Lunes 11 de abril de 2011

En los próximos días la Cámara de Diputados designará al próximo titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en sustitución de Roberto Michel Padilla, quien cumple este mes de abril termina dos periodos (ocho años) al frente de ese importante órgano de vigilancia encargado de supervisar y controlar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hace cuatro años, Michel y su equipo de 70 expertos analistas investigó al entonces auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, a quien un grupo de legisladores acusó de incumplimiento de obligaciones, fraude de funcionarios en operaciones del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y encubrimiento a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha y Vicente Fox, por operaciones irregulares de su empresa Construcciones Prácticas con el IPAB. Ese expediente impidió que González de Aragón repitiera al frente de la ASF.

Hasta hace unos años, la Auditoría era una de esas instituciones de las que se conocía poco sobre lo que revisaba, cuáles eran los resultados de su trabajo y sobre todo a quién le rendía cuentas. En aquellos años los medios de comunicación esperaban sacar la nota con el tan aclamado día del auditor, cuando éste entregaba el informe de las auditorías y provocaba tumulto de periodistas para saber cómo habían salido las cuentas del gobierno.

Pero eso ha cambiado en buena medida porque algunos legisladores, más allá de su visión partidista, determinaron que todos deberían rendir cuentas, incluído el auditor y su órgano de control, y que la información de las auditorías debería ser pública, como públicos también serían los informes del seguimiento a las irregularidades determinadas.

A partir de entonces, los medios de comunicación tenemos acceso a los informes de todas las auditorías practicadas a las secretarías de Estado, paraestatales, organismos descentralizados, gobiernos estatales y cuentas municipales, entre otras muchos más. Esto ha significado la mayor revisión de que se tenga memoria sobre el gasto público y, por supuesto, que los servidores públicos no se sientan impunes para violar las leyes y robarse o desviar el presupuesto público. Siempre habrá alguien vigilándolos.

Ahí entró un nuevo actor: la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y especialmente la Unidad de Evaluación y Control (UEC), cuyo próximo titular será nombrado en dos semanas por la mayoría de los diputados. Esta unidad se ha convertido en la vigilante de las acciones del auditor, la que lo controla y vigila. Y es el único órgano al que las dependencias auditadas pueden acudir en caso de excesos de los auditores.

La Comisión de Vigilancia que preside la perredista Esthela Damián, tiene en ese organismo un instrumento valioso para mantener control sobre la actuación de la Auditoría, pero también para ayudarle a mejorar su trabajo y que se reduzcan los niveles de corrupción que se han convertido en el principal problema del país y del gobierno. Es sabido, por ejemplo, que paraestatales como Pemex y CFE se han convertido en negocios privados de consorcios mexicanos y extranjeros, los cuales sobornan a funcionarios petroleros para robar dinero público en la asignación de contratos irregulares.

De ahí el interés que seguramente tendrán los partidos políticos en el nombramiento del futuro jefe de la Unidad de Evaluación y Control. En esa disputa política por el control de la UEC, los priístas llevan la delantera a pedsar de que es una perredista la presidenta de a Comisión camaral. El análisis es muy simple: el PRI ya controlan la Auditoria Superior de la Federación. Su titular, Juan Manuel Portal, fue subordinado del líder de la bancada priísta Francisco Rojas, y éste legislador buscará también designar al responsable del órgano encargado de vigilar a la ASF, lo que le permitiría a ese partido tener bajo su dominio a los dos principales órganos de vigilancia del gobierno federal.

De lograr el PRI su cometido en los dos órganos de vigilancia y además alcanzar la Presidencia de la República, a sabiendas de que la Secretaría de la Función Pública también depende del Ejecutivo, estaríamos ante la mayor complicidad de un gobierno que pueda hacer lo que quiera con el presupuesto público sin que alguna entidad pública regule y revise imparcialmente su actuación, y estaríamos ante el peor retroceso en los pocos avances que México ha logrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces los diputados de todos los partidos distintos al PRI no deben permitir que este órgano político decida quién será el próximo titular de la UIC, para tener por lo menos un equilibrio en la vigilancia de la propia ASF.

Hace poco más de un año, en noviembre-diciembre de 2009, Juan Manuel Portal Martínez fue elegido en un discutido proceso como auditor superior de la Federación, en sustitución de González de Aragón, en donde hasta los propios concursantes llegaron a cuestionar cuando se enteraron de la manera en que se integró la terna final y de que en la votación resultó “ganador” el candidato propuesto por el priista Francisco Rojas.

Diversos medios han comentado los frenos impuestos a los excesos que llegó a cometer la Auditoría, cuando su titular era González de Aragón, a quien por cierto se le sancionó por el caso de la contratación del despacho de sus hijos en entidades públicas, calificado como un claro conflicto de intereses.

Recordemos ese caso de corrupción: en la administración de Vicente Fox, el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fundado por el auditor superior y operado por sus hijos, auditó a la misma Presidencia de la República, y ese contrato se ha renovado con el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón, sin importar que estuvieran sujetos a un proceso de investigación por hechos de supuesta corrupción.

Según consta en el expediente UEC/DECGA/01/2006, en poder de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, González de Aragón fue “administrativamente responsable” de la acusación en su contra, promovida en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.

El encargado de vigilar el buen uso del patrimonio público “omitió” informar a la Cámara de Diputados que entre las dependencias inspeccionadas por la ASF en 2001, 2002 y 2003, había algunas previamente revisadas por el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, del que el auditor superior fue socio fundador y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores. Es decir, la familia González de Aragón era juez y parte.

El recién nombrado auditor Juan Manuel Portal, también ya enfrenta la actuación de la UEC por irregularidades descubiertas en su gestión, por lo que es previsible que el jefe de la bancada del PRI en la Cámara, Francisco Rojas, cuide sus espaldas y haga lo posible por evitar que la UEC caiga en manos de un auditor independiente que luche en contra de la corrupción.

Por lo pronto ya se mencionan algunos nombres y se habla del exdiputado priísta Manuel Galán como un posible candidato de Francisco Rojas. Este aspirante sería un auditor a modo para el PRI, pues fue colaborador de Rojas cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en los años ochenta. Aunque parece aventurada esa estrategia del PRI, no se dude de que este partido intentará por todos los medios controlar esa unidad de vigilancia.

Hay que estar atentos de lo que hagan los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y en particular su presidenta, la perredista Esthela Damián Peralta, quien tiene la responsabilidad de evitar que sean intereses priistas los que controlen los órganos de vigilancia como la ASF y la UEC.

Los pendientes de la nueva procuradora

A la primera mujer al frente de la Procuraduría General de la República y tercera en el cargo durante el gobierno de Felipe Calderón, le ha tocado la peor parte de la administración panista: el país está sumergido en una terrible violencia destada por la “guerra” en contra del narcotráfico; la PGR apenas investiga el 7 por ciento de los casi 40 mil homicidios relacionados con esa confrontación; como nunca, la Procuraduría está infiltrada por el crimen organizado; se ha politizado y partidizada la procuración de justicia; de inicio el combate al tráfico de drogas está perdido; expedientes de delincuentes panistas se han archivado o simplemente perdido en las oficinas de los ministerios públicos.

El panorama para la nueva procuradora Marisela Morales es complicado, aunque el hecho de ser mujer y de fuerte carácter podría ayudarle en su desempeño.

Su arribo a la PGR se da en medio de fuertes acusaciones y especulaciones politicas. Una de ellas afirma que la renuncia de Arturo Chávez Chávez obedece a que el exprocurador se negó a iniciar averiguaciones previas en contra de dos exgobernadores priistas acusados por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico. Los exmandatarios habrían gobernador Tamaulipas y Chihuahua en complicidad con mafias locales, de quienes recibían cuantiosos sobornos para permitir el tráfico, venta y exportación de drogas hacia territorio estadounidense, cuyo gobierno sigue presionando a Calderón para que sean encarcelados esos políticos del PRI.

Con la llegada de Marisela Morales, quien tuvo un mal desempeño al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pues su labor de combatir al narcotráfico ha sido realizada por el Ejército y la Marina, traería la consigna presidencial de actuar antes de las elecciones presidenciales de 2012, en contra de políticos priistas que obligue a su precandidato más fuerte, Enrique Peña Nieto, a bajar en las encuestas de aceptación entre la población. Entonces los próximos meses serán importantísimos para saber si a eso llegó a la PGR la abogada responsable del Ministerio Público Federal.

Al margen de esas afirmaciones que se hacen en círculos políticos y militares, lo que si es cierto es que en la SIEDO se ha ocultado un espinozo expediente relacionado con cárteles de la droga y que apunta a la familia del exprocurador federal de de protección al ambiente, Patricio Patrón Laviada.

Resulta que en el último mes de gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Hacienda envió una denuncia penal a la PGR y ésta la canalizó a la SIEDO, en contra de hermanos y otros parientes de Patrón Laviada, bajo acusaciones de estar relacionados con bandas del narcotráfico que operaban en el sureste del país y lavar dinero producto del tráfico de drogas.

La última vez que la Procuraduría se refirió al respecto, fue en una comparecencia de Arturo Chávez Chávez en la Cámara de Diputados, en donde el procurador respondió a una pregunta de la oposición que si había alguna acusación en contra de los Patrón Laviada se le daría curso y jo se protegería a ningún miembro del gabinete. El año pasado, cuando Chávez Chávez se refirió al caso, Patrón Laviada aún era titular de la Profepa.

Sería importante que la ahora procuradora explicara en qué escritorio de la SIEDO se perdió ese expediente del crimen organizado relacionado con un importante miembro del gabinete de Felipe Calderón, quien además de ser amigo personal del presidente fue enviado por él mismo a Yucatán para preparar las elecciones en esa región con miras al 2012.