Lunes 09 mayo de 2011

En medio de la crisis de violencia y la incapacidad de un gobierno fallido que conduce el panista Felipe Calderón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es violada todos los días y muchos mexicanos consideran que llegó la hora de que el presidente renuncie.

A la letra y en los hechos, las garantías individuales consagradas en la Constitución prácticamente han perdido su fuerza y su valor porque el Poder Ejecutivo dejó de respetarlas. Los sentimientos de la nación hoy sangran y mueren lentamente. Se vive, de esta forma, bajo el control de un gobierno federal que ha dejado de cumplir con sus responsabilidades básicas y la situación, al final de esta administración – impugnada desde las elecciones de 2006 – no sólo resulta insostenible sino preocupante para el futuro de millones de mexicanos que han perdido casi todas sus libertades: el libre derecho de tránsito por el territorio nacional, las garantías de seguridad jurídica, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a tener un futuro digno.

Los casi 40 mil mexicanos muertos y la falta de investigaciones e integración de expedientes por cada uno de ellos, sólo revela la impunidad y falta de justicia que vive el país, en donde la Constitución parece más estorbar a los gobernanetes en turno que hacer uso de ella para volver a la calma y seguridad social.

Las desapariciones forzadas de millones de personas y la falta de respuesta por parte del gobierno, marcaran a Felipe Calderón como un presidente omiso, negligente y obstinado con una guerra contra el crimen organizado que desde el inicio estaba destinada al fracaso.

En ese contexto el gobierno de Calderón ignora las garantías individuales de los mexicanos y deja al Poder Ejecutivo en una situación crítica y de repudio social, pues hoy como nunca el miedo, la inseguridad, la desconfianza y la violencia tienen a la población secuestrada.

A esa crisis hay que sumar la corrupción gubernamental que ha inundado a las instituciones porque lo importante, lo legal, ha dejado de tener importancia.

Hace dos años escribimos en este espacio que Felipe Calderón tenía la obligación moral y constitucional de aplicar en su gobierno y en su fallida estratégica contra el crimen organizado, el Artículo 29 de la Constitución, que establece claramente que, en caso de “invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrán suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación”.

La Constitución establece, sin embargo, que dicha suspensión deberá darse por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que ello se contraiga a determinado individuo. Llevamos casi cinco años de terror.

Pues mal, Felipe Calderón no asumió su responsabilidad y, como ha caracterizado a su gobierno, los agravios contra la población carecieron de esa declaratoria constitucional, le han permitido una y otra vez cambiar el discurso: ha pasado de la guerra a la batalla, de su responsabilidad asociada a la intervención del Ejército al deslinde de culpas hacia los gobiernos estatales y municipales.

Calderón ha perdido también la oportunidad de hacer valer la soberanía nacional al solicitar el aval y el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, para combatir problemas nacionales generados por la permisividad del país más poderoso del mundo, frente a sus adictos y a su propio crimen organizado que envía armas a territorio mexicano para terminar con millones de mexicanos.

La felicitación de Felipe Calderón al gobierno de Barack Obama tras la tortura, persecución y ejecución de Osama Bin Laden sólo revela la confusión de su administración. ¿Lo felicitó por violar las leyes y la soberanía de un país como Pakistán? ¿Acaso México no está en la misma situación? ¿Pedirá también Calderón la intervención de las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano para combatior al narcotráfico?

Mientras tanto, en México el imperio de la impunidad está presente y han sido los medios de comunicación los que han dado cuenta de cómo el gobierno federal calderonista ha violado de forma sistemática las garantías constitucionales consagradas en la Constitución.

Calderón no hizo partícipe al Congreso de esta responsabilidad, pero tampoco de analizar con los legisladores la estrategia fallida contra el crimen organizado que, al final, se transformó en un bumerang contra mexicanos inocentes. Pero el Congreso tampoco está a salvo de responsabilidades, porque desde la tribuna también pudieron llamar a cuentas a Calderón, frenar la escalada de violencia y dar un nuevo sentido a las soluciones: aprobar, por ejemplo, presupuestos históricos para la educación, para la generación de fuentes de empleos y para reducir la enorme desigualdad de una economía que genera grandes fortunas, pero también las más tristes historias de injusticia y desigualdad.

Los mexicanos, en resumen, con la guerra de Felipe Calderón como “jefe supremo de las Fuerzas Armadas”, han perdido las garantías de igualdad – por que ahora se declaran buenos y malos sin que medie un proceso judicial, se les asesina sólo con la presunción de culpabilidad –; han perdido también las garantías de libertad – porque las desapariciones forzadas y los secuestros ya no importan, aunque se denuncien ante las autoridades “competentes” –; los mexicanos han perdido las garantías de propiedad — porque en los tribunales civiles campea la corrupción y sólo se respeta una palabra, la del dinero– , y finalmente porque las garantías de seguridad pública simplemente se han olvidado y el aislamiento social amenaza a estados como Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Durango, Sinaloa, en donde la violencia se ha apoderado de pueblos y ciudades, sin que autoridad alguna pueda hacer algo al respecto.

En estops momentos de crisis es omento de abrir y usar la Constitución, y el gobierno tiene la obligación de respetarla, pues de lo contrario la poblacion podría tomar en sus manos la justicia y ya hay muchos ejemplos en el mundo de lo ocurrido.

En el Artículo Sexto, la Constitución establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En este gobierno, sin embargo, representantes del Poder Judicial se han atrevido a manipular y tergiversar este derecho de los mexicanos, al dictar resoluciones resoluciones contrarias a derecho que satisfacen a poderes fácticos generados al amparo de la corrupción. Con lo cual se violan la libertades de expresión y de prensa, y se deja vulnerable a la poblacion para estar bien informada.

El Artículo Séptimo también se ha visto vulnerado porque “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más limites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. en ningún caso, además, podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”, dice nuestra Constitución.

Y cuando vemos retenes, revisiones y, sobre todo, la amenaza de un arma de alto poder en las calles de la ciudad, tenemos que recordar el Artículo 11 constitucional que a la letra dice: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho, no obstante, estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa”.

Este artículo nunca habla del Ejército. Esta es, de hecho, una de las peticiones del poeta Javier Sicilia al encabezar durante tres días este histórico movimiento de la población civil: “Que el Ejército regrese al cuartel y que Calderón cambie la estrategia pero ya”.

Aún más, el Artículo 17 de nuestra Constitución señala claramente que ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Porque toda persona, “hasta los malos” –como los llama Calderón – tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Y finalmente, en el terreno económico, Felipe Calderón también está transitando como un presidente fallido en los términos del cumplimiento de la Constitución. El Artículo 25 asegura que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado, por lo tanto, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevara a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al final, después de revisar estas garantías individuales, queda claro porque Calderón falló: el modelo económico de México también padece la falta de soberanía, sujeto y sumiso a las necesidades de la economía estadounidense que también está fallando, porque sus empresarios no invierten, sus consumidores no compran y su gobierno sólo ofrece pírricas victorias como la captura y muerte de Osama Bin Laden.

A Calderón se le acaba el tiempo y la sociedad civil puede tener la última palabra, mientras los políticos panistas han demostrado su incapacidad para conducir al Estado y hacer valer la Constitución.

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