Lunes 07 febrero de 2011

Son muchos los ejemplos de la impunidad presidencial. Priistas y panistas han sido lo mismo al frente del gobierno cuando se trata de asaltar las arcas públicas, proteger a delincuentes, coludirse con empresarios corruptos o simplemente ser omisos ante la corrupción y el abuso del poder.

Por mencionar sólo a los últimos cuatro presidentes, dos priistas y dos panistas, cómo olvidar el desvío de recursos públicos de Carlos Salinas de Gortari a través de la llamada “Partida Secreta”, la cual manejaba desde Los Pinos y distribuía miles de millones de pesos para beneficiar a familiares, amigos, subalternos, intelectuales, dueños de medios de comunicación y empresarios.

Todos recordamos el enriquecimiento ilícito de su hermano Raúl, quien, en abierto nepotismo, lo mantuvo en cargos públicos y éste se convirtió en el comisionista de la Presidencia de la República para asignar contratos gubernamentales de obras y servicios a empresarios cómplices. Esto sin contar los magnicidios ocurridos en el sexenio salinista: Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Toda esas fechorías salinistas quedaron en la impunidad, y ahora el expresidente escribe ladrillos como libros para convencer a quienes los leen de que su gestión fue un buen gobierno y que los priistas sí saben gobernar y, por consiguiente, ha iniciado su apoyo a la campaña del PRI rumbo a la Presidencia de la República en el 2012, mientras que su hijo Emiliano dicta conferencias para exculpar a su padre y responsabilizar a todos los mexicanos de los males que aquejan al país.

El Zedillismo

El priista Ernesto Zedillo sustituyó a Salinas y la corrupción gubernamental continuó en acenso. Desde Los Pinos permitía a sus hermanos hacer negocios al amparo del poder y su familia política, padre y hermano de su esposa, establecieron redes de comunicación y protección para uno de los cárteles de la droga, el de los hermanos Amezcua, mejor conocidos como los reyes de la anfetaminas.

Para que los negocios de la familia Zedillo Ponce de León no se vieran afectados con medidas fiscales, simplemente evadían el pago de impuestos sin que alguien en la Secretaría de Hacienda, entonces dirigida por otro destacado priísta, José Angel Gurría, hiciera algo al respecto, a pesar de que en los registros hacendarios se acumulaban créditos fiscales de los hermanos del presidente y cuyas copias habían sido publicadas en esta columna (aún guardo esos documentos en viejos archivos para aclarar cualquier duda que todavía pudiera surgir al respecto).

O cómo olvidar aquellas conversaciones telefónicas que sostuvieron el suegro y el cuñado de Ernesto Zedillo con miembros del cártel de las metanfetaminas que comandaban los hermanos Amezcua en el norte del país, sin que autoridad alguna hiciera algo al respecto. También el entonces secretario particular del presidente Zedillo, Liébano Sáenz, fue investigado por la Procuraduría General de la República por supuestos vínculos con cárteles de las drogas. Como ha sido costumbre en México, nadie en el gobierno hizo algo al respecto y una vez más se impuso la impunidad presidencial.

Años después de su mandato, Ernezto Zedillo declara desde su exilio autoimpuesto, más por miedo a Carlos Salinas que por sus necesidades profesionales, que es equivocada la estrategia que el gobierno de Felipe Calderón para combatir a la delincuencia organizada. Sería bueno que nos diera su versión, aún tantos años después de haber dejado la Presidencia, de aquellas llamadas que hizo su suegro y su cuñado con aquellos traficantes de metanfetaminas.

El foxismo

Después vendría el “cambio” de siglas en la Presidencia de la República. Fue tanta la corrupción ordenada y aceptada desde Los Pinos, que la población buscó el cambio en las urnas y dio el triunfo al Partido Acción Nacional (PAN), el cual asumió el poder con la esperanza de millones de mexicanos de que el ranchero Vicente Fox mejorará las cosas y tal como lo había prometido en campaña combatiera la corrupción gubernamental. El final fue terrible, pues no sólo no disminuyó, sino que ésta aumentó y se volvió más burda en su forma y modo de operar.

Sólo por mencionar un caso: desde Los Pinos se autorizaba a los hijastros Bribiesca Sahagún para negociar contratos con Petróleos Mexicanos en beneficio de empresas privadas, las cuales les otorgaban jugosas comisiones como gratificación. Esta historia la contó el propio Manuel Bribiesca Sahagún en dos amplias entrevistas y, por supuesto, nadie en el gobierno ni en el PAN hizo algo al respecto. Los Bribiesca se enriquecieron brutalmente y el primer gobierno federal panista se convertía en lo mismo que antes habían criticado al PRI: corruptos, omisos, cómplices e impunes.

Pero si algo ha caracterizado a los panistas en el poder, es el cinismo. Vicente Fox todavía pide que le diga presidente Fox porque, dice, “me gusta”, como si en realidad hubiera ejercido el poder, cuando todos sabemos que se condujo como un simple títere ocupante de Los Pinos, en donde todo su gabinete hacía lo que quería y los negocios que podía, incluía su familia política.

El calderonismo

En el actual gobierno, a cuyo presidente aún le faltan dos largos años, Felipe Calderón no sólo ha sido omiso para combatir la corrupción gubernamental, sino que hasta la ha fomentado. Este mandatario panista ha utilizado los recursos del Estado para perseguir a políticos de oposición en medio de su “guerra” contra el narcotráfico, y protege a militantes panistas y miembros de su gabinete que han sido señalados por su propio gobierno como protectores y cómplices de cárteles de la droga.

Un caso que en estas páginas hemos documentado ampliamente y que confirma lo anterior es el de Patrón Laviada. Hoy lo volvemos a mencionar porque el todavía procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada, finalmente comprendió que era muy difícil mantenerse en el cargo con esas acusaciones, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reunió un amplio expediente en contra de la familia del funcionario por supuestos vínculos con el crimen organizado y por lavado de dinero.

Hace 10 días, la reportera Adriana Alatorre publicó en el diario Reforma una pequeña nota donde informa que, antes del 15 de febrero, el titular de la Profepa dejará el cargo. El motivo, dice, “es que se incorporará a tareas políticas de su partido”, el PAN en Yucatán, de cara a las próximas elecciones.

La reportera explica que su renuncia “se da en medio de supuestas diferencias con el secretario de Medio Ambiente, y de acusaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información de avisar a una empresa para ampararse contra esta dependencia”.

Para conocer los motivos de su salida, Adriana Alatorre entrevistó al procurador y éste aceptó que abandona frustrado el cargo “por no haber tenido tiempo para concluir los pendientes”.

La realidad es otra. La presión que hay en contra de Patrón Laviada por las investigaciones que le realiza la Secretaría de Hacienda lo ha llevado a renunciar, pues resulta demasiado incómodo para el secretario del Medio Ambiente y para el mismo Felipe Calderón, quien hasta ahora había estado dispuesto a mantenerlo en el cargo bajo la premisa de que ningún periodicazo iba a motivar la renuncia de algún servidor público del gabinete panista.

Lo anterior lo ha cumplido Calderón de alguna manera con algún secretario de Estado, pues a pesar de haber señalamientos e investigaciones (en México y en el extranjero) por vínculos con los cárteles de la droga, ha decidido mantenerlo en el puesto sin importar las consecuencias.

Pero en el caso de Patrón Laviada, las cosas son distintas, porque aun con la orden de Felipe Calderón de desaparecer la Unidad de Inteligencia Financiera, el expediente elaborado por los expertos fiscalistas se ha hecho público y la oposición lo tiene en su poder y podría utilizarlo en las próximas elecciones presidenciales; así que había que apagar el fuego y hacer a un lado al procurador del Medio Ambiente para evitar mayores males.

El expediente abierto en poder de este reportero es un claro ejemplo de la impunidad presidencial de Calderón, pues a pesar de que la misma Secretaría de Hacienda presentó la denuncia penal en la Procuraduría General de la República en contra de los hermanos Patrón Laviada, por supuestas relaciones con el narcotráfico y el blanqueo de capitales, el proceso no avanza porque “extraviaron” la acusación y los últimos tres procuradores se han negado a iniciarle la averiguación previa correspondiente.

Vistos por la corrupción en sus gobiernos, qué parecidos me resultan los gobiernos panistas a las administraciones priistas.

El caso Patrón-Laviada

El 26 de octubre de 2006, a un mes de que Vicente Fox dejara la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda acusó por blanqueo de capitales a cuatro personas: Ricardo José Patrón Laviada, Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltasar Cetina Pech.

Por instrucciones del entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, la denuncia se archivó y su sustituto Eduardo Medina Mora, no sólo no pudo integrar durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón la averiguación previa correspondiente, sino que en la fiscalía contra el lavado de dinero dicen que “extraviaron” la acusación presentada por Hacienda y hasta la fecha, según fuentes gubernamentales, no la encuentran, lo que hace pensar que se trata de una maniobra de los dos últimos procuradores que, cumpliendo instrucciones presidenciales, fueron cómplices en dar protección a la familia de los Patrón Laviada para evitar su consignación.

Los diferendos que hay entre la Secretaría de Hacienda y la PGR por la pérdida de dicho expediente, se acrecentó y en septiembre pasado se volvió a notificar a la Procuraduría sobre la investigación financiera que involucra a un grupo de yucatecos en delitos penales graves.

“Se realizó una minuciosa investigación en el libro de gobierno de esta Unidad especializada, base de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos, obteniéndose como resultado que al día de la fecha no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas”, respondió la PGR a Hacienda.

Esto confirma que en el gobierno panista de Felipe Calderón se practica el encubrimiento, la corrupción, el tráfico de influencias, el narcotráfico y el lavado de dinero, pero estos delitos se ocultan cuando se trata de amigos del presidente. ¿Alguien duda de la impunidad de Calderón?