Lunes 13 de Junio de 2005

En medio de una sucesión presidencial adelantada por iniciativa del mismo Vicente Fox, los grupos de poder se empezaron a acomodar desde hace más de un año para buscar los espacios que les permita arribar al próximo gabinete presidencial. Así, las alianzas e intereses causaron debilidades en unos y fortalezas en otros, lo que ha motivado confrontaciones y cambio de estrategias en los sectores político, económico, social y hasta en el militar, dejando al país en la incertidumbre y la parálisis.

Mucho se ha escrito de lo que sucede en algunos de esos sectores, sobre todo en el político, en donde todos hablan; en menor medida en el económico, en donde el dinero es lo único que cuenta; menos en el social, marcado por la pobreza extrema , y casi nada en el militar, pues en el Ejército la estructura de mando es tan vertical que nadie puede moverse sin autorización, y cuando alguien se atreve de inmediato hay consecuencias, porque los militares saben que el único autorizado para hablar es el secretario de la Defensa.

En ese sentido, hace algunas semanas escribimos aquí lo que algunos asesores militares y analistas del Ejército consideran que pasa al interior de las fuerzas armadas, y en lo que todos coinciden es que también allí ha impactado la sucesión presidencial adelantada, pues algunos generales andan muy nerviosos por saber quiénes pueden ser los posibles sucesores del secretario de la Defensa.

Lo mismo ocurre en otro sector de las fuerzas armadas que tiene un poder independiente por su cercanía con el presidente de la República, el Estado Mayor Presidencial (EMP), en donde también hay movimientos de algunos generales por apoyar a los posibles sucesores del general de brigada José Armando Tamayo Casillas, sólo que a diferencia de lo que sucede en el Ejército, una lucha interna adelantada en el EMP pone en riesgo la seguridad del presidente, como aseguran fuentes cercanas a los militares que ha ocurrido.

Así las cosas, en el EMP el poder después del general Tamayo se concentra en el general brigadier José Luis Sánchez León, jefe de la Sección Quinta y responsable de la seguridad del presidente de la República, mientras que el encargado de toda la parte operativa es el general brigadier Jorge Cuevas Martínez, subjefe operativo y un militar institucional y leal a Vicente Fox, y quien también sueña con ser el próximo jefe del Estado Mayor Presidencial.

Pues las pugnas entre estos dos generales es más que evidente en el EMP, cuentan algunos que han presenciado las diferencias que hay entre ambos militares por cumplir sus funciones sobre las actividades en torno al primer mandatario y dicen que en ocasiones se han cometido errores y confusiones en la agenda de seguridad y de operación que han puesto en riesgo a Vicente Fox.

El general Cuevas cuenta sólo con el apoyo de su paisano el coronel de infantería Pedro Almazán Cervantes, nacido en Guerrero y quien está a cargo de la Sección Séptima, responsable de la seguridad de la familia del presidente y de los secretarios de Estado. En cambio, el general Sánchez León, un militar duro y de mando firme, tiene el respaldo de los coroneles responsables del resto de las secciones del EMP, como el coronel de caballería Alberto Gaytán Palos, jefe de la Sección Cuarta, de logística, y el coronel de infantería Roberto Francisco Miranda Moreno, jefe de de la Sección Segunda, de información e inteligencia, a quienes los soldados los conocen como “Los Tres Ases”o “Los Bonitos”.

También apoyan al general Sánchez León el coronel Arnulfo Caballero Sánchez, jefe de la Sección Primera; el coronel de caballería Marco Antonio de León Adams, jefe de la seguridad personal del presidente de la República; el capitán de navío Francisco Ponce Fernández de Castro, jefe de la Sección Sexta, responsable de la seguridad de la primera dama Marta Sahagún de Fox; el coronel de infantería Pablo Alberto Lechuga Horta, jefe de la Sección Tercera; el general brigadier Arturo Salgado Urióstegui, jefe de seguridad interior de la residencia oficial de Los Pinos.

Como nunca y ante una sucesión presidencial adelantada, hoy el general Sánchez León está muy cerca de ser el próximo jefe del Estado Mayor Presidencial, pues a diferencia del resto del gabinete, en esta responsabilidad cuentan los méritos, los rangos y los apoyos de los mismos militares que integran el EMP, pero también aquí valen las sugerencias que siempre hace el presidente saliente al mandatario entrante y un elegido puede ser Sánchez León.

Por si eso fuera poco, este general fue concentrado durante un año por instrucciones del general Tamayo, entre 2002 y 2003, en un curso de seguridad nacional en el Colegio Militar, a donde asistió como coronel y cuando regresó fue ascendido a general.

La Auditoría al EMP

De las pocas auditorías realizadas a Los Pinos, a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, órgano facultado por el Congreso para fiscalizar al gobierno federal, se desprende que del gasto total que realizó en 2003 la Presidencia de la República, el 47.8 por ciento (767 millones 372.5 miles de pesos) correspondió al Estado Mayor Presidencial (EMP), órgano militar responsable de la seguridad del presidente y de su familia; lo cual habla de la importancia que tiene el EMP al interior de Los Pinos, pues ese órgano de seguridad nacional le cuesta a los mexicanos poco más de 767 millones de pesos, y sólo el 52.2 por ciento (838 millones 990 mil pesos) fue para gastos de administración de la Presidencia.

Del gasto ejercido por el EMP, 316.2 millones correspondieron al gasto que tuvo la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, y otros 451.1 millones correspondieron al propio gasto del EMP. Estas cifras, habitualmente clasificadas como asuntos de seguridad nacional, son desconocidas para la población por tratarse de un órgano militar dedicado a la seguridad del presidente de la República.

También se recomienda a la Presidencia de la República que gire instrucciones para promover la inclusión en el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, de las disposiciones que definan de manera precisa y clara las actividades conexas que realiza el EMP en actos en donde participan el presidente y su esposa.

Con el documento denominado gastos realizados con motivo de los eventos a los que asistió la primera dama Marta Sahagún, la ASF constató que durante el ejercicio de 2003 la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, del Estados Mayor Presidencial, le brindó apoyo de transportación en 33 ocasiones, de las cuales 32 fueron dentro del territorio nacional y una en el extranjero, lo que siempre causa molestias entre los militares, pues según algunas críticas “la señora” siempre tiene una agenda paralela a la del presidente Fox, lo que nunca antes sucedía y esto obliga a dividir al equipo de seguridad y los riesgos aumentan, pues también los hijos de la primera dama han tenido que estar bajo vigilancia extrema ante supuestas amenazas del crimen organizado.

De acuerdo con el informe de la ASF, se deben aplicar normas que delimiten y separen las funciones públicas de la Presidencia de las actividades privadas, sobre todo aquellas que realiza Marta Sahagún y que por ley no son actividades públicas, así como investigar el gasto corriente que hizo en los ejercicios 2002 y 2003.

Grupo Protexa Contra Grupo Miguel

Un nuevo conflicto empresarial por contratos de servicios a Petróleos Mexicanos se dirime ante los órganos de control y vigilancia del gobierno federal, el cual ya obligó a la intervención directa del mismo secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, quien tendrá que dejar su pasividad y resolver de inmediato dicho diferendo para evitar que siga perjudicándose a la principal empresa del Estado y, sobre todo, dejen de ocurrir accidentes que cuestan la vida de trabajadores petroleros.

Esta ocasión se trata de dos poderosos grupos pertenecientes uno a los hermanos Lobo (Protexa) y otro a la familia Miguel (Grupo Miguel). Las empresas que representan el conflicto son Heliservicio Campeche (HC), propiedad de Alfredo Miguel Afif, el empresario que sigue prófugo de la justicia por el delito de evasión fiscal y quien enfrenta otros procesos penales por irregularidades en contratos petroleros, y Aeroservicios Especializados (Asesa), propiedad de los hermanos Lobo, que durante varias décadas de gobiernos priistas y administraciones corruptas en Pemex obtenían cuantiosos contratos en dudosos esquemas licitatorios.

La disputa es por la licitación pública nacional 18575054-008-2003 convocada por Pemex Exploración y Producción (PEP) para contratar los servicios de transportación aérea y carga costa afuera en la Sonda Marina de Campeche, en el ya conocido proyecto Cantarell, la cual se dividió en seis paquetes, de los cuales Asesa resultó ganadora de tres contratos (A, B y C), que corresponde a cinco helicópteros por contrato, mientras que HC no ganó ninguno, y un punto que influyó fuertemente es el conflicto que enfrenta otra de las empresas del Grupo Miguel dedicada también a los servicios aéreos y que está enfrentada directamente con el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Ante las denuncias presentadas por HC en contra de Asesa, la cual fue la ganadora de tres de los seis paquetes en concurso en medio de supuestos incumplimientos a la normatividad y leyes en la materia, la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad y la Dirección General de Inconformidades de la SFP emitieron sendos dictámenes (SACN/300/029/2005 y 115.5.901) para que el Órgano Interno de Control de PEP descalifique técnicamente a Asesa y se reponga el procedimiento de licitación, pero mientras eso ocurre HC ha pedido que se le adjudique de manera directa los contratos por los tres paquetes de servicios de transportación.

Pero sin duda lo más grave en este conflicto de intereses empresariales, es el accidente que un helicóptero de Asesa sufrió hace unos días y que costó la vida de algunos trabajadores petroleros, por lo cual en un punto de acuerdo adoptado en el Senado de la República el pasado miércoles 8 de junio sobre la situación en que opera la empresa Asesa, fue que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes investigue el accidente ocurrido el 31 de mayo y determine la responsabilidad de la empresa, y como segundo que Función Pública investigue en qué condiciones el gobierno federal le ha otorgado contratos en toda la administración pública federal, a fin revocarlos en donde haya irregularidades.

Los otros contratos asignados por PEP son el paquete “D”, con 4 helicópteros, adjudicado a Transportes Aéreos Pegaso; el “E”, también de 4 helicópteros, a Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales, y el “F” a Servicios Corporativos Aéreos de la Laguna, en propuesta conjunta con Transportes Aéreos Pegaso, con 3 helicópteros.

Hasta ahora la SFP declaró fundados los recursos de inconformidad de HC, aunque dichas resoluciones se encuentran en juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que dichas controversias legales aún falta por resolverse. Pero de este controversial tema continuaremos mañana.