto va en contra de la lógica del testigo protegido, que consiste en que no se sepa ni quién es ni qué es lo que está diciendo, porque eso es lo que le da una enorme ventaja a la autoridad para investigar”.

La filtración, apunta, pone en riesgo no sólo el proceso judicial, sino también la vida del testigo colaborador. El caso más reciente de desprotección es justamente el de Zajed, quien “desapareció” en febrero de 2012.

“El indicio de que está mal la política de protección es justamente porque la misma autoridad inicia con la filtración [de información] de los testigos protegidos. El reto es que toda esa información sirva para apuntalar la investigación por parte de la autoridad, que vaya quedando en el expediente. Cuando han sido condenadas las personas acusadas, inevitablemente va a salir en los medios; pero el que lo filtren incluso antes de que haya una acusación, como en el caso de los generales –porque todavía están arraigados–, habla de que no se está cuidando de manera seria la información que proveen estas personas y por tanto tampoco su identidad e integridad”, dice en entrevista López Noriega.

Agrega que la PGR debe “repensar cómo debe usar esta figura, porque la clave es cómo usan a los testigos protegidos. Las dos líneas para repensar esto son: uno, la protección de los testigos, y dos, que no se apueste a construir el caso a partir de sólo lo que dice el testigo protegido. El testimonio debe servir a otras pruebas duras que hagan el caso mucho más sólido”.