Lunes 13 de Septiembre de 2004

• Firman acuerdo Gil Díaz y Romero Ramos
• En lo oscurito negocian fideicomiso público
• El expediente cubano que tiene Gobernación

En medio de una crisis nacional agravada en los últimos cuatro años por el gobierno del cambio: mayores problemas económicos, graves conflictos sociales y severas disputas políticas, pasó desapercibida la firma de un acuerdo que venían negociando desde finales del año pasado los secretarios de Hacienda y de la Función Pública, Francisco Gil Díaz y Eduardo Romero Ramos, para que antes de que concluya el gobierno de Vicente Fox se transparente, se limpie y se rinda cuentas del manejo de fondos públicos gastados a través de fideicomisos y que, bajo el argumento del secreto bancario y fiduciario, la Secretaría de Hacienda había impedido que el Congreso y la Secretaría de la Función Pública los auditara, como una forma de ocultar el desvío de miles de millones de pesos en la administración foxista.

Tardíamente Gil Díaz, de quien se dice podría dejar en octubre la Secretaría de Hacienda, aceptó signar este acuerdo publicado el pasado 6 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública “para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos”.

Aunque este acuerdo de Hacienda y Función Pública se ejecuta cuando sólo faltan dos años para concluir el actual gobierno, lo que lo hace parecer extemporáneo, la verdad es que aún con ese inconveniente que permitió un gasto indiscriminado de dinero público sin que algún órgano de control pudiera impedir el desvío de recursos en los últimos cuatro años, éstas nuevas disposiciones son positivas y adecuadas a futuro, y sólo resta considerar que será extensivo a todos los fideicomisos que ha manejado el gobierno de Vicente Fox, aún aquellos que ya fueron desparecidos y otros que están a punto de convertirse en públicos.

Con estas nuevas disposiciones de vigilancia y control, que está por demás decirlo pero ya eran contempladas en leyes anteriores, todos los fideicomisos creados en lo que va de la actual administración deberán ser auditados, y para ahorrarles tiempo y esfuerzo a los auditores, podrían empezar con los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, así como a la empresa ISOSA, mediante los cuales se triangularon más de 20 mil millones de pesos sin justificación legal y se guardan celosamente otros 8 mil millones en Nacional Financiera.

Sin embargo, lo extraño de este acuerdo es que se firma en el momento que en el Congreso hay fuertes reclamos de las bancadas del PRI y del PRD por la controversia constitucional 84/2004 enviada por el Ejecutivo, en donde la Suprema Corte le concedió la suspensión solicitada por Hacienda en contra de las auditorías y disposiciones ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación, con lo cual se frena el trabajo de vigilancia y control del Congreso para la cuenta pública federal y en particular se frenan las investigaciones a los fideicomisos públicos. Entonces la pregunta es para qué Gil Díaz firmó un acuerdo de transparencia y rendición de cuentas en los fideicomisos, si hay una orden de la Corte que le impide al Congreso hacer recomendaciones por el mal manejo de los recursos públicos.

Pero volvamos al tema del acuerdo y es justo decir que el único secretario del gabinetazo que tuvo el mérito de doblegar a Gil Díaz para que firmara dicho acuerdo que permite investigar las corruptelas en Hacienda, es Eduardo Romero, quien en diciembre pasado recurrió al mismo presidente de la República para obligar a sentar a negociar al secretario de Hacienda y arrancarle en aquellos meses la promesa de que permitiría que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (órgano de vigilancia del Congreso) pudieran auditar todos los fideicomisos, incluidos aquellos que ya desaparecieron y que por ese motivo se pudiera impedir que fueran investigados, así como otros (Aduanas I y II) que ya fueron convertidos en públicos.

Doblega Romero a Gil Díaz

En una entrevista telefónica, el titular de la Función Pública confirmó que finalmente se logrará transparentar y auditar todos los fideicomisos, lo que es un paso importante en la rendición de cuentas, por lo que ahora será trabajo de los auditores encontrar las irregularidades y desvíos de fondos públicos que pudieran haberse cometido en el actual gobierno para sancionar a los funcionarios responsables.

El secretario Eduardo Romero explicó que con este acuerdo firmado con Gil Díaz se concreta un compromiso del presidente de la República para auditar todo el gasto público, y aunque fueron negociaciones muy arduas con Hacienda, al final se ha logrado que se transparente la constitución, el manejo y el gasto de los recursos que se guardan en cientos de fideicomisos que se nutren con impuestos de los mexicanos.

Aunque ahora el gobierno foxista está haciendo lo que debieron haber concretado hace más de 10 años los corruptos gobiernos priístas, debemos también recordar que desde 1997 se anexo al Presupuesto de Egresos de la Federación la obligación de registrar todo tipo de contratos, fideicomisos y mandatos que involucraran al gobierno federal y a las dependencias que sean fideicomitente originaria, adherente o beneficiaria, a fin de transparentar el manejo de los recursos públicos.

Sin embargo, desde aquel año de 1997 la primera dependencia que violó tales disposiciones fue la misma Secretaría de Hacienda y concretamente la Subsecretaría de Ingresos, la cual nunca cumplió y así siempre se mantuvo en el anonimato la constitución de los fideicomisos y el desorden administrativo y financiero de su manejo.

Este nuevo acuerdo precisa que corresponde a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación (órgano dependiente del Congreso) el “vigilar, auditar y fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos aportados a los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales, mandatos o contratos análogos que se constituyan”.

Añade que las dependencias y entidades están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por las autoridades que ejercen funciones de fiscalización y por aquellas que están facultadas por otras disposiciones legales para requerírselas, sin demérito del secreto que en los términos de las disposiciones legales aplicables está obligada a guardar la institución fiduciaria.

Acuerdo innecesario

Para algunos auditores expertos en el tema, no hacía falta en principio dictar este acuerdo, pues bastaba que las secretarías de Hacienda y de la Función Pública aplicaran la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, o en su momento la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, porque lo que no hay duda es que los fondos que se manejan en los fideicomisos son recursos públicos y apenas ahora es reconocido por Gil Díaz, quien hace 12 años creo en su calidad de subsecretario varios fideicomisos privados con fondos públicos, pero con este acuerdo reconoce las irregularidades en las que incurrió al manejarlos de esa manera. De tal forma que este decreto es como el reconocimiento de lo que tenía que hacer la autoridad, pues la obligación no emana de este acuerdo, sino que nace de las leyes.

Sin embargo aún hay suspicacias en algunos expertos, pues este nuevo acuerdo de transparencia y rendición de cuentas podría utilizarse como un mecanismo para limpiar expedientes de varios fideicomisos que, como Vamos México, sirvieron para desviar recursos públicos, y así antes de que concluya la gestión del actual gobierno, y ante la inminente llegada de otro partido a la Presidencia de la República en el 2006, lo único que se buscaría es darle protección al maltrecho y cuestionado secretario de Hacienda.

También se abre un espacio importante para que la Auditoría Superior de la Federación pueda concluir sus auditorías a los fideicomisos manejados por Gil Díaz desde las oscuras oficinas del SAT (Servicio de Administración Tributaria) y, de encontrarlo culpable del mal manejo de fondos públicos, se podría encausar penalmente al secretario de Hacienda del delito de peculado, entre otras acusaciones, porque hay evidencias suficientes del gasto público indiscriminado y de la falta de transparencia que ordenó en la firma de contratos de obras y servicios a empresas privadas para beneficio de funcionarios de esa dependencia.

Pero como este capítulo apenas ha iniciado, ahora falta observar si el auditor del Congreso, Arturo González de Aragón, tiene los pantalones bien puestos y una vez que le han abierto las puertas se mete a investigar a fondo las corruptelas de su enemigo Gil Díaz, quien para frenar esas investigaciones se defendió como gato boca arriba y mandó, en su muy particular estilo de fiscal de hierro, diversas auditorías contra empresas en donde González de Aragón tenía algún interés. Es decir, utilizar al fisco como un perro guardián para que vigile sus intereses económicos.

El expediente cubano

Ahora que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se pronunció porque la Secretaría de Gobernación abra el expediente que causó por unas semanas el rompimiento de relaciones con Cuba, a lo que Santiago Creel se niega rotundamente por el temor del ridículo que hicieron los órganos mexicanos de seguridad nacional que él maneja, algunos informantes de esa misma dependencia aseguran que lo único que revela el archivo en cuestión es la incapacidad del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), órgano que en este sexenio ha sido transformado en un centro de recortes periodísticos y negocios económicos, pues algunos de sus miembros se dedican al litigio externo para vender desde protección legal a empresas hasta seguridad privada.

Los conocedores del tema afirman que lo más grave que contiene el expediente es cómo dos diplomáticos cubanos que se acreditaron como consejeros culturales y en realidad son agentes militares del Departamento de Seguridad de Cuba, entraron al país sin informaron al gobierno mexicano su verdadera función, como suele ocurrir casi siempre que llegan agentes con fines de espionaje e investigación.

Entonces el malestar radica en el gobierno foxista en que estos dos agentes cubanos realizaron su trabajo abiertamente con políticos, funcionarios y líderes de partidos, sin que los órganos de seguridad nacional se enteraran, pues sólo fue hasta que estalló el caso Ahumada cuando el Cisen conoció el trabajo que hacían y esto motivó al secretario gris de Gobernación archivar el expediente hasta por 12 años, porque si no los mexicanos nos enteraríamos una vez más de la incapacidad de este gobierno para proteger nuestras fronteras, y si alguien duda pregunte por el trabajo de espionaje que realizan los agentes estadounidenses con sus nuevas disposiciones antiterroristas.