Lunes 12 de junio de 2006

Desde la Presidencia de la República buscan al responsable de filtrar el expediente en poder de la Secretaría de la Función Pública que contiene la auditoría confidencial 2015, clasificada como de seguridad nacional, y que involucra directamente al presidente Vicente Fox en la asignación irregular de contratos a las empresas Humberto Artigas y Asociados S.A. de C.V. y MYO S.A. de C.V., las cuales sirvieron para triangular los trabajos para la construcción de obras y adquirir bienes para la residencia oficial de Los Pinos y en esa intermediación ganaron el 200 por ciento más del costo total de dichos trabajos, es decir casi 45 millones de pesos.
A pesar de las evidencias de corrupción en la casa presidencial, en donde está envuelto el presidente Fox y su equipo de administración, la oficina de prensa de la Presidencia de la República se negó a explicar la actuación ilícita del jefe del Ejecutivo y se limitó a responder la petición de información como “no hay comentario alguno al respecto”, con lo cual avalan las acusaciones que hizo desde el 2001 la Secretaría de la Contraloría, a cargo en ese entonces del panista Francisco Barrio Terrazas.
La misma respuesta negativa a la solicitud de entrevista con el director general de Auditoría Gubernamental la hizo la oficina de prensa de la Secretaría de la Función, que preside el panista Eduardo Romero Ramos, en donde dijeron que consultarían con el secretario la petición, pero ya no hubo respuesta alguna.
El nerviosismo y el miedo que hay en la cúpula gubernamental panista por este expediente que salió de los archivos confidenciales de la Secretaría de la Función Pública y que alcanza al presidente de la República por haber ordenado personalmente contratar a su amigo el arquitecto Humberto Artigas para remodelar, sin licitación de por medio, la residencia oficial de Los Pinos, incluidas las cabañas 1 y 2 que tanta nostalgia le causan a la primera dama Marta Sahagún, y que tuvieron un costo de 62 millones de pesos, así como la asignación directa de contratos a la empresa MYO S.A. de C.V. para la adquisición de enceres domésticos por más de 4 millones de pesos para hacer lucir bien las viviendas de la “pareja presidencial”.
Duplicidad de contratos
Entre los cuatro contratos y dos convenios modificatorios asignados a la empresa Artigas y Asociados S.A. de C.V., como ya lo señalamos la semana pasada en esta misma columna, hay duplicidad de contratos y veamos porqué:
Según el expediente integrado por la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de la Función Pública, hubo duplicidad en la suscripción del contrato de obra pública AD-269-00 para remodelar las cabañas 1 y 2, por un monto de 6 millones 336 mil 500.16 pesos, el cual fue firmado irregularmente en dos ocasiones, una el 15 de diciembre de 2000 y la otra el 20 de mismo mes con plazos de ejecución distintos; además se realizaron dos convenios adicionales con importes superiores al 25 por ciento, con lo cual se infringió, de acuerdo con la Contraloría, toda normatividad establecida.
En el contrato del 15 de diciembre no se contó previamente con el oficio de inversión autorizado por la Secretaría de Hacienda, ya que éste fue emitido el 19 de diciembre y recibido el 21 del mismo mes.
El contrato suscrito el 20 de diciembre no cumplió con la calendarización para los pagos establecidos en el oficio de inversión, el cual programa erogaciones en los meses de marzo, abril, mayo, julio y diciembre de 2001; la emisión de facturas 345, 347 y 349 por 6 millones 297 mil 930.15 pesos, con fechas 15, 18 y 19 de diciembre, antes de la suscripción del contrato referido.
Derivado de ese contrato aludido, se celebró convenio modificatorio el 20 de diciembre de 2001 por la cantidad de un millón 552 mil 442.28 pesos por concepto de ampliación en el monto y el 22 de diciembre se suscribió otro convenio adicional por 632 mil 545 pesos, que suman 2 millones 184 mil 987 pesos más del presupuesto original y representan el 34 por ciento adicional al contrato original. Esto, dice la Contraloría, rebasa el 25 por ciento establecido en la normatividad.
Otra anomalía es que ambos convenios fueron suscritos por Alberto Ordóñez Benítez, coordinador de Adquisiciones de la Presidencia, cuando debió hacerlo el titular de la Dirección General de Administración, y tampoco se contó con la delegación de facultades correspondientes.
También hubo pagos anticipados
Otra irregularidad en los contratos orneados por Vicente Fox son los pagos anticipados que hizo la Presidencia de la República por 9.6 millones de pesos al contratista Humberto Artigas y Asociados, y lo más grave de estos anticipos es que se hicieron previamente a la suscripción del contrato de la obra AD-009-01 y de la facturación del anticipo, debido a que se trataba de un recomendado del presidente de la República.
En la adjudicación del contrato AD-009-01 a Humberto Artigas, suscrito el 13 de febrero de 2001 por un importe de 30 millones 88 mil 782.99 pesos, con plazo de ejecución del 14 de febrero al 16 de abril de 2001, se efectuaron los pagos anticipados en calidad de “préstamo” al contratosta Artigas, previamente a la fecha de suscripción del contrato y facturación del anticipo respectivo.
De la compulsa practicada a la empresa Humberto Artigas y Asociados, los auditores de la Contraloría descubrieron que el 25 de enero de 2001 se recibió el pago anticipado por un millón 700 mil pesos, cantidad considerada en el monto de las facturas 402, 407 y 408 del 22 y 28 de febrero, y 8 de marzo respectivamente, cuyo importe asciende a un total de 10 millones 982 mil 762.63 pesos.
Según se desprende de un escrito con fecha del 8 de febrero de 2001, elaborado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a la Dirección de Finanzas y por concepto de venta de cheque de caja con cargo a la cuenta 51-50001208-0, se efectuó otro pago anticipado por 7.9 millones de pesos, que de acuerdo con la compulsa y ficha de depósito de la empresa Humberto Artigas y Asociados, el importe referido fue cobrado el 15 de febrero de 2001, acreditándose en su estado de cuenta 001-3953101-7 de Bancomer; no obstante que la factura 402 correspondiente al anticipo es del 22 de febrero de 2001, es decir se emitió posteriormente al cobro de la cantidad referida entregada como préstamo.
El auditor agrega que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República mediante cuenta por liquidar certificada (CLC) número 02-0000211 del 28 de febrero de 2001, la cual registra como beneficiario la misma Dirección General de Administración, tramitó el pago por 9 millones 26 mil 634.88 pesos de la factura 402, correspondiente al 30 por ciento del anticipo del contrato en cuestión, es decir también posterior a los préstamos.
Mediante la compulsa se informó que previo al cobro mencionado ya se había entregado otro cheque, el número 006450 por 7.9 millones de pesos en días anteriores; sin embargo, éste había sido devuelto por el banco el 14 de febrero de 2000, según se advierte en estado de cuenta bancario que fue proporcionado en el acto de compulsa mencionado.
En su conclusión el auditor sostiene que la Presidencia de la República otorgó condiciones financieras a los contratistas fuera de normatividad, por la disposición de recursos financieros para el pago de obra sin estar regularizada documental y oportunamente.
En consecuencia, agrega, se dejó en estado de indefensión al gobierno federal al imposibilitarlo para efectuar reclamos que se susciten por incumplimientos, tanto en el inicio de la obra, fianzas de garantía de las entregas económicas por anticipado, lo que limita la aplicación de sanciones que se deriven de los trabajos ejecutados.
En este punto, la Contraloría recomendó que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República en coordinación con el Estado Mayor Presidencial deberían conciliar los préstamos otorgados al contratista y los reembolsos que se hayan realizado, derivados de los contratos de obra celebrados con la contratista Humberto Artigas y Asociados, y de existir saldos proceder a la recuperación o comprobación respectiva y a su vez requerir el costo financiero que corresponda.
En las observaciones de la auditoría se indica que la empresa contratista Humberto Artigas informó que su plantilla de trabajadores y el organigrama de la empresa cuenta con solo 4 personas además de su presidente y apoderado legal: el vigilante, el mensajero y el de intendencia, únicos empleados que aparecen registrados en el IMSS según copia del pago correspondiente a mayo de 2001.
Por lo anterior, señala la auditoría, esa empresa no cuenta con la capacidad técnica ni financiera, tampoco su contratación se fundó en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, como se requiere para el ejercicio del gasto público federal.
Añade que en la adjudicación del contrato AD-009-01, Humberto Artigas subcontrató a otras empresas constructoras, lo cual no garantizó la confidencialidad de la información para el gobierno federal, por lo que necesariamente se debió efectuar licitación pública o procedimiento por invitación a cuando menos 3 contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios.
También considera que faltó planeación de las necesidades de la obra y procedimientos de selección de las empresas a contratar. Debido al grueso expediente confidencial de la Presidencia de la República y que está también en poder de Oficio de Papel, la próxima semana continuaremos con el tema.